El candidato a repetirse el plato en la Gerencia de la República, Sebastián Piñera Echeñique, es un sujeto inescrupuloso acostumbrado a huir hacia adelante, a tirar la piedra y esconder la mano, y a revolver la paja en el ojo ajeno sin reparar en la viga en el propio. Sin embargo, no siendo un tipo de trigos limpios, andar por la vida haciendo acusaciones al voleo, sin ninguna prueba, constituye un profundo error que lo expone a contraataques en fila.
Como por ejemplo, enarbolar los documentos que demuestran la orden de detención, emitida por el Segundo Juzgado del Crimen local fechados el 27 de agosto de 1982, originada en su responsabilidad en la quiebra fraudulenta del Banco de Talca, mientras se desempeñaba como Gerente General.
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Una historia infame
El Banco de Talca fue creado en 1884 y autorizado por D.S. N 05 del 27 de octubre de 1889, como una institución provincial. Desde entonces y hasta 1970, de acuerdo a registros oficiales de la SIBF, sufrió 23 modificaciones legales, permaneciendo siempre en manos privadas. Fue estatizado en 1971, quedando en poder de Corfo el 89,6% de las acciones. En 1972, bajo administración de la Corfo, adquirió los activos de la agencia que mantenía en Santiago el First Nacional City Bank, pues éste era el antecesor del Citibank, banco que inició operaciones con tarjetas en EEUU en 1965, emitiendo su primer plástico en 1967.
En noviembre de 1975 y en plena dictadura, mediante una licitación pública Corfo vendió el Banco de Talca, en una primera instancia, a 542 personas naturales y jurídicas de la Región del Maule, según la nómina de quienes suscribieron la “Proposición de Compra del 89,5% del Capital del Banco de Talca Formulada por los más Amplios Sectores de la VII Región”, todos representados por el abogado Jorge Ovalle Quiroz.
Sin embargo, según consta en documentación de la SBIF y en las respectivas memorias institucionales, desde 1975 a 1977 hubo diversas resciliaciones de los contratos de compraventa y, por lo tanto, algunas de las acciones vendidas a estos oferentes volvieron a propiedad de Corfo para ser vendidas con posterioridad. En esta licitación, el Grupo Calaf-Danioni, encabezado por Miguel Esteban Calaf Rocoso y su familia, dueños de Calaf S.A.C.I , adquirió más o menos el 26% de las acciones del Banco de Talca.
Posteriormente, el Grupo Calaf-Danioni recibió de Corfo otro paquete accionario a título de indemnización, originados en la presunción de que la familia Calaf habría sido propietaria de un paquete accionario del Banco de Talca antes de la estatización de 1971. El grupo Calaf-Danioni consiguió el control del Banco de Talca en los siguientes cinco años, llegando a adquirir en 1979 el 65% de su propiedad. El 10 de abril de 1982, el Banco de Talca fue liquidado por la Superintendencia y comprado por el Banco Central de España. Su continuador legal fue primeramente Centrobanco, de propiedad del Banco Central de España; después, Banco Hispanoamaericano, Santiago, y Bansander Santiago, respectivamente.
Orden de detención y fuga
El 28 de agosto de 1982 está marcado en el calendario personal de Sebastián Piñera como el peor día de su vida. Uno que ha querido olvidar y dejar enterrado en el pasado, pero que no lo ha abandonado en sus pesadillas. Ese día, el entonces ministro Luis Correa Bulo lo declaró reo y ordenó su arresto por fraude en contra del Banco de Talca e infracciones a la Ley General de Bancos. En el mismo dictamen amplió los cargos contra Miguel Calaf y Alberto Danioni, a esa fecha socios de Piñera y controladores del Banco de Talca, quienes ya se encontraban recluidos en el Anexo Cárcel Capuchinos.
Piñera salvó de ser detenido porque, advertido de la decisión judicial, optó por huir del largo brazo de la justicia y se mantuvo oculto durante 24 días, tiempo que demoraron sus abogados en tramitar un recurso de amparo a su favor que le garantizó su libertad. Sólo entonces, volvió y se presentó a tribunales. De ello dio cuenta su esposa al responder los requerimientos de los detectives que concurrieron a su casa para arrestarlo.
A fojas 533 del proceso, la Policía de Investigaciones informa al Segundo Juzgado del Crimen:
“Se entrevistó a doña María Cecilia Morel Montes, chilena nacida el 14.01.54, quien manifestó: ‘Efectivamente el 28 de agosto mi esposo tomó conocimiento de su orden de detención por lo que abandonó este domicilio sin rumbo conocido, ya que incluso de ello me enteré por otras personas, pues ni siquiera se despidió de mí, ni tampoco me dio explicaciones de su determinación. No sé en qué lugar se encuentra, pero sí sé que con sus abogados tratan de dar solución a su situación. El 29 de agosto me enteré por la prensa sobre la causa que estila mi marido”.
