La designación de los hermanos Julio y Eugenio Ponce Lerou como asesores del directorio de SQM desató un efecto en cadena de turbulencias políticas. Sin embargo, el centro y el foco han estado colocados en el atropello al acuerdo CORFO-SQM, y no en la privatización del litio, la verdadera esencia del problema.
Este martes se dio a conocer el nombramiento por parte de la minera no metálica Soquimich (SQM) de su ex presidente, Julio Ponce Lerou, como asesor estratégico de la compañía.
El anuncio del regreso del empresario junto a su hermano Eugenio, ocurre sólo cinco meses después del acuerdo alcanzado entre CORFO y SQM para la explotación de litio del Salar de Atacama y que consideraba la salida de Ponce Lerou de la presidencia, tras el caso SQM, donde se investigó el presunto financiamiento irregular de campañas políticas.
Cabe recordar que SQM fue sancionada con US$ 30 millones por la SEC –símil de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en Estados Unidos–, comprometiendo allá y en Chile un cambio drástico en su gobierno corporativo para evitar más corrupción en su interior. Así, hubo estudios, informes, peritajes, compromisos de los nuevos directores para hacer una nueva SQM. De allí que la movida desconcierte a casi todos.
Asimismo, cabe recordar que el punto clave en la negociación del contrato entre CORFO y SQM, que entregó un significativo aumento de cuotas de extracción de litio en el Salar de Atacama y exclusividad de explotación a la privada hasta 2030, fue la salida del directorio de Julio Ponce Lerou, debido a los casos de corrupción y financiamiento ilegal de la política en los que estuvo vinculado como principal promotor.
No obstante, los hermanos Ponce Lerou fueron elegidos en la primera reunión del nuevo directorio de la minera no metálica encabezada por el ex líder de la Confederación de la Producción y del Comercio, Alberto Salas, por ser experto operacional en el caso de Julio, y Eugenio por su vasta trayectoria en la red internacional de la empresa.
El extraño papel de Bitrán
Un papel extraño ha jugado Eduardo Bitrán, ex vicepresidente ejecutivo de CORFO principal responsable de la negociación con SQM, que imponía la salida de Ponce Lerou para finiquitar el contrato y la llegada de Salas al directorio de SQM.
Bitrán ha señalado que se siente “terriblemente defraudado por Alberto Salas” y agregó que la incorporación del ex yerno de Augusto Pinochet “es una bofetada a la buena fe”, por lo que los directores de la minera deben “revertir el acuerdo». Si no, estarían creando «una grave falta a su responsabilidad fiduciaria”, afirmó.
Sin embargo, el abogado de Pampa Calichera, Sebastián Oddó, afirmó que Bitrán no sólo estaba enterado, sino que aprobó una cláusula que liberaba la condición de asesorías:
“Lo que el señor Eduardo Bitrán no ha dicho es que para despejar cualquier duda respecto de que esto no afectaba a los asesores, el día que firmamos el contrato yo le envié un mail al abogado de CORFO, donde le adjuntaba la versión final del contrato y le pedía que confirmara nuestro entendimiento y la versión final de la negociación en cuanto a que la versión contenida en la cláusula cuarta letra D no afectaba la calidad de asesores. Él me responde que eso es así y que así se lo ha ratificado expresamente el señor Eduardo Bitrán previo al envío de este mail”.
El profesional entregó antecedentes a La Tercera que muestran que Bitran sí conocía que los hermanos Ponce podrían ser asesores y no sólo porque ello habría sido abordado en las reuniones para sellar el acuerdo: existe un correo electrónico entre el abogado de SQM, Sebastián Oddó, y el de CORFO, Felipe Bulnes, en que se aborda explícitamente el asunto;
“Hay una persona que lleva 24 horas dando información que no se condice con la verdad. A diferencia de lo que ha sostenido el ex vicepresidente Ejecutivo de CORFO, Eduardo Bitran, no existió mala fe o un problema de interpretación respecto del acuerdo que alcanzó Soquimich y la entidad estatal a inicios de este año y que consideraba el retiro de los arbitrajes iniciados en 2013 a cambio de una ampliación de la cuota de extracción de litio que la minera mantiene en el Salar de Atacama hasta el año 2030.
“Lo que el señor Eduardo Bitran no ha dicho es que para despejar cualquier duda respecto de que esto no afectaba a los asesores, el día que firmamos el contrato yo le envié un mail al abogado de CORFO, donde le adjuntaba la versión final del contrato y le pedía que confirmara nuestro entendimiento y la versión final de la negociación en cuanto a que la versión contenida en la cláusula cuarta letra D no afectaba la calidad de asesores. Él me responde que eso es así y que así se lo ha ratificado expresamente el señor Eduardo Bitran previo al envío de este mail”, señaló Oddó.
La comunicación mencionada se da el 18 de diciembre entre las 17.27 y las 21.20 horas. Bulnes detalla a Oddó que “tu entendimiento en cuanto a que la prohibición prevista en la cláusula Cuarta Letra D no alcanza a la calidad de asesores de SQM y filiales es correcta” y agrega que “para plena seguridad de ustedes lo acabo de ratificar con él”.
