Nueva documentación publicada por The Clinic, demuestra lo obvio pero soslayado hasta aquí: que en el millonario fraude con los Fondos Reservados del Cobre están involucrados oficiales del alta graduación; que no podría haber sido perpetrado sin su concurso y que el tipo de operaciones no se limitaba sólo a facturas ideológicamente falsas, por productos o servicios que no se realizaron, sino también a contratos directos entre el Ejército y empresas de fachada. A estas alturas, atribuir este festival de irregularidades sólo a deficiencias en los mecaniosmos de control, aparece como una coartada demasiado barata, además de insostenible. Estamos hablando de $ 6.000.000 millones; esto es, US$ 8,34 millones, al cambio de hoy.
Siguen pasando los meses, y la investigación de la Fiscal Militar, Paola Jofré no da trazas de terminar. La expreriencia histórica indica que difícilmente llegará a puerto, si enfrenta una red de protección recíproca, montada por oficiales de rango superior al suyo. Además, por la naturaleza de su cargo, no puede procesar civiles.
A la inversa, el Ministro en Visita, Omar Astudillo, designado por la Corte Suprema como Ministro en Visita, a solicitud de la defensa de dos de los inculpados, tampoco puede procesar militares.
También es muy posible que la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados se encuentre con impedimentos para develar datos protegidos con la reserva, con el pretexto de su naturaleza estratégica.
Así las cosas, sólo el trabajo de los medios de comunicación independientes y, eventualmente, la presión pública, pueden hacer avanzar el esclarecimiento de este tortuoso caso de corrupción superlativa con licencia de impunidad.
Aparecen nuevos contratos y proveedores en el millonario desfalco del Milicogate
Mauricio Weibel Barahona
Evidencias disponibles en el expediente de la VI Fiscalía Militar apuntan a que una veintena de empresas estarían vinculadas a las defraudaciones, en las que por primera vez aparecen con nitidez nombres de oficiales, pertenecientes a distintas reparticiones del Ejército. Asimismo, están bajo sospecha ya no sólo facturas millonarias sino que también contratos directos entre la institución y la empresa Inversiones y Comercio Capellán.
El Ejército firmó los últimos cuatro años una serie de contratos directos por más de 200 millones de pesos con Inversiones y Comercio Capellán, una de las empresas investigadas por desviar cuantiosos fondos provenientes de la Ley Reservada del Cobre en asociación con una red de uniformados en servicio activo, según revelan documentos en poder de The Clinic.
Los contratos fueron firmados por la poderosa División de Mantenimiento del Ejército, además de la Jefatura de Transportes. Para suscribir estos convenios la institución otorgó la calidad de “taller concesionado” a la empresa Inversiones y Comercio Capellán, sociedad en que participan los hermanos César y Nicole Fuentes, hijos de Raúl Fuentes Quintanilla, el principal civil implicado en las defraudaciones cometidas hasta ahora con los fondos de la Ley Reservada del Cobre.
Estos convenios, generados entre 2011 y 2014, incluyen desde la prestación del servicio de mantenimiento a camiones hasta el reemplazo de cinturones de seguridad, entre otra amplia variedad de ítemes.
Cada contrato fue firmado por montos que oscilaron entre los 30 y los 99 millones de pesos, sin que exista certeza de que los trabajos fueron realizados.
Los contratos, que son investigados por la fiscal Paola Jofré en la VI Fiscalía Militar, aparecen firmados por los generales Héctor Ureta y Carlos Villalobos como comandantes de la División de Mantenimiento; y los coroneles Humberto Loguercio y Fredis Jara como encargados de la Jefatura de Transporte.
Hasta ahora ninguno de estos oficiales está procesado por las defraudaciones por unos diez millones de dólares cometidas con los fondos provenientes de la Ley Reservada del Cobre.
Estos documentos, por tanto, abren una nueva arista en el caso, centrado hasta ahora en el pago de facturas fraudulentas con fondos de la Ley Reservada del Cobre, operaciones cuyo corazón táctico fue el Comando de Apoyo a la Fuerza, la unidad a cargo de procesar estos pagos.
Pero estos contratos no son los únicos documentos legales bajo sospecha actualmente. También hay poca claridad de cómo y quién invitó a las demás empresas investigadas a convertirse en proveedoras del Ejército, calidad que aún mantienen.
