Jeannette Jara Román (*)
La organización internación del trabajo (OIT), define la seguridad social como la protección que la sociedad debe proporcionar a los individuos y hogares para asegurar la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular, cuando enfrente la vejez, el desempleo, una enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia.
En estos términos, entiende que la seguridad social es un derecho humano, consagrado como tal en distintos pactos internacionales, que busca proveer de garantías ante determinados hechos que afectan la vida de las personas dentro de la sociedad.
Pero la seguridad social no ha surgido espontáneamente, sino que ha sido fruto, tanto en Chile como en el mundo, de un largo tránsito conjunto de luchas sindicales y gremiales, encontrándonos en esta etapa histórica en la necesidad imperiosa de fortalecerla, frente a un modelo económico y productivo de desarrollo que se asienta en el individualismo, el lucro y que incorpora nuevas lógicas en el mundo del trabajo.
A su vez, el sistema previsional es el conjunto de políticas públicas que lleva adelante el Estado para proveer garantías y derechos, los que se reflejan en recursos financieros, programas, reglamentaciones, entre otras medidas, que apoyan al trabajador cuando no puede por medio del trabajo asalariado, enfrentar por sí mismo diferentes contingencias que lo afectan.
Por eso, se dice que en Chile, el sistema previsional está compuesto por las áreas de seguridad y salud en el trabajo, el sistema de salud, el sistema de pensiones y régimen de cesantía.
Una de las preocupaciones fundamentales de hoy, es cómo se enfrenta la vejez y aquí ingresa al debate el sistema de pensiones propiamente tal. Para entender cómo se organiza el sistema de pensiones chileno, debe tenerse a la vista lo que hoy existe: Pilar Contributivo, Pilar Voluntario y Pilar Solidario.
En relación al pilar contributivo, en nuestro país existió hasta 1980 un modelo de pensiones de Reparto, esto es, que las cotizaciones previsionales van a un fondo común o solidario que se usa para pagar pensiones de beneficio definido (lo que significa que la pensión es equivalente a un % previamente definido del último sueldo) a quienes ya están jubilados.
En este sistema, los trabajadores activos financian a través de una transferencia intergeneracional la pensión de los jubilados. A su vez, cuando los primeros se jubilan, su pensión es financiada por quienes en esa época se encuentran trabajando y cotizando.
El año 1980, la dictadura cívico-militar cambió sustantivamente el régimen previsional para la población civil (mantuvo reparto en las FFAA), traspasándola a un sistema de capitalización individual, consistente en la cotización obligatoria del 10% de cargo del trabajador, administrado por instituciones privadas con fines de lucro conocidas como AFP, y que entrega sus beneficios ya no de forma definida, sino que en base a lo que individualmente cada persona pudo cotizar en su vida laboral, considerando las rentabilidades positivas y negativas a las cuales estuvieron expuestos sus fondos.
En el 2002, Chile incorporó un pilar voluntario al sistema de pensiones, que se basa principalmente en que aquellos que tienen capacidad de ahorro de largo plazo y más altas rentas, podrán ahorrar voluntariamente a través de un APV (ahorro previsional voluntario, individual o colectivo), una suma de dinero que finalmente pasará a formar parte de la suma total de fondos sobre la cual se calcule su pensión.
Este es un ahorro de largo plazo, ya que el principal incentivo que tiene es de carácter tributario, y consiste en que el monto destinado a APV constituye una rebaja al sueldo sobre el cual se va a calcular el impuesto único de segunda categoría que el trabajador debe pagar todos los meses.
Sin embargo, si los fondos son retirados antes, la rebaja debe ser devuelta al fisco. Ademas, lo anterior presupone que el trabajador debe estar afecto al impuesto único de segunda categoría, y hoy día se encuentran en esta situación quienes ganen un sueldo mensual superior a los $670 mil, por lo que desde ya no genera rebaja impositiva para mas del 60% de los trabajadores.
Por otro lado, el Pilar Solidario se creó en el año 2008 a través de la denominada Reforma Previsional, en consideración a que a esa fecha y en proyección, un número creciente de personas quedaban excluidas del sistema previsional no te la población, tener 65 años cumplidos ya sea hombre o mujer y cumplir requisitos de residencia en el país.
Su financiamiento es vía impuestos, lo administra el Instituto de Previsión Social y el monto de los beneficios que entrega está definido por ley.
En el caso de quien no tiene derecho a pensión, se le entrega de una pensión básica solidaria que equivale a $110 mil, y en el caso de los que tienen una pensión inferior a $325 mil se les suma un aporte mensual que entrega el Estado a objeto de incrementar su pensión que proviene del pilar contributivo.
El debate actual
Los resultados de pilar contributivo administrado por las AFP, son dramáticos. Los pensionados obtienen en promedio una tasa de reemplazo, que explica el % que representa la pensión respecto del último salario, equivalente al 20%.Y los datos que se entregan para los pensionados de los próximos años, son aun más difíciles para realidad de los adultos mayores.
De hecho, las mujeres que se pensionaron en el sistema de AFP del mes de junio de 2019, obtuvieron en la mitad de los casos una pensión inferior a $24.600; y en el caso de los hombres, la mitad obtuvo una pensión inferior a $136.435.
A la par de las bajísimas pensiones que el sistema paga, año tras año, quedan expuestos datos concretos de cómo la industria de las pensiones va creciendo, tanto en utilidades que quedan en manos de las AFP, como en incidencia en el mercado financiero.
Por eso, hoy nos enfrentamos a un dilema que tendrá consecuencias en el modelo de país que estamos construyendo, ya que el debate acerca de la seguridad social y el sistema de pensiones tiene consecuencias tanto para los actuales jubilados como para las generaciones de las siguientes décadas.
Estamos frente a entidades poderosas, las AFP, que administran fondos de pensiones provenientes del sueldo de los trabajadores del orden del 75% del Producto Interno Bruto.
A ello se suma un debate de pensiones instalado en el Parlamento por el gobierno de la derecha, que profundiza precisamente la lógica de seguro privado, ya que sigue bajo el modelo de capitalización individual, lo que sumado a bajos salarios, lagunas previsionales e informalidad laboral, sigue fortaleciendo la industria privada de las pensiones sin dar soluciones a esta compleja realidad.
A modo de ejemplo, el actual proyecto no aborda la necesidad de mejorar las pensiones de los actuales jubilados, sino que piensa en mejorarlas a 40 años plazo.
A esta realidad se le debe enfrentar tal cual ha sido el tránsito histórico de la seguridad social, con organización social y sindical, orientada a derribar el lucro en pensiones, incorporando criterios de solidaridad y reparto que permitan tanto mejorar las pensiones, como construir un verdadero sistema de seguridad social.
(*) Ex Subsecretaria de Previsión Social; académica U Academia Humanismo Cristiano; Equipo de políticas públicas de ICAL
Fuente: Revista Laboral ICAL, Agosto 19