Al respecto, Oddó subraya:
«Aquí no se engañó a nadie. Estoy realmente sorprendido que un exfuncionario público tras dejar su cargo hace prácticamente dos o tres meses mienta de esta manera. Es raro que un cliente le tenga que levantar el secreto profesional a un abogado, pero eso se hace de forma súper excepcional cuando ocurren este tipo de cosas”.
Oddó agrega:
“El día de ayer en que el señor Bitran empezó a twitear y a hablar en distintos medios de comunicación, me ha llamado profundamente la atención que haya desconocido que esta prohibición pactada en contrato, no alcanzaba la calidad de asesores. Participé personalmente con el señor Rafael Guilisasti y el señor Patricio Contesse Fica como equipo negociador de Pampa Calichera y Potasios de Chile para la suscripción de este acuerdo y a mí me consta personalmente que en las reuniones de negociación este tema se conversó derechamente, que lo que estaba pensando CORFO era poner una prohibición al señor Julio Ponce Lerou y sus parientes cercanos, con segundo grado de consanguinidad para no ejercer hasta 2030 cargos que tuvieran un grado decisión. Como quedó plasmado en el documento esos cargos son ejecutivos. Y se conversó, y soy testigo fiel, de que esto no afectaba a la calidad de asesores, asesores que cualquier compañía privada en Chile puede contratar libremente en función del valor agregado que estime la compañía estas asesorías”.
Frente a ello, Eduardo Bitrán, explicó que no se pudo redactar en el acuerdo el ítem Ponce Lerou porque eran muchas las posibilidades que tenía el ex yerno de Augusto Pinochet para conectarse con la privada. Siendo así, menos se entiende el acuerdo que firmó con SQM.
El ex vicepresidente ejecutivo de CORFO Eduardo Bitran abordó el tema en su cuenta de Twitter:
“Estoy esperando que el ex abogado externo de CORFO Felipe Bulnes me informe de su conversación con Oddó. Hasta ahora no me ha sido posible comunicarme con él”.
A través de una declaración pública, Bitrán aseguró que «el tema específico sobre el rol futuro de Julio Ponce Lerou fue planteado por la contraparte en una reunión a la que asistimos Rodrigo Ázocar (ex asesor de CORFO) y yo por parte de CORFO, y Patricio Contesse Fica por la contraparte, con conocimiento pleno de lo acordado por parte de Rafael Guillisasti. Ni Sebastián Oddó ni Felipe Bulnes (abogado de CORFO) participaron en esa reunión».
Agregó:
«Lo conversado y acordado en esa reunión fue que Julio Ponce Lerou saldría completamente de SQM, sin poder realizar actividades de dirección, administración o cualquier otro tipo».
En su opinión, los intentos de Julio Ponce Lerou, su abogado Oddó y el directorio de SQM para tratar de justificar lo injustificable- el regreso de Julio Ponce Lerou y su clan familiar a la dirección de SQM- constituyen «una desfachatez y una vergüenza, que solo proyecta la cultura de impunidad que han tenido por años. Es en este contexto que reitero que CORFO debe proceder a invalidar el contrato suscrito con SQM, por violación del principio de buena fe establecido en nuestro Código Civil».
Bitrán, señaló que se siente «terriblemente defraudado» de Alberto Salas, quien «sabía los términos de nuestro acuerdo entre CORFO y SQM, ya que fue puesto de común acuerdo y en consulta incluso a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet».
Bitrán agregó que se siente engañado «pues hablamos de dos líderes empresariales que han sido presidentes de la máxima entidad empresarial del país. ¿Cómo pretenden restablecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones y la empresa con esa actitud?».
Pese a que el arribo de Ponce y su hermano como asesores de la empresa no vulnera el contrato con la CORFO, según el Código Civil estos se firman de buena fe y no solo se considera lo que está expresamente establecido, por lo que se podría solicitar que quede sin efecto el contrato, explicó Bitran:
“El acuerdo implicaba que saliera de la compañía del todo, parientes hasta segundo grado, director y ejecutivo. ¿Me están diciendo acaso que tendríamos que haber escrito todas las cosas que no podía hacer Ponce Lerou? Lo que hay aquí es una empresa privada, que explota el Salar de Atacama, el principal del mundo en el litio para electromovilidad, que fue sancionado por la SEC, que pone a Laurence Golborne como director estando formalizado y hoy salen con esta provocación. No entienden nada de lo que está pasando”.
Además, recalcó:
“Hay juicios pendientes con comunidades, temas ambientales delicados no resueltos y se dan el lujo de burlarse de todos los chilenos (…) la verdad es que es una cosa increíble. Viven en el mundo de la impunidad y que las cosas se compran. Si yo hubiera estado en CORFO hubiera sido llamado de inmediato a la resiliación del mismo”.
Bitran no solo apuntó a CORFO, sino también a los personajes privados que participan en la compañía, como Guilisasti, quien no se ha pronunciado al respecto y fue parte de las negociaciones con el ex vicepresidente ejecutivo, al igual que Alberto Salas, que llegó a la presidencia de SQM como director independiente elegido con votos de Calichera –la sociedad que preside Guilisasti– y en acuerdo con la CORFO:
«Es para mí una sorpresa que Alberto Salas haya apoyado esto. Y Guilisasti, que perdió casi toda su credibilidad cuando se da el salto de CORFO a la presidencia de Cascadas, hoy no ha dicho una palabra. Lo poco que le quedaba de credibilidad se le acabó. A menos que tome una decisión radical y renuncie a Pampa. El negoció conmigo y la salida de Ponce era condición fundamental clave”.
