jueves, mayo 23, 2024
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Comisión de Gobierno Interior Aprobó Proyecto Express por Cambio de Domicilio Electoral

La Comisión de Gobierno Interior aprobó, por mayoría, el proyecto de ley que exceptúa por una única vez la aplicación de las disposiciones que se indican de las leyes 18.556 y 18.700, para garantizar el derecho a voto de los cerca de 463 mil votantes que vieron cambiados su domicilio electoral.

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La instancia aprobó sumar la obligación de los votantes de estampar su huella tras sufragar. Asimismo, se eliminó la posibilidad de crear nuevas mesas de sufragio y nombrar nuevos vocales de mesa. El proyecto será analizado en la Sala este martes, a partir de las 18:30 horas.

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En la sesión, el Ministro Secretario General de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre, junto al Director del Servicio Electoral, explicaron el proyecto, argumentando que se optó por la fórmula de permitir a los votantes afectados elegir sufragar en su domicilio electoral original o en el asignado en el padrón actual de las elecciones municipales 2016, porque se desconoce cuántos de los votantes que registran dicho cambio lo hicieron sin su consentimiento.

En ese sentido, añadieron, solo retraer el padrón a la dirección anterior, como se propuso por algunos parlamentarios, podría afectar igualmente el derecho a sufragio de quienes sí habían expresado su voluntad de actualizar su domicilio.

Durante la votación en particular, el Ejecutivo ingresó una modificación al número 2 del artículo único, para eliminar de las facultades que se le otorgan excepcionalmente al Servel, la de crear nuevas mesas de votación y nombrar nuevos vocales de mesa, ya que el mismo texto permite aumentar el número de votantes por mesa, lo que hace innecesaria esta posibilidad, punto que fue respaldado por 10 votos a favor y 3 abstenciones.

Asimismo, se aprobó una indicación presentada por diputados de la Nueva Mayoría, para establecer la obligación, tras el sufragio, de entintar el dedo de los votantes, estampando su huella al lado de su firma y con la firma del presidente de la mesa, como un medio para reforzar la imposibilidad de votar en más de una oportunidad.

Tras la aprobación del proyecto en Gobierno Interior, se cumplió con el trámite de dar cuenta de este avance en la Sala de la Cámara. Luego, el Presidente de la Corporación, diputado Osvaldo Andrade, solicitó la unanimidad para que el texto legal fuera visto inmediatamente o, en su defecto, mañana en una sesión a las 10:30 horas. En ambos casos, no hubo acuerdo en la sala.  

De esta forma, la Cámara quedó citada para una sesión especial que se realizará este martes 18 de octubre, a partir de las 18:30 horas, cumpliendo con los plazos que establece el Reglamento interno para la tramitación de los proyectos de ley.

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Sala votará este martes
 
El proyecto de ley del Ejecutivo, que entrega facultades al Servel solo para las elecciones municipales de este domingo, con el objeto de subsanar el padrón definitivo de electores, ingresó oficialmente a tramitación hoy a las 16:00 horas.  

Cabe recordar que la Presidenta de la República, haciendo uso de sus facultades constitucionales, convocó al Congreso para discutir la iniciativa con carácter de discusión inmediata, con el objetivo de subsanar el cambio erróneo de lugar de votación de casi medio millón de electores.

Posteriormente, el texto legal fue a estudio a la Comisión de Gobierno Interior, donde fue aprobado.

Luego, una segunda sesión de la Cámara fue  citada pasadas las 18:00 horas, para dar cuenta del informe. En esa oportunidad, la Mesa pidió la unanimidad para que el proyecto fuese visto de inmediato, lo que no ocurrió, por oposición de la derecha. Por tanto. la sala votará mañana el proyecto de ley, en sesión especial programada para después de las 18:30 hrs.   

Cuestionamientos y responsabilidades

El presidente Andrade también criticó que se hable de exigir las responsabilidades respecto a los cambios de domicilio de electores, recordando que la Cámara cuenta con atribuciones para ello y que, en ese ámbito, no se necesita pedir permiso sino solo contar con las firmas para iniciar esa investigación a través de una Comisión Especial Investigadora.

Por su parte, el diputado Juan Antonio Coloma, jefe de la bancada UDI, explicó la negativa a obviar los tiempos reglamentarios, insistiendo en que lo que se está haciendo es traspasar al Congreso la responsabilidad de subsanar un error cometido en el gobierno:

«Hemos pedido que se cumplan las reglas. El gobierno nos pide no tramitar en comisiones, no escuchar al Servel, a la Ministra de Justicia, al ministro Eyzaguirre. Pedimos que se cumpla el reglamento para tener la mínima posibilidad de discutir un proyecto de ley».

