Ya Viene la Megaformalización: Las Afanadas Gestiones de los Pentaboys para Evitar la Prisión Preventiva

El miércoles 4 de marzo a las 9.00 serán formalizados los dueños de Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, cinco altos ejecutivos del grupo, el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, y dos fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos (SII). Se trata de la primera audiencia clave del caso Penta, una de las investigaciones más complejas debido a las personas presuntamente involucradas y los ilícitos por los que son investigados: delitos tributarios por pagos de boletas de honorarios y facturas por servicios que nunca se realizaron, lavado de activos, soborno y cohecho. De hecho, el Poder Judicial dispondrá una sala especial para audiencia de formalización. Tendrá doble altura por la cantidad de imputados y abogados que intervendrán en diligencia, y por el interés mediático que genera la causa.

Será la máxima autoridad del Ministerio Público, Sabas Chahuán, junto a los fiscales Pablo Normabuena, Carlos Gajardo y Emiliano Arias, quienes en una sala de doble altura en el Centro de Justicia leerán las imputaciones ante un magistrado del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago. Luego, Chahuán deberá solicitar al juez las medidas cautelares para cada uno de los imputados, pudiéndose decretar la prisión preventiva, el arresto domiciliario o la firma mensual.

Ese es uno de los puntos que, según fuentes cercanas al caso, habría sido tratado últimamente por el abogado de los dueños del holding, Julián López, con el fiscal Carlos Gajardo. Las conversaciones entre ambos habrían comenzado luego de que los dueños de Penta se comprometieran a colaborar con la investigación y declararan el 5 y 6 de enero pasado. A cambio la fiscalía podría no solicitar la prisión preventiva contra Délano y Lavín, requiriendo solo el arresto domiciliario.

En sus declaraciones dieron cuenta de las solicitudes de aportes que realizaron políticos de la Alianza, entre otros antecedentes. También se mencionó la existencia de algunos forwards y contribuyó la decisión de los afectados de pagar a Tesorería todos los impuestos adeudados.

Aunque fuentes cercanas al Ministerio Público sostienen que el avance en las tratativas había perdido fuerza luego de que el fiscal conociera nuevos antecedentes de hechos que podían configurar delitos, aparte de los que habían declarado los dueños del holding, el acuerdo en torno a las medidas cautelares habría sido confirmado a las partes el viernes 20 por el propio Gajardo. Incluso el fiscal había planteado su intención a los representantes del Consejo de Defensa del Estado, también parte en el litigio.

Sin embargo, los cambios al interior del Ministerio Público agregaron una cuota de incertidumbre al acuerdo. Primero, porque el fiscal regional Oriente, Alberto Ayala, que había reasumido el 18 de febrero el control total del caso Penta en una difícil situación, no se mostró proclive y, por la llegada del fiscal nacional, Sabas Chahuán, porque aún no se conocería su posición final al respecto.

En todo caso, fuentes cercanas al proceso, dicen que la decisión de Gajardo de solicitar sólo el arresto domiciliario no se sustentaría exclusivamente en la disposición a colaborar de los imputados Delano y Lavín, sino en el convencimiento, tras toda la investigación, de que se trataría de la medida precautoria que corresponde, tanto por la pena a la cual se exponen (máximo 5 años por el delito de fraude tributario y soborno en su grado menor), como por la inexistencia de riesgo de fuga y los atenuantes de los involucrados.

Fuentes cercanas a los dueños del Holding coinciden en lo anterior. Explican que los delitos imputados, en caso de que haya una condena, no tienen una pena alta, por lo que es posible un juicio abreviado

Añaden que entre las atenuantes se debería tomar en cuenta que repararon el mal causado, devolviendo parte del dinero por concepto de impuestos, multas, intereses y reajustes ($ 1.191 millones entregaron en diciembre pasado y este viernes devolvieron $ 4.900 millones más). A esto, dijeron las mismas fuentes, se suma el hecho de que no existiría el riesgo de peligro de fuga (incluso el propio Gajardo habría sido informado, sin manifestar oposición, de un reciente viaje de Carlos Eugenio Lavín fuera del territorio chileno) y que ambos tienen irreprochable conducta anterior.

