Prometida en el programa presidencial para ser presentada durante el primer semestre de este año, el proyecto -convenido con representantes de las Fuerzas Armadas- busca reformar los tribunales castrenses y elevar el parámetro a estándares internacionales, justo cuando se pide revisar los protocolos de uniformados policiales con los casos del estudiante Rodrigo Avilés o la rebaja de sentencia al asesino de Manuel Gutiérrez. Aunque conocedores del proyecto señalan que existen condiciones por parte de los uniformados para prolongar la presión de esas instituciones en las cortes, desde la Nueva Mayoría ven que el espacio para debatir este tema es necesario a diez años de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenó profundos cambios al actual Código de Justicia Militar.
“Esto entrega un mensaje más bien explícito de que hay licencia para matar, de que hay licencia para que otros uniformados salgan a la calle con armamento de guerra, disparen y después digan que dispararon al aire, no importa quién salga herido, no importa quién salga muerto, total aquí no va a haber sanción”. La declaración de Jacqueline Gutiérrez -hermana de Manuel Gutiérrez, el joven de 16 años asesinado en la madrugada del 25 de agosto de 2011 por el sargento de Carabineros Miguel Millacura- en los pasillos de la Corte Suprema, casi a la misma hora en que Félix Avilés, padre de Rodrigo, el estudiante herido de gravedad en la cabeza durante la marcha del 21 de mayo, presuntamente tras la acción del carro lanzaguas de Carabineros, se reunía con el ministro del Interior, Jorge Burgos, revivió el debate sobre la pertinencia de la justicia militar en casos de violencia hacia civiles.
Más aún con la declaración de la ministra de Justicia, Javiera Blanco, el sábado pasado cuando abordó el caso de Rodrigo Avilés (28) y dijo que sería investigado por la justicia ordinaria y no un tribunal militarReforma Mientras el estudiante Rodrigo Avilés permanece internado en el Hospital Van Buren, y la familia de Manuel Gutiérrez reclama justicia tras conocerse el 20 de mayo pasado la rebaja de condena al carabinero Millacura a 461 días en total, con beneficio, y recatalogando el crimen como cuasidelito de homicidio y de lesiones, el estudio de los protocolos de Carabineros durante manifestaciones y la pertinencia de la Justicia Militar para estos casos comenzó a esbozarse como una alternativa para discutirse en el Parlamento.
Eso sí, casi 10 años más tarde del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Palamara, donde se constató la violación de derechos a libertad de expresión, garantías judiciales y protección judicial y por el que la CIDH ordenó al Estado chileno a “adoptar todas las medidas necesarias para derogar y modificar, dentro de un plazo razonable, cualesquiera normas internas que sean incompatibles con los estándares internacionales en libertad de pensamiento y expresión” y a establecer “límites a la competencia material y personal de los tribunales militares, de forma tal que en ninguna circunstancia un civil se vea sometido a la jurisdicción de los tribunales penales militares”.
Sin duda, dos órdenes que el país no acató. Por esa razón, el programa presidencial de este Gobierno anunció una reforma al Código de Justicia Militar, que desde la entrada de la administración Bachelet recayó en la agenda del Ministerio de Defensa, liderado hasta hace algunas semanas por el actual ministro del Interior, Jorge Burgos.
Antes de estos últimos acontecimientos, fue la propia Presidenta Michelle Bachelet quien remarcó el compromiso en su inédita intervención en la inauguración del año académico de la Escuela Militar, donde señaló que esperaba enviar durante el primer semestre de este año un proyecto de ley para modificar el Código de Justicia Militar al Congreso.
“Lo que buscamos es que el Código garantice el debido proceso y otorgue credibilidad y transparencia jurídica, con las mismas garantías que rigen en la justicia ordinaria”, recalcó la Mandataria en esa oportunidad.
Según señalan colaboradores cercanos al actual ministro del Interior, con este mandato Burgos -junto a sus asesores- inició un trabajo en conjunto con las Fuerzas Armadas desde los inicios de su gestión con los auditores generales de las tres ramas de las FF.AA.: Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
De ese proceso, cercanos al ministro Burgos señalan que el borrador del proyecto quedó prácticamente listo antes del cambio de gabinete y hoy está a la espera de que la nueva administración en Defensa, a cargo del ministro José Antonio Gómez, inicie el trámite legislativo. Según conocedores del borrador, en el proyecto de ley los tribunales castrenses se limitarían a estudiar delitos militares cometidos por militares y se eliminaría la pena de muerte en tiempos de guerra, la que a pesar de estar en completo desuso sigue vigente para algunas excepciones como traición o espionaje.
Pero sin duda, el cambio más importante tiene que ver con los delitos cometidos por carabineros, justamente tomando en cuenta los últimos acontecimientos con el caso de heridos por procedimientos policiales, como es el caso de Rodrigo Avilés, o incluso de muertos, como es el caso del joven Manuel Gutiérrez o de Jorge Aravena, el comerciante muerto dentro de un carro policial en Rancagua en febrero de 2014.
Durante su gestión, Burgos se refirió al tema. En una columna publicada por el entonces titular de Defensa, incluso aludió a estos casos, resaltando una reforma de este tipo debía “restringir su competencia, incorporando además jueces letrados” en los tribunales y que “no sólo los compromisos internacionales deben guiar esta tarea, sino también la constatación de las profundas diferencias que se advierten entre un sistema de justicia y otro”.
Desde el ámbito académico, diversas publicaciones han alertado sobre la pertinencia de la Justicia Militar de casos en que civiles y menores de edad estén sujetos a la competencia de estos tribunales militares. El Informe de Derechos Humanos de 2010 elaborado por la Universidad Diego Portales, ya alertó entonces sobre la diferencia entre procedimientos disciplinarios internos de Carabineros y fallos de la Justicia.