En tanto, el diputado Germán Becker (RN), jefe de la bancada RN, dijo que el bloque opositor presentará mañana una comisión investigadora para indagar en los fallos del padrón, y precisó que «es insólito que nos responsabilicen a nosotros. Hace una semana la Presidenta decía que las personas se trasladaran a votar» y calificó el proyecto de ley como algo «arbitrario que no pasa ni en las peores democracias».

El Primer Vicepresidente de la Cámara, diputado Marcos Espinosa, opinó:

“Las responsabilidades políticas -que las hay- se tendrán que resolver después del 23 de octubre, pero ahora la urgencia es otra y la gente no nos pueden ver enfrentados por resquicios administrativos que sólo buscan profundizar una crisis. Porque independiente de que acá han habido groseros errores, al final del día perjudican definitivamente a los chilenos que no van a poder votar”.

Por su parte, el Segundo Vicepresidente, Gabriel Silber, dijo:

«Estamos a días de la votación y nuestra solicitud, de rodillas si es necesario, a la derecha es que participe hoy día de las soluciones».

El jefe de bancada PPD, diputado Ramón Farías, indicó:

“Se nos llena la cara de vergüenza, pero más se nos llenaría esa cara de vergüenza, si esos ciudadanos no pudieran ejercer su derecho a voto en el lugar donde ellos decidieron votar. Nosotros como bancada del PPD estamos disponibles para entregar nuestros votos para que este proyecto sea aprobado. No nos gusta el 100%, pero es la salida que tenemos para que los ciudadanos puedan efectivamente ejercer su derecho a voto”.

En el mismo sentido, la diputada Karol Cariola, jefa de la bancada PC, manifestó:

«Esperamos que la oposición reflexione y anteponga la democracia por sobre los fines políticos que ellos buscan, que es sacar a una ministra o sacar a alguien de un cargo. No se trata de eso. Hay que buscar las responsabilidades políticas, pero por sobre todo buscar una solución lo antes posible».

Finalmente, el diputado Juan Luis Castro, titular de la bancada PS, indicó:

“Más que por nosotros mismos, aquí hay un error de las instituciones que no funcionaron; por ineficiencia, por desidia, por negligencia y que tendrán que dar la cara al país por esos graves errores y bochornosos en los que hoy nos encontramos. Más allá de eso, llamo a la a la derecha a no seguir dilatando en una peregrinación sin sentido el debate de este proyecto de ley que solo busca enmendar el error de otros”.

Crítica oportunista

En otras palabras, mañana ocurrirá lo siguiente:

La derecha se dará el gusto de criticar a todo lo que se mueve, pero al final del día  tendrá que dar su consentimiento, porque de lo contrario quedaría señalada como el obstáculo para el voto de ese casi medio millón de chilenos afectados por la insólita situación, más aún cuando se necesitan sólo dos votos de la derecha para lograr los 69 votos necesarios.

En el senado el trámite es aún más expedito, porque la Nueva mayoría tiene los 21 votos requeridos.

Pero con su oportunismo característico no pierde ocasión de ganar réditos en la pelea corta, pese a que aún no se determina con exactitud el origen del error.  

Así, el presidente de la UDI, Hernán Larraín, los calificó de «un error inédito en nuestra historia”.

Para el jefe de la bancada de diputados UDI, Juan Antonio Coloma, «estamos frente a los hechos más bochornosos de la historia de la democracia, que pretenden a seis días de la elección municipal modificar el padrón electoral»,

El diputado de RN, Nicolás Monckeberg, puntualizó: «si a estas alturas estamos discutiendo de un proyecto de ley y ni siquiera sabemos el número exacto ni las comunas a las cuales pertenecen los chilenos afectados de esta ilegalidad, cómo no va a haber negligencia grave».

Pero el que se llevó las palmas fue el diputado de la UDI, José Antonio Kast, quién dijo en radio Futuro:

“Se podrán decir muchas cosas del gobierno militar, pero nunca que se impugnaron los registros electorales“.

Señor Kast: es imposible impugnar lo que no existe. Durante la dictadura hubo dos simulacros de votación: la «Consulta» de 1978 y el «plebiscito» de 1980, ambas sin padrones electorales. Por tanto, caben dos posibilidades: usted es un ignorante o un mentiroso, y en todo caso, un fresco y oportunista.

Portavoz de Gobierno: «Búsqueda de solución al problema del padrón electoral es paralela a definición de responsabilidades».

