El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago acogió a tramitación la querella presentada por pescadores y organizaciones ciudadanas para que se investigue la denuncia sobre cohecho y soborno parlamentario, situación ocurrida cuando Corpesca, del grupo Angelini, entregó 500 millones de pesos -un millón de dólares de la época- a los senadores miembros de la Comisión de Pesca, que entre 2011 y 2012 legislaron y aprobaron la nueva ley que privatizó la pesca del mar chileno. A los casos Penta y Soquimich, ahora se vincula el caso Angelini. Esto ocurre inicialmente a través del mayor operador político que tuvo la escandalosa ley de privatización de las pesquerías chilenas: Pablo Longueira.
La acción legal surge luego de las denuncias del ex senador Nélson Ávila quién basado en “el cruce de datos institucionales”, afirmó que los senadores habrían recibido esa millonaria cantidad de dinero de Corpesca bajo el paragua de “gastos reservados”.
Los tribunales además acogieron que los pescadores artesanales se sumen a otra querella que ya investiga la Fiscalía y en la que también la empresa Corpesca entregó 25 millones de pesos a la ex diputada por Iquique Marta Isasi, quien fuera la parlamentaria informante de la Cámara Baja en la tramitación de la ley de Pesca.
Solicitan que políticos sean llamados a declarar
Los senadores de la comisión especializada durante el tiempo en que se legisló la Ley de Pesca fueron: Fulvio Rossi, Antonio Horvath, Carlos Bianchi, Alejandro García Huidobro y Hosaín Sabag. La querella solicita a la justicia que estos parlamentarios sean llamados a declarar.
Frente a esta situación, Gino Bavestrello, pescador artesanal y presidente de la Federación de Pescadores de Corral, afirmó:
“Los pescadores confiamos en que ahora la Fiscalía hará un trabajo a la altura de la investigación que lleva adelante con el caso Penta y Soquimich. Le damos todo nuestro apoyo al fiscal Gajardo y a la Fiscalía de investigación de delitos de alta complejidad que deberán asumir este caso”.
Bavestrello agregó:
“Esperamos que los senadores respondan con la verdad. Sabemos que existe presión para que estos casos sean olvidados y sepultados, pero la ciudadanía tiene los ojos puestos en que se esclarezcan todos estos casos de corrupción. La Ley de Pesca debe ser anulada porque su tramitación fue en base a la corrupción”.
Por su parte Juan Carlos Cárdenas, del Centro Ecoceanos afirmó que “el que se haya acogido las dos querellas presentadas por organizaciones de pescadores artesanales y ciudadanos es una clara señal que el tiempo de la impunidad corruptora de la familia Angelini,como cabeza del ‘cartel’ de los siete clanes empresariales que dominan la institucionalidad pesquera y a políticos en el parlamento, está comenzando a finalizar”.
El director de Ecoceanos agregó que “a los casos Penta y Soquimich, ahora se vincula el caso Angelini. Esto ocurre inicialmente a través del mayor operador político que tuvo la escandalosa ley de privatización de las pesquerías chilenas: Pablo Longueira. Importante es destacar que el ” affaire” Angelini corresponde a un caso de corrupción empresarial que vincula transversalmente a la mayor parte de la casta política y sus partidos. Es clave que las organizaciones de ciudadanos, pescadores artesanales y estudiantes mantengan un creciente control y proporcionen mas información a la fiscalía para profundizar y ampliar la investigación por cohecho y coimas, efectuadas por las asociaciones de grandes empresarios pesqueros industriales”.
Fuente: Ecoceanos
Jorge Bustos de Condepp “Los pescadores artesanales estamos en la firme decisión de que se DEROGUE la Ley de Pesca para lo cual vamos a juntar 3 millones de firmas”
El presidente del Consejo Nacional de Defensa de la Pesca (Condepp), Jorge Bustos, aseguró que los pescadores artesanales están hoy en la firme demanda de que se derogue la Ley de Pesca, más conocida como Ley Longueira, luego de reunirse -junto a otros dirigentes de los pescadores- con el presidente de la Izquierda Ciudadana (IC), diputado Sergio Aguiló y el integrante de la comisión política del partido, Leopoldo Pineda.
“Estamos en una campaña de reunir 300 mil firmas de aquí al 21 de mayo y, posteriormente, queremos juntar 3 millones de firmas para presentarlas a la presidenta Bachelet para que tome la decisión de derogar esta ley, porque esta ley de pesca le entrega prácticamente el 95% de los recursos naturales a unas 7 familias. Esto es inconcebible, porque es un recurso que pertenece a todos los chilenos y no se puede regalar a unos pocos”, aseveró Bustos.
Aseguró que “si juntamos esa cantidad de firmas, la presidenta tendrá la legitimidad suficiente para anular esta ley que se fraguó entre un grupo minoritario para perjudicar a todos los chilenos y particularmente a los miles de pescadores”.
La Condepp, agrupación que reúne a cerca de 50 mil pescadores de todo el país, se hizo parte de la querella en Valparaíso por los delitos de colusión, soborno y coima que indaga la Fiscalía en el marco de la tramitación de la Ley, y donde se investiga el dinero traspasado desde Corpesca del grupo Angelini a la ex diputada Marta Isasi.
Por eso, el dirigente de los pescadores valoró que “la justicia haya acogido la querella presentada por los compañeros de Valdivia para investigar el eventual pago de $500 millones por parte del grupo Angelini a los senadores miembros de la comisión de Pesca que votaron a favor de esta ley en 2012”. Los senadores de la comisión especializada durante el tiempo en que se legisló la Ley de Pesca fueron: Fulvio Rossi, Antonio Horvath, Carlos Bianchi, Alejandro García Huidobro y Hosain Sabag. La querella solicita a la justicia que estos parlamentarios sean llamados a declarar.
“Con todos las irregularidades y corrupción que estamos conociendo en el país, creemos que es necesario aclarar estos temas porque quienes están hoy en el Parlamento no pueden seguir legislando si están trabajando de una manera tan oscura”, enfatizó.
Dijo que a futuro “planteamos junto a varias fuerzas sociales, trabajadores y estudiantes, convocar a una Asamblea Constituyente para que el pueblo de Chile defina una Nueva Constitución, porque hoy no confiamos plenamente en el Congreso, aunque sabemos que hay gente honesta como el diputado Aguiló y varios más, pero un gran porcentaje está comprometido con temas que tienen que ver con probidad y ética”.
