por Francisco Herreros.
Inicialmente descolocado por la moción parlamentaria de la diputada Camila Vallejo, que rebaja la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales, el gobierno respondió con la consabida campaña del terror; en este caso, de que destruiría entre 260 y 300 mil empleos e irrogaría un costo fiscal de US$2.400 millones, por menor recaudación tributaria.
El típico falso dilema; el habitual operativo de desinformación, la rutinaria invocación al catastrofismo económico, fundada en datos fuera de contexto, verdades a medias y mentiras completas.
En el caso de la reducción de la jornada laboral, la guaripola de los embustes la ha enarbolado el propio ministro de Hacienda, Felipe Larraín.
A pretexto de presuntos estudios, que no identifica, calcula que la reducción de la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales acarrearía un perdida de 260 mil empleos.
La Dirección de Presupuestos, del ministerio de Hacienda, a su turno, recurre a prodigiosas contorsiones matemáticas en el prurito de demostrar que la reducción de la jornada laboral tendría un costo fiscal de US$2.400 millones, por efecto de una menor recaudación tributaria.
En efecto, sostiene en un informe técnico, filtrado naturalmente por El Mercurio, (1):
«El principal canal por el cual se produce el impacto en recaudación fiscal es en el pago del impuesto por parte de las empresas».
Si ya es de por sí temerario que un organismo del Ejecutivo se inmiscuya, sin que se le haya pedido, en una iniciativa legislativa legítima de otro poder del Estado, mucho más grave es que lo haga sobre la base de mentiras tan descaradas.
Otro documento de la Dipres (2) señala que, a mayo de 2019, con $6.802.701 millones (US$9.527 millones), equivalentes al 44,2% del ingreso tributario y el 3,3% del PIB, el IVA es, por lejos, la principal fuente de recaudación tributaria del país.
Es cierto que en términos nominales, el impuesto a la renta, con $6.616.689 millones (US$9.267 millones), el 42,9% del ingreso tributario y el 3,3% del PIB, parece básicamente equivalente.
Pero si las cifras se desagregan un escalón; es decir, lo efectivamente tributado, emerge de inmediato el patrón de escandalosa desigualdad que caracteriza al sistema impositivo chileno.
Por concepto de Declaración Anual, se recaudaron, a la misma fecha, $118.476 millones; esto es, el 0,1% del PIB; por Declaración y Pago Mensual, $2.418.336, equivalente al 1,2% del PIB y por Pagos Provisionales Mensuales, $4.079.877 millones, un 2% del PIB.
Dado que los pagos provisionales mensuales son abonos provisorios contra los impuestos anuales que se determinan a fines del año; la declaración anual y la declaración y pago mensual constituyen lo que efectivamente tributaron los ricos: $2.536.812 millones en la Operación Renta 2019, equivalentes al 16,4% de la recaudación total, y al 1,3% del PIB.
Grosera manipulación
Ello no obsta para que el informe citado por El Mercurio, añada este pomposo y rebuscado argumento:
«Suponiendo que las empresas harán un esfuerzo por mantener sus niveles de producción, incurrirían en mayores costos laborales, disminuyendo así su base imponible».
Sobre la base de esa suposición -de ningún modo argumento- concluye:
«La menor recaudación de impuesto a la renta fluctuaría entre US$1.900 y US$2.400 millones’.
Lo que por cierto omite el documento citado por El Mercurio, es que la recaudación del impuesto de primera categoría subió un 16,7% en la Operación Renta 2019, producto de la reforma tributaria del gobierno de Bachelet, que elevó dicho impuesto de 25,5 a 27% en un sistema semi-integrado, y que la contra-reforma de Piñera, al reintegrar el sistema tributario, volverá el pago de este impuesto a fojas cero, con un costo anual estimado de US$800 millones.
En consecuencia, imputar costo tributario a la reducción de la jornada laboral, sobre supuestos más que discutibles, y omitir el costo tributario efectivo que acarreará la contra-reforma tributaria de Piñera, no sólo es una charada macabra, sino una grosera e insostenible manipulación de las categorías, que sin embargo pasa inadvertida para la población, debido a la general ignorancia acerca de los conceptos básicos de la economía.
