A casi 40 años de la reforma impulsada por José Piñera, que aseguraba jubilaciones equivalentes al 70% de los sueldos, la realidad golpea el bolsillo y la paciencia de los chilenos, que el domingo pasado manifestaron su rechazo a un negocio que mueve millones de dólares, pero que no se refleja en su fin último: las pensiones de los chilenos.
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“Si Kafka hubiera escrito sus libros después de conocer la previsión chilena, estoy seguro de que habría sido acusado de plagio”. La frase del creador del sistema de pensiones de capitalización individual, José Piñera, era utilizada por El Mercurio el 5 de octubre de 1980 para graficar la labor del entonces ministro del Trabajo junto a su equipo, “que bajo su dirección elabora desde hace un año el proyecto de reforma al sistema previsional. Este trabajo kafkiano está sin embargo a punto de rendir sus frutos”.
El entonces ministro era claro en sus dichos, al señalar ese mismo mes que un afiliado, después de trabajar toda su vida activa, “debiera haber acumulado en el sistema previsional una suma tal que le permita obtener una pensión vitalicia de a lo menos un 70% de su última remuneración anual”.
Un mes después, el 4 de noviembre, la Junta de Gobierno liderada por Augusto Pinochet cambiaba el antiguo sistema de previsión chileno, que era de reparto, por el de fondos individuales administrados por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
El 6 de noviembre, el padre de las AFP daba un discurso por cadena nacional, explicando la reforma. Al nuevo sistema paradójicamente no pertenecían las Fuerzas Armadas, que optó por mantener el de reparto a través de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena).
“Es hora de crear un nuevo esquema que, basado en la libertad y la justicia, permita al trabajador una vejez digna, y al país acelerar su marcha hacia el desarrollo económico y social”, señalaba el economista de la Universidad Católica.
“Todo trabajador dependiente deberá aportar mensualmente un 10% de su remuneración para incrementar su fondo individual (…). La cifra del 10% permitirá a un trabajador, de acuerdo a sus supuestos razonables, obtener una pensión cercana a sus últimas remuneraciones. En el pasado, en cambio, el trabajador, en promedio, obtenía pensiones apenas mayores a la mitad de sus últimas remuneraciones (…). No nos cabe duda alguna de que este sistema de capitalización irá en beneficio de las mayorías silenciosas y esforzadas, las mismas que fueran sistemáticamente engañadas en el sistema de reparto”, agregaba.
Hoy, según las conclusiones de la Comisión Bravo –creada por Michelle Bachelet en 2014– la mitad de los jubilados con pensiones autofinanciadas, es decir, las que no tienen complemento fiscal, como el pilar solidario que empezó a funcionar tras la Reforma de 2008, recibe una tasa de reemplazo mucho menor a la mitad de las últimas remuneraciones de los trabajadores: 34%.
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Este porcentaje, construido sobre el ingreso de los últimos 10 años antes de jubilar para el total de los pensionados, difiere según el número de meses cotizados. En el caso de quienes hayan cotizado 386 meses, vale decir, poco más de 32 años, la mitad de los jubilados obtienen tasas de reemplazo que pueden llegar al 46%.
Cifras que difieren completamente de la promesa que hizo el Gobierno de Pinochet y los promotores del sistema.
En la otra vereda, en los últimos cinco años las utilidades de las AFP han aumentado 111%, pasando de $268.535 millones en 2010 a $ 568.754 millones en 2015. En todo el período, las seis administradoras existentes sumaron ganancias por $ 2 billones, según información da a conocer por La Tercera.
Otro dato decidor: tal como publicó El Mostrador, en 2015 se repartieron más de 20 mil millones de pesos entre 266 directivos y ejecutivos clave de la industria.
A 36 años de su inicio, el negocio enfrenta un fuerte rechazo por parte de la ciudadanía, que el domingo pasado salió a las calles marcando la agenda política que tuvo que recoger el guante y que, incluso, fue tema obligado al que tuvieron que referirse posibles candidatos presidenciales, como Isabel Allende, Ricardo Lagos, Alejandro Guillier o Manuel José Ossandón.
A diferencia del hermano de José Piñera, Sebastián Piñera no se pronunció al respecto. De hecho, una parte de la gira nacional por el libro sobre su Gobierno, la realizó junto a su ex ministro de Vivienda y actual presidente de la Asociación de AFP, Rodrigo Pérez Mackenna.
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Las señales de que “el milagro chileno” de las AFP no estaban dando los frutos esperados para los pensionados no son recientes. En 2008, 18 años después de instaurado el sistema, se concretó una reforma, que entre otras cosas estableció un sistema de pensiones solidarias en vista de las magras jubilaciones. Pero las cifras actuales y futuras continúan complicando a los usuarios del sistema.
