El 11 de mayo de 1983 se inició en Chile una nueva etapa de la lucha contra la dictadura fascista. Estuvo caracterizada por grandes jornadas nacionales de protesta. La más potente, masiva y combativa tuvo lugar los días 2 y 3 de julio de 1986. Fue preparada con bastante tiempo. El Comando Nacional de Trabajadores se constituyó en uno de los principales impulsores. También participó el Comité Político Privado.
En Santiago participó el 75% de las bases del Comando Nacional de Trabajadores; en provincias, el 70%. El paro nacional tuvo sus puntos más firmes en el carbón, las industrias metal-mecánicas, en los puertos de Valparaíso y Talcahuano; en Huachipato. Fue casi total la paralización del transporte colectivo de pasajeros y del de carga.
Hubo gran participación de profesionales. En los hospitales la adhesión alcanzó al 90%. El comercio cerró sus puertas. No funcionaron escuelas y universidades. Los estudiantes participaron activamente en las acciones. En ambos días se escuchó un impresionante concierto de cacerolas. Un despacho de la agencia EFE señalaba:
“Esta vez el caceroleo llegó hasta el centro de Santiago, junto a la Plaza de Armas”.
La dictadura reaccionó violentamente. Desató, una vez más el terrorismo de Estado, la más salvaje represión.
QUEMADOS VIVOS
En la Población Los Nogales, en la comuna de Estación Central de Santiago, un pequeño grupo de personas estaba preparando una barricada durante la mañana del día 2 de julio de 1986. Llevaban 5 neumáticos usados y un galón de gasolina.
A las 8 de la mañana, fueron interceptados en Avenida General Velásquez con calle Hernán Yungue por una patrulla militar comandada por el teniente Pedro Fernández Dittus, la cual estaba compuesta por 3 civiles, 5 suboficiales y 17 soldados.
La mayoría de los jóvenes lograron escapar menos Rodrigo Rojas Denegri de 19 años, y Carmen Gloria Quintana, de 18. Los militares rociaron a los dos jóvenes con gasolina, y les prendieron fuego. Estando ambos en llamas e inconscientes, miembros de la patrulla los envolvieron en mantas, los cargaron en un vehículo militar y los condujeron a un camino aislado en las afueras de Santiago, a más de 20 kilómetros de distancia, en Quilicura.
Allí, en una zanja de regadío los arrojaron y los dejaron para que murieran. Algunos trabajadores agrícolas los encontraron y fueron llevados a la Posta Central para su atención. Rodrigo Rojas De Negri murió cuatro días más tarde debido a la gravedad de sus heridas. Pese a las quemaduras de segundo y tercer grado que sufrió Carmen Gloria Quintana en un 62% de su cuerpo, con muchos dientes rotos (estuvo entre la vida y muerte durante semanas), finalmente sobrevivió.
Quintana se sometió a un largo tratamiento médico en Chile y Canadá, pero todavía tiene cicatrices que la desfiguran a consecuencia de sus quemaduras.
EL CINISMO DE PINOCHET
Cuando se conoció el ataque, Augusto Pinochet dejó entrever que Rodrigo Rojas De Negri podría haber llevado «algo oculto» que se reventó y provocó las quemaduras. «No quiero pensar mal, pero me da la impresión de que a lo mejor llevaba algo oculto y se reventó», indicó en ese momento el dictador.
El ex conscripto Guzmán desmintió esta versión y aclaró que «fue un invento del Ejército». Éste ya había declarado en 2014 que la teoría de las ‘bombas BIC’ que supuestamente portaba el joven fotógrafo fue parte de un montaje:
«Quiero señalar que lo de la bomba BIC es totalmente mentira, ya que nunca fue incautada a Rodrigo Rojas, ya que nunca la portó entre sus ropas, sino que fue un invento del Ejército para poder justificar dicho actuar», consigna el documento judicial.
LO QUE LA “JUSTICIA” DICTAMINÓ ENTONCES
Si bien la prensa oficialista y las presiones de la dictadura intentaron negar primero los hechos y luego pretendieron mantener la vigencia de la falsa versión militar, los reclamos desde gobiernos y organismos de derechos humanos terminó por judicializar el asunto. Pinochet se vio obligado a designar al juez Alberto Echavarría Lorca para investigar los hechos.
