A consecuencia de las últimas denuncias por el pago que habrían realizado gremios pesqueros y grandes industriales a parlamentarios y políticos durante la tramitación de la ley de Pesca, el presidente de Fenaspar Chile, Hernán Cortés, exigió a la fiscalía que investigue al ex Presidente Sebastián Piñera sobre su rol en la cuestionada norma.
“La Fiscalía debe investigar a ex Presidente Piñera por su rol en la Ley de Pesca”, señaló.
Para el dirigente existen antecedentes suficientes para dudar de su actuación durante todas las etapas de tramitación del proyecto de ley, antes y después de su discusión en el Congreso.
Exalmar y el rol de las 7 familias
Ya es de público conocimiento, por la investigación judicial que se lleva adelante, que Sebastián Piñera compró acciones de la pesquera peruana, Exalmar, durante el juicio de La Haya. Esto a través de su empresa Bancard, cuando ya ejercía como Presidente de la República.
Según reconoció Piñera “el año 2010 mi familia, a través de una empresa y junto a muchos otros inversionistas chilenos, realizó una inversión en una empresa pesquera denominada Exalmar. Esto es verdad, pero es también absolutamente legal y legítimo”. Sin embargo, lo que no transparentaba el ex Presidente es que dentro del Directorio de Exalmar se encontraba su amigo Rodrigo Sarquis Said, como director independiente y presidente del Comité de Buen Gobierno Corporativo de la empresa.
Para Cortés este “es una hebra importante a investigar, porque da cuenta de la relación que tiene Piñera con las siete familias y Sarquis, uno de los empresarios más importantes del sector pesquero, quien era el presidente de Sonapesca durante la tramitación de la ley y contrario a que los recursos pesqueros fueran de todos los chilenos”.
Aportes reservados
Como informó El Mercurio, tras difundirse los aportes reservados entre los años 2009 y 2013 que entregó el Servel a la justicia, se estableció que el ex Presidente Sebastián Piñera recibió para su campaña $82.345.453, de las empresas pesqueras Blumar, Camanchaca, Alimentos Marinos y Pesquera BioBio. De ellas destacan los más de 31 millones de aporte de Blumar, continuadora de la Pesquera Itata. Esta última perteneciente a la familia Sarquis, donde Rodrigo Sarquis, es el actual vicepresidente.
Cabe recordar que en la tramitación de la ley de Pesca, Rodrigo Sarquis como presidente de Sonapesca, gremio que agrupaba en ese periodo a las grandes pesqueras de la zona norte del país, fue un defensor de los que ellos llamaban los derechos históricos del sector. “El proyecto vulnera nuestros derechos históricos. La industria pesquera tiene 80 años en el país, por lo tanto, no hemos recibido una razón contundente, ni del gobierno ni del Parlamento, para que le quiten un porcentaje de sus cuotas de captura. Eso, desde nuestra perspectiva, es debilitar la estabilidad jurídica de la industria”.
Los otros aportes recibidos por Piñera, vienen de los restantes miembros de las llamadas siete familias, los Stengel, Izquierdo y Fernández, todas afiliadas a Sonapesca, donde Rodrigo Sarquis mantiene el cargo de past presidente.
“A Blumar le ha ido muy bien después de las promulgación de la ley de Pesca”, indica Cortés, señalando que desde el 2012 pudo abrir oficialmente oficinas; el 2013 con otras tres compañías salmoneras se abre al mercado chino con la marca “New World Currents”. Al año siguiente, compra concesiones en la XII Región y el 2015 se fusiona (como ha sido la tónica de su historia), con Frigorífico Pacífico SPA. “Esto a pesar de que el sector se queja de sus pérdidas, en cambio esta empresa parece tener claro hacia dónde avanzar”, puntualiza el dirigente.
El giro en 360º
Sebastian Piñera en octubre de 1990, como Senador de la República y en el marco de una ley similar en el Congreso que favorecería a la industria, junto a otros 14 miembros de la Cámara Alta presentó un requerimiento al Tribunal Constitucional, indicando que la norma de esa época “vulneraría la garantía constitucional de igualdad ante la ley (…) al establecer la desigualdad entre quienes pueden y no pueden pescar (…) se trata de una diferencia arbitraria e injusta, pues no se basa en la razón, el derecho o la equidad… (y va en) beneficio de ciertos grupos que se convierten en privilegiados”. Así, lograron incorporar un artículo que permitiría la licitación de las cuotas de pesca, el que debía ser “activado” por el Consejo Nacional de Pesca. Nunca se hizo, dado el rol de la industria en el organismo.
