Eso de que el crimen no paga, es una fantasía que sólo ocurre en las seriales de televisión de origen yanqui. Por lo que toca a Chile, el crimen suele pagar muy bien, sobretodo si se trata de delincuentes de cuello y corbata. La sentencia impuesta hoy a los culpables de la millonaria colusión farmacéutica, que en los hechos estafó y obligó a pagar demás a cientos de miles de personas, muchas de ellas deescasos recursos, prueba lo anterior. Los petimetres fueron condenados a un año de clases de ética empresarial, y a una multa total de 230 millones de pesos. Así, cualquiera.
Los diez imputados por el delito de alteración fraudulenta de precios en el denominado caso Colusión de farmacias quedaron libres, pero deberán asistir a cursos de ética empresarial, y pagar $230 millones, los que se destinarán a la Cruz Roja, Coaniquem y Corporación Nacional Contra la Epilepsia.
Así lo decidió el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, que ordenó la suspensión condicional del proceso por un año.
Si Sergio Purcell y Ricardo Ewertz (Fasa); Ricardo Valdivia y Cristián Catalán, (Cruz Verde); Roberto Belloni, Ramón Avila, Claudia Carmona, Judith Carreño y Mehilin Velásquez, (Salcobrand) y Mario Zemelman (Laboratorio Medipharm) cumplen con lo acordado, se determinará la suspensión definitiva del proceso.
La Fiscalía Centro Norte investigó los delitos reiterados de alteración fraudulenta de precios de medicamentos entre diciembre de 2007 y abril de 2008.
El fiscal Andrés Montes encontró que la resolución tiene dos aspectos muy «relevantes»:
«Por una parte, los imputados de este grave delito se han comprometido a desarrollar conductas preventivas en las respectivas empresas en orden a evitar acciones de colusión que perjudican gravemente a los ciudadanos y a los consumidores. Y por otra parte, se han aprobado condiciones que implican que los imputados deben reparar a la sociedad chilena por los delitos cometidos.
En este contexto se han establecido importantes donaciones a distintos ejecutivos que participaron de estos hechos y que se suman a las máximas penas establecidas por el Tribunal de la Libre Competencia en la cual fue fundamental la investigación de la Fiscalía Centro Norte para llegar a estos resultados».
Respecto a la pena, el magistrado Cristián Sánchez manifestó que las condiciones son «idóneas a las penas que hipotéticamente se le pudieran aplicar a los imputados». A su juicio, con los pagos que deberán realizar a las corporaciones sin fines de lucro, «los intereses colectivos de la comunidad se van a encontrar satisfechos».
El juez Sánchez se basó en que la defensa de los formalizados aceptó las condiciones propuestas por el Ministerio Público: cumplir durante un año un programa de capacitación ética empresarial y la donación en dinero por parte de los imputados a ONG sin fines de lucro relacionadas con la salud, como Corporación Nacional del Cáncer, la Liga Chilena contra la Epilepsia, la Cruz Roja y Coaniquem.
Esta resolución es paralela a la que afecta a las empresas, proceso en el cual el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia aplicó multas de 19 millones de dólares a Salcobrand y Cruz Verde.
Por su parte, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, comentó que «es una mala señal que se pierda de vista el daño a las personas, a la pareja de pensionados que gasta más de 100 mil pesos en medicamentos y durante meses y años se les hizo pagar dinero inflado de sus bolsillos, por un grupo de personas que se ponían de acuerdo».
Ministerio Público: La ley es insuficiente para castigar la colusión
El fiscal jefe de la zona Metropolitana Centro Norte, Andrés Montes, cuestionó la «insuficiencia» de las leyes para castigar los casos de colusión, luego que en esta jornada un tribunal de Garantía suspendiera condicionalmente el proceso contra los diez ex ejecutivos de las grandes cadenas de farmacias formalizados por el caso farmacias.
El persecutor indicó que los imputados por este bullado caso arriesgaban apenas 21 días de privación de libertad, pese a la gravedad de los hechos investigados, referentes a que las cadenas de farmacias acordaron precios de unos 200 productos entre 2007 y 2008.
«Me interesa dejar muy en claro que la legislación que hoy existe en Chile es insuficiente para hacerse cargo de la colusión como un fenómeno delictivo que afecta a todos los chilenos», dijo el fiscal.
Andrés Montes añadió que «el día de hoy incluso el magistrado ha dejado claramente establecido que la pena en un juicio como este podría haber llegado a 21 días de privación de libertad, eso es insuficiente, este es un delito grave y debe ser sancionado drásticamente».
