Por Francisco Herreros.
Tanto va el cántaro con la costumbre de Piñera de jugar al filo del reglamento, que por primera vez en la historia de Chile, un presidente de la República ha sido citado a comparecer ante un Juzgado de Policía Local, por una infracción contra la probidad administrativa.
En este caso, el tribunal lo convoca por infringir la ley general de Urbanismo y Contrucciones, por su propiedad en el lago Caburgua, que hace 30 años se encuentra con las contribuciones impagas, debido a la ausencia del trámite de recepción municipal; obligación de todo propietario.
La desidia de los organismos de control; a saber, la municipalidad de Pucón, el propio Juzgado de Policía Local de la comuna, la Contraloría General de la República y el Servicio de Impuestos Internos, no permite saber con exactitud el monto que se ahorró Piñera, por la evasión de contribuciones durante 30 años.
Sin embargo, se sabe que a principios de mayo pasado, el SII re-calculó el valor de la propiedad desde $12 millones -por lo que pagaba contribuciones de $500 trimestrales-, a $362 millones afectos a impuestos, por lo cual debe pagar contribuciones del orden de $19 millones, correspondientes solo a los últimos tres años.
La propiedad corresponde a un terreno de 20 hectáreas con más de 900 m2 construidos.
Sería fácil una extrapolación lineal, pero ese no es el punto.
Que Piñera pague o no la multa, tampoco.
El costo político para La Moneda es solo una faceta de lo que está en juego, como se verá a continuación.
Infracción administrativa y abuso de poder
En concreto, Piñera está citado para este viernes 7 de junio, a las 10:00 hrs., ante el Juzgado de Policía Local de Pucón, por haber recibido una infracción de parte de la Dirección de Obras de la Municipalidad; como consecuencia de una denuncia, que apunta a una sanción de multa por falta de recepción en la Dirección de Obras Municipales de la Municipalidad de Pucón, presentada por el jefe de la bancada de diputados la Democracia Cristiana, Gabriel Ascencio.
Más aún, la infracción consiste en habitar y poner en uso construcciones sin la debida recepción municipal.
El pasado 11 de abril, la Dirección de Obras de la Municipalidad de Pucón hizo una inspección en la vivienda de veraneo del mandatario, constatando la infracción, por lo cual envió una citación al Juzgado de Policía Local, con el fin de que comparezca el dueño de la propiedad; el Presidente de la República.
A ello se suma la polémica, en febrero pasado, cuando se se supo que el presidente consiguió 800 m/2 de playa mediante concesión marítima en el lago Caburgua, para dicha propiedad.
Entonces se conoció que durante el proceso para obtener la concesión, el entonces mandatario admitió que se encontraba ocupando ilegalmente desde 2001 parte del borde costero, en un documento oficial, en el cual la DIRINMAR reveló que estaba siendo utilizado desde 1990.
“Aquí alguien le otorgó al Presidente una concesión para que use a sus anchas un bien nacional de uso público. Eso es un abuso de poder, nada más que eso. Las concesiones son para explotaciones comerciales, no para usos privados. Además, por muchos años estuvo ocupando de forma ilegal este espacio y para salir de eso lo regulariza a través de una concesión. Pero estas no son para disfrutar del lago con traje de baño. El Estado concesiona autopistas, hospitales, cárceles… actividades mercantiles, no para pasarla bien en la orilla de los lagos”, dijo en su oportunidad Patricio Herman, presidente de la organización Defendamos la Ciudad.
Dribling presidencial
El lunes pasado, la Contraloría General de la República respondió al oficio del diputado Jaime Naranjo (PS), en el que consultó sobre la legalidad de la solicitud y sobre la toma de razón del decreto emitido por el Ministerio de Defensa.
En el documento, firmado por el contralor Jorge Bermúdez, afirmó que fue tomado de razón porque se ajustó a derecho.
En la oportunidad, Naranjo señaló:
«Vemos como no se han pagado las contribuciones desde hace más de 30 años y no se ha regularizado nada. Además de esto he recibido un informe de la Controlaría que sostiene que el Presidente Sebastián Piñera esta ocupando ilegalmente este terreno desde 1990 y que además mintió al decir que ocupaba este terreno desde el 2001. Por consiguiente el Presidente Piñera actuó de manera irregular y se saltó la ley en Chile».
