De una manera secreta, casi subrepticia, el Gobierno de Sebastián Piñera realizó complejas triangulaciones con los fondos de la Ley Reservada del Cobre. Se le entregaron para su administración a cinco bancos comerciales, entre ellos los Bancos de Chile y Santander, hasta US$ 500 millones, provenientes del Fondo de Contingencia Estratégica, los que pudieron colocar en el mercado financiero, y obtener ingentes utilidades.
El pretexto esgrimido en sesión secreta, fue que si esos fondos permanecían en el extranjero, podían ser embargados en caso de guerra.
No es accesorio consignar que mientras la banca privada lucraba con US$ 5.000 millones del Fondo de Contingencia Estratégica, el Gobierno de Piñera tramitaba un proyecto de ley para terminar con la Ley Reservada del Cobre.
Los fondos fueron reingresados al mercado internacional en 2013.
Milicogate: Los desconocidos traspasos financieros de Piñera
Mauricio Weibel Barahona
El gobierno de Sebastián Piñera realizó millonarios traspasos financieros entre Chile y el extranjero con los excedentes provenientes de la Ley Reservada del Cobre sin informar sus detalles al Congreso ni la ciudadanía, reveló a The Clinic el diputado demócrata cristiano Ricardo Rincón.
El gobierno anterior decidió en sus primeros meses reingresar al país miles de millones de dólares de los excedentes disponibles para compra de armas. Los recursos fueron entregados, entre otros, a los bancos Santander y de Chile, sin que los contratos de estas operaciones fueran mostrados siquiera al Congreso. Luego, en 2013, los fondos fueron redestinados a Estados Unidos. Todo en el más absoluto secreto.
“Nada de esto lo conocemos”, se lamentó el congresista, quien pidió al ministerio de Hacienda mayores antecedentes sobre estos actos, alegando que la gestión financiera de estos cuantiosos fondos no puede ampararse en el secreto militar, como sucede hasta hoy, pese a las millonarias defraudaciones cometidas con estos recursos.
La operación comenzó el año 2010 bajo la dirección del ministro de Hacienda, Felipe Larraín y el titular de Defensa, Jaime Ravinet. “En una sesión secreta de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, se nos dijo que por un tema de liquidez era preferible traer los fondos a Chile desde Estados Unidos”, explica Rincón. “Se temía que en caso de guerra hubiera un embargo de estos recursos”, ahondó el diputado.
Las divisas, contenidas en el Fondo de Contingencia Estratégica (FCE), fueron de esta forma entregadas a la administración del BancoEstado y de entidades financieras privadas como el Banco Santander y el Banco de Chile, propiedad de la familia Luksic. “Creo que los otros elegidos fueron BBVA y Corpbanca. El Itau estaba en proceso de aceptación”, agregó el parlamentario.
Cada institución privada, a través de una licitación, recibió hasta 500 millones de dólares, los que pudo colocar en el sistema financiero, reteniendo para sí las utilidades que le otorgó la administración de estos recursos fiscales. Los detalles de estas operaciones jamás fueron informados al Congreso, alega el diputado DC.
“Que algo sea legal no significa que no sea cuestionable y que el país no tenga derecho a saber”, reclama el parlamentario. “Quizá no hay ninguna ilegalidad, pero el punto está en quien tiene el control de estos fondos. Esto debe ser muy riguroso”, insiste.
¿INFORMACIÓN PRIVILEGIADA?
Tampoco hubo ninguna discusión en el Congreso sobre el efecto macroeconómico que implicaba ingresar miles de millones de dólares al país, en un momento de crisis económica global. De hecho, el tipo de cambio cayó el 11,6 por ciento entre junio y diciembre de 2010, pasando la cotización del dólar de 536 a 474 pesos.
Las preguntas son inevitables. ¿Cuánto influyó en esta apreciación del peso el ingreso de las divisas del Fondo de Contingencia Estratégica? ¿Hubo uso de información privilegiada de parte de quienes conocían de antemano esta operación, incluidos funcionarios públicos y agentes financieros? ¿Qué resguardos fueron adoptados para prevenir estas situaciones?
Las mismas dudas, por cierto, apuntan a la operación desatada en 2013, cuando estos mismos recursos salieron del país rumbo a Estados Unidos, según dictaminó otro decreto firmado por el ministro Felipe Larraín (ver documento).