Luego, aseguró:
«La posición clara y definitiva de CORFO en el sentido de que Julio Ponce Lerou y su clan familiar debían perder el control y quedar fuera de la dirección y administración de SQM, fueron expresadas pública y privadamente a la contraparte en reiteradas oportunidades. Esta posición de CORFO se fundamentó en el total convencimiento de que Julio Ponce Lerou lideró una política de cultura de impunidad en SQM, afectando su gobierno corporativo, su reputación y por ende, su calidad como socio del Estado en la explotación de un recurso de propiedad».
Tarde se acordó de la condición ética de Ponce Lerou.
Los directores de SQM detrás del regreso de Julio y Eugenio Ponce
El regreso de los hermanos Ponce se da luego de la decisión unánime del directorio de SQM. Julio Ponce Lerou y su hermano retornan a la firma como asesores y tendrán oficina en el piso 6 del edificio corporativo, junto a la alta gerencia. Pero ¿quienes son los integrantes del grupo que firmó la controvertida decisión?
La junta directiva es presidida por Alberto Salas, ingeniero en minas y ex presidente de Sonami y la CPC, quien en su llegada, esperaba dar estabilidad a un directorio que desde la salida de Julio Ponce en 2015 ha tenido tres líderes. Además, uno de sus objetivos era mejorar la imagen pública de SQM, la que en los últimos cuatro años se vio envuelta en una polémica con el Estado por el financiamiento ilegal de la política. Este último propósito se contrapone a las críticas que ha despertado actualmente la decisión del directorio de volver a integrar a Julio y Eugenio Ponce como asesores de la minera no metálica.
El vicepresidente del directorio es Patricio Contesse Fica, hijo del ex gerente general de Soquimich, Patricio Contesse González, formalizado por delitos tributarios cometidos entre 2009 y 2014, en carácter consumado y reiterado en calidad de autor, y por el delito de soborno, que además reveló aportes políticos a Marco Enríquez-Ominami y el PRI, y afirmó que RN le solicitó financiamiento y guardó silencio en los casos de Carlos Ominami y Roberto León.
Laurence Golborne, el ex ministro de Piñera y ex candidato presidencial que debió bajar su postulación a La Moneda tras ser cuestionado públicamente por el Caso Cencosud y la sociedad que tenía en las Islas Vírgenes Británicas. Además de ser investigado y luego formalizado por delitos tributarios en el marco del caso Penta, en abril recién pasado, fue confirmado como director independiente en la mesa de SQM.
Hernán Bücchi, el ex ministro de Hacienda de la dictadura, que fue director de la firma por varios años, hasta abril de 2016, pero luego fue electo nuevamente en el directorio de SQM en 2017. Además es miembro del Directorio de Quiñenco S.A. y S.A.C.I. Falabella, entre otros.
Además, componen la mesa, en representación del resto de los accionistas, Gonzalo Guerrero, Mark F. Fracchia, Arnfinn F. Prugger y Darryl Stann.
Distancia olímpica
El Gobierno y los líderes empresariales han mantenido una distancia tan olímpica como ambigua, que lo único que hace, es dejar las cosas como están. .
Consultado al respecto, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, aseguró que esta situación se trataba de un tema ajeno “sobre situaciones internas al interior de una empresa privada, por lo tanto no tenemos nada que comentar”.
“El Presidente no ha solicitado esa revisión (del acuerdo CORFO-SQM), porque son dos situaciones completamente distintas. El acuerdo que se celebró entre CORFO y SQM tiene un camino que es distinto, paralelo, a las situaciones internas que se producen al interior de la empresa. Por lo tanto, al Gobierno sí le preocupa que este acuerdo que está siendo revisado judicialmente…esté y sea luego la revisión judicial completamente correcta”, explicó.
Sobre el anuncio de un oficio por parte de la Nueva Mayoría que pide a Piñera para que oficie al Consejo de Defensa del Estado (CDE), Chadwick fue enfático:
“En su derecho están, obviamente que lo pueden hacer y el CDE si ve cualquier situación que pueda afectar la situación del acuerdo entre CORFO y SQM lo puede hacer sin siquiera esperar que el Presidente se lo solicite”.
El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, evitó entregar su visión personal al respecto pese a las críticas desde el sector empresarial por la decisión que vulneraría el «espíritu» del acuerdo entre CORFO y SQM:
«Esto es algo en que las opiniones han sido más bien negativas, pero la pregunta es si esto contraviene el convenio que tiene CORFO con SQM. Lo que he visto es que esto no violaría el acuerdo».
El ministro de Economía, José Ramón Valente, apuntó al ex vicepresidente ejecutivo de Cofro Eduardo Bitrán por la «no muy buena» negociación que entregó hasta 2030 a la minera no metálica la concesión para la explotación del litio en el Salar de Atacama.
Valente, quien es presidente del Consejo de CORFO, agregó:
«El ex vicepresidente de CORFO es quien negoció este contrato, nosotros recibimos lo que el negoció, es importante que él dé cuenta de lo que negoció. A nosotros no nos parece del todo adecuado lo que ha hecho la empresa, pero desde el punto de vista contractual al Estado de Chile no le queda más que hacer cumplir los contratos, interpretarlos es algo que sólo pueden hacer los abogados».