En este escenario, Ascencio manifestó su expectativa de que el Presidente responda a los requerimientos, pague las multas correspondientes y las tres décadas de contribuciones pendientes:
“Tengo la tranquilidad que el Juzgado de Policía Local está avanzando en esta denuncia y esperamos que Sebastián Piñera se pronuncie, hace rato que le estamos pidiendo que se pronuncie personalmente, que dé explicaciones y que reconozca el error y que pague la sanción que ahora se le imponga y que además cancele la totalidad de las contribuciones y las multas que corresponden, como cualquier chileno en este país, como cualquier contribuyente en este país”.
Difícil que el chancho chifle.
Las inefables, disponibles, ubicuas y siempre anónimas fuentes de palacio, citadas profusamente por el sistema mediático, ya anticiparon que Piñera no acudirá al Juzgado de Policía Local y será representado por su abogado.
«Como lo permite la ley», se cuidaron de agregar.
En un ambiente de extrema opacidad, los chilenos fueron bombardeados con las mentiras oficiales del Gobierno.
La ministra secretaria general de Gobierno, Cecilia Pérez, explicó las razones por las cuales la vivienda de Piñera en el lago Caburgua, nunca ha pagado las contribuciones que deben cancelar todos los propietarios:
«Hace años que lleva el Presidente haciendo todos los trámites de regularización de la propiedad frente a la Municipalidad de Pucón. Se ha ido avanzando con los proyectos individuales, como el del alcantarillado, el agua potable, y todavía falta el proyecto de gas para poder obtener la recepción definitiva de esta vivienda. Cuando se obtenga esta recepción definitiva, entonces recién se pueden comenzar a pagar las contribuciones».
Sáaaa…
Un país a la deriva
Lo notable del caso radica tanto la investidura del infractor, como también su condición de ser uno de los personajes más acaudalados del país, con un patrimonio personal de US$2.800 millones.
Si un Presidente de la República, con semejante patrimonio, evade impuestos y contribuciones, ¿qué se le puede exigir a los ciudadanos de a pie?; ¿con que base jurídica y ética cualquier tribunal de la República puede condenar a elevadas penas de cárcel a una gañán que roba una gallina por ley de sobrevivencia?; ¿qué tiene que pasar todavía para que la ciudadanía castigue con sus votos a una elite corrupta, insensible, mentirosa e insaciable, de la que Piñera es un representativo baluarte?
¿Cómo creerle a semejante personaje, que en su segunda cuenta pública, se permite una retórica ampulosa pero vacía, al estilo de:
«Tenemos una nueva oportunidad de conquistar el desarrollo, derrotar la pobreza y fortalecer los valores de nuestra sociedad, los valores que nos permiten fortalecer a cada uno de nuestros compatriotas, y los valores y los desafíos por los cuales seremos juzgados por las generaciones que vendrán».
O también:
«El pueblo de Chile nos dio un mandato a cumplir nuestros compromisos de campaña, a cumplir nuestro Programa de Gobierno y a fortalecer los valores que inspiraron a ese Programa; los valores de la libertad, de la vida, de los derechos humanos, de la familia, la diversidad y la solidaridad. Y también los valores del mérito y el esfuerzo, el orden, el respeto, la unidad y amistad cívica y la protección de nuestra naturaleza»?
Exactamente lo contrario a lo que está haciendo su Gobierno, a saber; completar el modelo neoliberal y las «modernizaciones» realizadas por los Chicago Boys, a principios de la década de los 80, y refrendadas por un plebiscito tramposo, anómalo e irregular; esta vez con la complicidad de sectores conservadores y liberales de partidos de supuesta centro-izquierda, como la DC y el partido Radical.
Con la información disponible, asombra que los chilenos no se percaten, y sigan favoreciendo con su voto a personajes como Piñera, o la presidenta de la UDI, quién se permitió calificar a los chilenos de «patipelaos».
Tal parece esa mayoría circunstancial sufre de un masivo síndrome de Estocolmo, que como se sabe, suele presentarse en personas que han sido secuestradas y consiste en mostrarse comprensivo y benevolente con los secuestradores, albergar sentimientos de simpatía o agrado por ellos, e incluso, identificarse progresivamente con sus ideas.
Chile necesita urgentemente un revulsivo contra una derecha oscurantista y cavernaria, disfrazada de «modernidad»; y ese no es otro que la unidad más amplia de todos lo que no admiten ese estado de cosas, lo cual depende de un urgente proceso de maduración política, todavía no presente en el escenario.
