por Francisco Herreros.
El 25 de enero de 2016, el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet anunció una serie de medidas enmarcadas en lo que denominó Política Nacional del Litio y Gobernanza de los Salares. Sin embargo, por la vía de los hechos consumados, funcionarios del ala neoliberal del Gobierno están dejando atada, y bien atada, la privatización encubierta del litio. Incluso un Fiscal participa de la maniobra.
Las propuestas de la Política Nacional del Litio tuvieron origen en el Informe Final de la Comisión Nacional del Litio, creada el 11 de junio de 2014, denominada Litio, una Fuente de Energía y una Oportunidad para Chile, entregado en diciembre del mismo año.
Entre ellas, cabe mencionar:
– Reafirmar y mantener el carácter estratégico del litio y mantener su condición de mineral no concesible elevando la no concesibilidad a rango constitucional.
– Reforzar el rol del Estado como dueño único y auténtico de los recursos minerales existentes en el país, y, por ende, de aquellos contenidos en los salares
– Crear una empresa controlada por el Estado dedicada al aprovechamiento de los salares, que privilegie un modelo de negocios público-privado e incorpore el valor compartido como principio rector. Podrá ser pública, una sociedad estatal o una filial de una o de ambas empresas mineras del Estado, y debe concentrar las pertenencias mineras en salares que sean de propiedad del Estado y sus empresas.
– El Ministerio de Minería, en conjunto con CODELCO, deberá constituir a la brevedad una filial, gerencia de CODELCO, u otro modelo de negocio, que tenga por finalidad el aprovechamiento de los salares de Maricunga y/o Pedernales.
Sin embargo, se han registrado los siguientes hechos, que van en dirección contraria a una política nacional del litio.
Acuerdo Corfo/Albermarle
En diciembre de 2016 se aprobó un acuerdo modificado entre CORFO y Albermarle para la producción de litio en el salar de Atacama, que le permite a esa compañía elevar su producción de 26.000 toneladas a 82.000 toneladas al año de sales de litio de grado técnico y grado batería entre 2017 y 2043.
Es decir, además de permitirle un incremento del 215% de la producción, el acuerdo suscrito con CORFO le significa a Albermarle seguir operando en Chile al menos hasta 2043.
El acuerdo asegura la venta de hasta el 25% de la producción para productos industrializados a procesar en Chile, con un precio preferente. A partir de ello, CORFO convocó a un concurso internacional para adjudicar esa producción a aquellos inversionistas que ofrezcan y desarrollen en Chile alternativas de valor agregado, tales como la producción de cátodos de litio, componentes de baterías de litio, litio metálico solar y sales de litio, entre otros.
No se entiende por qué Corfo se apresura a formular llamados a empresas transnacionales para operar en el país, antes de que se defina y se ponga en práctica la Política nacional del Litio, y por cierto antes de que el Estado, a través, primero de Codelco, y después de una Empresa Nacional del Litio, decida qué y cuánto va a producir.
Se puede apostar sobre seguro que el Gobierno de Piñera va a utilizar estos acuerdos de Corfo para profundizar la privatización del litio.
Acuerdo Corfo/SQM
En 1993, Corfo pactó con SQM el arrendamiento de 28.054 pertenencias mineras hasta diciembre de 2030. Por el arrendamiento de esas pertenencias, SQM debía pagar un canon fijo de US$15 mil al año y una cifra variable del 1,8% de las ventas de litio y de cloruro de potasio.
A pesar de que el canon de arrendamiento y y el impuesto a las ventas son francamente ridículos, ni siquiera eso se avino SQM a pagar.
En efecto, en 2012 Corfo detectó que SQM había pagado menos, debido a que utilizó el conocido mecanismos de ventas a partes relacionadas, con un valor por debajo del mercado, que disminuían el precio promedio total y, en consecuencia, reducían el valor de la renta de cargo fiscal.
A pesar de que la actual constitución establece que el Estado tiene el «dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas, comprendiéndose en éstas las covaderas, las arenas metalíferas, los salares, los depósitos de carbón e hidrocarburos y las demás sustancias fósiles» Corfo debió recurrir a un juicio arbitral ante el Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) de la Cámara de Comercio de Santiago, abiertamente proclive al interés empresarial.
En diciembre de 2017, CORFO obtuvo una fallo favorable de la Corte Suprema, que obliga a la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CChEN) entregarle a CORFO toda la información de las exportaciones de litio.
A modo de paréntesis, no escapará al lector el escándalo implícito en que una institución del Estado, CChEN, le niegue información a otra institución del Estado, Corfo, en el marco de un juicio arbitral privado, por actuaciones de un privado, SQM, que perjudican los intereses de Chile, y que dicha información tenga que ser obtenida vía tribunales de justicia.
No sería la única vez. Por segunda ocasión, la Comisión Chilena de Energía Nuclear negó una solicitud de una empresa del Estado, Codelco, para obtener copia íntegra de la solicitud formulada por parte de una empresa privada, Minera Salar Blanco, para obtener el permiso de explotación de las pertenencias de litio que posee en el Salar de Maricunga, con el argumento de que el proceso de Salar Blanco aún no se encuentra finalizado. Adviértase que la Presidenta entregó precisas orientaciones para que Codelco se haga cargo de la producción de litio en los salares Pedernales y Maricunga, en la Tercera Región de Atacama, mientras no se constituya la Empresa Nacional del Litio.