En su opinión, «esa negociación no fue muy buena, porque lo que hemos visto es que hoy el día el señor Ponce está nuevamente como asesor. Si el vicepresidente Bitrán quería que eso no ocurriera debió haberlo previsto en el contrato».
El actual el vicepresidente de CORFO, Sebastián Sichel, subrayó:
“Me parece imprudente, no me gusta, me parece que rompe la lógica la decisión que tomó la empresa, pero no nos corresponde a nosotros calificar ni la prudencia ni las decisiones que toma una empresa, sino cumplir con lo que dicen los contratos. Lamentablemente, los contratos dicen explícitamente que la prohibición que pesa por sobre Ponce Lerou es para ser director o gerente de SQM y no otro tipo de contratos. Si bien la decisión no me gusta, otra cosa es lo que podemos hacer como CORFO”.
CORFO explicó a través de un comunicado que la designación de los Ponce no afecta lo acordado por el gobierno anterior ni los ajustes en los contratos con la empresa, asegurando que «velarán porque se cumpla estrictamente el contrato firmado».
“La decisión tomada por el Directorio de SQM, de incorporar como asesor a Julio Ponce Lerou, pertenece estrictamente al ámbito de sus funciones y no modifica el acuerdo en su ejecución. CORFO es una institución pública, obligada por la Constitución a regirse por el principio de legalidad y, en consecuencia, sólo le está permitido hacer lo que la ley expresamente le faculta. Comentar las decisiones corporativas o su prudencia no forma parte de nuestras atribuciones o competencias”.
«Lo que corresponde es fiscalizar que esta asesoría no se transforme en la toma de decisiones directivas o ejecutivas, finalizó».
Sichel agrega que esta situación es algo que CORFO no puede resolver hoy:
«El comité de seguimiento del contrato tendrá que ir viendo, a medida que se van tomando decisiones en la empresa, si estos asesores hacen lo que declara SQM que van a hacer, es decir, las asesorías.
«Esto afecta a la imagen de SQM y de las empresas en general» pero que hasta el momento, agrega Sebastián Sichel, «no hay antecedentes para decir que no se está cumpliendo el contrato».
Consultado por su relación con Rafael Guilisasti, amigo de Sebastián Sichel, y quien está a la cabeza de las sociedades Cascadas con las que Julio Ponce se convirtió en el segundo mayor accionista de SQM, el vicepresidente de CORFO aclaró que esta relación no lo inhabilita dentro de la decisión de CORFO:
.»Hay un comité que se encarga de tomar estas decisiones, no soy yo sino un comité que le rinde al consejo de la CORFO».
Sichel agregó que su cercanía con Guilisasti es «que somos del mismo partido político, como probablemente muchos senadores del PS son con un algunos que financió SQM, y probablemente eso no los inhabilita a ellos para participar en la comisión investigadora o tomar decisiones sobre la situación jurídica del litio».
Los lìderes empresariales se han mostrado críticos de dientes para afuera, pero se también se asilan en el argumento de que, en úlltimo término, hay que atenerse a los términos del contrato, que las empresas tienen autonomía para adioptar decisiones y que el problema lo deben superar las partes.
El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Alfonso Swett, dijo que la incorporación de Julio y Eugenio “muy claro, no nos gusta” y detalló que “hay autonomía de las empresas para la nominación de sus asesores y su directorio, pero como Confederación de la Producción y del Comercio, no nos gusta. Cuando hablamos que no nos gusta, es justamente por todos los impactos que esto tiene y todos los desafíos y complejidades que trae”.
“Muy claro: no nos gusta. Sin embargo, reconocemos la autonomía de las empresas para la nominación de sus asesores, de su directorio, pero como CPC, no nos gusta”, concluyó.
El presidente de la Sofofa, Bernardo Larraín Matte, también se refirió a la polémica por la incorporación de Julio Ponce Lerou y su hermano Eugenio como asesores de SQM.
«Me parece que no es una buena práctica empresarial en sociedades anónimas abiertas con accionistas minoritarios, que legítimos derechos de accionistas controladores o relevantes, se ejerzan a través de instancias distintas del directorio, comités de directores o junta de accionistas, salvo que en su condición de director (que no es el caso) asume otros roles en condición de asesor».
En relación al debate respecto de si la decisión de incorporar a Ponce como asesor incumple lo establecido en el acuerdo entre CORFO y SQM, afirmó:
«Corresponde a las partes determinarlo a través de instancias que el mismo acuerdo establece».
Una vez más, conviene reiterar que la presencia de Ponce Lerou en SQM, aún como asesor del directorio, no es la cuestión central en debate.
Sin perjuicio de que es cierto que la decisión del directorio de SQM, de incorporar como asesores a los hermanos Ponce Lerou, por una remuneración superior a los $5 millones, es una burla a todos los chilenos, lo importante es que tanto SQM como Albermarle, mediante maniobras y acuerdos dudosos, en los que han intervenido instituciones del Estado, como CORFO, el SII y la Comisión Chilena de Energía Nuclear, contravienen la disposición constitucional de que el litio es un mineral no concecible, y en la práctica, constituyen una privatización encubierta.
