Dos ex directores generales de Carabineros, Mario Rozas y Ricardo Yáñez, y el ex subdirector general, Diego Olate, fueron formalizados, el martes 1 de octubre, por su responsabilidad de mando en violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social, entre octubre de 2019 y marzo de 2020.
Tras cinco años de investigación, y diversos intentos por postergarla, finalmente este martes a las 9.00 horas se dio inicio a la audiencia de formalización en contra de los exgenerales directores de Carabineros, Mario Rozas y Ricardo Yáñez, además del exsubdirector Diego Olate, a los cuales la Fiscalía Centro Norte les imputa los delitos de apremios ilegítimos por omisión durante el estallido social de 2019.
La audiencia de formalización, que durará varios días, es un trámite procesal durante el cual la fiscalía comunica al imputado, en presencia del juez de garantía, que está desarrollando una investigación en su contra.
En enero pasado, se conoció que la Fiscalía Metropolitana Centro Norte solicitó formalizar a Yáñez por dichas omisiones mientras era parte del alto mando de Carabineros, en concreto, como jefe de la Dirección de Orden y Seguridad, y también al el exdirector de la institución, Mario Rozas, y el exsubdirector, Diego Olate.
Desde entonces, Yáñez intentó aplazar de diversas maneras su formalización, presionado por el llamado «criterio Tohá» que tomó forma en marzo, cuando la ministra del Interior, Carolina Tohá, apuntó a que aquellos funcionarios dependientes del Estado dieran un paso al costado al enfrentar una formalización.
El asesinato de tres carabineros en Cañete, quienes además fueron calcinados, el 27 de abril pasado, hizo que su formalización, fijada para el 7 de mayo, fuera aplazada para este 1 de octubre. Hubo otros intentos de Yáñez en aquellos meses, pero resultaron infructuosos.
El pasado viernes, la Corte de Apelaciones selló su destino: sería formalizado y debió abandonar el cargo, sin poder cumplir con su ideal de permanecer los cuatro años completos al mando de Carabieros, misma suerte que corrieron sus predecesores.
Durante un receso, en los pasillos del tribunal, declaró:
«Hoy nos encontramos acá en los tribunales de justicia, ante una formalización que encuentro absurdamente injusta y absurda. Quienes ejercíamos el mando, en la época de mayor violencia desde la vuelta a la democracia, tuvimos que enfrentar con los medios, con los recursos que el Estado nos entregó, algo que era imposible».
Añadió:
«Los graves hechos que ocurrieron no solamente pusieron en riesgo la democracia de nuestro país, sino que también la seguridad de muchas personas y la vida de muchas personas, como también la de nuestros carabineros».
A su turno el director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos, manifestó:
“Hoy tendrán que rendir cuentas, porque miles de personas vieron truncados sus proyectos de vida debido al accionar de agentes del Estado y porque ellos, como altos mandos de Carabineros, no tomaron las medidas que podrían haber evitado esas violaciones a los derechos humanos”.
Agregó que el recientemente renunciado general director, junto a Rosas y Olate, “intentaron eludir la justicia por mucho tiempo”, y que Yáñez, quien compareció de civil ante el tribunal, “se escudó en su rol institucional para no rendir cuentas ante los tribunales de justicia”.
Yáñez se convirtió en el cuarto general director de Carabineros que se ha visto obligado a renunciar en medio de procesos judiciales, y el segundo en hacerlo como consecuencia del estallido.
A continuación la imputación de la Fiscalía
Título V: La Ocurrencia de Apremios Ilegítimos:
«Como ya señalamos, y conforme documentaron los informes del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DD.HH, la Comisión Interamericana de DD.HH, Human Right Watch, Amnistía Internacional, el Instituto Nacional de DD.HH, entre otros organismos, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2019, enero, febrero y marzo de 2020, a lo largo de todo el país, diversas personas fueron víctimas del accionar de funcionarios de Carabineros, quiénes, estando bajo el mando y la subordinación de los imputados, abusando de su cargo e infringiendo los deberes y reglamentos descritos, hicieron uso de armamento antidisturbios con munición menos letal (escopeta antidisturbios y carabina lanza gases), provocando entre otras personas, alrededor de las víctimas que se indicará lesiones de carácter grave, graves gravísimas y muerte.
