Una nueva querella del Servicio de Impuestos Internos contra once personas, incluyendo los controladores del Grupo Penta, sus cónyugues, parientes y altos ejecutivos del grupo, revela tota la trama de acciones dolosas destinadas a obtener devoluciones de impuestos fraudulentas, o bien a rebajar las cargas tributarias de los inculpados, perpetradas entre 2010 y 2014. La querella incluye ocho facturas, indagadas por financiamiento a campañas, de Inversiones y Mandatos S.A., relacionada con Jovino Novoa, de Vox Comunicaciones, de Laurence Golborne y de Cactus Consultores SpA, el ex ministro Andrés Velasco.
El Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó una segunda querella en la investigación por diversos delitos tributarios en el caso Penta, ocurridos presuntamente entre 2009 y 2014. En la presentación, el organismo abrió formalmente la puerta para pesquisar la arista política, ya que se mencionan ocho facturas calificadas como ideológicamente falsas, presentadas en su contabilidad por las Empresas Penta S.A. Esto, por trabajos no realizados que están siendo indagados por la Fiscalía Metropolitana Oriente por posible financiamiento ilegal a campañas políticas.
Entre las facturas hay dos emitidas por las empresas Inversiones y Mandatos (relacionada con el ex senador de la UDI Jovino Novoa), por $ 5 millones cada una; cinco de Vox Comunicaciones, por un total de $120 millones (relacionada con Laurence Golborne), y una de Cactus Consultores SpA, por $20 millones (del ex ministro de Hacienda Andrés Velasco). La acción legal no está dirigida contra alguno de los tres.
«Empresas Penta S.A. presentó ochos facturas no afectas o exentas de IVA falsas», dice el SII.
La acción judicial está dirigida en contra de 11 personas. Los dueños del grupo Penta, Carlos Délano y Carlos Lavín, por ser representantes legales de Inversiones Penta III Limitada y Empresas Penta S.A., además de Manuel Antonio Tocornal, ex gerente de Penta S.A.; el representante legal de Empresas Penta S.A., Óscar Buzeta; el ex contador del holding Marcos Castro y Samuel Irarrázabal. Este último es yerno de Délano y representante legal de Inmobiliaria Los Estancieros S.A.
Todos ellos, por el delito tributario de presentar «declaraciones maliciosamente incompletas o falsas que puedan inducir a la liquidación de un impuesto inferior al que corresponda» (artículo 97 N° 4, inciso primero).
La acción judicial está dirigida también contra el ex directivo y gerente general de Empresas Penta III, Hugo Bravo, por este mismo ilícito, y el del inciso tercero del Código Tributario, que sanciona al que «simulando una operación tributaria o mediante cualquier otra maniobra fraudulenta, obtuviere devoluciones de impuestos». Estas maniobras fueron realizadas en sus sociedades Inversiones y Asesoría Challico Ltda. y Administración e Inversiones Santa Sarella Ltda.
Por este mismo ilícito, el SII se querelló en contra del ex fiscalizador del organismo Iván Álvarez, actualmente preso y acusado en el caso FUT.
A la lista se suman las esposas de los controladores de Penta, María de la Luz Chadwick y Verónica Teresa Méndez, cónyuges de Lavín y Délano, respectivamente. Además de Verónica Winkler, cónyuge de Francisco Astorga, ex subgerente de Administración Penta, que presentó 63 «boletas de honorarios falsas», por trabajos no realizados.
A las mujeres se les imputa el delito 97 N° 4, inciso final, que castiga al que «maliciosamente confeccione, venda o facilite, a cualquier título, guías de despacho, facturas, notas de débito, notas de crédito o boletas, falsas, con o sin timbre del Servicio, con el objeto de cometer o posibilitar la comisión de los delitos».
Otras boletas
Según el SII, Empresas Penta S.A. registró y contabilizó 31 boletas de honorarios falsas de 12 contribuyentes, «lo que conllevó la presentación de declaraciones maliciosamente falsas» para los años tributarios 2010 a 2014, tributando «un impuesto menor al que correspondía».
Respecto de Inversiones Penta III, se sostiene que, entre septiembre de 2010 a diciembre de 2013, se registró un gasto en su contabilidad de «diez boletas de honorarios falsas», por trabajos no realizados.
Caso FUT: Primeras tres condenas
En juicio abreviado, los contadores Francisco Sivit, Horacio Mayquel y Hernán Díaz, inculpados en el caso fraude al FUT -arista que derivó al caso Penta-, fueron condenados por el Octavo Juzgado de Garantía. Los tres reconocieron su culpabilidad en delitos tributarios y sobornos reiterados, buscando evitar penas de cárcel.
