El Servicio de Impuestos Internos presentó ante la Fiscalía Metropolitana Oriente una denuncia criminal en contra de los socios fundadores del Grupo Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, para que se les investigue como presuntos autores de delito tributario, por la utilización indebida de boletas de honorarios falsas de sus cónyuges para disminuir la base imponible del Impuesto a la Renta de la sociedad Inversiones Penta III Limitada, de la que son sus representantes. Cabe recordar que Délano y Lavín estuvieron entre los principales privatizadores de la dictadura, y que sobre esa base contruyeron su imperio financiero.
La acción penal está dirigida en contra de Délano y Lavín en su calidad de socios y representantes legales de la empresa Inversiones Penta III Ltda.; de Marcos Castro Sanguinetti y Samuel Irarrázaval Larraín, representantes legales de Inversiones Penta III Ltda. e Inmobiliaria Los Estancieros SA., respectivamente; de Hugo Bravo López, representante legal de las empresas mencionadas y de Inversiones Challico Ltda. y Santa Sarella Ltda., empresas en las que se evidenciaron ilícitos similares a los ya descritos; y en contra de todos aquellos que resulten responsables.
El perjuicio fiscal producto de las irregularidades detectadas se calcula inicialmente en más de 400 millones de pesos, por hechos cometidos entre los años tributarios 2009 y 2014.
La denuncia fue presentada ante la Fiscalía de Alta Complejidad del Ministerio Público, con el objetivo de que se les investigue como autores de los delitos que se refieren a la presentación de declaraciones maliciosamente incompletas o falsas que puedan inducir a la liquidación de un impuesto inferior al que corresponda, o al empleo de otros procedimientos dolosos encaminados a ocultar o desfigurar el verdadero monto de las operaciones realizadas o a burlar el impuesto.
El libelo incluye a Samuel Irarrázaval Larraín y a las cónyuges de Délano y Lavín por facilitar el delito a través de la entrega de boletas de honorarios falsas que fueron ingresadas a la contabilidad de las empresas Penta III y Los Estancieros, por trabajos que nunca realizaron.
Los antecedentes que fundan la denuncia fueron analizados por fiscalizadores y abogados de la Subdirección Jurídica del Servicio.
La acción busca que se les investigue como presuntos autores de delito tributario, por la utilización indebida de boletas de honorarios falsas de sus cónyuges para disminuir la base imponible del Impuesto a la Renta de la sociedad Inversiones Penta III Limitada, de la que son sus representantes.
La acción penal está dirigida en contra de las personas indicadas en su calidad de socios y representantes legales de la empresa Inversiones Penta III Ltda.; de Marcos Castro Sanguinetti y Samuel Irarrázaval Larraín, representantes legales de Inversiones Penta III Ltda. e Inmobiliaria Los Estancieros SA., respectivamente; de Hugo Bravo López, representante legal de las empresas mencionadas y de Inversiones Challico Ltda. y Santa Sarella Ltda., empresas en las que se evidenciaron ilícitos similares a los ya descritos; y en contra de todos aquellos que resulten responsables.
La denuncia fue presentada ante la Fiscalía de Alta Complejidad del Ministerio Público, con el objetivo de que se les investigue como autores de los delitos previstos y sancionados en el artículo 97 N° 4, inciso primero, del Código Tributario, que se refiere a la presentación de declaraciones maliciosamente incompletas o falsas que puedan inducir a la liquidación de un impuesto inferior al que corresponda, o al empleo de otros procedimientos dolosos encaminados a ocultar o desfigurar el verdadero monto de las operaciones realizadas o a burlar el impuesto.
El libelo incluye a Samuel Irarrázaval Larraín y a las cónyuges de los señores Délano y Lavín, por facilitar el delito a través de la entrega de boletas de honorarios falsas que fueron ingresadas a la contabilidad de las empresas Penta III y Los Estancieros, por trabajos que nunca realizaron, hecho sancionado en el inciso final del mismo artículo 97, N°4, ya citado.
Los antecedentes que fundan la denuncia fueron analizados por fiscalizadores y abogados de la Subdirección Jurídica del Servicio.
El perjuicio fiscal producto de las irregularidades detectadas se calcula inicialmente en más de $400 millones, por hechos cometidos entre los años tributarios 2009 y 2014.
Se trata de una arista derivada de la investigación del denominado caso fraude al FUT, respecto de la cual, el 29 de julio pasado el SII denunció por delito tributario al ex director del Banco Penta, Hugo Bravo López, por la obtención irregular de devoluciones de impuestos a través de dos sociedades de su propiedad.
