Hay que reconocer cuando las cosas están mal. Ese fue el criterio que definió la defensa de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, liderada por Davor Harasic y Julián López, para enfrentar los maratónicos interrogatorios a que se sometieron el lunes y martes los controladores del grupo Penta, de acuerdo a fuentes altamente confiables que conocen del tema.
«La Segunda» reconstruyó parte de la estrategia, poco antes de que la fiscalía solicitara a tribunales hora para formalizar a ambos emrpesarios por delitos tributarios y soborno junto al ex subsecretario Pablo Wagner; el ex gerente Hugo Bravo; el gerente general de Penta, Manuel Antonio Tocornal y el ex fiscalizador del SII Iván Alvarez, entre otros.
Los lineamientos de la defensa de los empresarios abrirá a su vez nuevas etapas en esta historia:
Se iniciará la posibilidad de negociar un juicio abreviado, lo que es de alto interés para Délano y Lavín para salir pronto de la polémica pública; provocará efectos políticos por el reconocimiento que hacen de las situaciones irregulares y dará paso a interrogatorios a dirigentes políticos por parte del Ministerio Público a partir de la próxima semana.
1 Los aportes políticos
De acuerdo a las fuentes consultas, en sus declaraciones ambos empresarios reconocieron que realizaron donativos con carácter político. O por lo menos que autorizaron esos pagos dado que los mecanismos irregulares que se utilizaron, como boletas y facturas ideológicamene falsas, eran establecidos por Hugo Bravo, que era el hombre de confianza para estos asuntos.
Pero asumieron la responsabilidad porque, se asegura, ellos sencillamente no podían escudarse en un desconocimiento de las formalidades operativas de los aportes para buscar una expiación. En esta línea, explicaron paso a paso las situaciones de los políticos «beneficiados» con los aportes.
En este caso están Jovino Novoa, Laurence Golborne, Pablo Zalaquett, Ena von Baer, Iván Moreira, Felipe Kast, Andrés Velasco y Alberto Undurraga, actual ministro de Obras Públicas.
Sobre Moreira explicaron que nunca hubo relación con ellos y el senador dado que este tenía contacto directo con Bravo, lo que explicaría la seguidilla de correos electrónicos entre ambos donde Moreira pide «el raspado de la olla» o Bravo le señala: «Felicitaciones, no desteñiste como otros, se lo enrostré al Choclo».
Asimismo hicieron una salvedad respecto de Andrés Velasco y Alberto Undurraga.
En el caso del líder de Fuerza Pública ambos empresarios reconocen que se reunieron a pedido del gerente general corporativo del Grupo Penta, Manuel Antonio Tocornal, antiguo compañero de colegio.
En el almuerzo -realizado en el piso 16 del edificio corporativo- Velasco les habría planteado sus ideas y a la salida, Tocornal consultó cuánto le darían cómo aporte. Ellos habrían indicado la cifra de $20 millones y el camino del pago sería Hugo Bravo, asumiendo que esto sería un aporte político.
Además de ese dinero se aceptó pagar $4,5 millones a Jorge Olave, un consultor que prestó servicios a la asociación Tierra Firme, de la cual fue parte del directorio Velasco.
Hugo Bravo dio más detalles:
«La factura 63 de la Sociedad Cactus Consultores SPA por 20 millones de pesos, de fecha 2 de julio de 2013, corresponde a un aporte a la campaña presidencia de Andrés Velasco. Lo mismo sucede con la boleta 190 de Jorge Arturo Olave Marilef, de fecha 3 de enero de 2013. Al dorso anoté con mi letra MAT-AV, que corresponde a Manuel Antonio Tocornal y Andrés Velasco».
En la declaración que prestó ayer Manuel Antonio Tocornal, según se indicó, habría hecho un matiz al señalar que poder intercambiar ideas y conocimiento con un destacado profesional como Velasco era un input valioso para la empresa y que por esto, no era raro que hubiese sido remunerado.
En el caso del Alberto Undurraga, reconocen que tras su derrota en la senatorial -y por intermedio de Mario Livingstone- se les propuso que para ayudar a pagar las deudas de campaña le compraran un estudio de la Fundación Ciudad Justa, sobre la concentración de industrias en los distintos barrios y regiones del país). Estudio que, dijeron, no encargaron sino que utilizaron como medio para ayudar al hoy ministro.
El único caso de ayuda que Délano y Lavín no reconocen, y es donde difieren de las declaraciones de Bravo, es lo supuestamente recibido por el ex candidato presidencial y ex senador Pablo Longueira.
Bravo dijo otra cosa al fiscal: «Para la campaña de primarias de Pablo Longueira, Lavín y Délano lo financiaron con cerca de 100 millones(…). Me pidieron que se lo entregara a Longueira en efectivo».