ASUME CHAHUÁN

La decisión del fiscal nacional, Sabas Chahuán, de encabezar directamente la investigación de los casos Penta y SQM, dejó a los conocedores de este acuerdo por medidas cautelares en compás de espera. Como es sabido, Chahuán anunció por medio de una conferencia de prensa que se haría cargo de la totalidad de la causa, con un equipo de apoyo de tres fiscales: Carlos Gajardo, Pablo Norambuena y Emiliano Arias.

“La trascendencia de los hechos investigados, la investidura de las personas presuntamente involucradas, hacen necesario dar un paso más allá para garantizar la persecución penal con absoluta independencia y autonomía. He resuelto asumir la dirección de la investigación”, dijo Chahuán el martes. Según las mismas fuentes, en una reunión de coordinación del nuevo equipo realizada el jueves en la Fiscalía Nacional, Chahuán habría señalado que evaluaría si pediría o no la prisión preventiva.

Para mañana esta previsto que la defensa de los controladores del grupo se reúna con el jefe del Ministerio Público.

EL FACTOR DE LAS ATENUANTES

Después de casi ocho meses de investigación, el Ministerio Público – con el fiscal nacional Sabas Chahuán a la cabeza- formalizará este miércoles a diez imputados en el marco del denominado caso Penta.

Ocho de ellos enfrentarán cargos por delito tributario: Carlos Alberto Délano, Carlos Eugenio Lavín, Marcos Castro, Iván Álvarez, Hugo Bravo, Manuel Tocornal, Samuel Irarrázabal y Carlos Bombal. Este ilícito está descrito en el artículo 97, número 4 del Código Tributario, y sanciona a quienes realicen declaraciones maliciosamente incompletas o falsas que puedan inducir a la liquidación de un impuesto inferior al que corresponde.

En caso de una condena se establecen penas que van desde los 541 días a los cinco años, sin embargo, la presidenta del Colegio de Abogados, Olga Feliú, sostuvo, que considerando la “irreprochable conducta anterior, los imputados podrían reducir la pena debido a esta atenuante. Estimo muy discutible que pueda aplicarse la reiteración”.

En tanto, fuentes ligadas al caso coinciden con Feliú, pues esgrimen que hay otras dos claras atenuantes: la colaboración con la investigación y la devolución del dinero defraudado, lo que podría reducir aún más las penas y cumplirlas en libertad. Feliú agregó que las figuras de cohecho y lavado de activos -en el caso de Pablo Wagner- son “complejas” de penar. En cuanto al lavado afirma: “Es una extensión totalmente discutible, porque este ilícito tiene su origen en el tráfico o venta de armas, pero es al menos cuestionable de parte del legislador, que se extienda a la declaración de impuestos”.

Fuente: La Tercera

Audiencia de formalización

Este miércoles 4 de marzo a las 09:00 horas está previsto que sean formalizados los dueños de Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, además de altos ejecutivos y ex personeros ligados al grupo: Hugo Bravo, Pablo Wagner, Carlos Bombal, Manuel Antonio Tocornal, Marcos Castro, Samuel Irarrázaval, Iván Alvarez, Juan Martínez.

Se espera que en dicha oportunidad el fiscal nacional Sabas Chahuán, junto a los fiscales Pablo Normabuena, Carlos Gajardo y Emiliano Arias, lean las imputaciones ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago.

El abogado querellante en representación del Partido Socialista, Enrique Aldunate, explicó que «lo que se concrete el día miércoles tiene mucha relevancia para lo que es la investigación».