La historia que dio origen a esa orden de detención había comenzado casi un año antes, cuando el 2 de noviembre de 1981, el Banco de Talca fue intervenido por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), nombrándose un administrador provisional.
A esa fecha, se encontraba en cesación de pagos, con obligaciones vencidas a favor del Banco Central, a octubre de 1981, por alrededor de 38 millones de dólares. Piñera había sido gerente general de este banco entre marzo de 1979 y septiembre de 1980, un lapso comprendido en el período en que la justicia acreditó varios ilícitos cometidos por la administración de la institución financiera.
La causa judicial se originó a partir de una querella presentada por el liquidador del banco, Eugenio Silva Risopatrón, quien actuó en representación de la SBIF, en contra de los socios controladores y quienes resultaran responsables. Fue el Segundo Juzgado del Crimen el que emitió el 20 mayo de 1982 una orden de investigar, que dio inicio a la causa rol Nº 99.971-6, en la cual fue encargado reo.
Los abogados querellantes fueron Ricardo Rivadeneira que posteriormente fue el primer presidente de RN y Carlos Lira, en representación de los liquidadores del Banco de Talca, y Patricio González, por el Consejo de Defensa del Estado (CDE). El proceso perseguía delitos e infracciones a la Ley General de Bancos, a la ley orgánica de la SBIF (Arts. 26 y 26 bis de la primera y Arts. 19 bis de la segunda) y al Código Penal, por apropiación indebida y estafa.
En el caso particular de Sebastián Piñera, en su orden de arresto se imputaron, entre otros, los delitos de fraude contra el Banco de Talca. A Sebastián Piñera se le enjuició como autor de infracciones a la Ley General de Bancos y cómplice en dos cargos de fraude cometido en contra del Banco de Talca y sus accionistas minoritarios. Según los querellantes, el capital y las reservas del Banco de Talca alcanzaban al momento de su intervención a los 40 millones de dólares. La investigación judicial determinó que los créditos irrecuperables otorgados por la institución financiera sumaban 250 millones de dólares.
En su cartera de créditos, el Banco de Talca tenía más de 200 millones de dólares prestados a empresas relacionadas, es decir cinco veces su capital y reservas, cuando la ley permitía un límite máximo de sólo el 25% del mismo. Pero había más.
Las sociedades relacionadas no necesariamente tenían existencia legal y, según la investigación judicial, los controladores y ejecutivos del banco le otorgaron créditos a estas sociedades fantasmas sin ningún tipo de garantía.
Según reconocieron los propios involucrados, estos créditos a empresas relacionadas estaban destinados a comprar con ese dinero acciones del propio banco. Ese era el modelo de capitalización que había ideado Piñera y sus socios desde las oficinas de Infinco, la sociedad de profesionales que constituyeron para asesorar al Banco de Talca en marzo de 1978.
Según informó la prensa de la época, el grupo llegó a constituir 150 empresas sólo con la finalidad de operar de esta manera. Pero tampoco fue todo. El Banco utilizó además mañosamente los beneficios que el Banco Central otorgaba en la época a los exportadores.
Fingió una serie de exportaciones, a través de empresas chilenas de papel a compañías panameñas, también de papel, según consta en el proceso en un informe del auditor Iván Goic. Cuando Investigaciones fue a detener a Piñera en su domicilio, sus socios Miguel Calaf y Alberto Danioni ya estaban presos desde hace más de un mes. En los meses anteriores, al menos 10 ejecutivos del banco y empleados del grupo habían prestado declaración para aclarar los hechos.
Uno de ellos, que actuó como apoderado de la Compañía Inmobiliaria e Inversiones Río Claro S.A. una de las empresas relacionadas, que obtuvo un crédito de 11,7 millones de dólares del Banco de Talca, declaró que tramitó el préstamo “a petición del gerente general de esa época, Sebastián Piñera, cumpliendo con un programa de capitalización fijado por el equipo ejecutivo del banco, a fin de completar un monto de capital suficiente para el desenvolvimiento normal de la entidad”.
Río Claro no sólo estaba relacionada a los socios controladores del Banco de Talca del cual Piñera ya era accionista , sino también estaba relacionada directamente al entonces gerente general del banco. En efecto, un día antes de que el Banco de Talca otorgara el crédito a Río Claro, Piñera se asoció con Inversiones Sevilla una de las constituyentes de Río Claro para crear una tercera empresa: Indac. Inversiones Sevilla poseía a la fecha el 5% de las acciones del banco.
Calaf y Danioni declararon que ambos se encontraban fuera del país cuando al momento de ser cursado el cuestionado crédito y que la operación fue realizada por Sebastián Piñera. Entre los antecedentes que el juez consideró para dictar la orden de detención contra Piñera, también estaba su propio testimonio entregado el 28 de julio de 1982 y que consta a fojas 407, 408 y 409 del expediente.
