Dos revelaciones de los últimos días relacionadas con el conflicto entre dos empresas mineras a ambos lado del límite y sus respectivos países por basura arrojada de un megaproyecto en Chile hacia el lado sanjuanino, han sacudido el tablero político trasandino. Una, la difusión de un paper reservado de la dirección de Minería de ese país contradiciendo a la propia ministra de la actividad, Aurora Williams, quien había extendido una extraña certificación de buena fe a los operadores de Pelambres sobre sus actividades en plena cordillera sanjuanina.
Otra, la parábola de un funcionario de máximo nivel designado por la presidenta Michelle Bachellet, Jorge Insunza, como secretario general de la Presidencia, quien debió renunciar a escasos 28 días de haber asumido porque se conoció que había trabajado para empresas mineras (entre ellas Antofagasta Mineral, la dueña mayoritaria de Pelambres) mientras presidía la comisión parlamentaria de minería.
Pelambres es el nombre del emprendimiento minero situado justo a la altura de San Juan, pero del lado chileno y a muy pocos kilómetros. Es un verdadero gigante de la actividad porque es la segunda mina de cobre chilena y la quinta en actividad de todo el mundo. Está controlada por la compañía Antofagasta Minerals, del grupo Luksic.
Desde hace un año, mantiene un serio litigio con la sanjuanina Pachón, dueña del terreno pegado al límite con Chile, donde la empresa Glencore planea construir una gran mina de cobre del lado argentino con una inversión de U$S 3.000 millones.
El motivo del litigio es que se descubrió una escombrera con material desechado por la mina en Chile arrojado del lado argentino del límite, además de basura como cubiertas de los grandes fuera de ruta. Pelambres negó los cargos señalando que lo hicieron con la autorización del Instituto Geográfico Militar de ese país, que le indicó que la localización del botadero estaba comprendido en terreno chileno, y que luego hubo una comisión que corrigió los hitos limítrofes.
Del lado argentino respondieron que no hubo ninguna corrección de hitos fronterizos y que la acción de la empresa chilena fue conociendo lo que estaban haciendo. En consecuencia, entablaron una acción civil contra Pelambres en el los juzgados federales de San Juan, y cayó en el juez Miguel Gálvez.
Le pidieron una cautelar que los obligue a remediar el daño, llevarse el botadero a Chile y pagar una suma de dinero en concepto de daños y alquiler. En abril agregaron también una querella penal contra los máximos directivos de Pelambres.
Esa acción de la empresa argentina en Chile ocasionó una fuerte repercusión en el país trasandino, que acaba de sacudir con un par de remezones en la coyuntura política de ese país. Hace algo más de un mes -el 8 de abril pasado- el abogado de Pelambres Andrés Jana Linetsky, le comunicó a la ministra Aurora Williams sobre la querella a la que estaba siendo sometida la empresa y le solicitó un certificado de «buena fe”.
Esa petición, relevada por sitio on line chileno The Clinic, indica que «nos vemos en la necesidad de solicitar al ministerio de Minería que en su respuesta a la presente carta, confirme que en la construcción y operación del botadero Cerro Amarillo, Minera Los Pelambres actuó de buena fe en forma consistente con la información pública disponible en Chile”.
En un tiempo asombrosamente rápido, el ministerio respondió el 22 de abril con la firma del jefe de Gabinete de Williams, Adolfo Galindo, con un documento oficial, incluyendo el membrete ministerial y consignando precisamente lo solicitado: la «buena fe” de Pelambres.
Agrega The Clinic que la ministra Williams se desempeñó antes de ser secretaria de Estado como gerente de Administración y Finanzas de Antofagasta Terminal Internacional, controlada en un 65 % por el Grupo Luksic –a través de las sociedades SAAM Puertos SA e Inversiones Punta de Rieles Ltda.-, es decir la misma controladora de Pelambres.
La decisión del ministerio de emitir el certificado de buena fe generó una sensación extraña en Chile. Porque la cartera no puede emitir una certificación de ese tipo a una empresa a la que debe regular: The Clinic cita a un ex ministro al que no identifica, quien sostiene que no existe una atribución ministerial para certificaciones de ese tipo.