Por ejemplo, el primer trimestre de 2013 el general Héctor Ureta autorizó por escrito el ingreso a la lista de proveedores del Ejército de la recién constuida empresa Tajamar. Casualmente, tres de las primeras siete facturas de la compañía fueron procesadas por el Comando de Apoyo a la Fuerza por un monto de 142 millones de pesos que hoy es investigado por falsedad ideológica.
Tras 18 meses de pesquisas, los únicos detenidos en el caso son el coronel en retiro Clovis Montero, la sargento Millaray Simunovic y los suboficiales Claudio González y Miguel Escobar, además del cabo Juan Carlos Cruz, el hombre que gastó 2.400 millones de pesos en los tragamonedas del casino Monticello entre 2008 y 2014.
En este marco, las últimas semanas la fiscal militar con dedicación exclusiva Paola Jofré sometió a extensos interrogatorios a los reclusos, además del empresario Waldo Pinto Gaete, domiciliado en Arica.
También redobló pesquisas sobre el coronel Jorge Silva Hinojosa de la División de Mantenimiento y sobre Danilo Alarcón, ingeniero informático y empleado civil de la Dirección de Finanzas del Ejército, quien aparece realizando los últimos años transferencias bancarias mutuas con Juan Carlos Cruz por montos que oscilan entre los quinientos mil y el millón de pesos, según los reportes de la PDI.
La fiscal militar, eso sí, no puede procesar a los civiles involucrados en estos ilícitos, los que deberían ser formalizados y eventualmente condenados en los tribunales civiles y penales. Por ahora es la fiscal Ximena Chong, quien encabeza estas pesquisas, radicadas en el VII Tribunal de Garantía de la Región Metropolitana.
NUEVAS EMPRESAS SOSPECHOSAS
Pero no solo existen nuevos contratos y eventualmente otras formas de desvío de fondos, sino que también aparecieron nuevas empresas en la causa. La Justicia Militar y el Ejército detectaron en concreto que ya son unas veinte las empresas proveedoras de esa institución que cometieron irregularidades y eventualmente millonarias defraudaciones en concomitancia con uniformados en la venta de insumos y servicios para vehículos de guerra pagados con fondos de la Ley Reservada del Cobre, en el llamado “Milicogate”.
Las situaciones más delicadas corresponden a aquellas compañías que entregaron al Ejército facturas no timbradas por el Servicio de Impuestos Internos, como admitió ante el gobierno el propio comandante en jefe de esa institución, el general Humberto Oviedo, en un oficio de 13 páginas, enviado al ministerio de Defensa.
Las principales compañias involucradas en estos desfalcos son Frasim y Raúl Fuentes Quintanilla, las que recibieron pagos por cientos de millones de pesos con cargo a facturas materialmente falsas, como ha denunciado The Clinic. Pero no son las únicas sociedades que cometieron este ilícito.
A ellas se suman PL Ingeniería Limitada, Prat Arquitectos, Mauricio Importadora e Importadora Limitada, Inversiones y Comercio Capellán y Centro de Entrenamiento Kaufmann, entre las detectadas hasta ahora.
Paralelamente, otra serie de sociedades emitieron facturas ideológicamente falsas, según los últimos reportes elaborados por la Brigada de Delitos Económicos. Entre ellas, destacan Waldo Pinto Gaete, Tajamar, Repuestos Automotrices Limitada y Pedro Salinas, además de las mencionadas Frasim, Raúl Fuentes Quintanilla e Inversiones y Comercio Capellán.
En el caso de Pedro Salinas, aparecen decenas de facturas pagadas por el Ejército, pese a que estos documentos estaban dados de baja por pérdida o extravío.
A ellos se suman los pagos entregados contra facturas de empresas en quiebra, como Concesiones Plaza Rancagua. Otra decena de empresas tenían situaciones pendientes con el SII, que podían derivar en objeciones tributarias contra el propio Ejército, admitió el propio general Oviedo al ministerio de Defensa.
La fiscal Jofré y la PDI preguntaron reiteradamente a oficiales y clases del Ejército cómo ocurrieron esos enormes errores contables. “No se revisó”, dijo el coronel Grossi, uno de los jefes del CAF. Los suboficiales, en tanto, agregaron que el computador disponible para chequear la idoneidad de las facturas “era muy lento”, por lo lo que nadie lo utilizaba.
