“Nos van a matar, en el norte del Cauca nos están matando y ni la Fiscalía ni el Ejército dan soluciones”. El grito de denuncia y de rabia sobresalta a un auditorio concentrado en las explicaciones académicas sobre los sucesores del paramilitarismo y los caminos para desmontarlo.
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El grito se convierte en clamor cuando son una decena de líderes y lideresas campesinos y comunitarios los que suben al estrado para narrar una realidad que palpan día a día, hablan de los muertos recientes, de cuerpos desmembrados que siguen bajando por el río y sus palabras prueban con hechos que no, que el paramilitarismo no ha desaparecido en Colombia por muchos nombres que quieran darle. Prueban también esa distancia, a veces abismo, entre la ciudad y el campo, entre el territorio y la academia.
Gerardo Varona, líder comunitario de Caloto (Cauca), denuncia desde la tribuna para reclamar atención y acción. Antes que él, el investigador de la Universidad Nacional Carlos Medina ha hablado del paramilitarismo de quinta generación que existe en Colombia, ha advertido que su desarticulación es la única garantía para avanzar hacia una paz segura y duradera y ha planteado que el único camino es la “desparamilitarización” del Estado y establecer mecanismos de vigilancia y control en todas las instituciones.
Mecanismos que pasan por relevos de mandos policiales y del Ejército, estricta vigilancia sobre los funcionarios o recuperar la seguridad ética de los partidos. Un control social del que también habló el profesor magíster en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma German Ayala, quien apeló a la necesidad de una acción estatal que reconozca y respete las diferencias regionales. En su opinión el paramilitarismo se mantiene porque subsisten las causas económicas y políticas que les dieron origen y porque no hubo nunca una sanción social hacia ellos.
La denuncia de Varona la reiteró otro de los líderes que alertó de la situación del macizo colombiano donde los paramilitares operan -dijo- con las fuerzas del Estado, el hostigamiento y la persecución de la minería ilegal, multinacionales y empresas que se alían con los paramilitares y “siguen señalando a los líderes” y les acusan de insurgentes por defender su territorio.
Ingrid Corpus integrante de Marcha Patriótica en Sucre afirmó que allí “el Ejército también ha hecho señalamientos”. Habló de los seis meses de zozobra en el pueblo por la presencia de encapuchados y las diez denuncias por amenazas presentadas. “Nos están matando, no es un chiste, la amenaza se está cumpliendo y me preocupa la indiferencia del Estado”.
Por eso, Corpús reclamó una presión real sobre el Estado para que actúe.“Nos han matado 48 personas desde octubre de 2015, este año van 26 campesinos. Tocan la puerta y disparan. La Personería dice que no hay paramilitarismo, pero entonces de dónde vienen”, fue el testimonio de Jaime Danilo Rojas, de Corinto (Cauca).
Especialmente dura fue la voz de una mujer de Magui Payán (Policarpa), quien optó por no dar su nombre pero sí su testimonio. Habló de corrupción, de cuerpos desmembrados por el río, de miedo, de paramilitares como Escorpio o el Camerún, de los Rocas vestidos de militares, de los disparos de militares el pasado 20 de septiembre contra una embarcación de vecinos que terminó con dos muertos, de militares “a los que pagamos los ciudadanos y luego se unen a los paramilitares para acabar con los líderes sociales”.
“En la ciudad no entienden lo que pasa, que se pongan las botas y vengan al territorio” le dicen dos líderes a Gerardo Varona en un receso tras su intervención en el foro mientras responde a una entrevista junto a Ingrid Corpus.
-¿Existe esa distancia entre la academia y la realidad de los territorios?
Ingrid: El problema es que en Colombia se dice que la academia tiene que ser objetiva y lo que se hace con ello es encubrir lo que pasa en las comunidades con los paramilitares y que no haya una solución real. Si denunciamos que nos están matando nos dicen que estamos alertando, pero si fueran a las comunidades verían la constante zozobra.
-¿El proceso de paz está tapando otras realidades como las luchas en el territorio, medioambientales, sociales, las amenazas a defensores?
