por Joan Garcés (*).
Los crímenes de las dictaduras son realidad presente en muchas partes del mundo. Y sus consecuencias perduran más que ellas. Por consiguiente, que a los más altos responsables de esos delitos se les pueda exigir responsabilidad por las violaciones a las leyes de mayor envergadura, como son los crímenes de lesa humanidad o de genocidio, es una necesidad de la humanidad como tal.
La primera vez que un tribunal de justicia enjuició por crímenes de lesa humanidad fue en Núremberg, en los años 1945 y 1946, a los más altos dirigentes civiles y militares del III Imperio alemán. Después no se llevó a juicio a ningún otro responsable de ese rango por crímenes contra el derecho internacional.
El paréntesis se cerró el 16 de octubre de 1998 con la detención en Londres al dictador chileno Augusto Pinochet, y la resolución de la Bow Street Magistrate Court del 8 de octubre de 1999 concediendo su extradición a España para su enjuiciamiento bajo los principios de la jurisdicción universal.
Se cumplen 20 años de un precedente que continúa reivindicándose.
¿Por qué?
Porque es de interés colectivo.
En la actual coyuntura están llegando al gobierno de muchos países movimientos y personas que postulan agredir a otros Estados, o ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros graves delitos sobre su propia población.
Por ejemplo, el presidente de Filipinas está consintiendo miles de ejecuciones extrajudiciales.
En Brasil, el 7 de octubre pasado ganó la primera vuelta de las elecciones presidenciales una persona que defiende la tortura y reivindica los crímenes de la dictadura brasilera. El actual presidente de Estados Unidos también defiende públicamente la tortura.
Hay que llamar la atención sobre los crímenes que se están cometiendo, los que se anuncian, y sobre la necesidad de sancionarlos. Son imprescriptibles, hay que denunciarlos y documentarlos mientras se cometen, y enjuiciarlos cuando sea posible en interés de las víctimas y de la Humanidad.
Las dictaduras son normalmente asociadas a delitos contra la vida, la libertad y la integridad de las personas. Pero deben también combatirse los crímenes de naturaleza social, económica y cultural, denunciarse sus efectos inmediatos y a largo plazo. Por ejemplo, los niños subalimentados arrastran sus consecuencias físicas y psíquicas toda su vida adulta.
Las dictaduras de las décadas de 1970 y 1980 en América Latina desmontaron el estado benefactor que regulaba el sistema capitalista, limitaba la concentración absoluta de la riqueza y la redistribuía mediante inversiones públicas en educación, en sanidad, obras sociales, etc.
Desarticularon los instrumentos democráticos de control, producción y distribución, facilitando así mayor explotación de las clases trabajadoras.
Terminada la dictadura, algunos regímenes mantienen la forma “republicana” del estado pero vaciada del contenido social y democrático propio de aquella.
En Chile, por ejemplo, desde 1973 se perpetúa la pérdida del control sobre las fuerzas armadas por parte de las instituciones representativas de la soberanía popular.
El Senado y el Presidente de la República no han recuperado la facultad privativa de nombrar y cesar a coroneles, capitanes de navío, generales y almirantes. Facultades que tuvieron desde que nació la República hasta el golpe de estado de 1973.
En lo económico, el estado sigue privado de los instrumentos que favorezcan la redistribución de la riqueza y las políticas e inversiones sociales.
En lo mediático, la información sigue muy mayoritariamente en manos de los medios de comunicación que auspiciaron el golpe y la impunidad durante la intervención militar, y después de ésta.
Nuevas fuerzas en el Congreso y la sociedad chilena se esfuerzan por combatir legado de la dictadura, y también por preservar los avances en la lucha contra la impunidad desde aquel 16 de octubre de 1998.
Por mi parte, defiendo en dos arbitrajes internacionales el deber de compensar el daño causado por la confiscación, desde 1973, del patrimonio del diario El Clarín, el más importante del país. La democracia no es posible sin libertad y pluralidad informativa.
(*) Licenciado en Derecho, doctor en Ciencias Políticas y autor de varios libros sobre la experiencia política chilena. Fue el asesor más cercano del presidente Salvador Allende hasta el 11 de septiembre de 1973. Desde la fundación española Presidente Allende, fue el abogado que impulsó la detención de Augusto Pinochet en Londres, en 1998, con fines de extradición para ser juzgado por crímenes de genocidio, terrorismo y torturas. Por su incansable trabajo para ponerle fin a la impunidad de los dictadores, en 1999 fue reconocido internacionalmente con el ‘Premio Nobel Alternativo’, distinción otorgada en Suecia por la Fundación Right Livelihood Award. A través de las armas del derecho internacional, en la actualidad sigue trabajando contra las consecuencias de las dictaduras y a favor de los derechos democráticos. Artículo publicado al conmemorarse los 20 años del arresto de Augusto Pinochet.
Fuente: Right Livelihood Award
