En un verdadero despropósito se nos convierte el llamado del Comandante en Jefe del Ejército, el general Humberto Oviedo, a que respetemos la presunción de inocencia respecto de aquellos militares acusados de enriquecimiento ilícito, como de haber asaltado en beneficio propio los recursos provenientes de la Ley Reservada del Cobre que le ha dado a los militares millonadas de dólares para comprar armas por encima de sus recursos regulares ya desmedidos.
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Presunción de inocencia para su antecesor Juan Miguel Fuentealba a quien se le calcula una fortuna personal que supera los dos mil millones de pesos. Presunción de inocencia para los uniformados involucrados en el Milico Gate, quienes se farrearon millones de dólares en un casino de juegos, diversos viajes, viáticos ilícitos, pago de coimas y demases, varios de los cuales están detenidos y formalizados.
Presunción de inocencia para él mismo general Oviedo, después de que solicitara pasaportes diplomáticos para sus hijos mayores de edad y uno de ellos se afanara un pago de tres mil dólares de parte de la Embajada de Chile en Estados Unidos, cuando su padre se desempeñaba en esta legación.
Presunción de inocencia para los que dispusieron un gasto por encima de los 3 millones de dólares solo en bebidas alcohólicas durante la Comandancia en Jefe del mismo Fuente Alba, en cuya negra gestión a cargo del Ejército de Chile “jamás vencido”, como dicen.
Presunción de inocencia para los que vendieron armas clandestinas, para los que se favorecieron personalmente con coimas pagadas desde Europa para las diferentes adquisiciones de armas dispuestas por las tres ramas de nuestras FFAA.
Presunción de inocencia para Pinochet y sus secuaces en el fracasado proyecto “Rayo” que le significó repartirse unos dos millones de dólares con el director de Famae y al jefe de Finanzas de esta institución del Ejército.
Presunción de inocencia para el fallecido ex comandante de la Fach Ramón Vega, involucrado en los escandalosos ilícitos de la compra de esos aviones Mirage Elkan en Europa.
Acaso, también, presunción de inocencia para los involucrados en el Caso Fragatas cuando se adquirieron irregularmente cuatro naves holandeses… o con la compra de los tanques Leopard, operaciones todas bajo los ritos de la corrupción que se desatara con los recursos de esta Ley Secreta y las millonarias sumas gastadas discrecionalmente por el Ejército y las otras instituciones castrenses.
Presunción de inocencia, finalmente, para las millonarias adquisiciones, hasta con facturas y boletas falsas, de los suministros cotidianos para los cuarteles, casinos militares y las propias residencias de los mandamases uniformados.
¡Vaya que hay que ser caradura, general Oviedo, para solicitarnos presunción de inocencia ante tantas evidencias.
Ojalá los militares hubieran alguna vez haber practicado la presunción de inocencia para sus miles y miles de víctimas detenidas, torturadas, confinadas , ejecutadas o exiliadas por la bota militar, por el ejercicio de la fuerza bruta, la utilización de las armas que le han conferidos los chilenos para su protección.
Cuando se sabe que, en su historial de golpes de estado y traiciones a la Patria, han causado muchos más compatriotas muertos y heridos que todos los extranjeros con los cuales combatieron en sus dos guerras fratricidas contra Perú y Bolivia.
Valientes soldados que asaltaron La Moneda, bombardearon poblaciones como la de la Legua, organizaron campos de concentración en contra de chilenos que culpaban sin más de terroristas y por quienes no tuvieron, ciertamente, ni la más mínima presunción de inocencia.
Presunción de culpabilidad es la que debemos tener los chilenos respecto de tantos forajidos uniformados que todavía siguen activos en nuestras fuerzas armadas. Respecto de tantos homicidas impunes que, desde Pinochet para abajo, se han demostrado también como ladrones, además de tener una manifiesta inclinación por el desmedido consumo de alcohol, si juzgamos las cifras que ha entregado el portal de compras públicas.
Presunción cierta de culpabilidad respecto de todas las cúpulas militares encargadas de administrar los ya voluminosos presupuestos castrenses a los cuales se han agregado y se seguirán agregando los recursos millonarios de la Ley Reservada del Cobre, cuya derogación no está, curiosamente, en los planes de la Presidenta Bachelet, según declarara públicamente su ministro de Hacienda.
Presunción de culpabilidad que debemos imputar también a los gobiernos y, en particular a los ministros de Defensa de toda la Posdictadura. A cada uno de los secretarios civiles de Defensa tan encantados con el mundo castrense y sus lisonjas a su paso por este ministerio. Tan complacidos por su buena y afectuosa relación con los militares, a los cuales siguieron sirviendo, incluso, después de dejar sus cargos.
Realmente, se haría necesario abrir también una nueva arista en las investigaciones sobre los aportes irregulares a los partidos y campañas electorales. A objeto de descubrir, ¿por qué no?, posibles contribuciones de los propios uniformados a los candidatos. Mediante, por ejemplo, ese consabido “CVA” (o “cómo voy ahí”) en cada operación fraudulenta de los militares consentida por los distintos gobiernos que nunca se han atrevido, en más de 26 años, a poner a los militares bajo su línea de mando y supervisión.
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Falta de coraje que los hace responsables, y hasta cómplices, de todos los escándalos castrenses que empiezan a destaparse o que fueron sepultados expresamente por la política y los gobiernos de la Concertación como sucedió con los negocios del hijo de Pinochet, quien también heredara la impunidad de su padre.
Impunidad que ahora también la hereda su madre por el uso y mal uso de los millonarios recursos otorgados y extendidos estos años también para Cema Chile, institución presidida por Lucía Hiriart y que cuenta con centenares de propiedades conferidas por el Dictador a su cónyuge. Las cuales el ministro de Bienes Nacionales está empeñado en recuperar para el Estado… ¡A ver si lo dejan!
Fuente: Radio Universidad de Chile