Tampoco es menor el hecho que durante los tres años que dura el litigio, Corfo no conozca la información real sobre las exportaciones de salmueras de litio de SQM
Sin embargo, sorpresivamente, y antes de conocer esa información, pocos días después, CORFO y SQM anunciaron un principio de acuerdo, que a cambio de la salida de la familia Ponce Lerou, permite ampliar la producción a 82.000 toneladas anuales, en las mismas condiciones que el contrato con Albermarle, si bien mantiene el plazo, hasta 2030.
Esto a pesar de que en noviembre de 2016, la Superintendencia de Medioambiente inició un proceso sancionatorio por seis infracciones en el Salar de Atacama, entre ellas, cargos por información incompleta respecto de la extracción de agua dulce, niveles de pozos y formaciones variables en el Salar, que podría derivar incluso en que la minera pierda su permiso para operar.
La mano del fiscal Gómez
En este punto entra en el baile el fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, quién creyó que su deber en la salvaguardia de los intereses del país consiste en convertirse en lobysta de la suspensión condicional del proceso contra SQM en la causa por cohecho, medida que ha generado críticas incluso del Consejo de Defensa del Estado.
En justificación de esa peregrina tésis, Gómez argumentó:
“Llevamos tres años en esta investigación, no es una decisión que se esté tomando en los albores de la investigación, se está tomando al término de la misma”.
Sin que viniera a cuento, enfatizó que como Fiscalía deben respetar la igualdad ante la ley: «Nadie puede tener privilegios ni perjuicios en la aplicación de la ley”.
En este contexto, Gómez explicó que el Ministerio Público aún no cuenta con pruebas que conduzcan a una condena por cohecho:
“Hay que demostrar que el delito existió y que ese delito se haya cometido porque la propia empresa incumplió el deber de supervisión y prevención».
Abundó en su retorcida intrepretación jurídica:
“Nos damos cuenta que la empresa contaba con un modelo de prevención, estimamos que en algunas partes es un modelo ineficiente pero la ley a nosotros nos pone un estándar (…) la ley nos dice cuándo va a existir un modelo de prevención y qué características tiene que tener para que ese modelo sea idóneo. Fija los lineamientos completos de un modelo de prevención, y ese modelo de prevención como lo señala la ley, está en la empresa SQM”.
Prosiguió imperturbable:
“¿Era ineficiente respecto del centro de costos de Patricio Contesse? Sí, nosotros sostenemos que es ineficiente. Sin embargo, esa ineficiencia no nos permite sostener una acusación contra la empresa. Creemos que puede generarnos un problema en el juicio oral porque la defensa tiene mucho donde sostener que el modelo de prevención, contando cada uno de los requisitos que establece la norma… se nos torna una debilidad en el caso”.
Pero ahora viene el sentido de la maniobra:
“Si nosotros pudiéramos sortear ambas circunstancias, es decir tuviéramos acreditado el delito de cohecho y logramos persuadir al tribunal que la ineficiencia del modelo la hace inaplicable y por tanto, incumple con la norma, estaríamos enfrentando un horizonte punitivo que es muy menor”.
Según Gómez, las penas de multa que contempla la ley van de los 9 a los 900 millones de pesos, y para el delito de cohecho el tope de las penas que contempla la ley es de $450 millones. O sea, declara su derrota antes de que se produzca, y la vende por un plato de lentejas.
De esta manera, dijo, en la propuesta de la Fiscalía se trata de evitar que se pierda el total de los beneficios fiscales, cerca de $1.500 millones, los cuales debieran entregarse a beneficencia que tenga trascendencia social.
«Estamos pretendiendo realmente ayudar a personas en forma seria”, agregó sin que se le moviera un músculo de la cara.
“Por otro lado, le estamos diciendo a la empresa que no pague el tope de $450 millones sino que pague el tope de $900 millones que establece la ley como máximo de multa, eso va a ser a beneficio fiscal, a cambio de que la minera no sea condenada por la causa. “Nosotros podríamos obtener 2.600 millones de pesos siendo que en un juicio se obtendrían $470 millones en su máximo”, concluyó.
El fiscal se equivoca de plano. En el caso no están en juego millones más o millones menos, que en todo caso son minucias. El fondo del asunto es la soberanía económica nacional. Una sentencia condenatoria por cohecho tornaría impresentable la continuidad del contrato de SQM con el Estado.
Pero Corfo con el pre-acuerdo, y la justicia chilena, en este caso representada por el Fiscal, con su propuesta de suspensión condicional del juicio, le otorgan aire y sobrevida a SQM, en momentos en que está groggy, contra las cuerdas y al borde del nocaut.
El factor común de todas estas acciones apunta a avanzar en la privatización encubierta del litio por la vía de los hechos consumados, y dificultar al máximo una Política Nacional del Litio, que, por cierto, durante el Gobierno de Sebastián Piñera dormirá el sueño de los justos.
