Las reformas contenidas en el programa de gobierno de la Nueva Mayoría no son fruto del azar, la improvisación o el antojo de algún sector político, sino consecuencia de necesidades y demandas sociales.
Son décadas en que los trabajadores exigen la recuperación de derechos arrebatados durante la dictadura y laborar en condiciones decentes y dignas; los estudiantes llevan años movilizándose por una educación gratuita, pública y de calidad; los pueblos originarios reclaman respeto a su cultura y sus tierras; el pueblo quiere que termine la tremenda desigualdad en la redistribución de ingresos; las mujeres llevan decenas de años movilizadas por el derecho a decidir y participar con equidad; los pensionados reclaman jubilaciones justas que les permitan vivir con dignidad; la población reclamó por más de 20 años que terminara el sistema electoral binominal y existiera uno más proporcional.
Es una mezcla de necesidades legítimas de la población y de demandas de amplios sectores sociales.
Un tema de fondo es la desigualdad existente en el país, con una tremenda concentración de la riqueza y una extendida precariedad en los ingresos de la mayoría de los asalariados.
Por ello, lejos de constituir elementos de desajuste o desorden, las reformas que están en desarrollo apuntan, sencillamente, a que el país avance en mayor equidad, en justicia social, en promoción de derechos laborales, en acceso más parejo a las oportunidades, en ampliación de la democracia y consagración de derechos ciudadanos.
En eso es esencial contar con una nueva Constitución que garantice esos derechos y defina un Estado y un funcionamiento de la economía donde la prioridad sean los derechos sociales y humanos. Una nueva Carta Fundamental que tenga origen en un proceso constituyente amplio, participativo y extendido, que pueda dar cuenta de lo que piensa y aspira el conjunto de la sociedad.
En ello es y será fundamental establecer que los recursos naturales y estratégicos deban estar o vuelvan a estar en manos de todas y todos los chilenos, para su explotación racional y en beneficio del pueblo.
Hay nuevas realidades, como la de los pequeños y medianos empresarios, de diversidad sexual, de defensa del medio ambiente, junto a la promoción del deporte y la cultura, que también están en el centro de demandas sociales y a las cuales hay que responder con premura y efectividad.
El desarrollo de un país no radica sólo en la labor de gobiernos o parlamentos, de expertos o las élites, sino esencialmente en la movilización y la demanda social, en las necesidades y exigencias de las mayorías sociales y sobre todo del pueblo trabajador.
Es, en efecto, “la calle” demandante y movilizada, como expresión sintética de las aspiraciones de la sociedad civil, la que define un trazado a las respuestas que deben venir para que la población sienta y constate que se consagran sus derechos para tener una calidad de vida adecuada, con oportunidades y reales posibilidades de desarrollarse.
Por ahí surgieron y por ahí se materializan las reformas que están en curso.
(*) Director ICAL