SE TRIZA LA MURALLA
Ante la evidencia cada vez mayor de que existían diversos grupos operando en estos desfalcos, la gran dificultad del caso ha sido establecer cuántos eran los grupos involucrados en las defraudaciones y las cadenas de mando de cada uno. Nadie cree que los responsables de todas estas anomalías fueran militares de bajo rango más un coronel de Contraloría del Ejército.
Pese a que el cabo Cruz solo sindica al coronel Montero como el único oficial involucrado en estos ilícitos, una segunda revisión al teléfono celular del cabo Juan Carlos Cruz, parece dejar nuevas evidencias de esos lazos entre militares de alta y baja graduación, como demuestra un correo electrónico entre el cabo Cruz y el teniente coronel Javier López, su jefe directo en el Departamento de Planificación Financiera del Comando de Apoyo a la Fuerza hasta diciembre de 2012.
“Propónganme los DS (Decretos Secretos) involucrados para los 217 millones (…) Debemos tener la certeza y tranquilidad que no tenemos más compromisos dando vuelta (…) Hágalo tranquilo y piolita, porque ayer los gritos entre Pitroko (el sargento Luis Meléndez, colega de Cruz) y tú ‘que no tenían las lucas’ pone los pelos de punta a cualquiera que los escuche”, escribió López el 13 de abril de 2012 desde su correo privado.
El teniente coronel López, en declaraciones a la PDI, confirmó por otra parte que el general Jorge Salas ordenó no revisar las facturas, “para disminuir los tiempos de pago”. También admitió que era habitual utilizar parte de estos fondos en gastos no autorizados por la propia Ley Reservada del Cobre. Por ejemplo, explicó que los ministerios de Hacienda y Defensa autorizaron comprar piezas de artillería a través de un decreto secreto destinado al programa Centauro.
Al acabarse los fondos de ese Decreto Secreto, se procedió a completar las compras sacando recursos por seis millones de dólares del Decreto Secreto número 13, detalló el oficial. Los ministros de Hacienda y Defensa jamás se enteraron, por cierto.
El teniente coronel López además ratificó a la PDI que era habitual pagar con los fondos provenientes de la Ley Reservada del Cobre gastos que no eran permitidos por esta norma, como los viajes de militares.
El Ejército, cuyo comandante en jefe se ha negado a dar una entrevista a The Clinic, no tenía un reglamento que regulara la administración de los fondos provenientes de la Ley Reservada del Cobre. No existe tampoco hasta hoy ninguna supervisión de la Contraloría General de la Repúplica sobre estas operaciones que desde el retorno a la democracia suman unos 20.000 millones de dólares entre las tres ramas de la Defensa, la mayoría de ellos gastados desde el año 2000.
Ante un requerimiento por Ley de Transparencia, la Contraloría explicó a The Clinic que no puede revelar ninguna información sobre las operaciones con fondos de la Ley Reservada del Cobre, aunque la tuviera, debido a que esta es una norma secreta de quórum calificado.
En definitiva, la Ley Reservada del Cobre tendió un velo de anonimato hace décadas sobre recursos que ni los propios ministros de Defensa pueden vigilar que sean adecuadamente gastados.
Fuente: The Clinic
Milicogate: el ministro en visita que investigará el millonario fraude a la Ley Reservada del Cobre
Jorge Molina Sanhueza
Fue secretario y relator en Rancagua. Juez civil en Santiago y relator del Pleno de la Suprema, que lo designó magistrado del tribunal de alzada capitalino sin que su cargo pasara por el filtro del gobierno en 2006. Por eso, su nombramiento como ministro en visita civil de la Corte Marcial, es interpretado en los pasillos de tribunales como una señal de independencia de la Suprema con un caso de corrupción que afecta al Ejército.
Abogado de la UC, donde “era bueno para el baby fútbol”, recuerda un ex compañero, tiene experiencia en estos casos. Por ejemplo, está ad portas de dictar acusación en contra de dos generales y un ex coronel de la FACh, por el pago de coimas en la compra de los aviones Mirage-Elkan, ocurrida a mediados de los 90. Lo definen como reservado, puntilloso y con espaldas en el Poder Judicial.