Un dato que sí es real, y que está incluso informado a la Unidad de Análisis Financiero, es que Bravo sacó dos partidas de $50 millones en efectivo. Pero el destino de estos dineros aún no está clarificado.
2 Lo que pasó con Wagner
Imputados por soborno, Délano y Lavín explicaron que tras partir Wagner a la subsecretaría de Minería se dio cuenta que el dinero no le alcanzaba y argumentó que su anterior empleador, Banmédica, le debía $179 millones porque el suyo había sido un contrato a plazo fijo.
Como Délano y Lavín le tenían una aprecio especial decidieron ayudarlo: Banmédica gestionó un finiquito de 95 millones. Y para la diferencia se buscó que la Universidad del Desarrollo lo volviera a contratar. Sin embargo, estas gestión no resultó y al final lo mandaron con Bravo quien en lugar de darle un cheque por el total, le pagó en forma mensual en contra presentación de las boletas de la cuñada de Wagner.
Lo que rechazaron los Carlos fue que hubiese sido por alguna gestión para aprobar el proyecto Dominga. El argumento es que la declaración de impacto ambiental recibió dos observaciones que emanaron de dos servicios que dependían de la subsecretaría de Minería que maneja.
3 Las boletas de sus señoras y de los ejecutivos
Uno de los temas que preocupaba a Délano y Lavín era liberar del caso a sus respectivas familias. Por eso también asumieron la responsabilidad de las boletas que se emitieron a nombre de sus esposas y de aquellas ingresadas para justificar pagos de bonos a sus ejecutivos, a nombre de sociedades que prestaban servicios a Penta. De hecho, tras un catastro de todos estos documentos se calculó el impuesto que se debía y se pagó el total a la Tesorería General de la República.
4 La tranquilidad: No afectaría a las empresas del grupo
De acuerdo a las fuentes consultadas, en la estrategia legal diseñada por los controladores de Penta hay un factor que ya los tiene más tranquilos.
Un alto ejecutivo de la compañía enfatiza que ya habría quedado claro para la fiscalía que algunas acusaciones de Hugo Bravo que ponían un manto de dudas sobre transacciones entre la Corredora Penta y otras sociedades del grupo no tendrían asidero.
En su momento la propia corredora explicó que «todos los contratos de asesoría financiera entre la Corredora y empresas del Grupo Penta o con terceros y, en especial, los contratos denunciados (por Impuestos Internos), están amparados por operaciones comerciales y financieras absolutamente reales y las remuneraciones asociadas corresponden estrictamente a valores de mercado».
Otro asesor de la firma enfatiza que en la investigación se le entregaron en detalle al ministerio público los trabajos, cerrándose -según esta versión- esta arista de la investigación sin mayores problemas. La información no pudo ser confirmada en la fiscalía, pero los antecedentes de la formalización de hecho no incluirían ninguna referencia a estas situaciones.
Un punto aún en la incógnita es la condena que recibirán ambos empresarios.
Porque si bien podrían terminar con pena remitida, al aplicar atenuantes, podrían quedar inhabilitados para pertenecer a los directorios de sus empresas sólo por ser condenados por delitos que merecen pena aflictiva.
Su presencia en grupo Penta en riesgo: Délano y Lavín, ¿dejarían sus empresas?
Hace unos 9 años, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano decidieron hacerse conocidos y que sus disgregadas sociedades Penta se convirtieran en el grupo «Empresas Penta». Para ello, reclutaron a profesionales de alto nivel, encabezados por Manuel Antonio Tocornal, gerente de AFP Cuprum, debido a sus contactos, prestigio y desempeño. Se hizo de esta manera porque los hijos de ambos Carlos estaban muy jóvenes para asumir funciones de envergadura y porque requerirían de mayor capacidad profesional y experiencia para asumirlas.
Se estima que la fortuna personal de los Carlos asciende a unos US$700 millones cada uno y que Penta administra activos por más de US$20 mil millones en total.
Sin embargo, dada la irrupción del caso Penta esta estrategia cambió. Hoy los dueños de Penta pensarían en marginarse del mundo de los negocios, cambiar a los gerentes y nombrar nuevos directores, como el economista José Ramón Valente.
Para los Penta esto significa perder el esfuerzo y la experiencia del grupo de profesionales que habían formado, lo que el grupo resiente.
Además significaría el retiro de Délano y Lavín de la primera línea de sus negocios, para dejar a su hombre de confianza Alfredo Moreno como rostro del grupo, quien cuenta con toda su confianza y está limpio del escándalo judicial. También significa menos presencia en los medios y la vida social.
Délano se dedicaría a uno de los negocios más pequeños, Casas Délano, fundada por su padre. Lavín lo haría con una viña orgánica familiar.
La misión de Moreno sería entonces ordenar la casa, ser el hombre fuerte amparado en su estado prístino frente al escándalo.