En tanto, el senador Guido Girardi (PPD), quien interpuso la querella junto a la Confusam, y al diputado Gabriel Silber (DC) en 2009, se unió a las críticas del Ministerio Público y manifestó que la causa sólo culminó en un castigo simbólico.
Girardi adelantó además que se presentó un proyecto de ley en el Congreso para modificar las sanciones en el Código Penal a este tipo delitos.
«Lo que nos planteó el Ministerio Público es que la sentencia que ellos arriesgaban era de 21 a 41 días y lo que se logró acá es al menos una sanción reparatoria desde el punto de vista simbólico. Presentamos un proyecto de ley para impedir esto y vamos a reponer en el Código Penal sanciones penales a la colusión que hoy no están», dijo el legislador del PPD.
En 2009 Farmacias Ahumada se desvinculó del caso a través de una delación compensada, en la que admitió irregularidades y entregó información, recibiendo una multa de un millón de dólares.
Querellantes inconformes
Entre los querellantes, quien no estuvo de acuerdo con la salida planteada por el Ministerio Público fue el abogado Fernando Santelices, representante del ex parlamentario Jaime Mulet, pues aseguró que tras cuatro años la respuesta no era de calidad y no se daban los requisitos para la salida alternativa.
«La naturaleza y gravedad de los hechos requería que estos imputados fuesen sancionados y penados en una audiencia de juicio oral, tal cual como se había presentado en el inicio», dijo el jurista.
«El Ministerio Público presentó una acusación, algo que compartimos, y estimamos que se daban todos los elementos para acreditar la existencia de los delitos y la responsabilidad de los imputados en ellos. A nuestro juicio era perfectamente posible que un tribunal estableciera, luego de la discusión en un juicio, una pena que iba entre los tres años y un día y los cinco años de cárcel», añadió Santelices.
El proceso penal en contra de los 10 ex ejecutivos de farmacias quedó suspendido por un año y será finalizado a menos que alguno de los 10 imputados sea formalizado por cualquier delito durante ese periodo.
Llaman a reformar Código Penal para aumentar sanciones contra colusión
El Senador Guido Girardi junto al diputado Tucapel Jiménez- querellantes en el caso Farmacias, asistieron esta mañana a la audiencia donde el Séptimo Juzgado dictó sentencia contra los Ejecutivos de Farmacias por caso colusión, los parlamentarios valoraron la investigación del Ministerio Público y llamaron a reformar el Código Penal para establecer sanciones más duras contra la colusión
Tras el fallo del Séptimo Juzgado de Garantía que estableció suspensión condicional del juicio en caso Farmacias, por el plazo de un año, hasta que se cumplan requisitos de salidas alternativas, que van desde asistir a cursos de ética hasta destinar 230 millones de pesos- entre los 10 imputados- para fundaciones y medicamentos para Coaniquem, Liga Chilena contra la Epilepsia y Fundación del Cáncer, el Senador Guido Girardi- querellante en el caso-valoró la investigación de cuatro años del Ministerio Público e hizo un llamado a reformar el Código Penal para poder aumentar las sanciones contra la colusión.
“El Ministerio Público explicó que las sanciones máximas para los ejecutivos eran de 21 a 41 días y por ende, la sanción estipulada por el Magistrado es al menos una sanción reparatoria, desde el punto de vista simbólico, una sanción alternativa dado que por la otra vía no iban a tener ni un día de sanción. La legislación actual arriesga sólo este tipo de sanción a la colusión y lo que queremos es sanción penal verdadera por medio de una reforma al Código Penal”, subrayó Girardi.
El Senador recordó que en 2009, junto al diputado Gabriel Silber, presentaron las primeras denuncias contra las farmacias ante la Fiscalía Nacional Económica- la que condenó a las cadenas al pago de 25 millones de dólares- y una denuncia ante el Ministerio Público la que originó la investigación. Añadió, que también se presentó un Proyecto de Ley- que actualmente se discute en el Senado- que establece sanciones penales contra la colusión de hasta 5 años de cárcel.
Precisó que “acá hay víctimas que no se pueden cuantificar, muchas personas quedaron sin acceder a medicamentos básicos por el alza concertada. El Ministerio Público hizo una gran investigación pero nuestro sistema son penas muy bajas y por ello se propuso algún grado de sanción pero lo que debemos hacer es reformar el Código y determinar sanciones penales reales”.