Bajas pensiones
En su libro El Cascabel al Gato, José Piñera señalaba que “si todo iba razonablemente bien, nuestros cálculos indicaban que ahorrando mensualmente un 10% de la remuneración, las pensiones podrían alcanzar a montos equivalentes al 70% de ella al final de la vida de trabajo”.
Pero este porcentaje ha sido relativizado por el doctor en Economía de la Universidad de Harvard. Esto, paradójicamente, luego de una polémica mientras su hermano era Mandatario en 2013 y anunciara una serie de reformas al sistema previsional, reconociendo que no estaba cumpliendo con la promesa original de entregar una jubilación equivalente al 70% del sueldo.
Molesto, el mayor de los hermanos Piñera refutó sus dichos a través de Twitter, señalando que esa promesa era falsa. “Al inventar una supuesta ‘promesa original’, cualquiera sea la cifra, Sebastián Piñera confunde a los trabajadores chilenos e instala de nuevo la lógica del sistema de Reparto”. Añadiendo que las AFP “no prometen” un nivel de pensión, sino que crean “un buen mecanismo para crear ahorro”.
Al respecto, el miembro de la Comisión Bravo, Andras Uthoff, descarta que el sistema haya prometido algo distinto. Además, señala «¿qué quiso decir José Piñera con ‘si todo va bien’? Ya es abusar de la gente, del desconocimiento que tiene, de la asimetría de información.
El tema es que este sistema jamás sirvió para este país, porque la gente no tiene empleo estable, no tiene altos ingresos a lo largo de toda su vida, queda desempleada, tuvo que sufrir la crisis de la deuda. Un montón de cosas que es la realidad. Y, en consecuencia, tener un sistema en que tú tienes que autofinanciar tu pensión, independientemente de lo que te ocurra, es un desastre”.
El economista asimismo, apunta a las promesas incumplidas del sistema que se inauguró con 12 AFP, de las que quedan solo seis. “Primero, el cambio a las AFP no fue tan voluntario, en muchos casos sus empleadores los obligaron a cambiarse”, apunta.
También se dijo, recuerda Uthoff, que si no se cambiaban “iban a perder esa maravilla de la capitalización y al final cuando llegaran a la edad de jubilarse iban a tener una pensión muy inferior a la que recibían en el sistema de reparto. Esas son dos promesas incumplidas. La primera es incumplida porque la ley decía que era voluntaria, pero no fue tan voluntaria. Se usó la publicidad, la presión de empresarios, la presión del Gobierno, se usaron distintos mecanismos para que la gente se sintiera forzada a cambiarse, y eso no puede ser. Por eso se declara hoy como inconstitucional porque, si bien se planteó que iba a ser voluntario y que había una opción entre un sistema privado y uno público, eso nunca existió en la práctica”.
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Las promesas de mejores pensiones tampoco se han concretado. Y el futuro, según la propia Comisión Bravo, no augura mejoras. Al contrario.
La evaluación del funcionamiento del sistema liderado por las AFP en relación con la calidad de las jubilaciones que terminan recibiendo sus afiliados, a diferencia de las tres propuestas globales que tuvieron respaldos divididos dentro del grupo compuesto por 24 miembros, es transversal.
Según este análisis, actualmente, cuando todavía convive el antiguo sistema de reparto con el de capitalización individual, 75% de los chilenos reciben pensiones bajas, ya sea en tasas de reemplazo o respecto del salario mínimo. Esto, pese a que la cobertura es la más alta en Latinoamérica junto a Uruguay y Costa Rica.
Por otra parte, los primeros afiliados que habrán contribuido durante toda su vida laboral con posterioridad a la reforma de 1981, son los que comenzarían a retirarse a partir del año 2025. Según el informe entregado a la Presidenta Michelle Bachelet el 14 de septiembre pasado, la mitad “de los pensionados entre los años 2025 y 2035 tendrían tasas de reemplazo –que se refiere a la cantidad que cobra una persona cuando se jubila en comparación con el último sueldo que tenía cuando trabajaba– igual o inferior al 15% del ingreso promedio de los últimos 10 años”.
En términos simples, si una persona gana 400 mil pesos, recibiría una jubilación de 60 mil pesos.
La Comisión liderada por el economista David Bravo, también concluyó que 79% de las pensiones son inferiores al salario mínimo, en ese momento de 241 mil pesos. Además, 44% de las pensiones pagadas por el sistema de pensiones son menores a la línea de la pobreza, que ascendía a $ 66.084 en las zonas urbanas del país. Este ingreso corresponde al mínimo establecido por persona para satisfacer las necesidades básicas y se establece a partir del costo de una canasta básica de alimentos.
Una realidad muy distante de los dichos de Piñera en su página web, donde señalaba: “El sistema de pensiones de capitalización individual ha significado la mayor creación de riqueza en beneficio directo de los trabajadores en toda la historia de Chile”.
Fuente: El Mostrador