Más de 20 años después, “Piñera perdió la memoria y tuvo un vuelco en 360º. Con esto solo demostró que no actúa como servidor público, sino como un mal empresario que busca resguardar los privilegios de sus pares”, indicó Cortés.
El dirigente se refiere a la postura de Sebastian Piñera, ya como Presidente. En una primera etapa fortaleció al Ministerio de Economía con la presencia de Juan Andrés Fontaine quien, hacia mediados del 2011, ya dejaba claro que en la ley de Pesca habría una apertura del mercado con la licitación del 50% de la cuota industrial, tal como lo había establecido Piñera años antes. No obstante, la industria de la época, encabezada por Rodrigo Sarquis (Sonapesca) y Luis Felipe Moncada (Asipes), se oponía férreamente.
La suerte de Fontaine fue echada. En julio de 2011, unos meses antes de ingresar el proyecto de ley de Pesca al Congreso, Piñera nombró al entonces senador Pablo Longueira como nuevo Ministro de Economía. Longueira crea la llamada “mesa pesquera” donde los incumbentes se reparten las cuotas de pesca, lo que fue advertido por la Fiscalía Nacional Económica (FNE). El resultado, una tramitación de la ley, como advierte Hernán Cortés, “hecha a la medida de los industriales, donde perdieron los artesanales, el Estado de Chile y ganaron las 7 familias”.
Hay que recordar que el entorno del ex ministro Pablo Longueira, ha sido investigado por la generación de boletas ideológicamente falsas. Muchos de ellos, contactados por su asesora personal Titi Valdivieso. Este es el caso de Nicolás Guiñez, ex estudiante de Derecho de la Universidad Finis Terrae, quien reconoció ante la justicia la entrega de 12 boletas falsas a una serie de empresas, incluidas Asipes y Pesquera El Golfo; Asipes también habría entregado dineros con el mismo sistema a Alfonso Mora Domínguez, hermano de una sobrina en segundo grado de Longueira, Loreto Mora que boleteó para SQM.
Otro caso, es el de Solange Hermosilla Chandía, quien declaró como falsa la boleta emitida en noviembre de 2009 a Pesquera el Golfo. “Quiero dejar en claro que los servicios nunca los presté, solo emití la boleta de honorarios en el año comercial 2009, donde fui contactada por una persona que llamaban Titi Valdivieso”, indicaba.
Pesquera El Golfo, se fusionó el 2011 con Pesquera Itata, de la familia Sarquis, dando paso a Blumar S.A, empresa que no solo se benefició con la llamada ley Longueira, sino que tiene una importante relación con el ex Presidente Piñera a través de Rodrigo Sarquis, actual vicepresidente de la entidad.
Con estos antecedentes, el dirigente señala que “hay pruebas suficientes para investigar a fondo, porque no es posible que Piñera no haya aprobado cada paso de la corrupta ley de Pesca, conociéndose la relación que mantenía con Sarquis y la gran industria”.
Pero advierte, que estas empresas también debieran trasparentar su relación con los dirigentes artesanales y gremios pesqueros. “Exigimos que las 7 familias digan qué dirigentes artesanales y a qué gremios artesanales han financiado, yo no tengo lanchas de 300 millones financiadas por la industria pesquera, esos son algunos dirigentes que se vendieron a las 7 familias”, agregando que no esto incluye “el acarreo de gente al Congreso para presionar a los políticos, los mismos que defendieron el patrimonio industrial y dejaron de pelear por los compañeros trabajadores”, sostuvo Hernán Cortés.