Y eso que no se conocía el documento interno, del director de Minería, indicando que por el contrario, la conducta de Pelambres no fue la correspondiente en cuanto a la cuestión limítrofe. Un mes antes del pedido de Pelambres, Ignacio Moreno, jefe de la repartición elaboró una minuta reservada poniendo en duda lo que luego escribiría la ministra Williams.
Lo primero que dice Moreno es que desde 2013 Pelambres viene sosteniendo la participación del estado chileno para enfrentar la situación, ante lo cual «se les ha manifestado explícitamente” que se trata de un problema entre dos privados «sin perjuicio de colaborar en la búsqueda de una solución”. Es la primera contradicción con el certificado de buena conducta emitido por el Ministerio con el que se defiende Pelambres.
Luego va más al hueso la minuta del director. Señala que –según lo que publicó The Clinic- al solicitar los permisos para construir el basurero en las alturas «Luksic omitió recurrir a la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado (Difrol), tal como era su obligación dado el lugar en que proyectaba eliminar los desechos de su actividad minera y según refiere la cartografía del Instituto Geográfico Militar de 1985”.
El texto de Moreno echa por tierra la tesis de la buena fe al consignar que la Cartografía del Instituto Geográfico Militar señala que «con antelación a toda actividad en terreno que las personas naturales y/o jurídicas, sean de derecho público o privado, desarrollen dentro de una faja de 5 kilómetros desde el límite internacional, deberá ser consultada la Difrol”. Y a la Difrol no acudieron.
Agrega Moreno que «Minera Los Pelambres ha argüido, indirectamente, que es responsabilidad del Estado haber autorizado el botadero comprometiendo territorio argentino ya que la empresa se habría basado de buena fe en una cartografía oficial del Estado. Sin embargo, Sernageomín, quien autorizó el botadero, no tiene competencia respecto a límites y sólo autoriza el botadero considerando las normas vigentes de seguridad minera. Por otro lado, la referida cartografía exige a MLP recurrir a Difrol previo a cualquier actividad en dicha zona, acción que ésta no realizó”.
Agrega la publicación chilena que desde Los Pelambres aseguran que Moreno se equivoca ya que las autorizaciones de la empresa se sustentaron en el mapa de 1996 donde no se exige que se pida permiso a la Difrol para construir y operar. En el ministerio de Minería hubo un sumario interno para evaluar la conducta del funcionario que firmó el certificado de «buena fe”. Por ahora, Williams sigue al frente de la cartera.
El otro efecto político que caló hondo en la coyuntura chilena relacionado con Pelambres fue la corta parábola del ya ex secretario general de la presidenta Bachellet, Jorge Insunza. Fue designado en medio de la remoción masiva que hizo la mandataria luego del hallazgo de las actividades de su propio hijo –también funcionario- con una deuda bancaria para un megaemprendimiento inmobiliario paralelo a su trabajo como funcionario. Debió irse acusado de tráfico de influencias y su madre pidió la renuncia a todo su equipo.
Allí fue cuando señaló a Insunza para que se hiciera cargo de una de las sillas de mayor confianza de la presidenta, la secretaría general. Pero la permanencia del nuevo funcionario duró poco, hasta que se descubrió que durante su trabajo como diputado prestó asesoramiento rentado a un par de empresas mineras: la todopoderosa estatal Codelco y Antofagasta Minerals, justamente la dueña de Pelambres y en el mismo momento en que se produjo el certificado de buena fe emitido por el ministerio de Minería sobre sus actividades en la Argentina. Para redondear la situación, Insunza se desempeñó hasta la designación de Bachellet como presidente de la comisión de Minería.
Insunza reaccionó publicando sus trabajos para esas compañías. Y la semana pasada utilizó el clásico patio de los naranjos de La Moneda para anunciar su alejamiento y señalar un desafío a la oposición política –la derechista UDI- a someterse a los mismos filtros de honestidad bajo sugerencia de que esa doble asignación pública-privada es muy común en toda la dirigencia del país. La presidenta Bachellet le aceptó inmediatamente la renuncia, a sólo 28 días de haberlo designado.