«Se pueden exponer de forma íntegra todos los hechos sobre los cuales se sustenta la imputación del Ministerio Público, de manera que existe una claridad absoluta de cuáles son los hechos que han sido materia de investigación y cuáles son los eventuales delitos que están relacionados con esa imputación», detalló.

Además aseguró que «los intervinientes harán planteamientos respecto a medidas cautelares que en el caso particular nuestro son algo que está en un proceso de análisis y estudio para ver que es lo que se solicita en esos días».

Este lunes 2 de marzo en tanto, esta previsto que la defensa de los controladores del grupo Penta se reúna con el jefe del Ministerio Público, Sabas Chahuán, con miras a seguir definiendo el futuro del caso.

La defensa de los formalizados

En total son siete los defensores que representarán a los 10 imputados. Los juristas que representarán más de una persona son Julián López, en el caso de Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano; y Jorge Bofil, a Carlos Bombal, Manuel Antonio Tocornal y Samuel Irarrázaval.

Calos Cortés, a cargo de la defensa del ex fiscalizador de Impuestos Internos, Iván Álvarez, sostuvo que «estamos muy tranquilos, nosotros sabemos es libertad del Ministerio Público notificar en las audiencias de formalización lo que quiera, pero el mérito de lo mismo cabe en el tribunal y nosotros entendemos que el tribunal conociendo los antecedentes va a tomar las resoluciones que correspondan».

«La posición que tomamos como defensa es que después de conocidos los hechos vamos a ver si los hechos que se están comunicando son constitutivo de delitos en primer término y segundo, si es que mi representado ha tenido participación en esos hechos», concluyó.

Poder Judicial dispone sala especial para audiencia de formalización de caso Penta

Solo los imputados en el caso Penta son 10. Cada uno llegará a la audiencia de formalización, que se realizará el próximo miércoles, acompañado de sus abogados defensores, quienes suelen trabajar en duplas. Por el Ministerio Público, además del fiscal nacional, Sabas Chahuán, estarán también los otros tres investigadores con quienes trabaja en la causa. A ellos se suman los representantes del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y los del Servicio de Impuestos Internos (SII) -al menos, otros cuatro abogados-, más el querellante del PS, Enrique Aldunate.

En total, cerca de 40 personas.

La cantidad de intervinientes era un tema y luego también el interés público que genera la investigación que involucra a los dueños del holding , porque hacía previsible un gran número de medios de comunicación en la audiencia.

Esas fueron las razones esenciales para que el Poder Judicial resolviera adoptar algunas medidas. Lo primero se resolvió con que la diligencia se realizara en una sala de doble altura, porque las salas del 8° Juzgado de Garantía de Santiago, diseñadas para formalizaciones estándar, no tenían capacidad para una megaformulación de cargos como esta.

En el primer piso estarán solo los imputados e intervinientes y en el segundo, la prensa y público general. Sin embargo, todos los imputados, así como quienes asistan a la diligencia, deberán cruzar caminando la explanada para llegar a la sala, que se encuentra al fondo del complejo de edificios que alberga a los tribunales de garantía y orales en lo penal.

Se decidió abrir además las puertas del Centro de Justicia a las 7:30 horas, y la sala misma a las 8:00 horas, aunque la audiencia está programada para las nueve de la mañana.

Hasta este viernes, en tanto, aún no se conocía el nombre del juez que dirigiría la formalización, pero para su elección el tribunal, en este caso el 8° Juzgado de Garantía de Santiago, revisa cuál es la carga de trabajo de su equipo de jueces -el número de audiencias que se le ha asignado a cada uno y la complejidad de las mismas- para que haya cierta proporcionalidad en ella. Si los magistrados estuvieran más o menos con la misma carga y nadie se ofreciera a tomar la audiencia, la designación se sortea.

Entre los jueces de este tribunal, se encuentra en comisión de servicio la magistrada Ely Rothfeld, por lo que es poco probable que le toque asumir la audiencia. En una situación similar estaría el juez (suplente) Marcelo Rojas, puesto que está dirigiendo la preparación de juicio oral del caso Fraude al FUT.