Gerardo: La fiscalía debe sentarse con las comunidades y los dirigentes sociales para ve cómo van a garantizar su seguridad. Corrupción, bandas criminales, paramilitares.. no hay confianza en ellos. Entregan las armas unos y se crea otro grupo. Los jóvenes y las comunidades no se van a dejar tocar
Ingrid: Más que opacar procesos, el problema es que los colombianos no nos hemos apropiado del proceso de paz, del momento histórico que estamos atravesando. Y el Gobierno no está asumiendo el papel que debería hacer con los paramilitares. Creen que cuando las FARC se desarmen se acabó la guerra, pero hay una oposición a la que están persiguiendo los paramilitares y el Ejército. Hay que exigir al Gobierno que así como se sentó con la guerrilla solucione el problema del paramilitarismo y la corrupción.
-¿Entonces son las comunidades las que deben defenderse?
Gerardo: Puede ser la solución. Una solución con policía y ejército, militarizar la zona no es el camino, porque ellos también han atemorizado a las comunidades.
– Hablan de cambios de nombre pero de los mismos paramilitares. La nueva denominación Grupos Armados Organizados (GAO) ¿qué intención tiene?
Ingrid: Para mi no está bien. Los cambian de nombre para ir disminuyéndoles la culpa. No van a pagar quienes deben pagar. Hay que resarcir a las víctimas y aportar a la memoria del país. Tenemos que conocer la realidad de las cosas para no repetirlas
En todo el conversatorio, organizado en Cali por la Corporación Nuevo Arco Iris, la facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Occidente (UAO) y el Observatorio de Democracia y Participación Ciudadana, planearon ideas comunes en torno a la existencia real de un paramilitarismo que ha podido evolucionar en implicaciones o intereses pero que existe; en su vinculación con las estructuras del Estado y, sobre todo, con las estructuras económicas y políticas.
Y, como expresó el decano de Humanidades de la UAO, Jesús Anfolso Flórez, la necesidad de que para alcanzar la paz completa en Colombia hay que abordar el paramilitarismo y el Estado “tiene que asumir su responsabilidad en una realidad que ha desangrado y desangra al país”. La necesidad de la búsqueda de respuestas eficaces y garantías de seguridad para las comunidades.
Un espacio para reflexionar sobre el fenómeno del paramilitarismo
Gustavo Gayón, de la Comisión Colombiana de Juristas, reclamó la implementación de aquellas partes del Acuerdo de Paz de La Habana que no han sido cuestionados por los partidarios del No. Urgió el pacto nacional para sacar las armas y la violencia de la política e hizo un llamado a conformar una fuerza social que acompañe la puesta en marcha de los mecanismos de La Habana que no están en entredicho. “Nuestra sociedad se ha acostumbrado a usar la violencia como si nada y hay que erradicarla del ejercicio de la política”.
La impunidad que ha planeado sobre el paramilitarismo en Colombia fue otro de los puntos abordados. “Aquí se persigue a los autores materiales pero se deja con un manto de impunidad a los determinadores”, se lamentó Julio Arenas de la Corporación Nuevo Arcoiris, que señaló a muchos de esos determinadores como grupos vinculados a la ganadería, la minería, los megaproyectos. “Se viene encima una campaña selectiva contra líderes y no podemos dejar que el Cauca o Nariño se conviertan en un nuevo Urabá”.
Fuente: Colombia Plural
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De los Chulavitas a los GAO
Oficialmente ya no hay paramilitarismo, pero el Acuerdo de La Habana reconoce la necesidad de desmantelarlo. Toca hacer memoria, mientras la Corte Suprema lanza duras críticas contra “silencio cobarde o pagado” que permitió su expansión.
La Fiscalía calcula que al menos 156.000 personas fueron asesinadas por los paramilitares entre 1980 y 2004. El Movice denuncia que entre 1982 y 2005, los paramilitares perpetraron más de 3.500 masacres y robaron más de seis millones de hectáreas de tierra. El Centro Nacional de Memoria Histórica atribuye al paramilitarismo el 38,4% de los 16.340 asesinatos selectivos ocurridos entre 1981 y 2012 y el 58,9% de las masacres (1.116 casos).