Un viejo aforismo postula que las cifras, en economía, se pueden torturar hasta que aúllen. En este caso el objetivo de la maniobra apunta a la supuesta inconstitucionalidad de la reducción de la jornada laboral, debido a que generaría costos para el Estado; argumento que el abogado laboralista José Luis Ugarte considera absurdo:
«Leída así la norma constitucional, prácticamente se acaba la iniciativa parlamentaria, porque si se considera como gasto público lo indirecto, entonces no hay proyecto alguno de ley que pudiera ser presentado por un parlamentario; por lo tanto, es una interpretación disparatada». (3)
De no haber ya suficiente embrollo, sin perjuicio de las prioridades políticas, esta miserable estratagema de la Dirección de Presupuestos del ministerio de Hacienda, ameritaría una acusación constitucional.
Lo propio cabe decir sobre la mendaz afirmación del ministro de Hacienda, de que la reducción de la jornada laboral irrogaría la pérdida de 260 mil puestos de trabajo.
Larraín acude al viejo truco neoliberal, de presentar las cifras ya sea como flujo, o bien como stock, según convenga a los intereses de la renta del capital, el único factor del proceso productivo que parece valer e importar, y el único al que el Estado asegura contra las pérdidas.
Un nuevo documento del ministerio de Hacienda, esta vez publicado por el diario electrónico El Mostrador, (4) eleva la pérdida de empleos sobre 300 mil:
«Una baja de 45 a 40 horas semanales sin flexibilidad, generará un aumento de 11,1% en el costo laboral de las empresas y, basándose en el informe de productividad de la reforma previsional del Gobierno anterior, esto representaría una pérdida de hasta 303 mil empleos».
Otra vez, conclusiones sesgadas, derivadas de enrevesadas inferencias indirectas, que sin embargo se dan por sentadas, y que al ser repetidas acríticamente por los medios, se convierten poco menos que en verdades reveladas por los dioses del mercado.
El premio gordo de la flexibilidad laboral
A Piñera se lo podrá comprar por ladrón, mentiroso o sinvergüenza, pero nunca por estúpido.
Con notable sentido de la oportunidad, contraatacó la moción de la diputada Vallejo, que reduce la jornada laboral de 45 a 40 horas sin rebaja salarial, con un proyecto de ley que supuestamente reduce la jornada laboral a 41 horas semanales, pero con flexibilidad laboral, y la posibilidad de distribuir en cuatro, cinco o seis días la jornada semanal, a aquellas empresas cuya tasa de sindicalización sea inferior al 30%.
En otras palabras, la obsesiva aspiración de tecnócratas neoliberales y empresarios neoconservadores, de suprimir la raíz del derecho laboral; es decir, la capacidad de organización y negociación de los trabajadores.
En ese criterio, habría una reducción de jornada «buena», en la medida en que incorpora flexibilidad laboral, o «adaptabilidad», que suena mejor; y otra diabólica, irresponsable y populista, cuyo único afán es elevar el costo laboral, a expensas de las inocentes espaldas de las rentas del capital.
Larraín recurrió a la apenas velada amenaza del terror económico, mediante el manido discurso del lugar común:
“Flexibilidad y gradualidad. Esa es la clave de un proyecto que busca compatibilizar los efectos del bienestar que trae la reducción de horas laborales en las familias; pero proteger a las personas también es proteger su empleo”.
Un argumento oximorón, una tautología que se agota en sí misma. En opinión de Ugarte, mera venta de humo:
«En primer lugar, no existen investigaciones que avalen las cifras entregadas por el Ejecutivo. Por otro lado, es lo mismo que se dijo el año 2005 y no ocurrió nada de eso. Esta especie de apocalipsis estadístico sobre el empleo no ocurrió el año 2005 y tampoco va a ocurrir ahora porque lo que hacen las empresas en casos como este es mejorar sus procesos productivos, ajustar sus ritmos y por lo tanto ajustan para producir lo mismo con menos horas de trabajo”.
Reducción de jornada genera empleo
Un estudio de los economistas Ramón López y Javiera Petersen, del Observatorio de Políticas Económicas (5), muestra, desde una perspectiva distinta, que la reducción de la reducción de jornada laboral generará 235 mil nuevos empleos:
«Si cada persona trabaja menos horas, las empresas deberán salir a contratar más trabajadores. La magnitud de este efecto sería mayor que la reducción en la demanda derivada del aumento del costo laboral que implica el proyecto».