Tras conocer la resolución, Gabriel Carrión, abogado de Mayquel y Sivit, aseveró que «fue un acuerdo en el que juegan intereses. El más importante era recuperar su libertad». Por su parte, el fiscal Carlos Gajardo dijo que «son personas que obtuvieron ingresos muy menguados en comparación con los cabecillas. Por lo tanto, nos parece que las condenas que se han decretado son un buen inicio para lo que viene».
El juez Marcelo Rojas determinó que los condenados quedaran en libertad y sin medidas cautelares. La sentencia se leerá el viernes. La Fiscalía Oriente pide cinco años de cárcel y el pago de multas que alcanzan al 100% de lo defraudado.
En tanto, hoy se iniciará el juicio oral para los ex funcionarios del Servicio de Impuestos Internos vinculados al caso: Iván Álvarez, Mitzi Carrasco, Juan Prieto y Sergio Díaz.
UDI pide «objetividad» ante querella del SII por caso Penta
El presidente de la UDI, Ernesto Silva, dijo esperar que la investigación del caso Penta se desarrolle «con igual objetividad» que la que tienen las causas que involucran a «otros sectores políticos».
Esta mañana se conoció de la querella que, firmada por el subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos, Cristián Vargas, ingresó al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago el 20 de febrero y que, en más de 40 páginas, resumen las tres denuncias que el organismo presentó en julio, agosto y octubre pasados por los presuntos delitos tributarios cometidos entre 2009 y 2014 por los controladores del grupo Penta, sus esposas, altos ejecutivos y ex gerentes.
La querella menciona 341 documentos falsos, con 328 boletas de honorarios por servicios no prestados y 13 facturas de trabajos que nunca se realizaron. Entre los documentos cuestionados hay facturas emitidas por la empresa Inversiones y Mandatos S.A., vinculada con el ex senador UDI Jovino Novoa; por Vox Comunicaciones, del ex ministro Laurence Golborne; y de Cactus Consultores SpA, del ex ministro Andrés Velasco.
La querella no acusa directamente, en esta etapa, a los políticos, pero consigna que sus respectivas empresas actuaron como emisoras de facturas falsas utilizadas por Penta para bajar indebidamente su base tributable.
«En este tema la UDI ha tenido un planteamiento desde el primer día, que es respetar el trabajo que puedan hacer las instituciones chilenas, como esperamos que se pueda desarrollar cualquier investigación, con igual objetividad, afectando a quien afecte como sector político», dijo Silva.
El ministro Elizalde replicó a los dichos de Silva, sobre quien aseguró que «está profundamente equivocado».
«El Gobierno ha tenido una línea de conducta que corresponde, por lo demás, a una doctrina clara, y hemos realizado en múltiples oportunidades el llamado a respetar la autonomía con la cual la Fiscalía desarrolla su trabajo para el total esclarecimiento de estos hechos, así que el presidente de la UDI está profundamente equivocado», dijo Elizalde, quien también evitó comentar en profundidad la presentación del SII.
«Corresponde a una decisión autónoma que desarrolla el Servicio de Impuestos Internos y, consecuente con lo que he señalado, el respeto a dicha autonomía, es una decisión que nosotros, obviamente, respetamos», señaló.
La abogada del Servicio en esta causa, Karina Ruiz, tampoco quiso referirse al libelo, asegurando que «no estamos autorizadas para dar declaraciones», mientras desde la Fiscalía Oriente señalaron, fuera de micrófono, que la querella abre la puerta a investigaciones directas sobre las personas que emitieron las facturas falsas.
Habla defensa de Iván Álvarez
La noticia de la querella se conoce mientras el jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, Carlos Gajardo, junto a su equipo, conformado por Pablo Norambuena y José Antonio Villalobos, preparan el juicio oral por el caso original del fraude al FUT y la mega formalización programada para el próximo 4 de marzo.
En tanto, los 19 nombres implicados en la emisión de boletas sospechosas a SQM en julio de 2009 están siendo interrogados por personal de la Brigada de Delitos Económicos.
El abogado Carlos Cortés, defensor del ex funcionario de Impuestos Internos Iván Álvarez, sindicado como el «cerebro» de la millonaria estafa y querellado en la causa, insistió hoy en las críticas al Servicio.
«Una persona que es un fiscalizador, un funcionario público medio, que no tiene ninguna relación con ninguna persona ‘importante’ es absolutamente imposible que haya coordinado, creado este sistema. Si usted analiza las fechas en las cuales se generaron mecanismos de devolución, hay devoluciones de muchos años antes respecto los cuales se le está imputando al señor Álvarez. Eso claramente lleva a concluir que existen otras personas, en otros tiempos, que realizaban esta misma conducta, y eso, lamentable o extrañamente, ignoro por qué no se ha investigado», dijo Cortés.
