por Marcelo Casals.
Superado el escollo de las primarias en la coalición de derecha, Sebastián Piñera afina el programa y la estrategia para lo que resta de campaña presidencial. Uno de los aspectos centrales de esta nueva etapa es su insistencia en la clase media, y la necesidad que existiría de protegerla ante las “vulnerabilidades y contingencias inesperadas que pueden poner en riesgo su situación”, según se señala en la página web del candidato.
La clase media, en ese registro, sería “el sector más representativo de la nación”, por lo que la labor gubernamental debería estar orientada en favor de ella. En concreto, Piñera propone crear una red de seguros sociales para reducir los temores de este sector en áreas como desempleo, enfermedades catastróficas, longevidad, vivienda y educación superior. De acuerdo a su equipo programático, el objetivo es acercarse al “mundo de centro”, sobre el entendido de que Piñera ya habría captado el voto duro de derecha.
Más allá de que, en un contexto de aguda desafección política, sea posible dudar del vínculo entre clase media y centro político, lo cierto es que los llamados de Piñera a la clase media no se condicen con el desarrollo histórico de ese sector social.
Dicho de otra forma, el modelo económico que Piñera encarna -y en el cual ha amasado su fortuna- es contradictorio con el contexto en el que la clase media emergió y se fortaleció en Chile a lo largo de parte importante del siglo XX.
Ello por dos razones interconectadas: por una parte, la incertidumbre de la clase media de nuestros tiempos está dada por la mercantilización de crecientes áreas de la vida social, muchas de las cuales en otras épocas pertenecieron al radio de acción del Estado.
Por otro lado, como es evidente visto a largo plazo, el modelo económico neoliberal es productor de desigualdad. En la medida en que exista una casta minúscula capaz de apropiarse de un pedazo importante de la riqueza producida en el país, la clase media se ve materialmente constreñida en su desarrollo. Las medidas anunciadas por Piñera, entonces, son a todas luces insuficientes para revertir esa situación. Piñera y la clase media tienen una relación contradictoria.
II
Puesto en perspectiva histórica, el giro estratégico de la candidatura de Piñera no resulta nada novedoso. La clase media ha sido interpelada por actores políticos de diferente signo en la historia del siglo XX chileno, desde el Alessandri de encendida retórica de 1920 a la oposición democrática a la dictadura militar de Pinochet.
Fue sin embargo en los años del llamado “Estado de compromiso” -es decir, la democracia chilena construida entre el Frente Popular y la Unidad Popular- que las invocaciones a la clase media se hicieron más insistentes. Radicales primero, y democratacristianos después, entre otros, disputaron la representatividad de dicho sector, sobre el entendido de que allí radicaba el motor del progreso y la estabilidad democrática.
La clase media, por supuesto, no es solamente un slogan político. Es, también, una identidad social, anclada en condiciones materiales concretas que permiten o limitan esa asociación.
Las últimas investigaciones históricas sobre Chile y América Latina al respecto coinciden en que más que un sector social “objetivo”, con límites y características definidas, la clase media constituye un conjunto de ideales, expectativas y pautas de comportamiento a los cuales diferentes sectores sociales aspiran y reproducen (Adamovsky, 2009; Adamovsky, Visacovsky y Vargas, 2014; Parker, 1998; Owensby, 1999; Parker y Walker, 2013; López y Weinstein, 2014; Candina, 2013; Barr-Melej, 2001, entre otros).
Los cambios estructurales de las sociedades latinoamericanas en el siglo XX permitieron que un grupo cada vez más grande y diverso pudiera levantar una identidad de clase media, toda vez que dicha noción era descrita con rasgos virtuosos.
En el caso chileno, ello fue especialmente cierto durante la vieja democracia del “Estado de compromiso”. En virtud del reconocimiento que tenía la noción de clase media, actores sociales organizados -como agrupaciones de empleados, colegios profesionales o gremios de comerciantes y transportistas, entre muchos otros- pudieron negociar con los distintos gobiernos y participar en el diseño y aplicación de políticas públicas en su favor.
El Estado respondió diseñando leyes e instituciones especialmente pensadas para la reproducción social y material del ideal mesocrático. Durante estos años, la clase media floreció. No solamente era una identidad social respetada, sino que también quienes eran identificados como tales vieron mejoradas notoriamente sus condiciones materiales de existencia
La integración de grupos organizados de clase media (y también obreros) a espacios de decisión estatal tuvo efectos positivos cuando miramos la evolución de la desigualdad en Chile. Como señala una reciente investigación de Javier Rodríguez Weber (2017), fue precisamente en estos años que la desigualdad en Chile llegó a sus mínimos históricos.