Juan Manuel Escobar, en tanto, encabezó la audiencia donde se rechazó la petición de la defensa de los controladores de Penta, quien mediante una cautela de garantía pedía a la justicia poder acceder a los antecedentes de esta indagatoria que entonces se encontraba en reserva.

Los otros jueces en la nómina son Ema Tapia, Sergio Córdova, Daniel Aravena, Alicia Rosende, Fernando Valderrama y Juan Carlos Valdés.

Debido al número de imputados, la audiencia podría llegar a extenderse por dos días.

Los 10 imputados

Carlos Alberto Délano, Dueño de Penta, Delito tributario (art.97, N° 4, inc. 1°) y soborno.

Carlos Eugenio Lavín, Dueño de Penta, Delito tributario (art.97, N° 4, inc. 1°) y soborno.

Manuel Antonio Tocornal, Gerente general de Penta S.A., Delito tributario (art.97, N° 4, inc. 1°).

Carlos Bombal, Asesor de Penta, Delito tributario (art.97, N° 4, inc. final).

Samuel Irarrázaval L., Representante legal Los Estancieros, Delito tributario (art.97, N° 4, inc. final).

Hugo Bravo. Ex directivo de Penta, Delitos tributarios (art.97, N° 4, inc. 1° y 3°), soborno (art. 250 del Código Penal) y lavado de dinero.

Marcos Castro, Ex contador Penta. Delitos tributarios (art. 97, N° 4, inciso 1°), soborno (art. 250) y lavado de dinero.

Pablo Wagner, Ex subsecretario de Minería, Cohecho, delitos tributarios (artículo 97, N° 4 incisos 1°, 3° y final) y lavado de dinero.

Iván Álvarez, Ex funcionario SII, Delitos tributarios (art. 97, N° 4, inciso 3°), delito de cohecho (art. 248 bis) y lavado de dinero.

Juan Martínez, Funcionario SII, Cohecho (art. 248 bis).

PS llamó a tomarse el caso Penta «en serio» y dejar las «niñerías»

El presidente del Partido Socialista (PS), Osvaldo Andrade, pidió no detener el proceso de transformaciones sociales propuestas por la administración de Michelle Bachelet a raíz de escándalos como el caso Penta, donde junto con descartar la posibilidad de acuerdos políticos, llamó a actuar con seriedad.

«Hemos emplazado directamente a la política a tomarse en serio la situación que se atraviesa, y pasar de la crítica destemplada y el sobre análisis a la acción concreta, ese que subrayamos con la mayor convicción que no existe posibilidad de eludir la justicia con un acuerdo político», dijo el parlamentario.

El líder del PS asumió que «hay quienes han dejado entrever maliciosamente esa posibilidad», y reiteró que «no es posible incluir el proceso judicial en un acuerdo político».

Osvaldo Andrade dijo que su colectividad mantiene la postura que en el caso se «debe llegar hasta la última consecuencia, caiga quien caiga», aprovechando la oportunidad de «represtigiar el sistema y estar a la altura de la ciudadanía».

«Es tan importante que el mundo político se lo tome en serio y deje de lado las niñerías. Debemos ir al corazón del problema y no quedarnos en la anécdota», añadió.

Sobre los procesos de cambios y reformas que están incluidos en la carta de navegación del actual gobierno, el ex ministro dijo que la indagación y sanción de estos casos no puede tener como costo «renunciar al carácter transformador de este gobierno» y actuar correctamente «no se trata de un problema legislativo solamente, es un problema de conducta».

«Hago un directo emplazamiento a los partidos políticos y los empresarios que se coludieron en las irregularidades e ilegalidades a que revisen el entorno que no tiene que ver con la ley, sino con la ética», concluyó el dirigente.