Y el autor de los últimos dos acuerdos, el que prorroga el arrendamiento hasta 2030, en el caso de SQM, y le extiende la concesión a Albermarle hasta 2048, fue precisamente, Eduardo Bitrán. Por eso hay que pedirle cuentas. Lo de Ponce Lerou es secundario.
Comisión investigadora
En tanto, en la Cámara de Diputados, por 94 votos a favor, uno en contra y 23 abstenciones, se aprobó la solicitud de 68 legisladores para conformar una nueva comisión especial investigadora con el objeto de fiscalizar el acuerdo entre CORFO y SQM relativo a la explotación del litio en el Salar de Atacama.
La instancia se plantea el propósito de recabar antecedentes sobre los actos de los Gobiernos en relación con el origen, la adopción y la ejecución del citado acuerdo, particularmente en lo referente al rol de Julio Ponce Lerou en la empresa SQM, a la concentración del mercado mundial del litio, al daño ambiental del Salar y al royalty minero.
Asimismo, se espera evaluar las acciones de fiscalización llevadas a cabo por los órganos competentes de la Administración del Estado.
Para el cumplimiento de su propósito, la referida Comisión Especial deberá rendir su informe en un plazo no superior a noventa días y para el desempeño de su mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional.
El diputado del Partido Comunista (PC), Daniel Núñez, afirmó:
“Es una vergüenza y una burla que los hermanos Julio y Eugenio Ponce Lerou reaparezcan como asesores del directorio de Soquimich. A través de esta artimaña seguirán manteniendo el control de la empresa”.
Y recalcó que “el Estado jamás debió haber llegado a acuerdo con una empresa corrupta. Se debió haber terminado con el antiguo contrato y haber abierto el espacio para que el Estado asumiera un rol preponderante en la explotación y comercialización de litio extraído desde el Salar de Atacama”.
«El vicepresidente de CORFO ha perdido la dignidad, no tiene la idoneidad ética: lo mínimo frente a un hecho tan grave era decir que al menos va investigar y pedir los antecedentes legales. Su declaración es irrisoria y lo inhabilita para conducir esta institución”, prosiguió.
Respecto a la investigación que se hará en el Parlamento, subrayó:
“Es una demostración de la voluntad que hay en la Cámara de Diputados de investigar al delincuente más grande de la historia de Chile, pero también al más poderoso y, por lo tanto, al más poderoso de atrincar y de llevar a la justicia”.
“Este contrato debería invalidarse, pero por supuesto hay que buscar los mecanismos legales y administrativos para invalidar un contrato de esta envergadura es algo que va a requerir tiempo y yo creo que es la mayor utilidad que puede prestar esta Comisión Investigadora, porque no podemos dejar que alguien que tiene este tipo de comportamiento siga apropiándose del litio chileno hasta el año 2030”, concluyó.
Sobre la Comisión investigadora aprobada en la Cámara Baja, la diputada Alejandra Sepúlveda, explicó:
“Frente a todo lo que ha ocurrido no sólo en este última semana en relación a SQM, sino a lo que ha ocurrido durante todo este año con esta empresa que es corrupta, hemos presentado la solicitud para hacer una Comisión Investigadora, porque aquí Chile completo tiene que saber qué es lo que está ocurriendo con este nuevo contrato que ‘era brillante”. Vamos a investigar todo lo que ocurrió en el contrato, cuál fue el proceso de negociación, las implicancias y lo que Bitrán y el ministro Grossi vino a decir aquí, que este contrato iba a eliminar todo lo que tenía que ver con Ponce Lerou como sujeto permanente dentro de los últimos 30 años de este contrato, pero que hemos visto como no sólo Ponce Lerou vuelve a SQM sino que también su hermano y sus hijos”.
Los diputados adelantaron que citarán, entre otros, al Ministro de Economía, José Ramón Valente; al vicepresidente de CORFO, Sebastián Sichel; al Ministro del Interior, Andrés Chadwick; a representantes de la Comisión para el Mercado Financiero; al Fiscal Nacional Económico, Felipe Irrarázabal; al Superintendente de Medio Ambiente, Cristian Franz; entre otros invitados, “no descartando, en lo futuro, ninguna herramienta de fiscalización, como interpelación o acusación constitucional”, concluyó la diputada Sepúlveda.
La instancia que tendrá 90 días para se sesionar se plantea el propósito de recabar antecedentes sobre los actos de los Gobiernos en relación con el origen, la adopción y la ejecución del citado acuerdo, particularmente en lo referente al rol de Julio Ponce Lerou en la empresa SQM, a la concentración del mercado mundial del litio, al daño ambiental del Salar y al royalty minero.
El senador y ex candidato presidencial, Alejandro Guillier, señaló que “se ha violado el acuerdo en el punto uno, que era la modificación del gobierno corporativo que sacaba a los hermanos Ponce Lerou, los grandes corruptores de Chile, de la escena de SQM, a cambio de lo cual, además de pagar multas y las deudas que tenían y que querían desconocer, se le entregaron nuevos beneficios para poder aumentar los volúmenes de explotación de litio y se les alargaron los plazos para poder explotar, sobre todo, el Salar de Atacama”.
Y destacó que “acá ha habido una burla, un engaño al Estado chileno. Aquí hubo un acuerdo entre CORFO y SQM que ha sido violentado y, por lo tanto, queda viciado ese acuerdo”.