Fuente: Conflictos Mineros, con información de Tiempo de San Juan
Compañía suiza acusa a ejecutivos de Los Pelambres de contaminar la cordillera
Qué hacer con el Botadero Cerro Amarillo es la clave de la disputa. La transnacional exige que saquen el material hacia Chile. El grupo Luksic propone un cierre ambiental. Entre una y otra salida hay US$ 90 millones de diferencia.
Es un botadero del tamaño de un Parque Bicentenario y medio, pero está en la frontera de Chile y Argentina, a cuatro mil metros de altura. Ahí, en Cerro Amarillo, se depositaron durante siete años rocas y tierra de Los Pelambres, la principal minera del grupo Luksic. La compañía suponía que operaba en su propio territorio, pero no era así: en 2012 se precisó el límite fronterizo por la subcomisión binacional encargada de estos menesteres.
Y se supo que gran parte de la mole de piedras, rocas y otros materiales está en Argentina, en la propiedad de la firma Glencore -cuya sede principal está en Suiza-, que reclama por el daño ambiental que estos escombros han producido en la zona. Exige que Los Pelambres saque el material, lo ponga en Chile y pague por los daños causados.
La minera de los Luksic responde que todos los permisos indicaban que estaba operando en Chile, ya que los mapas oficiales sostenían aquello y solo se cambiaron en la versión en papel -en la digital siguieron igual- en 2008. Agregan que ese material es inocuo para el medio ambiente y que si empiezan a mover camiones para traerlo de vuelta al país, sí se generará un problema ambiental.
La disputa lleva varios años, pero está escalando. En 2014, Glencore -que en dicha zona cordillerana, por el lado argentino, lleva a cabo el proyecto Pachón, de US$ 3 mil millones de inversión- presentó una demanda civil contra Los Pelambres, alegando el daño ambiental y pidiendo un cierre del lugar. La firma de los Luksic reclamó al juez explicando el carácter binacional de la controversia, y posteriormente ha entregado antecedentes para probar que no hay tal contaminación.
Este año, la controversia pasó a otra etapa: el 20 de marzo, la multinacional interpuso una querella criminal en el Juzgado Federal N° 1 de la provincia de San Juan y afecta a ejecutivos del grupo Luksic y a ex gerentes. En la denuncia penal a la que tuvo acceso “El Mercurio” se señala: “Quienes podrían tener responsabilidad en calidad de autores o coautores de los hechos señalados son aquellos funcionarios de la compañía que formen, que determinen, la voluntad social de la misma (por ejemplo, el directorio y su presidente), como así también las responsabilidades podrían derivarse en aquellos individuos, dependientes de la compañía, que tomaron protagonismo directo en la operación (niveles gerenciales y aún más bajos, pero con capacidad de decisión, y con conocimiento de los sucesos)”.
Y precisa: “Hablamos concretamente de los señores Ignacio Cruz Zabala, designado en 2006 y bajo cuyo mandato como gerente general de la firma se construyó la “escombrera” (botadero); Alberto Cerda Mery, reemplazante de Cruz Zabala en mayo de 2012; y de Robert Andrew Mayne-Nicholls Secul, designado en abril de 2013 y por cuya omisión de remover el irregular depósito se sigue concretando la usurpación de territorio y aguas, y la contaminación”. Las penas estimadas en esta acción penal van desde tres a 10 años de prisión por el delito más grave, que es violación a la ley de residuos peligrosos.
Ambas partes se han armado para enfrentar la pelea. Luksic contrató en Buenos Aires al bufete Bomchill y en Chile ha formado un equipo que comanda Andrés Jana, experto en litigios internacionales, miembro de la defensa chilena frente a Perú en La Haya, y ahora para el reclamo boliviano en el mismo tribunal. Integran también la defensa de Los Pelambres las ex senadoras Soledad Alvear y Olga Feliú -ex canciller, la primera, y actual presidenta del Colegio de Abogados, la segunda-, además del académico y experto en derecho internacional Hugo Llanos.