Coordinadora por la Defensa del Mar exige anular Ley Longueira
Los movimientos sociales y organizaciones de ciudadanos, pescadores, pueblos originarios y estudiantes integrantes de la Coordinadora Social para la Defensa del Mar y los Derechos Populares, ante la entrega de 445 millones de pesos por parte del empresariado pesquero a 35 parlamentarios que participaron en las negociaciones de la viciada ley 20.657 de pesca y acuicultura,- conocida popularmente como “ley Angelini-Longueira” de privatización pesquera, declaramos que:
-Dicha situación de corrupción serial se suma a la de los 15 diputados y senadores que ya han sido imputados por la Fiscalìa Nacional por recibir millonarias coimas de parte de las patronales pesqueras industriales, entre la que se destaca el ex ministro de economía, ex senador UDI y ex candidato presidencial Pablo Longueira, gestor de la ley de pesca que lleva su nombre, quien hasta la fecha aparece involucrado en pagos ilegales que superan el millón de dólares.
-La creciente exigencia popular de anulación sin compensación económica de la viciada ley de pesca y acuicultura, constituye un ícono de la lucha de los movimientos sociales y la ciudadanìa chilena contra el abuso y la corrupción de la casta política-burocrática-empresarial que mal gobierna nuestro país.
Por ello la Coordinadora Social para la Defensa del Mar ,exige:
Ampliar y profundizar las actuales investigaciones que llevan a cabo las fiscalías del país contra las empresas y patronales pesqueras, dirigentes pesqueros artesanales, parlamentarios y funcionarios públicos.
Disoluciòn y pérdida de personería jurídica de la mega empresa Corpesca S.A., y de las patronales Sonapesca, Asipnor, Asipes y Fipes, responsables de los delitos de corrupción y financiamiento ilegal de la política, fraude al fisco y lavado de activos.
Investigar a las compañías pesqueras transnacionales que operan en aguas chilenas ( Nissui ( Japón), HF Grandi (Islandia),Lota Protein (Noruego-Danesa), acusadas de los delitos de corrupción y financiamiento ilegal de la política y dirigentes sindicales, contraviniendo las Directrices contra la corrupción de la Organizaciòn para la Cooperaciòn y el Desarrollo (OCDE).
Pérdida de los abusivos derechos de propiedad a perpetuidad y de acceso monopólicos a los valiosos recursos pesqueros chilenos, obtenidos de forma mafiosa y fraudulenta por parte de las megaempresas pesqueras nacionales y transnacionales culpables de los delitos de soborno, fraude al fisco y lavado de activos
Anulación sin compensación económica de la ley Angelini-Longueira de privatización pesquera. Esta demanda cuenta con el respaldo de 300.000 firmas de ciudadanos, así como la existencia de un proyecto de ley en la Càmara de Diputados, exigiendo la anulación de la ley 20.657 por graves faltas a la probidad.
Detener y eliminar el intento del Palacio de la Moneda y la Subsecretarìa de pesca, de utilizar a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en su intento de presentar una fraudulenta “revisión maquillada” de la Ley Angelini-Longueira de pesca, basada en la realización de cambios secundarios y de carácter populistas al articulado de dicha ley , con el fin de mantener intacta sus aspectos esenciales, tales como la entrega gratuita y a perpetuidad de la propiedad de los peces del mar chileno a 7 clanes familiares, y el adjudicar al mercado la capacidad exclusiva de entregar derechos de acceso y uso de los valiosos peces del mar chileno
Exigir al Partido Comunista y parlamentarios que respaldan la anulación de la ley Angelini-Longueira, se retiren de la agònica comisión de revisión y modificación de este viciado cuerpo legal, que hasta febrero era dirigida por el ex subsecretario de pesca Raùl Sùnico (PS), quien ya renunció ante las abrumadoras denuncias de corrupción y accionar en favor de los intereses pesqueros industriales de la región del Bìo-Bìo.
La Coordinadora Social para la Defensa del Mar convoca a los movimientos sociales, de pobladores, pescadores artesanales, estudiantes, pueblos originarios y ciudadanos a seguir luchando mediante nuevas jornadas de protesta, para abrir el camino hacia un paro nacional de rechazo del abuso y la corrupción de la casta política-burocràtica- empresarial; la defensa de los bienes comunes de la Naciòn y de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales del Pueblo de Chile y de los Pueblos Originarios.
¡Pueblo Movilizado, Corruptos Encarcelados!
¡Anulación Sin Compensación de la Ley Angelini-Longueira de Privatización Pesquera!!
COORDINADORA SOCIAL PARA LA DEFENSA DEL MAR Y LOS DERECHOS POPULARES