Según este autor, la economía política -es decir, el conjunto de arreglos sociales e institucionales para la distribución de los recursos generados en un país- de ese período redujo las asimetrías entre empresarios y trabajadores (especialmente empleados). La sindicalización campesina y la reforma agraria de los años sesenta y principios de los setenta ayudó a reducir la desigualdad aún más al incorporar a quienes habían sido hasta entonces excluidos de las políticas modernizadoras y redistributivas.
La dictadura militar y la implementación del “shock” neoliberal, sin embargo, revirtió ese proceso de forma inmediata. La nueva economía política favoreció a los grupos empresariales poderosos en desmedro de los asalariados, convirtiendo a Chile en uno de los países más desiguales del mundo.
El régimen de Pinochet, entre otras cosas, hizo saltar por los aires todo el conjunto de arreglos institucionales que favorecían a la clase media: leyes especiales para empleados, control de precios, empleo fiscal estable, posibilidad de negociar políticas públicas, prerrogativas jurídicas de sus organizaciones más representativas (como los colegios profesionales o los sindicatos de empleados), etc.
Al mismo tiempo, aquellas prestaciones estatales que eran entendidas como derechos ciudadanos -salud, previsión, educación- fueron entregadas al libre juego del mercado, favoreciendo aún más a los poderosos grupos económicos formados al alero de la dictadura (Gárate, 2014).
En su lugar, el régimen promovió una reestructuración social vía mercado. Hubo quienes pudieron adaptarse a las nuevas circunstancias y mantener o mejorar su posición social relativa. Sin embargo, una fracción importante de quienes hasta entonces se habían identificado como clase media vieron sus referentes materiales y simbólicos destruidos, empujando a muchos de ellos a la pobreza (Adler de Lomnitz y Melnick, 1998).
A pesar del restablecimiento de la democracia en 1990, aquel doble proceso de profundización de la desigualdad y destrucción de la vieja clase media siguió su curso. La sanción democrática del neoliberalismo consolidó la asociación entre mercado e identidad de clase, en un contexto de alto crecimiento económico. Todo ello, sin embargo, tuvo un límite.
Cuando se hizo evidente la incapacidad de un régimen económico neoliberal de asegurar condiciones equitativas a la clase media, ésta salió a la calle. En gran medida, la trizadura del modelo del 2011 fue producto de ese fenómeno.
III
Volvamos ahora a Piñera. En más de una ocasión, el candidato derechista -uno de los hombres más ricos de Chile- se ha identificado como de “clase media”. Más allá de las burlas que genera, ello demuestra que Piñera reconoce la potencia política y cultural de la virtud mesocrática.
Su llamado a ese sector a apoyar su propuesta en las presidenciales de ese año, en ese sentido, no debería sorprender. Sin embargo, a la luz de la historia reciente de Chile, es difícil imaginar cómo a través de la profundización del neoliberalismo chileno se puede favorecer a la clase media.
Los años en que ésta floreció estuvieron marcados por la estabilidad que le daba la acción directa del Estado, y su intervención efectiva para impedir la apropiación excesiva del producto social de los sectores más ricos. Hoy el escenario es inverso. La entrega de servicios básicos a monopolios privados y la conversión de derechos sociales en mercancías sumen en incertidumbre a la clase media que Piñera dice querer ayudar.
En contextos de predominio del mercado y de alta desigualdad, la condición mesocrática está permanentemente amenazada. Rodríguez Weber grafica este punto con un ejemplo que no sólo involucra a la clase media. Si el 1% más rico de Chile se apropiara del mismo porcentaje del PIB que sus pares uruguayos (un país también desigual, aunque en mucho menos medida que el nuestro), el 99% restante ganaría(mos) en promedio un 24% más.
Es decir, la existencia de un número desproporcionado de multimillonarios (como Piñera) recorta en un cuarto los ingresos de la abrumadora mayoría de Chile.
No es sino a través del restablecimiento de un Estado interventor en la economía que verdaderamente puede ayudarse a la clase media.
Ello implica el control estatal de empresas estratégicas, o al menos un control efectivo a la labor de privados; el restablecimiento de la idea de derechos ciudadanos en relación a prestaciones universales entregadas o administradas por el Estado en educación, salud y previsión, entre otras áreas; un cambio real en las relaciones laborales, esta vez en favor de los asalariados; y una estructura impositiva realmente progresiva, que revierta en parte la excesiva apropiación del producto social de la cúspide más rica del país, entre otras cosas.
En suma, requiere de un cambio radical en la economía política de Chile, en términos antitéticos a lo que Piñera y la derecha representan hoy. La clase media sólo puede volver a florecer en un contexto de reducción de la desigualdad y de expansión del rol del Estado en la economía.
Fuente: Red Seca