A las guerrillas se les responsabiliza del 16,8%, a la Fuerza Pública el 10,1%, y a la alianza entre la ultraderecha armada y los cuerpos de seguridad del Estado el 0,4%. 139 municipios de Colombia tienen en la actualidad presencia de paramilitares o de lo que hasta hace unas semanas se llamaban Bacrim (Bandas Criminales) y que ahora tienen nueva denominación oficial: Grupos Armados Organizados (GAO) y Grupos Delictivos Organizados (GDO).
Este martes 25 de octubre se filtraba parte del contenido de una sentencia de la Corte Suprema en la que la Sala Penal emitía una dura crítica contra la sociedad colombiana que consintió el paramilitarismo y llegaba a decir que la expansión de este fenómeno se debió en gran parte al “silencio cobarde o pagado” de los ciudadanos que dejaron actuar a estos grupos que se hacían con el vacío del Estado en muchos territorios.
El fallo judicial supone la ratificación de una condena por 23 delitos a varios excomandantes paramilitares entre los que se encuentra Salvatore Mancuso; Jorge Iván Laverde Zapata (‘El Iguano‘), Úber Enrique Bánquez Martínez (‘Juancho Dique‘) y Édgar Ignacio Fierro Flórez (‘Don Antonio‘).
Pero la condena queda opacada ante las duras palabras del tribunal que advierte de que “la delincuencia no hubiese logrado sus metas, o cuando menos no con los sanguinarios y devastadores resultados de que da cuenta lo allegado en el juicio, de no haber contado con el silencio cobarde o pagado, la ayuda obligada, comprada o producto de la simpatía, de integrantes del conglomerado social, como algunos policías, algunos militares, algunos servidores públicos de los niveles local, municipal, departamental o nacional, algunos jueces, algunos legisladores, algunos comerciantes, algunos ganaderos, en fin, algunos ciudadanos”
“Ya va siendo hora de que, en aras de lograr una catarsis, un olvidar, un comenzar de nuevo y de ceros, todos hagamos un verdadero acto de contrición, puesto, todos a una somos culpables, pues jamás aplicamos eso que a veces resulta más efectivo que la sanción penal: el control social, dado que antes que rechazar al agresor o a quien los auxiliaba, permitimos que hicieran vida social, sin reprocharles, sin excluirlos, sin señalarlos”, afirma esta resolución de 447 páginas publicada por La FM
Torturas a golpes, casas de pique, mutilaciones, cuerpos flotando en el río, masacres, exterminio de políticos y líderes sociales… Esa es la carta de presentación del paramilitarismo en Colombia, sinónimo de violencia, de desplazamiento, de sevicia, del genocidio de la UP, de conexión con el narcotráfico, de acumulación de tierras, de extorsión y… de política –la parapolítica-.
Semillas de control de algún tipo de poder político y/o económico están en el origen de todos estos grupos armados a partir de la segunda mitad del siglo XX en Colombia.
Los Chulavitas y Pájaros de La Violencia
Los primeros grupos surgen en los años de La Violencia (al menos de 1948 a 1958), los años de los enfrentamientos entre liberales y conservadores tras el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán. Son Los Chulavitas (por su origen en la vereda del mismo nombre en el municipio de Boavita, Boyacá), bandas armadas de origen campesino que son reclutados para defender al gobierno conservador del presidente Mariano Ospina Pérez en pleno Bogotazo (1948).
Son ‘hermanos’ de Los Pájaros, bandas paramilitares también conservadoras procedentes, en su mayoría del Valle del Cauca. El poder conservador levantó el estatus de Los Chulavitas a policías que utilizaban una violencia radical.