En la misma línea el miembro de la Comisión Política del Partido Comunista, Juan Andrés Lagos, en declaraciones a radio Cooperativa, indicó:
“Tiene que ser anulado el contrato, eso es lo primero que hay que hacer y creo que nadie se opondrá y una vez anulado debemos volver al debate de fondo, porque creo que es prioritario para Chile mirar estas situaciones con una perspectiva de interés nacional y no con la hegemonía del poder del dinero sobre el tema del litio”.
Consultado por Radio Universidad de Chile, el economista y académico Guillermo Larraín recordó que SQM hizo pagos por US$14.750.000 a candidatos políticos entre el año 2008 y 2015, lo que catalogó como el mayor escándalo de financiamiento de la política en Chile. Quien lideró estas operaciones fue Julio Ponce Lerou, mismo personaje que hoy –por decisión de la directiva- asesorará a SQM. Por esta razón, es que Larraín dijo no entender el razonamiento de los directivos de la empresa
“Esto es no entender en qué mundo estamos viviendo, cuál es el contexto en el cual las empresas tienen que relacionarse. La Sofofa ha venido trabajando en este tema desde hace años, la CPC también, entonces yo no entiendo en qué estaban el ex presidente de la CPC Alberto Salas (hoy presidente de SQM) cuando aprobó esta decisión, ni en qué estaba el ex ministro de minería Laurence Golborne, que es director de SQM”.
Quien fuera Superintendente de AFP también afirmó que todos los chilenos tenemos algo que decir con la situación de SQM, porque esta empresa explota un salar que es estatal, en virtud de un contrato de concesión que le dio CORFO.
El diputado de Revolución Democrática, Renato Garín, calificó a Julio Ponce como un senador designado por el poder que este acumula:
“Probablemente el hombre más poderoso de Chile jamás ha tenido un voto. Eso nos demuestra el tipo de democracia, de corporativismo que tenemos en Chile”.
La senadora DC, Yasna Provoste, aseguró que la contratación del ex directivo como asesor incumple un acuerdo con el Gobierno, por lo que citará a la Comisión de Minería al ministro de Economía y al vicepresidente ejecutivo de CORFO. Junto con esto, parlamentarios del bloque ingresaron un oficio que pide al Presidente Piñera requerir al CDE que estudie acciones legales:
“Debemos decir con mucha claridad de que no nos parece que frente a un situación tan importante para el país como es el litio tengamos en la vicepresidencia de CORFO a una persona que ha estado vinculada a los negocios de SQM… le hemos pedido al Ministro de Economía que pueda concurrir a la Comisión de Minería para poder conocer los aspectos que dicen relación con la noticia que se ha conocido recientemente y que es la reincorporación de aquellos que han estado vinculados a la situación de SQM y una serie de situaciones de financiamiento irregular de la política”, explicó.
La parlamentaria agregó que esta situación “le hace mal al país” y recalcó que con este nombramiento se incumplió un acuerdo:
“Aquí se ha faltado a los compromisos que estaban asumidos en este acuerdo entre el Gobierno y la empresa SQM”.
Junto con esto, Provoste y los senadores Alvaro Elizalde (PS) y Alejandro Guillier (IND) ingresaron un oficio en donde solicitan al Presidente Sebastián Piñera requerir al Consejo de Defensa del Estado (CDE) que “evalúe las acciones legales necesarias por incumplimiento” del acuerdo.
En tanto, la Corte de Apelaciones de Santiago postergó la revisión de un recurso de protección por la concesión a SQM, luego que comunidades atacameñas, una de las partes involucradas, recusara a uno de los abogados integrantes del tribunal de alzada, por lo que se deberá fijar una nueva fecha para la audiencia.
Las comunidades atacameñas esperan que el Estado de Chile cumpla con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece la consulta indígena frente a situaciones como la extracción de recursos naturales en territorios ancestrales y acusan nunca haber sido escuchados ni por SQM ni por la CORFO.
Un oscuro historial
Hasta ahora, Ponce Lerou ha controlado indirectamente SQM –una de las mayores del mundo en producción de litio y yodo– por décadas y sin contrapeso. Sin embargo, en el último lustro las cosas cambiaron.
En 2013, quedó públicamente expuesto por primera vez cuando la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) lo acusó y luego, en 2014, lo multó en más de US$ 70 millones –la sanción más alta de la historia– por operaciones bursátiles irregulares con acciones de las llamadas Sociedades Cascada, las que forman parte de la cadena de control de la minera no metálica que él maneja.
En ese momento, con Sebastián Piñera como Presidente, Ponce lo enfrentó públicamente, acusándolo de estar detrás de la investigación de la SVS. Personajes como Darío Calderón (asesor personal de Ponce), Julio Dittborn y Roberto Guzmán Lyon, entre otros, darían pie a una larga historia de rumores y acusaciones sobre los vínculos y desaguisados en negocios entre Ponce y Piñera, pasado que –según el ex yerno de Pinochet–lo tenía expuesto a esta “persecución” política.
Pero 2015 sería el año en que Ponce quedó definitivamente en peligro. Como una hebra del caso de platas políticas Penta, que había estallado en 2014, surgió SQM rápidamente en la primera línea del escándalo por financiamiento ilegal de la política, con evasión tributaria de por medio.