Antes de partir al Congreso Nacional, el Ministro Vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, se refirió al proyecto de ley que busca solucionar el problema de los domicilios en el padrón electoral. Al respecto dijo:

“Vamos a impulsar este proyecto de ley donde hemos acogido una iniciativa formulada por el Servicio Electoral que nos parece perfectamente legal y constitucional, pero sobre todas las cosas que resuelve el problema. Digamos las cosas como son: ésta no es una iniciativa del Gobierno, ésta es una propuesta que ha hecho el Servicio Electoral por unanimidad de su Consejo, con integración plural, y que nos parece que debiese ser lo prioritario y a lo que todos debiésemos colaborar”.

Agregó que el Ejecutivo es el principal interesado en que se establezcan los hechos y las responsabilidades para tomar las medidas que corresponda:

“El día viernes el Ministerio de Justicia envió un oficio al Contralor General de la República solicitándole que pueda llevar a cabo un informe de auditoría especial respecto de los procesos que en el Registro Civil pudiesen haber estado con alguna dificultad respecto de este procedimiento. Pero, en segundo lugar, hemos tomado la decisión, como Gobierno, de solicitarle al Contralor General de la República en el día de hoy que sea esa institución autónoma la que lleve a cabo el sumario administrativo en el Registro Civil para los efectos de determinar lo que ahí ocurrió, los eventuales errores y a partir de ahí las medidas que hay que adoptar. Nos parece que le da garantías a todos que sea la Contraloría quien lleve a cabo este sumario y no el propio Ministerio de Justicia o el Servicio del Registro Civil; y, por lo tanto, esa solicitud la vamos a formalizar hoy ante el Contralor General de la República”.

Sobre el trámite del proyecto de ley, señaló:

“Nosotros tenemos la obligación y el deber de hacer todos nuestros esfuerzos para asegurar que las elecciones del domingo se desarrollen con total normalidad. Ese ha sido el sentido y el propósito de haber acogido esta propuesta que hizo el Consejo Directivo del Servel, que es un órgano constitucionalmente autónomo, encargado de la supervisión del desarrollo de los procesos electorales”.

Contenido de la ley

En el texto de de cinco páginas y firmado por la Presidenta Michelle Bachelet, el titular del Interior Mario Fernández y de la Segpres, Nicolás Eyzaguirre, se propone una ley de artículo único aplicable únicamente para las elecciones municipales del año 2016.

En lo fundamental, “el proyecto permite al Servicio Electoral duplicar en el padrón electoral a aquellos electores a quienes se les modificó su domicilio electoral a una comuna distinta de la que tenían en su anterior inscripción electoral, por efecto de la solicitud comunicada por el Servicio de Registro Civil e Identificación al Servicio Electoral”.

De esta manera, los afectados podrán elegir en qué comuna sufragar, ya sea en la de su anterior inscripción o en la nueva donde quedaron incorporados al determinarse el padrón electoral definitivo 2016.

Para evitar que los electores afectados voten en las dos comunas donde estarán inscritos, dentro de los 20 días siguientes a las elecciones el Servel revisará los padrones utilizados en todas las mesas receptoras de sufragios, con el objeto de detectar si los electores sufragaron más de una vez. De existir algún caso, deberá hacer la denuncia que corresponda ante el Ministerio Público, para investigar el delito que se configura en tal caso. Asimismo deberá informar dicha situación al Tribunal Electoral Regional que corresponda.

Según señala la ley, a la persona que vote dos veces se le aplicarán las sanciones contempladas en el artículo 136 de la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios (Ley N° 18.700), esto es, penas que van desde el presidio menor en su grado medio (541 días) al presidio mayor en su grado mínimo (cinco años y un día). Además se le cursarán multas que van de una UTM ($46.000) a tres UTM ($138.000).

De aprobarse el proyecto, el día de la votación el elector afectado por el cambio de domicilio podrá hacerlo en su antiguo local de votación o en el que erróneamente se les ha asignado en el nuevo padrón electoral. Mientras la primera alternativa se asume conocida por cada elector -en la medida que haya participado de comicios anteriores-, la segunda puede ser consultada en la página web del Servel (www.servel.cl) ingresando su RUT.

Sin embargo, según autoridades del organismo, aún no hay seguridad de si alcanzarán a subir al sistema en línea los datos de los dos centros de votación entre los cuales podrá escoger el votante.

Si la persona elige votar en su nueva mesa, sencillamente deberá presentarse con su carné de identidad o con su pasaporte en la dirección indicada en la página web; en cambio, si decide sufragar en su local habitual, deberá preguntar si puede votar en su mesa de siempre o si se ha constituido una mesa especial para aquellos electores con doble inscripción.

Esto dependerá de cómo se administren en cada centro las páginas adicionales del padrón que serán impresas esta semana y que duplicarán la inscripción de los afectados. De acuerdo a fuentes del Servel, esto dependerá de las características de cada local y de la cantidad de afectados que exista en cada mesa receptora, que por ley no puede superar los 450 electores.

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