por Nicolás Balinotti.
Con la adhesión del transporte público de pasajeros y de una amplia mayoría de sectores sindicales que hasta ahora habían reaccionado de manera dispersa, la CGT realizó el tercer paro general desde que Mauricio Macri se convirtió en presidente.
La huelga, que se extenderá por 24 horas desde la medianoche, fue convocada para exigir cambios en el rumbo económico y en rechazo de aquello que los gremios definen como un «brutal ajuste» impuesto por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La protesta, que cuenta hasta con cierto aval de la Iglesia, también apunta a forzar al Gobierno a revisar su plan de recortes en la administración pública y refrendar una suerte de pacto antidespidos hasta fin de año en el sector privado, una alternativa que ya fue desechada desde la Casa Rosada tras el fallido antecedente de 2016.
La medida de fuerza es sin movilización, aunque los gremios trotskistas bloqueará los accesos a las grandes urbes, sobre todo a la ciudad de Buenos Aires. La izquierda buscará capitalizar la huelga de la CGT para visibilizar su descontento, como lo hizo el 18 de diciembre del año pasado al encabezar, los incidentes en los alrededores del Congreso mientras se debatía la reforma previsional.
Además, los gremios presionan para romper la limitación que busca imponer el Ministerio de Trabajo para que las paritarias cierren en torno del 20 por ciento, mientras que las proyecciones privadas indican que la inflación oscilaría entre el 27 y el 30%.
El reciente acuerdo salarial que cerró en el 25% el gremio de los camioneros, que lidera Hugo Moyano , levantó una ola de pedidos sindicales para reabrir sus negociaciones en tren de una recomposición que evite una mayor pérdida del salario real tras la devaluación. Transitan ese camino desde gremios cercanos al oficialismo, como el de Comercio, hasta los más díscolos, como el de los bancarios.
La tensión además está latente por el curso que adquiera en el Senado el proyecto oficial de reforma laboral, cuyo punto más resistido por los sindicatos es la modificación del cálculo de las indemnizaciones. En su iniciativa, el Gobierno pretende excluir de ese cálculo indemnizatorio «el sueldo anual complementario, los premios y/o bonificaciones, y toda compensación y/o reconocimiento de gastos que el empleador efectúe hacia el trabajador».
Antes del paro, cuando se activó una negociación contra reloj, el Gobierno dio garantías de que descartaría ese punto a cambio de bajar la protesta y lograr el apoyo sindical a las iniciativas de blanqueo laboral y un nuevo régimen de pasantías. Ambos ítems están aún en debate.
El día después
A través de diferentes interlocutores, el Gobierno y un sector de la CGT ya avanzan en la reconstrucción del vínculo tras el paro. El ministro de Trabajo, Jorge Triaca , anticipó que convocará a gremialistas y empresarios para reactivar las mesas sectoriales, un atajo que fue útil para reducir costos laborales y modificar convenios colectivos, como sucedió con los gremios petroleros y el de los lecheros de Atilra.
El llamado de Triaca, sin embargo, sabe a poco para algunos dirigentes. «Lo que esperamos es un cambio del rumbo económico, que se revise la política de importaciones y que se atenúen las cesantías. Pero lo que vemos es una ratificación del mismo camino. Es una manera de respondernos», dijo Juan Carlos Schmid, uno de los integrantes del triunvirato de mando de la CGT.
En los gremios se preguntan ahora si el camino podría volverse más sinuoso. Schmid y otros dirigentes creen que el paro de hoy podría ser el punto de partida de una escalada de protestas.
Pablo Moyano se encargó de agitar el estigma sindical que pesa sobre los gobiernos no peronistas después de las experiencias de Raúl Alfonsín (la CGT le hizo 13 huelgas, una cada cinco meses) y Fernando de la Rúa (nueve paros en dos años de gestión).
«Espero que haya una continuidad, que no se agote el lunes a la noche», dijo el referente camionero.
Otro numeroso bastión sindical, como el de «los Gordos» (grandes gremios de servicios) y el de los autodenominados «independientes», sin embargo, se muestra más proclive al diálogo y a reabrir una negociación con el Gobierno. «Nos vamos a sentar a conversar de otra manera, nos tendrán que escuchar sí o sí», sugirió un dirigente con buena llegada al oficialismo.
Al tanto de las diferencias internas y de la proximidad del recambio de autoridades en la CGT, que está previsto para el 22 de agosto próximo, el Gobierno reforzó la última semana su estrategia para agrietar el tablero y aislar a los más combativos.
Triaca abrió conversaciones paralelas con «los Gordos» e «independientes», mientras que el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich , hizo lo propio con los gremios del transporte.
No hubo caso y, al menos desde lo retórico, la adhesión a la huelga será casi total.
No pararía únicamente el puñado de gremios que anida bajo las siglas de las 62 Organizaciones Peronistas y que comulga con el oficialismo. Los más representativos de ese sector son los ruralistas de la Uatre, el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas y la Federación de Conductores de Taxis.
El veto presidencial a la ley que retrotraía los valores de las tarifas, la fuerte devaluación del peso y el acuerdo con el FMI modificaron las proyecciones que se hacían en voz baja en los despachos sindicales.
Antes de la tormenta financiera, en la CGT daban por hecho que Macri parecía encaminarse sin obstáculos a la reelección. Por eso muchos gremios aceptaron de manera anticipada cerrar su paritaria en el 5 por ciento y quitarle el hombro a la interna del PJ.
Esa foto ya luce en sepia. Al menos por hoy, el rompecabezas sindical se unirá para poner la guardia en alto y presionar al Gobierno para forzar un eventual cambio de rumbo de la economía.
Fuente: La Nación