Ahí aparecieron boletas sin trabajos justificados para parlamentarios de casi todo el arco político, pero incluyendo recursos que involucraban potencialmente a las campañas políticas de Piñera y Michelle Bachelet, además de Marco Enríquez-Ominami, a quien la justicia está procesando, pues a los dos primeros la Fiscalía no ha podido acercarse procesalmente.
En la investigación penal que se lleva en su contra por el caso Cascadas, apenas han logrado establecer la existencia de un correo donde él habría hecho algunas gestiones con parlamentarios, como el ex diputado DC, Roberto León, aunque lo ha negado. Sin embargo, desde que en 2013 se le acusó por parte de la SVS de liderar un esquema de operaciones bursátiles ilegales, aún no paga nada.
Mientras todo ocurre, Ponce disputa en tribunales civiles la multa de la SVS, que, si se confirma, bajará dramáticamente de más de US$ 70 millones a poco más de US$ 3 millones, gracias a un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC).
Justo cuando se conoce la noticia de su regreso como asesor de SQM, las AFP han insistido en los juicios civiles que las enfrentan con el empresario por el caso Cascadas.
Esto, luego que Ponce y su círculo cercano fueran condenados a pagar 5 mil millones de pesos como compensación a Provida por las pérdidas que le generaron las operaciones que lideró el ex yerno de Augusto Pinochet con las sociedades que controlan SQM.
Junto a Ponce, fueron demandados Aldo Motta, Patricio Contesse Fica –hijo del homónimo ex gerente general de SQM y hoy en el directorio–, el abogado Guzmán Lyon y las sociedades ligadas a Ponce, Inversiones SQYA, Inversiones SQ Limitada e Inversiones Jaipur, además de sociedades de Guzmán Lyon.
El fallo provino del 24° Juzgado Civil de Santiago, que determinó que los acusados deben pagar 186.954 UF, unos 5 mil millones de pesos, equivalentes a US$ 8 millones, cifra que, de confirmarse el fallo, ingresaría a los distintos fondos que gestiona Provida y que sufrieron el perjuicio. Ahora restan las apelaciones.
Esta arista del caso suma nuevos y claves antecedentes que tienen al cuestionado empresario otra vez como protagonista.
Los abogados Enrique Alcalde y Benjamín García, realizaron una movida con el fin de que, previo a la ronda de apelaciones, se garantizara en el futuro, y de seguir la línea en la Corte de lo dictado por el tribunal, el pago de la multa. Para ello se rastreó el patrimonio de los involucrados, aunque el resultado no fue del todo positivo: no se encontró casi ningún bien a nombre de los demandados, Ponce inclusive.
Así y todo, las indagatorias dieron con un activo clave: un paquete accionario de Julio Ponce detentado a través de la sociedad SQYA, equivalente a 613.624.271 papeles, de la que esta firma es titular en Norte Grande.
A través de una medida precautoria, los representantes de Provida solicitaron que se prohibiera celebrar actos o contratos sobre el paquete, de modo de garantizar el eventual pago de la deuda.
Dentro de los antecedentes aportados al solicitar la medida, se señaló que ella se justificaba en que el fallo precisamente hacía eco de que Ponce y el resto de los acusados “incurrieron en un actuar ilícito que generó perjuicios para los Fondos de pensiones administrados por AFP Provida”.
Los abogados detallaron que Inversiones SQYA es accionista de Norte Grande y que Ponce Lerou es el controlador de dichas sociedades. Las 613 mil acciones sobre las que se pidió la medida, equivalen a poco más de 4 mil millones de pesos, equivalentes al 80% de la multa. Aportan, además, un antecedente clave:
“La investigación que esta parte realizó con anterioridad a promover esta solicitud, dejó en evidencia la enorme cantidad de operaciones realizadas por algunos de los demandados de autos tendientes a vaciar de activos sus respectivos patrimonios, efectuadas con posterioridad a la fecha de dictación de la Resolución Sancionatoria N°223 de la Superintendencia de Valores y Seguros (2 de septiembre de 2014)”.
Y hace solo unos días, la AFP recibió la notificación de que el 4° Juzgado Civil de Santiago aceptó la solicitud, procediendo a indicar el embargo de las acciones, proceso que actualmente se encuentra en notificación.
SII investigará venta de acciones de SQM
El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, reconoció este miércoles que instruyó al Servicio de Impuestos Internos para que revise el pago de impuestos en la venta del 24 por ciento de SQM por parte de la empresa canadiense Nutrien al gigante chino del litio Tianqi.
El secretario de Estado informó que «me reuní con el director del Servicio de Impuestos Internos y le pedí que miráramos en detalle esta transacción, con el fin de preocuparnos de que aquí se cumpla adecuadamente con nuestra normativa tributaria».
Larraín añadió que «aquí hay muchos recursos fiscales potencialmente envueltos y es nuestro deber ocuparnos, no sólo preocuparnos, de que se esté cumpliendo bien con la normativa tributaria, por tanto, yo eso se lo pedí al director hace poco más de dos semanas atrás, apenas se supo de esta transacción».