En relación al caso de Matías Catrileo, el informe señala que en ese fallo “el juzgado militar entendió que el carabinero habría actuado con ‘celo de la justicia’, atenuante que supone, según la doctrina chilena, que el carabinero actuó con ‘amor por la justicia’, esto es, que con el fin de protegerla pasó a llevar otros bienes jurídicos relevantes, como la vida de un joven sin armas de fuego en su poder y que escapaba del funcionario policial”.
Sobre este tema, el abogado de la familia Gutiérrez y experto en temas de Derechos Humanos, Cristián Cruz, recordó que en el caso de Catrileo “en un primer instante, el fiscal militar determinó una pena o propuso una pena de 10 años y un día de prisión para el asesino. Pero hoy día vemos que el carabinero no cumplió condena y que incluso permaneció en la institución y sólo es sacado porque la familia de la víctima hizo grandes reclamos y protestas en contra de que ese carabinero siguiese en la institución”.
¿Qué ganan las FF.AA.?
Para Cruz, la elaboración del proyecto de reforma al Código de Justicia Militar aún no ha tenido participación de civiles y, a diferencia de ellos, durante la gestión sobre este de Jorge Burgos en Defensa tiene un doble discurso. “Tiene un doble discurso porque, en su primera entrevista en el diario El Mercurio como ministro de Defensa, en el caso de Jorge Aravena, quien fallece al interior de un furgón en Rancagua, dice que no le parece que esa causa esté en la Justicia Militar. No obstante a lo cual, el fiscal general del Ministerio Público Militar, que de acuerdo al Código de Justicia Militar sigue las instrucciones del ministro de Defensa, se opuso ante la Corte Suprema expresamente a que esa causa pasase a la judicatura civil. Es decir, por un lado él nos dice ‘quiero más democracia, quiero una justicia real’ y por otro lado, quien es su subordinado, actuó en contra de sus palabras”.
Consultado por la declaración de la ministra Blanco, que señaló el fin de semana pasado que el caso de Rodrigo Avilés sería investigado por la justicia ordinaria, Cruz dice que “la ministra de Justicia está hablando desde el corazón y la razón, pero alejado de lo que su propio gobierno, de que su compañero en otra cartera, ha obrado de una manera distinta a lo que ella pretende y debiera ser justo para todos. Preguntémosnos por qué, por ejemplo, respecto a Manuel Gutiérrez, un niño que tenía 16 años, tiene que ser juzgado por la justicia militar”.
Aún sin conocer el contenido oficial del proyecto, es efectivo que las Fuerzas Armadas han hecho su propuesta de su visión sobre cómo debe operar la nueva jurisprudencia de los tribunales marciales, con miras a que la reforma no la extinga. De esta forma, conocedores del borrador del proyecto señalan que las ramas han señalado que uno de sus requisitos para abrirse a la reforma es que la Justicia Militar no se elimine completamente. La segunda condición es que se reubique a los trabajadores de cortes militares, incluso ampliando su campo de acción al que existe actualmente.
En teoría, la idea inicial del Ejecutivo era que el auditor general del Ejército no integre la Corte Suprema cuando se revisen causas provenientes de tribunales militares. Sin embargo, fuentes conocedores de la propuesta realizada por los uniformados señalan que ella contiene la inclusión de un ex auditor general del Ejército como una especie de sexto ministro de la Corte Suprema. En este caso, el actual auditor general del Ejército sería el general de Brigada Waldo Martínez Cáceres, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad de Valparaíso según la página institucional del Ejército, y quien dejaría este mismo año ese puesto.
A esto, se sumaría una nueva distribución de tribunales militares, con presencia en las Cortes Marciales con cinco ministros de la Corte de Apelaciones y cuatro representantes de las Fuerzas Armadas, uno por rama más un representante de Carabineros. Además, la propuesta señala que los casos pueden caer en una Defensoría Penal Pública, como la que existe actualmente, pero en el caso de persecución se requiera de fiscales militares. Finalmente, el documento contempla seguir ocupando los recintos castrenses para los casos que terminen en privación de libertad.
Congreso: “Abiertos a discutir”
Consultados por esta posibilidad, algunos parlamentarios se mostraron abiertos y legislar e incluso indicaron que está contemplado para los próximos meses el ingreso del proyecto. Desde la Nueva Mayoría especialmente, se espera que la discusión de este tema resuelva una deuda no resuelta en gobiernos anteriores y que, a la luz de los últimos acontecimientos, urge reformar.
El diputado Guillermo Teillier, miembro de la Comisión de Defensa de la Cámara, señaló que ya estuvieron hablando con el ministro Burgos cuando estaba en esa cartera:
“Se estaba elaborando y yo creo que debe estar listo ya”, dijo el parlamentario. El también presidente del PC señaló que el contenido del proyecto no se conoce todavía pero que el tema “lo hemos discutido con los altos mandos de todas las ramas y están de acuerdo en que se discuta. Pero están las condiciones. Yo he estado presente en las dos oportunidades en que se ha hablado de esto y ellos han estado de acuerdo. Y creo que hay cierta anuencia de que deben haber cambios”.
Por su parte, el senador y presidente de la Democracia Cristiana, Jorge Pizarro, señaló que a pesar de que el tema no se ha discutido aún en los partidos ni en el Comité Político, hay espacio para discutir el tema. Lo mismo señaló el miembro de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, Fuad Chahín, quien señaló a este diario que “existen las condiciones para discutirlo y es un compromiso del programa”.
Fuente: The Clinic
