Luego de que el cabo de Carabineros, Blas Villarroel, baleara a un joven conductor de Uber, el Presidente, Sebastián Piñera, creyó necesario expresar público respaldo a la función policial. El problema es que lo hizo en simultáneo con el notorio incremento de denuncias por violencia policial desmedida, desproporcionada y/o injustificada, que se ha registrado desde que llegó por segunda vez a La Moneda.
Rodolfo Muñoz , el conductor de Uber, luego de evadir una fiscalización a la que era sometido por un Carabinero, fue herido por el uniformado, quien utilizó su arma de servicio y disparó dos veces contra él.
El director general de Carabineros, Hermes Soto, respaldó de inmediato a Villarroel:
El fiscal a cargo del caso, Eduardo Baeza, no consideró imputar el delito de intento de homicidio al funcionario policial. En cambio, formalizó a Muñoz por el presunto delito de oponerse a acción de la autoridad pública o sus agentes, lo sometió a arraigo nacional y fijó en 60 días el plazo de investigación.
A su turno, en la inauguración de una nueva comisaría en San Bernardo, el pasado miércoles, Piñera le firmó un cheque en blanco al abuso policial:
«Quiero decirlo en forma fuerte y clara, nadie tiene derecho a oponerse o a resistir por la fuerza una detención, un control de tránsito, un control de vehículo o de identidad, porque esa es una facultad que tienen nuestros Carabineros. Mucho menos pretender atropellar a un carabinero como ocurrió en el aeropuerto de Santiago».
Agregó:
«Este Gobierno y este Presidente van a apoyar sin ninguna ambigüedad y con total claridad la labor que cumplen los Carabineros de Chile en proteger el orden público y la seguridad de todas las familias chilenas. No vamos a tolerar a aquellos que se sienten con el derecho a atentar contra la integridad física o de palabra contra nuestros Carabineros, porque el respeto a Carabineros de Chile es algo que vamos a recuperar, a respetar y a proteger».
Es evidente que Piñera no parece el más indicado para hablar de oponerse o resistir una detención, toda vez que hay constancia judicial de que el evadió a la justicia por casi dos meses, cuando se lo procesó por la estafa del Banco de Talca, en 1981-82.
Luego, es claro que trató de sacar ventaja oportunista en la pelea corta, actividad en la que es un reconocido especialista, pero no lo es menos que se extralimitó, porque la acción del cabo Villarroel excedió sin lugar a dudas, el principio de la proporcionalidad.
Eso queda patentemente demostrado en el registro de la víctima:
Una vez finalizada la traumática experiencia, entregó su versión a la prensa:
Principio de proporcionalidad
El abogado Daniel Stingo, explicó el concepto de proporcionalidad en este caso y afirmó que Villarroel debería ser formalizado:
“Cuando a uno le enseñan sobre derecho penal, le enseñan la proporcionalidad y le dicen que cuando uno por ejemplo ataca a otro, alguien se me tira encima, saco una pistola y le pego un tiro, por mucho que el otro sea el primero, me van a procesar a mí porque no hay proporción por el uso de la fuerza. En este caso hay dos bienes jurídicos muy distintos: que el tipo huyera versus la vida del chofer. Son dos bienes distintos entre lo que es cumplir la ley a meterle un balazo y matarlo. No están igualitarios. Estaban desproporcionados. Además, este señor no es un delincuente. Que Uber sea ilegal es culpa del Congreso, que buscan regularizar el servicio hace tiempo. Es una acción ilegal con una aplicación que hasta en la TV tiene publicidad. Es una contradicción que no amerita que un carabinero intente dispararle”.
El abogado Mauricio Daza, Magister en Derecho Penal y Procesal Penal de la UDP, Socio HDFO Abogados e integrante de Ciudadano Inteligente, reflexionó sobre el fondo de lo que está involucrado en el caso, en su cuenta de twitter:
«Sin duda que carabineros pueden usar su arma de servicio cuando es indispensable y proporcional para repeler ataque en contra de ellos o terceros. Pero sacar arma y disparar a quemarropa a conductor desarmado en el contexto de un control en el aeropuerto resulta inaceptable.
Aquí la palabra clave es proporcionalidad. Conductor trató de sacar el auto de la zona de detención ante lo cual carabinero se interpuso vez tras vez. No aceleró el auto. Lo movía para salir. Hasta ahí acción ilegítima del conductor y cumplimento del deber del carabinero.
Dada la falta de velocidad y las características del moviendo del auto, no se puede concluir que el conductor estaba tratando de lesionar al carabinero. Movía el auto en una dirección para salir y el carabinero se interponía.
En este punto cabe preguntarse ¿había otro medio para evitar que conductor eludiera el control, distinto a dispararle a quemarropa? Todo indica que si: disparar al aire como advertencia; disparar al automóvil, especialmente neumáticos, para dificultar que pueda seguir su marcha, llamar refuerzos policiales para reducir al conductor.