Consejo de Pueblos Atacameños: La minería del litio genera escasez de agua
Este miércoles 6 de junio se iniciarán los alegatos del recurso de protección interpuesto por el Consejo de Pueblos Atacameños, que solicita dejar sin efecto el acuerdo entre CORFO y la Sociedad Química y Minera de Chile (Soquimich), al no realizar una consulta indígena como lo solicita el Convenio 169 de la OIT que fue ratificado por Chile.
La acción judicial fue interpuesta luego que el 17 de enero, Soquimich y CORFO suscribieron dos contratos en los que se triplicaron las cuotas para explotar, procesar y vender litio, los que se firmaron sin consultar a las comunidades indígenas, a lo que obligaría el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La presidenta de la Comunidad de Solor, Ana Ramos, aseguró en la Prueba de ADN que “el Estado chileno nos ha vulnerado el derecho a ser consultados” y criticó que el país “no ha resguardado los bienes naturales. Ellos están atentando contra el hábitat de un pueblo, de una cultura, que es parte del territorio chileno”.
El abogado del Consejo de Pueblos Atacameños, Jaime Madariaga, precisó a Radio ADN que se genera “escasez del agua” y que “ese es el grave problema. Hay que entender que la minería del litio es la minería del agua. Lo que se hace es sacar agua del Salar de Atacama, evaporarla y lo que queda es el litio y otros minerales. La escasez de agua que hay en la zona es enorme”.
El intenso lobby de Fra Fra Jr. y Samsung para blindar mega proyecto de litio en Salar de Atacama
Francisco Javier Errázuriz Ovalle, hijo del ex senador y ex candidato presidencial del mismo nombre, no ha escatimado en esfuerzos para conseguir el permiso ambiental de su proyecto más ambicioso en minería no metálica: NX Uno de Peine. Desde que sufriera en 2012 un revés ante la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Antofagasta, Fra Fra Jr. ha seguido una intensa agenda para conseguir el apoyo de la iniciativa que busca la producción de cloruro de potasio y carbonato de litio en el Salar de Atacama.
En los últimos días y en la antesala de que el Comité de Ministros –que preside la ministra de Medio Ambiente, Marcela Cubillos– someta a evaluación la reclamación ingresada por la compañía en contra de la desfavorable Resolución de Calificación Ambiental que recibiera el proyecto, la agenda del Grupo Errázuriz y sus abogados se ha intensificado.
Es así como en el último mes y medio, se ha reunido con altas autoridades por medio de la Ley de Lobby. La última cita ocurrió el pasado miércoles, cuando Errázuriz se reunió con el subsecretario de Obras Públicas, Lucas Palacios. En la cita explicó el estatus del proyecto y las evaluaciones que ha realizado la firma, pero también abordó aspectos vinculados a las competencias de la Dirección General de Aguas (DGA) sobre la iniciativa. A la instancia concurrió también Choong Il Kim, ejecutivo de Samsung Chile, y los abogados José Pablo Dulanto Galilea (cuñado de Errázuriz) y Juan José Eyzaguirre, socio del estudio Phillippi Prietocarrioza.
La misma comitiva se reunió por cerca de una hora a inicios de abril con el subsecretario de Medio Ambiente, Rodrigo Benítez, para abordar detalles del proyecto minero.
Desde el gobierno miran con atención la iniciativa que, pese a sus complicaciones, fue incluida dentro del catastro de proyectos que La Moneda busca impulsar con una inversión total de US$68.516 millones. Justamente en esta plataforma se sostiene que el proyecto del Grupo Errázuriz tiene una inversión total de US$265 millones, pero que durante los años 2018 a 2021, la compañía invertirá inicialmente en torno a US$150 millones.
Sin embargo, la última cita ante Obras Públicas se concretó a sólo días que la Dirección General de Aguas (DGA) emitiera un nuevo informe desfavorable al proyecto de minería no metálica. La Tercera PM tuvo acceso al oficio de la DGA al Comité de Ministros. En él nuevamente la autoridad sostuvo que el titular no entregó información suficiente en el proceso para descartar la generación de efectos adversos.
“Durante todo el proceso de evaluación, la DGA ha velado por cautelar el equilibrio medioambiental de la cuenca del Salar de Atacama a fin de garantizar su explotación sustentable”, aseguró en su escrito el Director (S) de la DGA, Miguel Silva.
Las críticas en contra
No obstante, ante el propio Comité de Ministros, Francisco Javier Errázuriz en su reclamación -que consta de 187 páginas- cuestionó a la DGA por generar “una suma de nuevos requerimientos durante el transcurso de la evaluación”.
En el mismo escrito, Errázuriz advirtió que su “proyecto se emplaza en un sector donde coexisten proyectos de mayor envergadura actualmente en operación y más cercanos a las áreas de mayor sensibilidad desde una perspectiva ambiental”. Esto, en clara alusión a la operación que mantienen en el Salar de Atacama, SQM y Rockwoood (Albemarle).
“La DGA ha provocado que se arribe a una conclusión equivocada respecto a que el Proyecto generaría, o más bien no ha sido capaz de descartar, la generación de efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N° 19.300”, sostuvo Errázuriz en su escrito.
Cabe recordar que el proyecto contó con un Informe Consolidado de Evaluación favorable. Sin embargo, la totalidad de los servicios públicos que conformaron la Comisión de Evaluación Ambiental de Antofagasta votaron unánimemente en contra del proyecto.