La suiza Glencore tiene a Pedro Pablo Gutiérrez como defensor en lo civil en Chile. En Argentina contrataron al bufete Marval, O’Farrell & Mairal, que la representan en la arena civil, mientras que el estudio García Santillán & Olmedo son sus abogados en lo penal.
Sobre la última acción de Glencore, Andrés Jana, abogado de Los Pelambres, señala: “Esta demanda es infundada e irresponsable, porque la empresa actuó de buena fe y conforme a los permisos que le fueron otorgados por las autoridades”.
Pedro Pablo Gutiérrez, representante de Glencore, sostiene: “Los Pelambres ha constituido en forma ilegal una escombrera violando la frontera e innumerables normas argentinas. Debe responder”.
Glencore dice que hay daño ambiental y Luksic lo niega
Tal como está la situación, es clave definir si hay daño ambiental, si este existe, de qué tipo es y cuál es su gravedad. Glencore sostiene que sí lo hay, que el botadero o escombrera sepultó varias lagunas existentes en la zona, que depositó ilegalmente 50 millones de toneladas de escombros; entre ellos, más de 400 neumáticos de camiones mineros y otros residuos.
Gutiérrez concluye que “la única solución posible es el retiro del botadero”.
Antofagasta desestima tal daño ambiental. El pasado 30 de enero, funcionarios de Chile y Argentina hicieron una visita conjunta al sector Cerro Amarillo y tomaron muestras a las aguas aledañas al botadero, tanto en el lado chileno como en el argentino. Por indicación del Sernageomin (Servicio Nacional de Geología y Minas), llevaron estas muestras a la consultora SGS. Los resultados fueron revisados y avalados por Sernageomin y se dieron a conocer a fines de abril. Revelan que el PH de las aguas tomadas en territorio argentino es de 9,7, es decir, no son ácidas y no contaminan. Estos antecedentes fueron entregados al juez federal argentino de San Juan el pasado 15 de mayo.
Respecto de este informe, Glencore señaló: “Se refiere solo a la laguna más alejada de la escombrera y evita referirse a las lagunas argentinas que están más cercanas al botadero y que sabemos están acidificadas”.Botadero Cerro Amarillo Los Pelambres
¿Remover o cierre?
Antofagasta señala que remover los escombros genera más daño que hacer un cierre “ambiental” del botadero, es decir, adoptando resguardos como una cubierta exterior, cierre perimetral y canal de escurrimiento de las aguas. Eso tiene un costo de US$ 10 millones o US$ 15 millones. Pero retirar el material y llevarlo a Chile cuesta al menos US$ 100 millones.
En el grupo Luksic deslizan que Glencore ha manifestado extraoficialmente su disposición a llegar a un acuerdo que no involucre traer el material de vuelta a Chile. Pero en la multinacional minera lo niegan y enfatizan que quieren sacar los escombros de su propiedad, porque les complica la tramitación de la licencia ambiental de su proyecto minero Pachón en Argentina y, además, porque una segunda etapa de esa iniciativa supondría sacar la producción por el lado chileno y por la zona donde está ahora el botadero.
El rol de los gobiernos de Chile y Argentina
Las cancillerías de ambos países intentan poner paños fríos al conflicto, acotando que es un problema entre privados. Pero si Los Pelambres decidiera sacar los escombros, debe contar con autorizaciones de Argentina y al menos un paso aduanero para los camiones que irían vacíos y volverían a Chile con el material del botadero. En la minera de los Luksic también les complica asumir todo el costo económico de un hecho así, cuando, dicen, siempre han actuado conforme a la ley.
El botadero de Cerro Amarillo tiene 51 hectáreas en el lado argentino. No hay consenso de su tamaño: Los Pelambres dice que son 27 millones de toneladas de material, y Glencore, 50 millones.
Fuente: Chile Sustentable
