El próximo gobierno de Michelle Bachelet se ha comprometido ante el país en un proceso de reformas que bascula entre respetar la institucionalidad y atender a las demandas ciudadanas expresadas en la movilización social. Esto plantea el primer punto crítico de la futura administración, a saber, la cuestión de los equilibrios y los necesarios consensos que permitan avanzar en el programa de gobierno.
El segundo aspecto que debe ser considerado dice relación con el férreo andamiaje económico y político en que se encuentra sumida la sociedad chilena desde hace décadas. Una escena arcaica como la presente plantea un punto crítico respecto al proceso de “reformas” que se quiere emprender.
Las “reformas” se evalúan por su profundidad, alcance y oportunidad. En el caso concreto de Chile, los sectores empresariales y de la derecha política son más bien proclives a establecer una sinonimia entre “reforma” y “riesgo”, o en el peor de los casos, “reformas” y “amenazas”.
Durante la llamada Guerra Fría se estigmatizó el “reformismo” como una impostura frente a una “verdadera revolución”, una línea de pensamiento que, todavía hoy, es enarbolada por la extrema derecha para sostener su campaña de terror frente a cualquier atisbo de cambio.
Como si el muro de Berlín siguiera en pie, todavía se insiste en levantar el fantasma del “comunismo” como una amenaza al “exitoso modelo chileno” Este tipo de discurso insiste en un universo bipolar ya extinto que se utiliza como coartada para mantener los enclaves autoritarios y oligárquicos en lo político y en lo económico.
En el mundo de hoy, sin embargo, las visiones en blanco y negro ya no se sostienen. Lo cierto es que las escenas políticas a nivel nacional e internacional se mueven en una compleja gama de grises.
De suerte que la noción de “reformas” debe ser ponderada, en el momento presente, en virtud de su radicalidad, su alcance y oportunidad. En el Chile actual podríamos resumir un genuino proceso de reformas como un cambio de la constitución.
Digámoslo con toda claridad: Todo pretexto que postergue este anhelo mayoritario de los chilenos solo es prolongar la agonía de un modelo fracasado.
Pensar el cambio de la constitución en nuestro país inaugura una discusión, todavía abierta, sobre la modalidad de alcanzar dicho objetivo.
El cambio del marco judicativo que rige los destinos de los chilenos es, bien mirado, el más alto ejercicio democrático al que podemos aspirar en este momento presente. No nos parece ingenuo sostener que el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet tiene la oportunidad de hacer historia en Chile, abriendo los cauces para que nuestra sociedad cierre de una vez y para siempre el oprobioso pasado dictatorial que todavía hiede en nuestra vida ciudadana.
Es hora de que nuestro país se reencuentre con un horizonte democrático más pleno, más justo y más inclusivo.
(*) Investigador y docente de la Escuela Latinoamericana de Postgrados. ELAP. Universidad ARCIS