Y la justicia acompañaría esa decisión de los Carlos.
En la discusión jurídica, hay dos leyes que han quedado al margen, pero que tiene repercusiones directas sobre sus negocios. La Ley de Sociedades Anónimas y la Ley General de Bancos explicitan requisitos que, en caso de que los empresarios acusados recibieran condenas, los obligarían a abandonarlos.
La fiscalía pediría la formalización de los hombres fuertes de Penta por delito tributario y soborno. Estos delitos podrían conllevar «penas aflictivas»; es decir, de más de tres años y un día de cárcel, e inhabilidad de ejercer cargos públicos, más allá de que puedan o no ser cumplidas en prisión.
Solo el delito tributario, vinculado a la elaboración de boletas «ideológicamente falsas» y con el que el persecutor tendría mayor probabilidad de avanzar, posee penas que van desde los 541 días hasta los cinco años.
«Si los condenan a pena aflictiva, quedan impedidos de ser directores o accionistas controladores del banco a título personal; es decir, no pueden ni siquiera figurar como controladores», explica el abogado Alfredo Ugarte, de Ugarte & Hernández.
«El delito tributario es durísimo en sanciones. Y la fiscalía normalmente no acusa por un solo delito, sino que por varios, lo que podría acumular penas que complicarían aún más a los condenados en su posición de directores o accionistas controladores», coincide Diego Messen, de Moraga & Cía.
De Carlos Eugenio Lavín : ¿Y el mail a Silva?
Una alta fuente consultada afirma que Carlos Eugenio Lavín explicó en profundidad el correo electrónico que le envió el 10 de enero de 2013 a Ernesto Silva, cuando él, como diputado, participaba en la discusión de la Ley de Isapres.
Lavín estaba preocupado porque si fructificaba la idea de la DC de establecer que el IPC de la salud fuera una señal de precios obligatoria para las Isapres, sería revivir la idea de fijación de precios. Por ello, habría explicado a la fiscalía, le consultó al diputado por el tema, porque con él existe una afinidad ideológica y una mirada común en materia de políticas públicas, cerrando la puerta a otra interpretación. Ese era el contexto que explicaría, a su juicio, ese último párrafo:
«Para eso te estaba llamando y de acuerdo a eso ver si se nos ocurre algo».
Fuente: La Segunda
Abogado Penta: Délano y Lavín admiten que han cometido errores
Julián López, el abogado que representa a Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, para quienes la Fiscalía pidió la formalización por delitos tributarios y soborno en el caso Penta, aseguró que sus representados «asumen que han cometido errores».
En una conferencia, el jurista indicó que han estado permanentemente colaborando con la Fiscalía y explicó que «no presentaron declaraciones inicialmente mientras la investigación se mantuvo bajo reserva, porque el derecho a conocer los antecedentes de la investigación es un derecho fundamental de toda persona».
Sobre el anuncio los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena quienes pidieron audiencia al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago para formalizar a toda la plana mayor del grupo Penta, partiendo por sus controladores Délano y Lavín, aseguró que «es un paso que estábamos esperando y que no ha sido ninguna sorpresa».
Además especificó que por presuntos delitos de lavado de activos la «Fiscalía no tiene cargos que demostrar contra mis representados». Y enfatizó que «ni Carlos Alberto Délano ni Carlos Eugenio Lavín se encuentran vinculados al caso fraude al FUT».
Sin embargo, sostuvo que sus representados «han detectado que existen errores e irregularidades dentro del manejo contable de algunas sociedades de inversión que constituyen a nuestro juicio infracciones a las leyes tributarias y a la ley de financiamiento electoral».
«La controversia está en que nosotros creemos que esos hechos constituyen infracciones a las leyes tributarias y a la ley de financiamiento electoral pero no delitos penales y esa diferencia con la Fiscalía la discutiremos en tribunales», argumentó.
En ese sentido, aclaró que aunque Délano ni Lavín tienen relación directas con aquellos errores, aún así están dispuestos a asumir.
Así mismó, puntualizó que «mis representados admiten que han cometido errores el principal de los cuales es no haber implementado medidas de control que evitaran que en algunas de las sociedades ocurrieran estas malas prácticas que nunca debieron existir».
En cuanto al financiamientos de campañas, enfatizó en que «la razón de los aportes a campañas políticas es la de contribuir al financiamiento de una actividad de interés público».
«Las decisiones de apoyar a determinados candidatos en las elecciones, ha sido una decisión que ellos han tomado conscientemente, pero las irregularidades en las que se ha incurrido tienen que ver con la forma en que se materializaron esos aportes y esa es una responsabilidad que estaba radicada en la gerencia que tenía la administración financiera y contable de la sociedad», agregó.
Al mismo tiempo, destacó que el fiscal Gajardo anunció que «van a venir nuevos formalizados».