Considerando la distribución de trabajadores tiempo completo y tiempo parcial, los autores llegan a una cifra de 235.310 nuevos empleos; además de un incremento de la productividad de los trabajadores, derivado de una mayor valoración de sus puestos de trabajo, y un incremento en el consumo y el crecimiento económico, debido al crecimiento del salario, a consecuencia de la implementación de la iniciativa.
En su opinión, el error de los informes de Hacienda, precedentemente citados, consiste en confundir horas trabajadas con número de empleos o de personas empleadas:
«El informe asume que este aumento del salario-hora se aplica a toda la fuerza de trabajo, que ellos estiman en 5,8 millones de trabajadores. Por lo tanto, equivocadamente concluyen que se perderían 260.000 empleos (el 4,5% de 5,8 millones)». (6)
El informe solo considera el efecto del salario, pero no el efecto directo de reducir la jornada de trabajo de cada empleado que viene acoplada al aumento del salario-hora:
«Obviamente, un análisis correcto debe considerar ambos efectos, el alza del salario y el acortamiento de la jornada laboral, simultáneamente, que es lo que hemos hecho aquí».
El documento de López y Petersen plantea que aplicar este aumento salarial a toda la fuerza de trabajo como lo hace el Ministerio de Hacienda es también equivocado:
«De acuerdo con el INE, de los 5,8 millones de empleados, más de 2,5 millones trabaja en el sector informal (auto-empleados, trabajadores sin contrato, sin registros en Impuestos Internos, empresas familiares, etc.). En este sector es imposible fiscalizar la aplicación de normas tales como el largo de la jornada laboral. Por lo tanto, el sector informal no se vería afectado por la regulación de la jornada laboral ni, por ende, por el aumento del salario-hora».
A la inversa, el sector formal de la economía, donde sí existen contratos legales y es posible fiscalizar regulaciones tales como la jornada laboral, asciende a 3,3 millones de personas, un 56,8% de la fuerza laboral.
El dato es tanto más importante cuanto que los efectos de la reducción de la jornada laboral ocurren sólo dentro del sector formal:
«Nuestra estimación de aumento del número de contrataciones de 6,6% significa que el número de personas empleadas en el sector formal de la economía va a aumentar en 198.000 empleos (0,066 x 3,3 millones).
Este mayor empleo en el sector formal puede provenir del sector informal o de personas actualmente desempleadas. Así, el efecto positivo neto sobre el empleo total de la economía va a ser menor que 198.000.
Si, por ejemplo, un 60% del empleo aumenta a costa de la disminución del sector informal, querría decir que el efecto neto sería de alrededor de 80.000 personas más empleadas, mientras que el empleo en el sector informal caería en 118.000 personas.
En todo caso, el acortamiento de la jornada tiene un importante efecto positivo sobre la estructura del empleo, al disminuir la informalidad laboral».
Efectos económicos de la reducción
Los efectos económicos de la reducción de la jornada laboral se encuadran en una ecuación de suma cero: cualquier cambio de magnitud de uno de los factores, sucede a expensas de otro, sin alterar el sistema.
No es cierto que la reducción de la jornada laboral destruya empleo o irrogue menor recaudación tributaria. Es decir, puede serlo, siempre que decisiones de política pública impulsen ese resultado.
Pero otra decisión de política pública, mucho más legítima y no menos viable, consiste en determinar reducción de la jornada laboral sin rebaja salarial.
En ese caso, el capital enfrenta dos opciones: o mejora la productividad; es decir, produce lo mismo en menor tiempo, o contrata más trabajo; ambas con impacto positivo en la economía.
Es el caso de la gran empresa, en la primera opción, y de la pyme en la segunda.
La gran empresa no contrata personal según las regulaciones del derecho laboral, sino sobre base de las fronteras de sus posibilidad de producción, de forma que la modificación de la jornada laboral es apenas una de las variables, que puede ajustar por distintos factores, sin costo significativo.
Eso no impide que sus portavoces se desgañiten y rasguen vestiduras en nombre de la pyme.
Es cierto que, nominalmente, el costo laboral de la pyme aumenta, pero no lo es menos que lo compensa sobradamente la reactivación de la economía asociada al alza salarial del factor trabajo, sin perjuicio del aumento de la productividad originado por el mejoramiento de su calidad de vida.
