Luego que el ministro (s) de Economía, y subsecretario de pesca, Raúl Súnico, insistiera que el proyecto que busca anular la Ley de Pesca es “inconstitucional”, desde las organizaciones de pescadores artesanales, además de criticar la postura adoptada por el Gobierno, anunciaron que en los próximos días se reunirán para programar una serie de movilizaciones en marzo.
Si bien, el subsecretario de Pesca, Raúl Súnico, señaló que son “críticos de la actual legislación (sobre régimen pesquero) y por eso hemos estado revisando e introduciendo proyectos de ley que la modifican”, también fue categórico al señalar que siguen considerando “inconstitucional” el proyecto que busca anular la Ley de Pesca o Ley Longueira, y esperan que la Comisión de Constitución de la Cámara “así lo ratifique”.
Gino Bavestrello, director del Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero de Chile (Condepp), señaló que el Gobierno busca “desinformar” a la opinión pública poniendo en discusión la eventual inconstitucionalidad del proyecto presentado por la bancada del Partido Comunista y la Izquierda Ciudadana, y recordó al subsecretario Súnico que es el propio Ejecutivo el que busca el mismo objetivo, en este caso con la Ley de Amnistía.
“Solamente decirle al ministro subrogante de Economía y subsecretario de Pesca, don Raúl cínico (sic), que se pronuncie respecto a las diez solicitudes que ha hecho este mismo gobierno pidiendo la nulidad de la Ley de Amnistía”, señaló el dirigente.
En este sentido, Bavestrello emplazó al Gobierno a recurrir al Tribunal Constitucional para que defina la posible inconstitucionalidad del requerimiento hecho por la bancada PC-IC, y aseguró que se reunieron con el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara, quien les habría comunicado que revisarían el fondo de este asunto, y no solamente la admisibilidad del proyecto.
El dirigente de los pescadores artesanales fue enfático al señalar que de mantenerse el Gobierno en la posición de no anular esta ley, sus representados no accederán a establecer mesas de diálogo sobre la materia, y por el contrario harán un llamado a una movilización nacional para marzo próximo.
Sobre esta postura adoptada por los pescadores artesanales, el diputado del PPD Cristián Campos, presidente de la Comisión de Pesca, llamó a los dirigentes a ser capaces de proponer, en el Congreso, “qué tipo de administración quieren y qué quieren para el sector pesquero”, si es que quieren más cuota, o contratos de trabajo para asegurar la previsión social para la pesca artesanal, y los temas de reconversión laboral de aquellos que no tienen posibilidad de seguir el rubro.
“Les vamos a exigir a ello, después que hagan su catarsis e que aquí está todo mal o que todo es poco transparente, que también propongan qué tipo de institucionalidad se requiere en nuestro país para poder garantizar que puedan confluir todos los actores del sector pesquero, porque obviamente cuando uno quiere anular algo, también tiene que tener la capacidad de proponer algo”.
El diputado del PPD, no obstante, calificó de “dubitativa” la posición adoptada por el Ejecutivo en esta materia, al plantearse en contra de la anulación, pero están a favor de hacerle cambios sin establecer un programa concreto para ello, por lo que el parlamentario llamó a que se establezca cuanto antes una mesa de trabajo no sólo con los parlamentarios, sino con los actores sociales de la pesca, “para poder definir los ámbitos y aspectos en los cuales la Ley debe ser modificada”.
“Si eso no ocurre y sólo nos enfocamos sólo a hablar de si es o no constitucional o inconstitucional el proyecto de ley, me parece que se va a perder el tiempo. Lo que tenemos que ponernos de acuerdo es sobre qué queremos modificar, qué queremos hacer, para dónde queremos llegar, a qué sector le queremos dar mayor robustez o le queremos generar un cuerpo legal que les permita tener cotizaciones previsionales, que les permita tener sustentabilidad en el tiempo”.
Por su parte, Gino Bavestrello sostuvo que se restarán de participar de las consultas que llevará a cabo la FAO tendientes a evaluar la Ley de Pesca, proceso ratificado en la cuenta de la Presidenta del pasado 21 de mayo, ya que el organismo internacional no tiene incidencia efectiva en una posible anulación del cuerpo legal, y sólo entrega recomendaciones técnicas.