Entre 2016 y 2018, más de 730 mil estudiantes cuyas familias hoy pagan parte de la mensualidad en sus colegios dejarán de hacerlo. Para 2018, el 93% de los estudiantes de Chile estudiarán en recintos gratuitos. Chile se encamina a terminar con la segregación y mercantilización de la educación. La recién aprobada ley de inclusión cambia el sistema educacional chileno, transformándolo desde uno que se planteaba como un bien de consumo a un derecho social.
Frente a la aprobación final que dio la Cámara de Diputados al proyecto de inclusión escolar, que pone fin al lucro, la discriminación y el copago en el sistema educacional, el que será financiado con recursos públicos, el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, expresó su «gratitud y satisfacción» y enfatizó que «aquí lo que se acabó fue un conjunto de bases ilegitimas puestas en dictadura, a espaldas de un pueblo. Hoy hemos recuperado la tradición histórica de Chile y las mejores prácticas del resto del mundo (…) Hoy el sistema educacional se ha legitimado en democracia y eso es un paso fundamental en el desarrollo del país».
El secretario de Estado destacó que este proyecto emblemático de la Reforma Educacional «sienta las bases filosóficas sobre cómo se organiza la educación en Chile» y «plantea básicamente el principio de inclusión, esto es, que los niños -a través de sus padres- deciden el colegio donde asisten y no son los colegios los que deciden por ellos; que no decida la capacidad económica ni el capital cultural de los padres».
La autoridad manifestó que ahora «hay bases sólidas sobre las cuales los profesores, profesoras, directivos, padres y alumnos pueden trabajar en buscar lo que todos perseguimos, que es la calidad», y que esta «no se conquista solo con buenas bases, se conquista también con un buen edificio».
El emblemático proyecto de ley deja a Chile listo para terminar con el triste récord de tener la educación más segregada y mercantilizada del mundo. La iniciativa legal terminó su trámite en el Congreso y sólo le queda ser promulgada por el Gobierno.
Este es un paso fundamental en la reforma educacional planteada por el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, que además contempla una nueva Carrera Docente, el fin de la municipalización y la regulación y gratuidad en educación superior.
Avance en segregación y exclusión
El experto en Educación de la Universidad Diego Portales Ernesto Treviño señaló a Cambio21 que la aprobación de la reforma «es un paso trascendental, porque cambia de raíz las reglas del juego de un sistema que es único en el mundo. No hay otro con tantos incentivos para promover la segregación y la exclusión, y con tantos mecanismos legales para fomentar la exclusión: selección, copago y lucro. No vamos a solucionar todo con esta ley, pero es un gran primer paso, porque nos invita a cambiar la forma en que hemos pensado en los últimos 40 años».
«Representa un importante avance con respecto a la situación de exclusión y segregación que tenemos actualmente en el sistema. De hecho, las investigaciones de distintos colegas señalan que aproximadamente la mitad de las escuelas seleccionan a los alumnos en los grados en que está prohibido hacerlo por ley», agrega el académico.
De las materias pendientes que deja, Treviño menciona que «esta ley se enfoca principalmente en la selección por rendimiento previo y/o origen socioeconómico de los estudiantes, sin embargo tenemos un contingente bien importante de alumnos, en realidad 10% de la población en todos los países, que tiene algún tipo de necesidad educativa especial y la mitad de ellos tienen algún tipo de discapacidad. Esos alumnos no tienen opción en el actual proyecto de entrar a la educación regular. Depende del arbitrio del colegio y de otras variantes si los reciben o no».
En términos más generales se refiere al hecho de que «mantener la separación entre los particulares pagados, los liceos emblemáticos y el resto de los establecimientos que reciben fondos públicos genera un sistema de castas. Es decir, los particulares pagados además de seleccionar por capacidad de pago de las familias lo pueden hacer por exámenes, para mi gusto contraviniendo muchas de las normas éticas, pero lo pueden hacer y afectar la autoestima, por ejemplo, de los niños».
Según el experto, seleccionar a los alumnos en 7º básico, a los 13 años, «es una barbaridad».
«Es una mentira»
En cuanto a quienes señalan que estas reformas inclusivas nivelan para abajo, Treviño sostiene que eso «es una mentira. Toda la investigación en el mundo sobre reformas educativas inclusivas que logran retrasar la separación de estudiantes hasta el final de la educación obligatoria, han logrado mejorar sustancialmente la calidad promedio de un sistema educativo».
Sobre la campaña de la derecha que asegura que con la reforma se acaba el Instituto Nacional, Treviño señala que «mantener los liceos emblemáticos es realmente mantener una lógica que está muy encarnada en nuestra sociedad que es de segregación y exclusión».
«El Instituto Nacional tiene una larga tradición, excelentes profesores, por lo tanto, lo único que puede predecir es que no caerá la calidad. De hecho, los alumnos que entran vía tómbola en algunos colegios tienen el mismo desempeño de los que entraron vía selección, por lo tanto, en estas instituciones donde hay buenos equipos de gestión y docentes no tengo duda que van a ser capaces de continuar el trabajo. El tema es que hay una especie de nostalgia por el papel histórico que desempeñó por mucho tiempo el Instituto Nacional, de donde salieron grandes personajes», dice el experto.
