Con la idea de transitar “hacia una educación entendida como un derecho social universal”, el Centro de Estudios de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Cefech) presentó este lunes una batería de indicaciones al proyecto de ley que pone fin al lucro, al copago y a la selección en la educación escolar, las que tienen como objetivo “poner en el centro a la educación pública”.
En la institución explican que estas observaciones buscan mejorar el proyecto de ley presentado por el Gobierno, ya que este “constituye una herramienta insuficiente”, la que incluso “se aparta de la tarea de construir una educación concebida como un derecho”.
La directora del Cefech, Camila Miranda, explica que la presentación de estas indicaciones “son una demostración de la disposición constructiva y dialogante que tiene el movimiento estudiantil, a pesar de que nunca se nos invitó a participar efectivamente en la generación del proyecto de ley, y solo se nos incluyó en los diálogos ciudadanos, los que no tenían carácter de vinculantes”.
En sus observaciones, el Cefech propone que los colegios particulares subvencionados sean expropiados o comprados por el Estado si es que el sostenedor del establecimiento no desee traspasarlo a una corporación sin fines de lucro. Luego de ello, la organización plantea que el sostenedor debe acordar con su comunidad educativa si desean convertirse en un colegio público o en uno privado. La gratuidad solo operará en el primer caso.
Las propuestas otorgan un papel activo a la comunidad educativa en la toma de decisiones dentro del establecimiento, a través de la creación de Consejos Escolares, y prohíbe la selección en colegios públicos y privados.
En la presentación de las indicaciones -realizada en la Facultad de Derecho de la U. de Chile- también participó el diputado Gabriel Boric (Izquierda Autónoma), quien destacó “el espíritu de rebeldía de un movimiento que se niega a ver por televisión cómo otros intentan solucionar el problema a puertas cerradas”.
El trabajo también fue comentado por el rector del plantel, Ennio Vivaldi, quien adhirió al llamado de “construir un sistema educacional con la participación de todos”. Por su parte, la presidenta de la Fech, Melissa Sepúlveda, sostuvo que las indicaciones apuntan a “fortalecer la comunidad educativa, que es la mejor superintendencia que puede tener el sistema escolar”.
Las indicaciones serán patrocinadas por el diputado Gabriel Boric, acompañado por los parlamentarios Giorgio Jackson (Revolución Democrática), Camila Vallejo (PC) y Karol Cariola (PC).
Indicaciones al Proyecto que pone fin al lucro, al copago y a la selección.
¿Por qué las indicaciones?
Poner término al lucro, al copago y a la selección constituyen aspectos esenciales para avanzar en garantizar la educación como un derecho social. Sin embargo, los instrumentos de política pública propuestos por el gobierno constituyen herramientas insuficientes y que en algunos casos derechamente se apartan de la dirección de construir una educación concebida como un derecho, y por lo tanto, sin lógicas competitivas operando en ella.
Asimismo, aún si los instrumentos propuestos fuesen los correctos, no tendrían un pleno impacto si es que no van acompañadas de una apuesta decidida hacia fortalecer la educación pública y hacer de esta la base del sistema educativo, cuestión que ha estado ausente en la agenda del gobierno.
La presentación de estas indicaciones a la iniciativa legislativa presentada por el gobierno es una demostración clara de la vocación dialogante y constructiva que tiene el movimiento estudiantil. Es un esfuerzo por tomar parte en la construcción de la reforma, a pesar de nunca haber sido invitados a participar de manera efectiva en la generación del proyecto de ley.
Es por ello, que al someter estas indicaciones a la consideración del Congreso y la ciudadanía en su conjunto, queremos contribuir a una forma de construir las políticas públicas distinta a la que hemos experimentado estas últimas décadas, basada en acuerdos entre Concertación, Alianza y empresariado, que han excluido a los actores sociales y las grandes mayorías del país durante los últimos 24 años.
Este documento busca proponer mecanismos concretos para mejorar sustancialmente la educación pública y los proyectos presentados. Se trata de medidas que son perfectamente viables en la institucionalidad vigente, y que responden a la necesidad de entender la educación como un derecho social, gratuita, universal, inclusiva, sin lucro, de calidad y democrática, entendiendo por esto último el ser parte de la implementación, control y gestión de la reforma así como de los procesos educativos de las instituciones educacionales por parte de sus comunidades.
Necesidad de un Nuevo Sistema Escolar.
Para definir mecanismos que pongan fin al lucro, al copago y a la selección, se necesita una idea clara del sistema educacional que se quiere. No basta con hacer modificaciones que determinen la definición de los recursos o que dispongan nuevas exigencias a las instituciones, si no existe coherencia en el sistema. Debemos establecer lo que esperamos del sistema educativo nacional antes que definir criterios institucionales.
Es por ello que el sistema que sustenta las indicaciones que presentamos tiene como corazón a la educación pública, pues creemos es la llamada a ser la expresión de la
educación que quiere darse a sí misma una sociedad democrática.
Entendemos que una propuesta seria debe compatibilizar la construcción de una educación pública como eje central del sistema, con hacerse cargo de la realidad concreta de nuestra educación altamente privatizada y mercantilizada, promoviendo así una lógica de colaboración público-privada que permita transitar de manera armoniosa hacia una
educación entendida como un derecho social universal.