El medio usado es manifiestamente desproporcional a la infracción que se cometía según lo que se observa en el caso concreto. De hecho la fiscalía va a imputar al conductor por mal trato de obra al carabinero…… y no por homicidio ni por lesiones frustradas…
En todo caso este es un debate valioso sobre la forma en que los agentes del estado pueden usar la fuerza para repeler ataques ilegítimos en contra de ellos o terceros.
En todo caso, como se puede apreciar en la imagen adjunta, en este caso no se cumplieron los protocolos que Carabineros tiene para el uso de armas de fuego…
Un claro ejemplo de desproporcionalidad se puede apreciar en el siguiente video, que circuló en las redes sociales:
Polémica por pelea de escolares y carabineros
Violento enfrentamiento: Carabinero realiza "llave" para detener a escolar en el Metro de Santiago tras agresión de estudiante ➡ bit.ly/2eVmZu7
Posted by 24horas.cl on Wednesday, September 13, 2017
Aumento de casos de abuso policial
Enseguida, el precipitado e irreflexivo respaldo de Piñera omite una serie de casos de abuso policial, los que que se han incrementado desde que asumió el cargo, el 11 de marzo pasado.
El uso de fuerza desproporcionada en la represión del movimiento estudiantil ha sido corriente en sus movilizaciones desde que asumió Piñera. Los hechos del Instituto Nacional así lo corroboran.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), a través de su Sede regional de La Araucanía presentó una querella por apremios ilegítimos, que habrían sido perpetrados por personal de Carabineros de Chile, en perjuicio de cuatro niños mapuche e la comuna de Ercilla.
La misma unidad interpuso en el Juzgado de Garantía de Collipulli, una denuncia criminal por el delito de amenazas contra la comunidad mapuche Mapulwe de la comuna de Collipulli. Los hechos se remontan al día miércoles 23 de mayo de 2018, cuando alrededor de las 13 horas, un funcionario de Carabineros de la Tenencia de Curaco, concurrió hasta el domicilio de un integrante de la comunidad, a quién le entregó un sobre que contenía un manuscrito con amenazas de muerte en contra de diversos dirigentes, autoridades ancestrales y miembros de la comunidad.
¿Esto también lo va a «apoyar sin ninguna ambigüedad y con total claridad», señor Piñera?
Un poco antes, los propios uniformados anunciaron “indagación administrativa” tras atropello a un estudiante con carro de Fuerzas Especiales.
Esta semana, se informó que en Valparaíso multaron a un hombre en situación de calle que vive con su perro por hacer “camping sin permiso”.
También el ex sacerdote jesuíta, Luis García-Huidobro, grabó una fiscalización ilegal que le hizo Carabineros.
Brutal detención y golpiza
El último caso de abuso públicamente denunciado, ocurrió el lunes pasado, en la comuna de Cerrillos. Bastián Esquivel denunció en Facebook la detención ilegal y brutal golpiza que sufrieron su hermano y un amigo:
«Necesito hacer una denuncia pública: el día de ayer, 11 de Junio de 2018, alrededor de las 15:07 horas en calle Piloto Jacques Lagas con Calle Nueva Uno, comuna de Cerrillos, mi hermano Italo Palacio, junto a Nicolás, uno de sus amigos, iban en camino a casa de uno de sus amigos a almorzar, y fueron sujetos a un control de identidad por parte de personal de Carabineros de Chile. Tras corroborar que no tenían ninguna situación legal pendiente y, en medio de una serie de gratuitos comentarios tipo «vienen a robar, no les creo nada», se les permite seguir caminando para, unos metros más allá, detenerlos nuevamente, con mucha violencia subirlos a la parte posterior de un retén móvil y propinarles una GOLPIZA.
Dos funcionarios policiales varones (con una Carabinera de testigo presencial en el interior del vehículo) les dieron golpes de puño, patadas, golpes en las costillas, a mi hermano lo azotaron contra la mesa del retén móvil, etc. Los dejaron con lesiones de diverso carácter y de inmediato, y de forma totalmente irregular, los trasladaron a la 34° Comisaria de Vista Alegre, en la comuna de Cerrillos, en donde fueron sujetos a más vejámenes y luego a amenazas de cargarlos con un arma blanca (un Cabo 1ero ya identificado saca de entre su chaleco antibalas un cuchillo e insinúa que él puede hacer lo que quiere, porque «él es la ley»).
Con diversos Carabineros de testigo, se les obliga a firmar un documento relativo a un «control de identidad», en donde además se sindicaba que los controlados no fueron sujetos a ningún tipo de revisión física, ni mucho menos golpes.
No contento con esto, el honorable Cabo 1ero de iniciales C.L.L. (el mismo de la golpiza y del cuchillo) les indica que no sacan nada con denunciar, les miente diciéndoles que se encuentran en dependencias de una comisaria de la Población La Victoria, les revisa sus teléfonos en búsqueda de cualquier evidencia de lo ocurrido y los obliga a subir a un radiopatrulla Dodge Charger, para dejarlos en el punto de detención.
El amigo que los esperaba para almorzar, preocupado al ver que los chicos no llegaban pese a que a las 15:06 lo llamaron afirmando que «estaban en la esquina» se mantiene preocupado y alerta y, al lograr comunicarse con mi hermano alrededor de las 15:50, asume que se encuentran con personal policial y comienza a grabar en caso de cualquier cosa. El mismo policía desciende el vehículo y obliga a este amigo a borrar el video.