El director de Política Educativa de Educación 20/20, Manuel Sepúlveda, manifestó a Cambio21 que «para nosotros es una muy buena noticia. Creemos que es sumamente necesario. No es suficiente porque todavía queda mucho por hacer, pero sí es sumamente necesario para cambiarle la cara a la educación hacia entenderla como un derecho social importantísimo y no como un bien de consumo. En ese sentido, obviamente nos parece que avanzamos en la dirección correcta y aún cuando tenemos algunos reparos por alguna cuestiones en que nos hubiera gustado que incluso se avanzara más, lo cierto es que, claramente esta es una gran noticia para el país».
En cuanto a reparos explica que uno de los principales tiene que ver «con que no se aprobó la prohibición de seleccionar hasta 6º básico en los colegios particulares pagados. A nosotros nos parece que es un elemento sumamente importante y que, lamentablemente, no se trató. Entendemos también que en estas negociaciones uno no siempre logra todo aquello que quiere, pero insisto que a pesar de eso es una muy buena noticia y ahora viene el desafío de implementar de manera adecuada los cambios».
Sobre los anuncios de la oposición, entre muchos, de que desaparecerá el Instituto Nacional, Sepúlveda dice que «nosotros no estamos de acuerdo con esas afirmaciones. Creemos que ha sido un debate muy polarizado, que no ayudó en la tramitación. Fueron 8 meses muy complejos; creemos que hay que tener cuidado y resguardo con muchas cuestiones en la implementación, pero no estamos de acuerdo con esas voces que anuncian el fin de los liceos emblemáticos o el cierre masivo de establecimientos, porque no hay motivos para asegurar aquello».
Principales cambios
El nuevo sistema se implementará desde el año 2016 de forma gradual, con el fin de garantizar un tránsito ordenado hacia una nueva estructura de la educación chilena.
Según la Fundación Educación 20/20, «es importante aclarar que la Ley no pone en riesgo el cierre de ningún colegio, salvo de aquellos cuyos dueños no quieran dejar de lucrar para continuar desempeñándose en el rubro educacional como si fuera un negocio».
Lucro:
Para el año 2018, todos los colegios deberán estar organizados como entidades sin fines de lucro. Esto significa que todos los recursos destinados a la educación deberán ser usados sólo en aquello.
Copago:
Se elimina de forma gradual el copago que realizan mensualmente los padres y apoderados y lo reemplaza por aportes estatales adicionales a la subvención legal. Los padres, madres y apoderados podrán seguir aportando voluntariamente al desarrollo de actividades extracurriculares. Lo importante es que este aporte no será requisito para la elección del colegio. La calidad será asegurada por el Estado.
Gratuidad:
Entre 2016 y 2018 más de 730 mil estudiantes cuyas familias hoy pagan parte de la mensualidad en los colegios podrán pasar a educación gratuita. Para 2018, el 93% de los estudiantes de Chile estudiará en colegios gratuitos.
Recursos del Estado:
Para el año 2016 los colegios que opten por la gratuidad comenzarán a recibir dos nuevos fondos: el nuevo Aporte de Gratuidad ($5.000 el primer año) y la nueva SEP Ampliada, para estudiantes de clase media ($14.000 pesos). Además, habrá un incremento del 20% a la SEP (de $30.000 a $36.000). El Estado llegará a invertir alrededor de 145 mil pesos por cada niño y niña, duplicando los recursos con que cuentan hoy más del 50% de los estudiantes.
Selección:
Desde el año 2016 los colegios deberán dejar de seleccionar de forma gradual. Todos los niños y niñas podrán postular a establecimientos que reciban aportes del Estado, sin ser discriminadas arbitrariamente y sin que les soliciten pruebas o antecedentes económicos.
Los establecimientos que previa acreditación ante el Ministerio de Educación decidan tener proyectos artísticos, deportivos y/o de alta exigencia (colegios emblemáticos), podrán seleccionar hasta el 30% de su matrícula desde 7º básico.
Entran en esta excepción los denominados liceos emblemáticos, que podrán seleccionar dicho 30% de entre el 20% de estudiantes con mejor rendimiento.
Con la gradualidad, en el primer año se selecciona con pruebas al 85%; en el segundo se selecciona con pruebas al 70%; al tercero, se selecciona con pruebas al 50% de los postulantes; al cuarto se selecciona con pruebas al 30% de los postulantes. A partir del quinto año se eliminan las pruebas y se selecciona por ranking al 30% de los postulantes.
Fortalecer la Educación Pública:
Con el fin de fortalecer a la Educación Estatal se comprometieron 250 mil millones de pesos anuales de uso exclusivo para la educación pública. Este programa comenzará en 2016 y se extenderá durante los años 2017, 2018 y 2019.
Expulsión:
La ley impide la cancelación de matrícula por rendimiento (los y las estudiantes tienen la oportunidad de repetir un curso en la enseñanza básica y otro curso en la enseñanza media). Además, no se podrán efectuar expulsiones en medio de un año escolar, exceptuando faltas graves que pongan en riesgo la seguridad de la comunidad escolar.
Fuente: Cambio 21