“Los créditos otorgados por el Banco de Talca eran una de las muchas fuentes de recursos de que disponían estas empresas, siendo posible que algunos de ellos hayan sido usados para propósitos distintos a la solicitud de crédito (…). Por lo anterior, no estoy en conocimiento que el crédito de 11 millones y fracción a la empresa Río Claro haya sido prestado a terceros para comprar acciones del banco, ni tampoco recuerdo esta operación en particular, la cual se produjo días antes de mi alejamiento del banco”.
Río Claro es sólo una de las empresas relacionadas que recibieron créditos del Banco de Talca. La investigación judicial también se centró en la constitución de otras sociedades creadas especialmente para triangular recursos que permitieran capitalizar a la institución financiera, especialmente cuatro cuya constitución fue encargada por el propio Piñera, según declaró Patricio Roa, uno de los constituyentes que era, a esa fecha, empleado del grupo Calaf-Danioni:
“En el mes de junio (de 1980), no recuerdo bien qué fecha, el gerente general del Banco de Talca de esa época, Sebastián Piñera, me solicitó que fuera el representante legal de cuatro empresas que se estaban formando por necesidad del banco, y cuyos propietarios serían otras empresas del grupo Calaf-Danioni. Por considerar que era una muestra de confianza tanto de los dueños, como de la gerencia general, acepté el cargo ofrecido, las que se denominaron Los Montes, Tamarugal, Laguna Verde y Forestal Los Lirios”.
Alberto Danioni respaldó esos dichos:
“Estas cuatro sociedades agrícolas fueron ordenadas constituir por el señor Sebastián Piñera, gerente general del banco, con el objeto de que se hicieran cargo de las deudas vencidas o por vencer del señor Alejandro Zampighi y que resultaban inconvenientes para el banco mantenerlas así vencidas, obteniendo así un mayor plazo para su cancelación”.
En este caso, el propio Sebastián Piñera reconoció en su declaración judicial haber autorizado los créditos, claro que sin aceptar responsabilidades ilícitas:
“Reconozco haber estado en conocimiento de que estas empresas eran de reciente formación y que no eran sujetos de crédito solvente porque tenían escaso o nulo capital”.
Piñera salvó de la cárcel mediante un recurso de amparo que sus abogados tramitaron durante el período en que permaneció prófugo ante la Corte de Apelaciones de Santiago bajo el rol 22954, presentado el 3 de septiembre de 1982.
El 8 de septiembre, la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones rechazó el recurso de amparo, por dos votos contra uno. En contra votaron los ministros Osvaldo Faúndez y Servando Jordán; a favor, votó Enrique Zurita. En los pasillo de tribunales, la decisión de Zurita no sorprendió: nunca suscribió un fallo en contra de imputados en delitos económicos.
El voto mayoritario estableció:
“Que el mérito de los autos que se tienen a la vista, resulta que el mandamiento de prisión para los querellantes Sebastián Piñera Echenique, Emiliano Figueroa Sandoval y Carlos Massad Abud, ha sido expedido en caso previsto por la ley y con méritos de antecedentes que lo justifican y de conformidad, también, con lo dispuesto en el artículo 306 del Código de Procedimiento Penal”.
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Supremazo salvador
Cuentan que fue notoria en esos días la presencia del obispo Bernardino Piñera Carvallo tío de Sebastián en el máximo tribunal, que tendría que pronunciarse sobre la apelación. El 20 de septiembre de 1982, finalmente, la sala de la Corte Suprema constituida por los ministros Retamal, Ulloa, Letelier y por los abogados integrantes Enrique Urrutia y Enrique Munita acogió el recurso de amparo que dejó a Piñera fuera de las rejas.
El fallo estableció:
“En el estado actual de la investigación no aparece establecido que los hechos que se imputan a los amparados tengan características delictuales, ni está ahora probado que ellos han obtenido provecho o el banco haya sufrido perjuicios resultantes de la actuación financiera de los recurrentes».
Calaf y Danioni, que no recurrieron al amparo, pasaron varios meses detenidos en Capuchinos y finalmente fueron condenados a tres años de cárcel, sentencia ratificada en todas las instancias, incluidas la Corte Suprema y casaciones.
Entre los delitos que se les logró probar, estaba el préstamo por más de 11 millones de dólares a Río Claro. El expediente hoy se encuentra extraviado(!).
Sin embargo, sin dejar de ser importante el hecho de que Piñera evadiera la cárcel en virtud de influencias políticas y familiares, ello no lo exonera. Séneca decía que el honor prohibe acciones que la ley tolera, y Aristóteles sentenció que el castigo del embustero es no ser creído, aun cuando en algún momento diga la verdad.
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