Este lunes comenzó a regir el decreto que permite el ingreso de 11 patologías con garantía explicita en salud, al plan GES – AUGE, hecho que permitirá también que alrededor de 700 mil personas obtengan atención garantizada. Sin embargo, médicos, profesionales y trabajadores de la salud coinciden en que en la red pública no se cuenta con los recursos y especialistas necesarios para cubrir las nuevas atenciones con garantía explícita. Entonces, ¿por qué lo hace el Gobierno? La respuesta es simple: para transferir recursos públicos a prestadores privados.
Cerca del 80 por ciento de estas atenciones se realizan en el sistema de salud primaria, entiéndase consultorios, Servicios de Salud Familiar y Servicios de Salud Primaria de Urgencia, SAPU. La mayoría requiere de especialistas y de equipos médicos multidisciplinarios para ser tratadas.
Para el presidente de la Agrupación Nacional de Médicos de la Atención Primaria, Camilo Bass, las atenciones del Auge seguirán aplicándose como expresa la ley. Sin embargo, eso incide en que el resto de las personas cuyas patologías no son AUGE, deban seguir esperando ser consideradas.
Coincide con ello el presidente de la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipalizada, Esteban Maturana, quien agrega que al dejar sin atención a las patologías no Auge, se está discriminando, situación que calificó como “gravísima”.
Para el presidente del Colegio Médico, Enrique París, la red misma no tiene capacidad para atender a más personas lo que es preocupante, según sus palabras. Uno de los puntos que destacó es la falta de especialistas.
En la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de la Salud , Fenpruss, sostienen lamentablemente al no contar con los recursos el ingreso de nuevas patologías se convierte en una complicación que tensiona el sistema según su presidenta, Gabriela Farías.
La pregunta de cajón es ¿por qué, si el sistema público no está en condiciones de absorber esa demanda, el Gobierno impulsa la medida?
La respuesta es simple, y está en el origen de alambicado sistema. Como se trata de un derecho garantizado, si el sistema público no está en condiciones de atender esas atenciones, el usuario, como se dice ahora, puede requerirlas entre prestadores privados, los cuales estarán encantados de proporcionarlas, claro que a precios de mercado.
De esa forma, se han transferido de manera encubierta, miles de millones de pesos de recursos públicos a clínicas privadas, que «casualmente» tienen los mismos propietarios que las isapres.
Privatización encubierta
Dos son los mecanismos de transferencia de recursos públicos al sistema privado: el déficit de los hospitales públicos y el subsidio a la demanda.
Entre 1999 y el 2009 la capacidad hospitalaria del sistema público (medida en camas) se redujo en 12%. Por otra parte, la deuda hospitalaria no ha parado de crecer a pesar de que cada año se cancelen grandes sumas. En abril del 2013 ésta superó los $ 103.948 millones.
Un factor que influye en esa deuda y en el funcionamiento de la red de Salud son los aranceles que paga Fonasa a los hospitales públicos. Estos montos se actualizan según el IPC, pero no reflejan los costos reales que tienen los hospitales. Según un estudio de la Universidad Católica estos aranceles son insuficientes para cubrir los costos de las prestaciones.
Un ejemplo: Fonasa paga un día cama en Unidad de Tratamiento Intensivo a un “precio” de $126 mil. Sin embargo, el costo promedio es de $300 mil. Esto deteriora la red pública y genera incentivos para que los hospitales ofrezcan aquellas prestaciones mejor pagadas (GES) en detrimento del resto (no GES).
Sin embargo, Fonasa actúa distinto cuando compra centralizadamente “días camas” en las clínicas privadas. A la Clínica Las Condes le paga por un día cama básico $ 827 mil, mientras que a un hospital público solo le paga $60 mil. Durante 2012 el gasto por esta vía fue de $19.521 millones, cifra que perfectamente podría haber sido utilizada en ampliar la oferta de camas públicas cuyo déficit histórico era de 3.000 camas en 2010
El segundo mecanismo que traspasa grandes cantidades de recursos públicos al sistema privado es la Modalidad de Libre Elección (MLE). Creada en 1985 y potenciada durante los gobierno de la Concertación, la MLE permite a los usuarios de Fonasa atenderse en la red de clínicas privadas. La MLE encuentra su justificación en que el sistema de hospitales públicos no tiene capacidad para absorber toda la demanda. Por otra parte, se considera positivo generar una competencia ente los prestadores privados y los hospitales públicos, que atienden usando la Modalidad Atención Institucional (MAI).
Tal como se vio en el caso de la compra de “días-cama”, Fonasa paga distinto al hospital público que a la clínica privada cuando sus usuarios los eligen.
Por ejemplo, en la “consulta médica de especialidades”, a los privados (MLE) se les paga $11.730 de los cuales $6.770 lo paga Fonasa y $4.690 es copago del paciente.
La misma consulta en un hospital público (MAI) se paga a $4.950, monto que paga Fonasa al hospital y donde no existe copago a excepción de los afiliados de los tramos C y D, que tiene un copago de $500 y $990 pesos respectivamente.
Esto muestra que el Estado termina discriminando a sus propios hospitales y favoreciendo al sector privado que recibe mejores precios por la misma actividad. Las clínicas, además, se benefician de copagos que son regresivos, dado que no se fijan en función del nivel de ingreso de los pacientes. Por ello, un afiliado a Fonasa que tenga un sueldo bajo tendrá que pagar lo mismo que un gerente.
Debido a lo anterior, la MLE, que se presenta como una forma de garantizar la libertad de elección de los usuarios de Fonasa, termina generando un círculo vicioso en el que se le entregan menos recursos al sistema público y luego se lo hace competir con un sistema privado que recibe más ingresos. Como pasa en la educación municipal, víctima de la misma lógica, la salud pública se va deteriorando progresivamente y en ella quedan sólo aquellos usuarios que no pueden atenderse en otro lado.
Todos los mecanismos descritos hacen que una parte importante del gasto público en Salud -que como hemos dicho es insuficiente de acuerdo a los estándares de la ODCE- termine siendo usado en compras y subsidios a la demanda en clínicas y prestadores privados. En 2013 la cifra de traspasos al sector privado alcanzará a U$1.187 millones.
Las nuevas patologías que se incorporan al AUGE son:
Trastorno Bipolar, Cáncer Colorectal, Cáncer de Ovario, Cáncer de Vejiga, Osteosarcoma, Hipotiroidismo, Tratamiento de Hipoacusia Moderada, Lupus Eritematoso, Tratamiento Quirúrgico de Lesiones de la Válvula Aórtica, Tratamiento Quirúrgico de Lesiones de las Válvulas Mitral y Tricúspide y Tratamiento de Erradicación de Helicobacter Pylori, para prevenir úlcera gástrica y cáncer gástrico.
De esta manera, ya son 69 las patologías cubiertas por el sistema, esperándose que lleguen a 80 en 2014.