Omar Astudillo Contreras tiene 53 años. Es ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago y, en esa calidad, fue nombrado por la Suprema para que investigue el millonario fraude a la Ley Reservada del Cobre, conocido como el “milico-gate”, que destapó The Clinic y donde hasta ahora aparecen destinados a bolsillos de militares y privados, más de $ 6.000 millones. Y ello, luego que el abogado Carlos Cortés, defensor de la cabo primero Millaray Simunovic, procesada por fraude al fisco por la Sexta Fiscalía Militar, hiciera una presentación en tal sentido.
Astudillo es un magistrado muy bien evaluado por la Corte Suprema. Ingresó en 1993 al Poder Judicial como secretario del Juzgado del Trabajo de Rancagua; luego fungió como relator de la Corte de Apelaciones de la Región del Libertador y posteriormente trabajó como juez del 25 Tribunal Civil de Santiago.
Sin embargo, su carrera en las grandes ligas comenzó en 2002 como relator del Pleno de la Suprema. Es un cargo apetecido por muchos, pues permite tener un contacto constante con todos los ministros a la vez. Y en el Poder Judicial, la cercanía con quienes deciden, más la calidad del trabajo, es un bien preciado y el trampolín.
Su nombramiento como ministro en visita civil de la Corte Marcial es interpretado en los pasillos de tribunales como una señal de independencia de la Suprema con un caso de corrupción que afecta al Ejército. Lo anterior, porque Astudillo fue designado por el pleno del máximo tribunal en 2006 sin que su nombramiento pasara por el gobierno de Bachelet.
Fue el mismo criterio que lo llevó a estar a cargo de la corrupción en la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE). En ese caso, su compañero de curso, el abogado Cedric Bragado, defendió al ex presidente del directorio de la estatal -y uno de los dueños de radio Cooperativa- el DC Luis Ajenjo. Durante la tramitación de la indagatoria lo sometió a proceso por fraude al fisco, lo dejó en prisión preventiva, lo acusó y condenó, sanción que fue ratificada por la Corte de Santiago en octubre de 2014. Un año después, la sala penal de la Suprema decidió absolverlo con la unanimidad de los cinco integrantes.
En 2008, Astudillo fue nombrado como ministro en visita para indagar los pagos de coimas a ex oficiales de la FACh, en la compra de los Mirage-Elkan en 1995, que gracias a una investigación que comenzó en Bélgica, se abrió un proceso en Chile. El caso ya está ad portas de terminar y Astudillo redacta la acusación para dictar una posterior condena a ex oficiales de la institución armada.
Hay que recordar que a mediados de 2009, Astudillo ordenó la detención del hoy fallecido ex comandante en jefe de esa rama de las Fuerzas Armadas por el delito de malversación de caudales públicos, inculpándolo de haber recibido “comisiones” por casi US$ 3 millones. Hizo lo propio con los generales Jaime Estay y Florencio Dublé y el coronel Luis Bolton. Eso sin contar que revisó contratos y envió al menos cinco exhortos a Suiza, Bélgica, Inglaterra para cerrar el círculo de triangulaciones de dinero.
En agosto pasado, en tanto, votó junto a otros 14 magistrados por rebajar las costas a las que son condenadas las isapres cuando aumentan el plan y pierden el recurso de protección presentado por los usuarios. De $ 130 mil, ahora las empresas de la salud sólo deben cancelar 50 lucas.
La “ponti”
Astudillo, abogado de la Universidad Católica (UC) a donde ingresó en 1979 y egresó en 1983, “era bueno para el baby fútbol”, recuerda un compañero de curso. También es magíster en Derecho Laboral de la Adolfo Ibáñez.
“Él, como algunos otros, venían de regiones. Y en la ‘ponti’ los cuicos de Santiago eran muy segregadores”, asegura un alumno de aquella época.
Algunos lo recuerdan como un estudiante “puntilloso, aplicado, reservado y de bajo perfil y sus cuadernos eran ordenados y subrayados”.
En su época universitaria fue contrario a la dictadura militar, pero nunca formó parte de los grupos radicalizados. “Eran los años donde la UC era el bastión por excelencia del gremialismo y Jaime Orpis, el mismo que ahora esta en el caso Corpesca, era el presidente de la FEUC”, rememora uno de sus colegas.