La cantidad aproximada de casos de personas afectadas por situaciones de violencia institucional, solo en la jurisdicción de la Fiscalía Centro Norte, es de 2.438 desde el 18 de
octubre de 2019 al 31 de marzo de 2020; de esos casos 1002 corresponden a lesiones provocadas con proyectil de arma de fuego, de los cuales 653 fueron lesiones en la zona de la cabeza o cuello.
De las lesiones ocurridas en cabeza o cuello, 430 fueron producto de disparo de perdigones y 172 por disparo de gases (siendo 163 lesiones oculares).
Dichas lesiones, y en particular las que describimos a continuación, se provocan en contexto que Mario Rozas Córdova, Diego Olate Pinares y Ricargo
Yáñez Reveco, conociendo de su ocurrencia, no intervienen, en el ámbito de sus atribuciones, de modo de evitar o impedir su comisión.
Amnistía Internacional: un hito en la lucha por la justicia
Cinco años después del Estallido Social, la apertura de un proceso judicial contra mandos policiales puede constituir un hito en la lucha por la justicia
En el día de hoy se formalizó la investigación penal contra tres personas que ejercieron el alto mando de Carabineros durante la represión policial a las protestas de 2019. Bajo su dirección, dos personas fallecieron a manos de la policía y miles sufrieron lesiones graves, incluyendo traumas oculares irreversibles.
En esta audiencia, esperada por más de nueve meses, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte comunicó formalmente que los investiga por su posible participación como autores del delito omisivo de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio, y con ello se dará inicio a un proceso judicial.
Según el derecho internacional y la legislación chilena, los mandos a cargo de cuerpos policiales son, bajo ciertas circunstancias, responsables por los actos de sus subordinados, incluso cuando hubiesen omitido la supervisión de estos.
Así lo ha señalado Amnistía Internacional en sus informes de 2020, “Ojos sobre Chile”, de 2021, “Responsabilidad penal por omisión de los mandos” y en un reciente informe publicado bajo el día de hoy, “Obligaciones de derecho internacional de investigar y sancionar a los responsables jerárquicos de violaciones de derechos humanos”.
El inicio de un proceso judicial, que comenzaría tras la celebración de esta audiencia, servirá para esclarecer si dichas personas tuvieron responsabilidad penal individual por no haber impedido las graves lesiones causadas a miles de manifestantes, a pesar de que habrían podido hacerlo, tal como era su obligación.
“Esta audiencia nos demuestra que es posible procesar no sólo a quien apretó el gatillo, sino sobre todo a quien omitió hacer todo aquello que estaba a su alcance para evitar que se disparara de forma indiscriminada sobre manifestantes. La responsabilidad por estos hechos debe estar a la altura de la responsabilidad del puesto que tenían”, expresa Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Desde octubre de 2019, Amnistía Internacional y diversas organizaciones y organismos internacionales y nacionales de derechos humanos denunciaron el uso indiscriminado e indebido de escopetas cargadas con perdigones de metal y goma por parte de Carabineros, que dejaron a miles de personas heridas y a más de 400 con trauma ocular severo. Hoy en día, se cuentan en más de 1.100 las causas por apremios ilegítimos (malos tratos) causados por este tipo de acciones, lo que evidencia el daño generalizado cometido por la acción de Carabineros.
La investigación penal contra los altos mandos de la policía que habrían permitido que esto ocurriera, es un hito para Chile. Cada día, en distintos países, el derecho a protestar se ve amenazado por el uso de armas y munición sumamente lesivas y prohibidas por el derecho internacional para el control de manifestaciones. Hoy, Chile tiene la oportunidad histórica de hacer rendir cuentas a quienes desde posiciones de poder no actuaron para impedir daños irreversibles contra miles de personas.
Amnistía Internacional celebra que esta audiencia, que finalizaría mañana, inicie un proceso judicial que, bajo las garantías del debido proceso pertinentes, esclarezca los hechos y determine las responsabilidades por las graves violaciones a derechos humanos cometidas a partir de 2019.
“Los ojos del mundo continúan sobre Chile. La formalización de altos mandos es un antecedente valioso para otros países de la región, pero sobre todo para Chile y las víctimas de la violencia policial, que han resistido cinco años para que esta puerta hacia la justicia se abriera paso”, dijo Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile.
Finalmente, Amnistía Internacional considera oportuna la salida del actual Director General de su cargo, ya que como ya denunció la organización en diversas ocasiones, su permanencia suponía un riesgo para la prueba procesal y el cumplimiento de garantías de no repetición.
Amnistía Internacional