Éste dictaminó el 23 de julio de 1986:
a) que Rodrigo Rojas De Negri y Carmen Quintana Arancibia fueron detenidos el día 2 de este mes por una patrulla militar que aseguraba el libre tránsito de vehículos, reteniéndoseles transitoriamente en el lugar de su aprehensión, uno al lado de la otra y próximos a elementos de fácil combustión, combustión que se produjo debido a un movimiento de la joven y la caída y rotura del envase de uno de esos elementos, causando quemaduras graves a los dos y originando posteriormente la muerte del primero; y
b) que no se dispuso lo conveniente para la inmediata atención médica de los afectados, sino que se les dejó en libertad después de transcurridos unos momentos en un lugar y en condiciones no propicias para obtener esa atención.
PARA LA JUSTICIA MILITAR: SÓLO “NEGLIGENTE”
Por esta razón, la resolución del juez fue dejar en libertad a los militares implicados. Según el informe de Amnistía Internacional de ese año, los testigos y los abogados de las víctimas recibieron amenazas de muerte (tres testigos debieron abandonar el país).
Ante las críticas y presiones, un tribunal militar el 3 de enero de 1991 encontró al oficial Fernández Dittus “culpable de negligencia”, por negarle asistencia médica a Rojas, pero le exoneró de cualquier responsabilidad en la incineración de Carmen Gloria Quintana.
Sólo en 1993, la Corte Suprema condenó a Fernández Dittus a 600 días de prisión por su responsabilidad en la muerte por quemaduras de Rodrigo Rojas De Negri y las quemaduras serias recibidas por Carmen Gloria Quintana. En octubre de 2000 un tribunal ordenó que el Estado chileno le pagara 251.7 millones de pesos a Quintana (sobre U$ 500,000) en compensación.
LA REAPERTURA DEL CASO EN 2015
En julio de 2015 el ministro Mario Carroza dictó siete órdenes de detención en contra de funcionarios militares involucrados en el caso. La aparición de Fernando Guzmán, como un testigo clave, quien fue uno de los conscriptos de la patrulla militar, brindó los antecedentes claves para avanzar en la resolución del caso.
Dicho conscripto reconoció que, en ese momento, fue presionado a dar una declaración falsa a la justicia militar. Los abogados representantes del programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior señalaron este mediodía que con la declaración del ex conscripto Fernando Guzmán se confirma la existencia de «pactos de silencio» al interior del Ejército.
La declaración de Guzmán dio pie a que ayer el ministro Mario Carroza ordenara la detención de siete ex oficiales y suboficiales del Ejército por la muerte del fotógrafo Rodrigo Rojas de Negri y las heridas graves de Carmen Gloria Quintana tras ser quemados en 1986.
«Hoy podemos señalar que existen estos pactos y nosotros como organismo encargado de velar por la justicia transicional, llamamos a todos a quienes suscribieron estos pactos de silencio a que entreguen la información con el objeto de llegar a la verdad y justicia que tanto anhelamos», dijo en conferencia de prensa Francisco Ugás, secretario ejecutivo del programa de Derechos Humanos”.
ACTO DE SILENCIO TAMBIÉN ENTRE CIVILES
Mintieron y mienten las Fuerzas Armadas. Pinochet y los altos mandos tomaron todas las medidas para ocultar la verdad. Tergiversaron los hechos durante 29 años. Pero, ¿acaso no sabían lo que pasó con estos y otros crímenes los miembros de la UDI y Renovación Nacional que colaboraron estrechamente con la dictadura?
Es el caso de Francisco Javier Cuadra que fue Secretario General de Gobierno entre los años 1984 y 1987, precisamente en el período en que quemados vivos Rodrigo y Carmen Gloria; del senador UDI Juan Antonio Coloma, miembro del Consejo de Estado de la dictadura entre 1977 y 1989 y muchos otros…
¿Pasarán piola estos cómplices de tantos crímenes?
(*) Historiador del Centro de Extensión e Investigación Luis Emilio Recabarren, CEILER