La forma de estructurar entonces el sistema en estos términos se puede sintetizar en la siguiente tabla, en función de los ejes de lucro, propiedad, administración, gratuidad,
financiamiento y selección.
Indicaciones.
Fin al Lucro y Propiedad
1.Sobre la prohibición de lucrar.
A través de nuestras indicaciones, se termina con el lucro en todo el sistema escolar. Para ello, se señala como requisito de reconocimiento oficial el traspaso del sostenedor a persona jurídica sin fines de lucro. En caso de que el sostenedor sea dueño del inmueble y no desee realizar el traspaso, las opciones son:
a) En caso de que desee usar el establecimiento para otro giro (para vender zapatillas, por ejemplo), el Estado tiene la facultad de expropiar si considera que el proyecto educativo que allí se desarrolla es de relevancia para su comunidad educativa (decisión que se tomará en conjunto).
b) En caso de que desee vender el establecimiento, el Estado tendrá la primera opción de compra.
2.Sobre la prohibición de arrendar y obligación de adquirir la propiedad.
Además del cambio a corporación sin fines de lucro, todo sostenedor para ser reconocido por el Estado deberá ser propietario del inmueble donde se desarrolla el proyecto educativo. En este caso las opciones serían:
a) Que el sostenedor compre el inmueble por sus propios medios (sin uso de dineros públicos).
b) Que el Estado compre el establecimiento educativo y se lo entregue en comodato (préstamo de uso gratuito) al sostenedor privado sin fines de lucro.
3. Sobre la expropiación.
Este mecanismo podrá ser usado en los siguientes casos y para todo tipo de establecimientos:
a) De que el sostenedor propietario no desee vender el inmueble, en caso de haber perdido por cualquier causa el reconocimiento oficial (por no pasar a sin fines de lucro, por ejemplo).
b) Que el sostenedor no propietario no desee adquirirlo para cumplir el requisito de ser dueño, cualquiera sea el motivo de su negativa.
c) Que el propietario no sostenedor no desee convertirse en sostenedor y el proyecto educativo ahí desarrollado sea importante para la comunidad.
d) En cualquier otro caso en que se manifieste intención de no cumplir con la normativa educacional vigente.
De esta forma, el Estado podrá, previa evaluación respecto a la relevancia para el país del proyecto educativo que quede vacante, expropiar la infraestructura esencial del establecimiento, de conformidad a la Constitución y a las leyes, para el sólo efecto de darle continuidad al servicio educacional.
Gratuidad y fin al copago.
Aquél sostenedor que haya realizado el traspaso a corporación sin fines de lucro y sea propietario del inmueble (o acuerde mecanismos para serlo, por sí mismo o por comodato con el Estado), podrá determinar, en conjunto a la comunidad educativa, el pasar a ser parte del espacio de la educación pública vía celebración de un convenio con el Estado o, decidir ser un establecimiento privado. Sólo para el primer caso el Estado otorgará gratuidad.
La gratuidad que se propone en el proyecto de ley, apunta a financiar prioritariamente las instituciones del Estado vía aportes directos al costo de su proyecto educativo, mas no a la
cantidad de estudiantes que reciben por concepto de matrícula. Asimismo, las instituciones privadas que se acojan al convenio con el Estado, irán gradualmente recibiendo este tipo de aporte hasta terminar con el régimen de subvenciones como mecanismo de financiamiento.
Convenio con el Estado
Para acceder a la gratuidad y ser parte del espacio de educación pública, debe suscribirse un convenio con el Estado. Este acuerdo implica que la comunidad educativa se compromete a desarrollar su proyecto en observancia a la normativa educacional vigente y, el Estado, a otorgar financiamiento gratuito y colaborar con el desarrollo de su proyecto educativo.
Tanto la forma como los plazos de implementación se determinarán entre el Estado y la comunidad educativa del establecimiento, respetando en todo caso, la normativa educacional vigente y los parámetros que nuestras indicaciones señalan como pisos mínimos para la implementación del convenio.
Administración
Se propone como requisito de reconocimiento oficial del Estado establecer que los Consejos Escolares (que incluyen a la comunidad educativa) sean parte activa y vinculante en la
administración y gestión de todos los establecimientos educacionales del país.
Fin a la Selección:
Termina con la selección en todo el sistema, sean los establecimientos públicos o privados.
Se agregan como criterios de prohibición de seleccionar, la consideración del sexo del estudiante y su religión, propendiendo a terminar con colegios sólo para niños o sólo para niñas.
Asimismo, se prohíben sanciones disciplinarias por motivos políticos o ideológicos.
En el caso de la selección por criterios académicos, se propone planificar su erradicación gradual del sistema con un plazo máximo de 10 años, plazo durante el cual sólo los llamados «emblemáticos» (que sólo podrán ser municipales) podrán seguir seleccionando, pero avanzando progresiva y gradualmente hacia el fin de todo proceso selectivo. Esto, debido a las diferencias notables de capital cultural existentes, producto de las altísimas tasas de segregación por nivel socioeconómico de las familias chilenas. En la última etapa de la planificación se terminaría con los establecimientos hoy conocidos como “emblemáticos».