Coincidentemente, el tipo de cambio reflejó un alza del dólar ante el peso de 11,8 por ciento, variación prácticamente idéntica a la experimentada en 2010, aunque en sentido inverso. El IPC pasó asimismo de un comportamiento deflacionario, entre noviembre de 2012 y abril de 2013, a un sesgo alcista entre julio y diciembre de ese año.
“Por cierto, no se nos consultó sobre estos cambios”, recrimina Rincón sobre todas estas operaciones. “Los principales responsables serán siempre los que administran los recursos, nosotros tenemos facultades muy limitadas en los temas de leyes secretas”, agrega.
LOS SECRETOS DEL AGENTE
Actualmente, tras estas decisiones del gobierno de Piñera, el Banco Central tiene la responsabilidad de definir el destino de estos fondos, cuya rentabilidad jamás fue informada hasta ahora al Congreso. ¿Quiénes manejan esos recursos? ¿Quiénes los supervisan? ¿En qué glosa de las cuentas nacionales aparecen? Las preguntas son infinitas.
Las cifras, por cierto, no son menores. “El total de los fondos, que varía de mes a mes, es de unos 4.700 millones de dólares, incluidos saldos y excedentes”, precisa Rincón al respecto. Este monto no incluye los flujos anuales que provee Codelco a la compra de armas.
Asimismo, el reglamento y las directrices aprobadas en julio de 2013 por el gobierno de Piñera amarraron una serie de detalles, además de definir que el instituto emisor sería el “agente fiscal” a cargo de la administración final de estos fondos, con amplios poderes de actuación en el sistema financiero internacional, excluyendo la compra de instrumentos del propio Banco Central.
Sobre lo mismo, la actual coordinadora de Mercado de Capitales y Finanzas Internacionales de Hacienda, Bernardita Piedrabuena, detalló vía correo electrónico al diputado Rincón que el FCE sólo puede ser invertido en dólares en Estados Unidos.
En detalle, el 40% en instrumentos emitidos por el gobierno de Estados Unidos, el 30% en letras del mismo emisor y otro 30% en depósitos de corto plazo en bancos con clasificación de riesgo menor.
Piedrabuena, sin embargo, explicó que en una segunda fase Hacienda no supervisa el gasto de estos recursos, una vez que son entregados a las Fuerzas Armadas. “Nosotros no hacemos un seguimiento de los flujos de recursos después que se retiran de este fondo”, reconoció.
El reglamento aprobado por Larraín además estableció que los fondos no pueden ser invertidos “en instrumentos financieros de emisores chilenos” o en documentos “expresados o pagaderos en pesos”.
También el exministro dejó al libre arbitrio del Banco Central la definición de los mecanismos de control sobre el uso de estos cuantiosos recursos fiscales, estableciendo sí la obligatoriedad que tiene el Banco Central de informar la evolución de los fondos al ministerio de Hacienda.
En ese marco, una serie de preguntas siguen sin aclarar. En detalle, ¿Por qué durante el gobierno de Sebastián Piñera los fondos fueron traspasados a bancos privados chilenos y luego depositados nuevamente en el extranjero? ¿Quién ganó con ese trasvasije de divisas? ¿Cuán rentable o no fue esa medida? ¿Por qué no se informó al país de lo que se hacía con 5.000 millones de dólares? ¿Esta operación tuvo como contrapartida el financiamiento de campañas políticas?
Probablemente, una mayoría de estas respuestas no están en el Congreso, ni en La Moneda, sino en el selecto grupo de funcionarios de Hacienda a cargo de llevar la relación con el Banco Central en esta materia. Al menos en el gobierno de Piñera, ellos fueron Ignacio Briones, Francisco Vergara, Leticia Celador, Patricio Sepúlveda, Rodrigo Erices y Lidan Xu.
PISOS MÍNIMOS, EXCEDENTES Y LAGOS
El fondo de la discusión es, por cierto, el que los fondos de la Ley Reservada del Cobre excedieron todos los techos imaginables, incluidos los máximos requerimientos de las Fuerzas Armadas relativos a la adquisición de sistemas de armas, producto del alza internacional en el precio del cobre.
“Sí, se excedieron los techos de requerimientos, por eso en el gobierno del presidente Ricardo Lagos se creó una cuarta cuenta, distinta a la que tenía cada rama de la defensa. Esto se hizo por decreto, no por la Ley Reservada del Cobre”, detalla Rincón.
