La elección municipal hizo estallar la crisis política que a todas luces resultaba evidente desde hace bastante tiempo. Su causa profunda es asimismo obvia.
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El sistema político de la transición no ha sido capaz de canalizar constructivamente la inmensa ola de indignación popular que se ha venido levantando desde hace años, para enmendar las graves distorsiones heredadas de la dictadura y otras de su propia factura.
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En lo inmediato, por cierto, la principal responsabilidad es del gobierno y la coalición que lo sustenta, que han caído en la frivolidad de abdicar de su deber de iniciar con decisión el proceso de reformas que comprometieron con el pueblo.
Merecidamente los ha castigado, dejando de votar por ellos en masas todavía numerosas que las que se restaron de participar en la votación en general. Todo el sistema político debe reaccionar con responsabilidad y presteza ante la crisis desatada, para evitar que ésta se profundice con consecuencias impredecibles.
El gobierno y la Nueva Mayoría retomando con decisión y hasta el último día de su mandato las reformas en curso las que debe profundizar y ampliar, como su misma conformación, para proyectarlas al gobierno venidero. La oposición debe jugar asimismo un papel constructivo.
Cerca de un millón de electores, alrededor de un quinto de quienes votaron en las municipales pasadas, se han abstenido de votar en éstas. La mayor parte de ellos, junto a otros que votaron por candidaturas al margen de las coaliciones principales, son partidarios de las reformas que castigaron así al oficialismo.
Le infringieron una derrota de proporciones debido a que disminuyó su votación en mayor número que la oposición, que también redujo la suya considerablemente. Todos coinciden que este es el mensaje contundente que la ciudadanía gritó en su cara al sistema político en su conjunto.
No faltaron voces que han sacado cuentas alegres de este resultado, pero en general se trata de opinólogos que de lo esencial de la política saben poco y nada. No han entendido nunca que ésta opera de modo diferente en los períodos de gran agitación popular como el que se encuentra en ascenso, que es uno de los mayores de la historia del país, o los interpretan como la llegada del día del juicio final. El mote de “cretinismo” con que la ciencia política clásica tildó estos errores resulta expresivo.
Por fortuna, el sistema político chileno en todo su espectro es experimentado y flexible, tal cual lo ha demostrado a lo largo de un siglo en que casi siempre ha sabido encauzar hacia buen puerto estas recurrentes irrupciones masivas del pueblo en el escenario político.
Las dos excepciones en que no ha sido capaz de hacerlo y el ejército ha asumido ese papel, resultan más que convincentes para no repetir la experiencia, especialmente la segunda cuyas desastrosas consecuencias todavía no terminamos de reparar.
Lo más probable, por lo tanto, es que tras un momento de dispersión inevitable venga una reacción del sistema político en la única dirección posible en las circunstancias actuales. Hay que ponerse de acuerdo para resolver de una vez por todas los grandes problemas acumulados desde el término de la dictadura, la mayor parte de los cuales se originan en los enormes retrocesos y distorsiones introducidas por ésta, que siguen en pie aumentados hasta un nivel insoportable.
Dicho proceso debe ser encabezado por la Presidenta Michelle Bachelet, que comprende esta necesidad y mal que mal sigue siendo la Jefa del gobierno y del Estado, por mucho que algunos irresponsables hayan hecho todo lo posible por minar su autoridad.
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Tiene la capacidad y el deber de retomar el curso reformista de su gobierno, el que necesariamente debe profundizar atendiendo las principales demandas ciudadanas en concordancia con las enormes dimensiones de la crisis en curso.
Otro tanto corresponde a la Nueva Mayoría, la coalición progresista más amplia de la historia del país, que surge y está enraizada sólidamente en la lucha anti dictatorial, sellada para siempre con la sangre de los muchos mártires de esa gesta.
La coalición debe alinearse tras un gobierno que, reacomodado, retome el impulso del cumplimiento de su programa bajo la conducción firme de la Presidenta hasta el último día de su mandato. Al mismo tiempo, debe profundizar sus entendimientos en torno a las reformas pendientes con miras a continuarlas y abordar las principales en un segundo mandato.
La oposición tiene el deber de actuar asimismo con responsabilidad y permitir que se hagan los cambios necesarios, por poco que le agraden.
Nadie puede restarse de esta responsabilidad histórica.
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