El resultado neto de la reducción de la jornada laboral sin merma salarial es un efecto redistributivo; que en el contexto de una de las economías más desiguales del mundo, solo intereses heridos, egoísmos bastardos y mentalidades sobreideologizadas pueden calificar de populista, negativo o peligroso.
Lo que está en juego
Las miradas opuestas de Felipe Larraín y Ramón López sobre el mismo fenómeno, muestran que la esencia del problema no es técnica sino política.
Lo que está en juego es quién se apropia del excedente social de la reducción de la jornada laboral.
Lo hará el capital, si el gobierno logra cambiar reducción de jornada por flexibilidad laboral, o le endosa el costo a los trabajadores, a través de la reducción salarial.
O el trabajo, si con correlación parlamentaria y movilización social, consigue reducción de jornada sin detrimento salarial.
Una de las razones que explica el impacto de la moción parlamentaria de la diputada Camila Vallejo, radica en que afecta, sacude y trastoca tres misiles de neoliberalismo estratégico, despachados por el gobierno de Piñera: la contra-reforma laboral, la contra-reforma tributaria y la reducción de jornada con flexibilidad.
Si la oposición actuara unida, los proyectos neoliberalizadores de Piñera no tendrían posibilidad.
Pero el caso es que no es así.
Es sabido que la DC tiene compromisos cruzados en los tres.
En las contra-reformas laboral y tributaria se alineó con el gobierno, al tiempo que apoyó la moción de la diputada Vallejo, lo que le valió rotundas reprimendas y recordatorios de que los pactos se respetan en las buenas y en las malas; porque comprometió el éxito de la agenda neoliberalizadora de Piñera.
En la esfera de la política de la representación, el escenario más probable parece apuntar a la congelación de la confrontación, por medio de la tercera cámara del tribunal constitucional.
Primero, porque el gobierno no puede arriesgarse a perder la iniciativa, en caso de que el parlamento apruebe la reducción de la jornada sin disminución salarial ni flexibilidad laboral, lo cual podría generar réplicas y efectos en todas las reformas neoliberales en que está empeñado, y luego, porque en el tribunal constitucional tiene una cómoda mayoría, reforzada por la elección en la presidencia, de María Luisa Brahm, jefa de asesores del primer gobierno de Piñera, entre 2010 y 2013.
Será, en todo caso, una pírrica victoria que no sobrevivirá un día más a la eliminación, o drástica modificación, del esperpéntico tribunal constitucional.
El movimiento por la reducción de la jornada laboral sin rebaja salarial no debe desmoralizarse por ese previsible desenlace, puesto que la lucha es larga ni se reduce a cabildeos parlamentarios.
En último término, el problema consiste en convencer a las mayorías de luchar por sus derechos e intereses.
Con la perspectiva de hoy parece difícil, pero ninguna conquista de derechos o mejoría en la calidad de vida de las mayorías se ha conseguido sin consciencia, lucha y organización.
Aunque de manera indirecta, el ambiguo y sinuoso papel desempeñado por la DC, muestra las limitaciones de una política de alianzas interclasista, que evita con cortesana diplomacia los nudos de confrontación principal.
En cambio, sugiere la necesidad de una nueva política de alianzas entre todos aquellos partidos, movimientos y organizaciones que tengan por objetivo la superación del orden neoliberal.
Notas y referencias
(1) DIPRES cifra hasta en US$2.400 millones el impacto fiscal del proyecto PC sobre 40 horas; diario El Mercurio.
(2) Informe de Finanzas Públicas; segundo trimestre 2019; Dirección de Presupuestos.
(3) José Luis Ugarte, experto laboral: “La inconstitucionalidad del proyecto 40 horas es un disparate”; Diario UChile.
(4) Las matemáticas del Gobierno contra las 40 horas de Camila Vallejo: ahora calculan pérdida de 303 mil empleos; El Mostrador.
(5) El proyecto de las 40 horas y los efectos económicos de la reducción de la jornada laboral en Chile; documento de trabajo; Observatorio de Políticas Económicas.
(6) López, Ramón; El impacto de la reducción de la jornada laboral sobre el empleo: los errores del Ministerio de Hacienda; Ciper.