Asimismo, el diputado opinó a The Clinic que estos gigantescos recursos pudieron tener destinos alternativos, si se hubiera discutido en el Congreso. Por lo mismo, instó a discutir hoy sobre el destino de los excedentes de la Ley Reservada del Cobre, apozados actualmente en el Fondo de Contingencia Estratégica.
“Estos 5.000 millones de dólares, que se incrementan con sus intereses y nuevos flujos, permitirían ejecutar 300 colegios y 10 hospitales totalmente equipados, al menos”, ejemplificó.
Cae tesorero del Ejército y se cierra cerco sobre los desfalcos
El tesorero del Estado Mayor del Ejército, el coronel Guillermo Oliver Pinto, fue dado de baja este mes, luego de que fueran detectadas “irregularidades en el manejo y desvíos de fondos por un monto de $30.348.946”, reconoció la institución a The Clinic.
“El Ejército reitera su rechazo a toda acción que atente contra la probidad y transparencia que deben regir la gestión y accionar institucional”, añadió el cuerpo castrense, sacudido por los millonarios desfalcos ocurridos con la Ley Reservada del Cobre.
La caída del oficial Oliver ocurre además en momentos que la Justicia investiga supuestos desfalcos por más de 12.000 millones de pesos cometidos por hombres de esta rama de la Defensa.
Entre estos eventuales ilícitos figuran entre otras la compra de servicios computacionales a la empresa Powerti, el mencionado desvío de fondos de la Ley Reservada del Cobre, la adquisición irregular de tonner para impresoras y la supuesta compra de propiedades para familias de agentes de los servicios de inteligencia en dictadura.
Los supuestos ilícitos del tesorero del Estado Mayor del Ejército fueron informados a la II Fiscalía Militar, la que ya inició la indagatoria. Las otras causas son sustanciadas por otros tribunales civiles y militares.
Fuentes extraoficiales detallaron que entre las pruebas encontradas contra el coronel Oliver destacan depósitos en su cuenta corriente de parte de un proveedor del Ejército.
En paralelo, la Contraloría General de la República y el ministro en visita que investiga las defraudaciones cometidas con los fondos provenientes de la Ley Reservada del Cobre, Omar Astudillo, endurecieron esta semana el cerco sobre los responsables de los eventuales ilícitos cometidos con esos fondos.
El magistrado, quien comenzó a realizar los primeros interrogatorios en la causa que hasta este mes encabezaba la fiscal militar Paola Jofré, dictaminó que la investigación será secreta por dos meses al menos.
Por ello, los uniformados procesados, el Ministerio Público Militar y el propio Consejo de Defensa del Estado no podrán conocer el sumario de la causa, donde se espera que el ministro Astudillo realice interrogatorios masivos las próximas semanas.
Paralelamente, en una medida inédita en democracia, la Contraloría General de la República revirtió un dictamen de 2009 que le exceptuaba de revisar los gastos efectuados con fondos provenientes de la Ley Reservada del Cobre.
“Esos fondos (desde ahora) están sometidos a rendición de cuentas”, resolvió la contralora subrogante, Patricia Villouta, antes de dejar el mando de la institución.
“La rendición de cuentas debe efectuarse de la manera requerida por el Contralor General de la República. Por lo anterior, las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa Nacional deben someterse a las instrucciones (…) y presentar los documentos fundantes de las inversiones efectuadas que le requiera la Contraloría, incluso de aquellas obras militares declaradas secretas”, precisó la funcionaria en el dictamen 98501.
La resolución, por primera vez en la historia de Chile, obligará a las Fuerzas Armadas a transparentar ante la Contraloría sus operaciones de compra de armas.
Fuente: The Clinic
Ley Reservada del Cobre: Contraloría revoca dictamen y fiscalizará vía revisión de cuentas “obras secretas” de las FF.AA.
Jorge Molina Sanhueza
La Contraloría fiscalizará y someterá a una revisión de cuentas las compras y obras “secretas” que realicen las Fuerzas Armadas con fondos provenientes de la Ley Reservada del Cobre, luego de que revocara un dictamen de 2009 que obligaba a aprobar los montos totales refrendados sólo en un “Certificado de Buena Inversión”, emitido por el Consejo Superior de Defensa Nacional (Consudena).
El cambio de criterio aparece en el documento 98.501 de 2015 -que publica The Clinic Online– donde se realiza un detallado análisis de todas las legislaciones que explican por qué se ejercerá un control distinto sobre este aporte especial a la actividad castrense.