Durante la tarde con mi familia nos enteramos y personalmente fui a la casa donde se encontraba mi hermano con sus amigos, para llevar a Italo y Nicolás a constatar lesiones y presentar una denuncia. Junto al amigo anfitrión y su familia, más los dos afectados, acudimos directamente a la unidad policial en cuestión a exigir una explicación, acto en el que se logra obtener los nombres y rangos de los Carabineros involucrados.
Posterior a esto los llevamos a constatar lesiones al SAPU más cercano y luego regresamos a la unidad policial a terminar la denuncia, siendo recibidos por un suboficial de iniciales A.L.S. quién, de forma totalmente altanera, insinúa que deberá trasladar a los muchachos a realizar una nueva constatación de lesiones puesto que él duda de la fidelidad de los documentos emanados por el servicio de salud, indicando que podrían estar adulterados.
¿Dos estudiantes universitarios fueron sujetos a TORTURAS en esa unidad, pasaron cerca de dos horas en un servicio de salud y el suboficial de turno, de forma burlesca, insinúa que los documentos además fueron adulterados?
Naturalmente no permitimos que los trasladasen, y exigimos nuestro derecho a realizar la denuncia. El suboficial termina enviando a uno de sus subordinados al centro de salud a realizar la «aclaración» del documento, mientras comienza a tomar declaraciones. Muy molesto por mi presencia me conmina a retirarme, a lo que me niego rotundamente puesto que no pensaba dejar a mi hermano nuevamente sólo con esos cobardes «funcionarios».
Tras una toma de declaración larguísima (no por lo declarado sino por la voluntad policial a tomar esta declaración) terminamos saliendo de la unidad policial pasada la medianoche, en un sector que no conocíamos, y en busca de alguna forma de volver a Recoleta, cosa que logramos pasadas la una de la mañana.
¿Qué ha ocurrido acá? Este es el Chile del 2018, se supone que estas cosas ya no deberían pasar, y siguen ocurriendo en total impunidad.
Estoy harto de ver a integrantes de mi familia, amigos y conocidos sufriendo vejámenes de parte de la policía chilena y este sistema fallido y enfermo. Me ha tocado ver golpizas, excesos, sufrir el rigor de sus flamantes FF.EE. en movilizaciones, ver amigos en prisión por crímenes no cometidos, y ahora esto.
La Policía chilena es un antro de cobardes. Conozco Carabineros reales, personas de trabajo y esfuerzo, con familias, que intentan realizar un aporte a su comunidad, ya sea en la ciudad, en la frontera, en lugares extremos, etc.
He tenido el placer de conocer a grandes hombres y mujeres de mi total respeto que integran estas filas y que en más de una ocasión me han recibido en su casa y me han tratado como a un amigo. Lamentablemente, estas personas son las menos.
Cada día hay más PACOS y menos Carabineros. Pacos cobardes que disfrutan utilizando su mínima cuota de poder en contra de quienes no tienen cómo defenderse. Pacos que sacan provecho del narcotráfico, pacos que se dedican a golpear estudiantes pero que tarde, mal y nunca persiguen a verdaderos delincuentes.
Las últimas tres veces que me visto en la necesidad de llamar a Carabineros ni siquiera han acudido a la situación, pero resulta que tengo que ir hasta Cerrillos porque estos PACOS COBARDES golpearon SIN MOTIVO ALGUNO a mi hermano menor.
Esta institución requiere una intervención absoluta. Dejen de pedir más pacos en las calles, solamente los veo dando vueltas por el Paseo Ahumada acosando a inmigrantes, ni siquiera persiguiendo lanzas. Se roban casi 30 mil millones de pesos, se les «pierde» armamento (¿sabía usted que la UZI, la misma con la que mataron a un paco la semana pasada, es de hecho un arma exclusiva de Carabineros?).
Acá hay varios individuos que merecen estar tras las rejas y no en las calles con la facultad de hacer y deshacer contra civiles indefensos.
YO NO CONFÍO EN CARABINEROS DE CHILE, SON UNA INSTITUCIÓN CORRUPTA Y PELIGROSA QUE NO GARANTIZA MI SEGURIDAD NI LA DE MI FAMILIA.
Como ciudadano que paga sus impuestos, exijo algo más que una explicación. Exijo castigo contra todos los culpables.
Los nombres de los pacos, sus grados, las fotos de las lesiones y toda evidencia no la publico porque son MATERIA DE LA INVESTIGACIÓN.
Llegaremos hasta la última instancia, además de la denuncia se viene querella e informe al Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Si alguien quiere colaborar con esto, bienvenido sea. Ayer le dijeron a mi hermano que podían hacer lo que querían porque ellos «eran la ley». Ya veremos qué dice la ley.
Nos vemos en Tribunales, pacos cobardes. Fuck the police.
Fuente: Facebook
¿Le dice algo esta denuncia, señor Presidente, o mejor mirar para el lado, silbar para el techo y apoyar a todo evento el abuso policial?