De sus cercanos de aquella época hay dos penalistas reconocidos: el abogado Cedric Bragado, del estudio Etcheberry y el ex fiscal regional de Rancagua, José Luis Pérez Calaf, que esta semana logró la mayoría de votos en la terna para que Sabas Chahuán designe al jefe del Ministerio Público Occidente.
La espada y la cruz
Definido por sus compañeros de trabajo como “un caballero”, suele ir a tomar un café cortado en el Haití en la intersección de las calles Morandé con Huérfanos, mientras fuma un cigarrillo. Es común verlo cumpliendo las normas no escritas de tribunales: las damas primero y el tono respetuoso a la hora de pedir la opinión de sus colegas cuando en la sala se resuelve votar sobre una materia en particular. “Los garabatos no son lo suyo”, dice una magistrada que ha compartido sala con él.
Ha sido profesor en su alma mater, en la Universidad Adolfo Ibáñez y en 2012 publicó un libro de 306 páginas: “El recurso de nulidad laboral: algunas consideraciones técnicas”, una de sus especialidades en el derecho.
De hecho, ha participado en las mesas sobre reforma laboral y recientemente fue el encargado -en julio pasado- de redactar el análisis del Poder Judicial en el marco de la convocatoria que hizo el ministro del Interior, Jorge Burgos, para el Diseño Operativo Antidelincuencia.
Soltero, es socio de pago mensual al Hogar de Cristo desde hace 14 años, como también a la Conferencia Episcopal, tal como señala su declaración de intereses. En la de patrimonio, en tanto, sólo aparecen una propiedad y un vehículo Nissan de 1995.
Un colega de labores que ha integrado con él la Duodécima Sala de la Corte, en todo caso, comenta que pese a tener creencias religiosas “no es tan pechoño como muchos pensarían”.
Patrulla juvenil
Quienes lo conocen aseguran que nunca tuvo militancia y lo sitúan más al centro político. Sin embargo, en los pasillos del tribunal de alzada es conocido por sus colegas como “el jefe de la patrulla juvenil”. Se trata de un grupo de magistrados más jóvenes como Adelita Ravanal, Jaime Balmaceda (también ex relator del Pleno de la Suprema), Jéssica González, la misma que llevó el caso Karadima, entre otros.
De su criterio judicial se dice que es “impredecible”. La expresión, en todo caso, apunta a que “exprime la ley” hasta dar con la respuesta.
En el marco del caso La Polar, el 12 de abril de 2012, fue uno de los votos de mayoría para otorgar la libertad al ex presidente del directorio y autor de las “repactaciones ilegales”, Pablo Alcalde y al ex gerente de Asuntos Corporativos Julián Moreno, quienes pasaron casi cuatro meses tras las rejas.
En la oportunidad, recuerda un funcionario de la fiscalía, “Astudillo entregó verbalmente el fallo después de los alegatos”.
“De pronto pensamos que iba a mantener la prisión preventiva, luego que no, luego que sí, pero al final su argumento fue por otorgar la libertad”, recordó la fuente.
EL MILICOGATE
En la Corte de Apelaciones aseguran que está de vacaciones y vuelve el próximo 24 de noviembre para asumir la causa que hoy está en la Sexta Fiscalía Militar de Santiago. Un abogado que le correspondió defender a un militar de la FACh en el caso Mirage, aseguró que Astudillo -con fama de buen interrogador- se centrará en los contratos que firmó el Ejército con las empresas para mantenimiento. Además de eso, en los altos oficiales.
Hasta ahora en el milicogate -donde es parte el Consejo de Defensa del Estado- están procesados por fraude al fisco la cabo primero Simunovic, los suboficiales Claudio González Palominos, Miguel Escobar y el excoronel Clovis Montero.
La justicia militar opera con el antiguo sistema de persecución penal de los delitos. Es decir un sistema inquisitivo, donde el investigador es juez y parte.
Junto a la indagatoria en la justicia castrense, existe una arista en la Fiscalía Centro Norte, donde se indaga la responsabilidad criminal de los proveedores civiles del Ejército, donde aún no existen formalizados.
Fuente: The Clinic