Básicamente, el nuevo criterio señala que los fondos que entrega la Ley Reservada del Cobre están destinados a la “Defensa Nacional” y por lo tanto, el ministerio del ramo como las FF.AA. -Ejército, Marina y Fuerza Aérea- “deben someterse a las instrucciones que al respecto le imparta el Órgano Contralor y presentar los documentos fundantes de las inversiones efectuadas que le requiera la Contraloría General, incluso de aquellas obras militares declaradas secretas”.
En otras palabras, aún cuando se realice “en forma reservada”, establece el dictamen, “esos fondos están sometidos a rendición de cuenta, la que debe efectuarse de la manera requerida”.
La determinación firmada por la contralora subrogante Patricia Arriagada, está fechada el pasado 15 de diciembre, es decir, un día después de que los diputados Jaime Pilowsky y Ricardo Rincón solicitaran un nuevo criterio que permitiera fiscalizar los fondos para fines militares.
Coincidentemente, está rubricada también sólo un día antes que el Senado nombrara por unanimidad al nuevo titular de la entidad Jorge Bermúdez, dejando sentada una nueva interpretación administrativa.
Esto cambió
El dictamen revocado es el 56.749 del 15 de octubre de 2009. En esa fecha el diputado UDI Jorge Ulloa envió un oficio, luego de la intervención hecha por su entonces colega -hoy ministro del Interior y ex titular de Defensa, Jorge Burgos- que daba cuenta que “los decretos supremos relativos a la Ley del Cobre están exentos de los trámites de toma de razón y de refrendación” por la Contraloría.
En la oportunidad, la entidad de control estimó que bastaba que el Consejo Superior de Defensa Nacional (Consudena) emitiera un “Certificado de Buena Inversión, el que deberá ser suscrito por la autoridad a la cual le fue autorizada la inversión u obra secreta y, por el Presidente del Consejo”.
También sostenía que para ese tipo de gastos en defensa “la Contraloría General de la República no está en condiciones de verificar el destino u objeto de la inversión de los recursos, porque la cuenta se realiza sin que sea necesario acompañar su documentación sustentatoria”.
En otras palabras lo que dijera el Consudena era lo correcto, no pudiendo “tener acceso al detalle ni a la documentación respaldatoria de los egresos cursados con cargo a este rubro y, por lo tanto, tampoco se encuentra en condiciones de pronunciarse sobre su destino u objeto”, señalaba el dictamen.
Milicogate on fire
La decisión del órgano de control aparece en momentos en que se sustancian diversas investigaciones -tanto en la justicia militar como en la reforma- por actos de corrupción, principalmente en el Ejército, que suman hasta ahora más de US$ 10 millones.
Uno de estos procesos, revelado por The Clinic, es el llamado “milicogate”, que apunta a un millonario fraude al fisco actualmente indagado por el ministro en visita civil de la Corte Marcial, Omar Astudillo, con fondos destinados a mantenimiento.
En este proceso, se encuentran encausados por la justicia militar los suboficiales Claudio González Palominos, Miguel Escobar, y la cabo primero Millaray Simunovic. A ellos se suma el ex tesorero del Ejército y coronel en retiro, Clovis Montero. Todos se encuentran en prisión preventiva en el Comando de Telecomunicaciones de Peñalolén.
Básicamente, los militares en cuestión, a través del uso de facturas falsas y otras ideológicamente falsas, sustrajeron en beneficio personal fondos de la Ley Reservada del Cobre que superarían los US$ 10 millones. El Consejo de Defensa del Estado (CDE) y el Servicio de Impuestos Internos (SII) se hicieron parte de la causa.
Paralelamente a la judicatura castrense, la Fiscalía Centro Norte lleva la arista de los proveedores civiles del Ejército involucrados, a cargo de la perseguidora penal Ximena Chong. Se trata de Raul Fuentes Quintanilla y César Fuentes Campusano, padre e hijo respectivamente.
A juicio del Ministerio Público son responsables hasta ahora de un perjuicio cifrado en más de $ $ 2.061 millones y serían formalizados en las próximas semanas por fraude al fisco. En la misma causa, se le formularon cargos al también ex proveedor Francisco Huincahue por más de 300 palos. El CDE ya ha presentado dos libelos criminales.
Fuente: The Clinic