Germán Guzmán, Orlando Fals Borda y Enrique Umaña, en su libro La Violencia en Colombia, afirman que “durante el Gobierno de Laureano Gómez se aplicaron sistemas de tortura características del nazismo alemán”. El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) reseña el trabajo de Guzmán y recuerda ocho de los métodos de tortura practicados por chulavitas y pájaros referidos por las víctimas: la escalera (colgamiento); el cuartico (cuarto hermético con piso electrificado); el tubo (colgamiento de un tubo electrificado); el vaso de agua (mostrado y negado a quienes morían de sed); el tramojo (torniquete aplicado a los genitales); el trote (llevando en cada mano un ladrillo, mientras la víctima era flagelada); la compañía (hacinamiento de 26 presos en 3 m2 , sin poder dormir ni sentarse); el polo (sentados desnudos en troncos de hielo).
Si en los años de La Violencia la disculpa era la persecución de los infieles liberales y/o comunistas, en los años 70 el discurso es que se busca contrarrestar a las nuevas guerrillas nacidas a principios de los 60. Esa es la excusa de su re-nacimiento y luego llegarían los otros apoyos.
El Decreto 3398 de 1965 o la Ley 48 de 1968 permitieron la creación de autodefensas para “apoyar” la seguridad nacional y terminaron convertidos en mampara del paramilitarismo. Hubo que esperar 30 años, hasta 1989, para que la Corte Suprema despejara las ambigüedades de esas normas.
En 1978 el Estatuto de Seguridad y Defensa de la Democracia, del presidente Julio César Turbay ampara la creación de “autodefensas” y fija mecanismos para garantizar la “defensa civil”. La fuerza pública colombiana adiestra, adoctrina y dota de armamento a civiles en áreas de conflicto para involucrar a la ciudadanía para que ayude a las fuerzas de gobierno a derrotar a los grupos insurgentes.
Líneas confusas
Las denominadas autodefensas se extendieron por Colombia con la participación de hacendados, colonos, campesinos y pequeños -y no tan pequeños- industriales. Y en esa confusa línea entre el paramilitarismo y el crimen organizado, el 3 de diciembre de 1981 un helicóptero lanzaba volantes sobre Cali anunciando públicamente la constitución del MAS: Muerte a Secuestradores. 223 jefes de la mafia del narcotráfico (los secuestrables) se habían unido y habían aportado dinero para crear un escuadrón de 2.230 hombres que ejecutaría sin misericordia a cualquier persona comprometida en algún secuestro.
Grupos de civiles armados en el interior del país empiezan a identificarse con esas siglas, en especial en el Caquetá y en el Magdalena Medio. La presión internacional obliga al Gobierno de Belisario Betancur a pedir al procurador general que investigue estos grupos y si hay relación con las Fuerzas Armadas y el 20 de febrero de 1983, el Procurador General hace público su informe con los nombres de 163 personas vinculadas a ese escuadrón de la muerte, entre las cuales figuraban 59 miembros activos de la fuerza pública.
Los años cruentos: las Convivir y las AUC
En los años a caballo entre la década de los 80 y los 90 las masacres se incrementan y el paramilitarismo se sitúa en el eje de la opinión pública. Tanto, que el presidente Virgilio Barco promueve varios cambios legislativos para sacar el paramilitarismo de cualquier paraguas legal. Se creó un departamento especial para combatirlo que sólo se reunió una vez y el cuerpo armado que debía actuar no llegó a crearse.
El paramilitarismo pasa a partir de este momento a la condición de “meretriz clandestina”, como lo denominó el jesuita Javier Giraldo. Pero no fue su final, sino que reinventaron su estatus y recobraron mayor fuerza en los 90.
El propio Giraldo afirma que al iniciarse el gobierno del Presidente Samper, en agosto de 1994, “el Paramilitarismo estaba, pues, plenamente consolidado”. “¿Cómo una política formalmente ‘ilegalizada’ puede subsistir con tanto dinamismo en un Estado que se dice “de Derecho”?, se preguntaba Giraldo. Es Samper, a su juicio, en que le devuelve cierto estatus legal al reconvertirlos en las “Asociaciones Comunitarias de Vigilancia Rural“, las tristemente célebres Convivir.
Mientras los grupos paramilitares crecían paralelos al aumento de las acciones de las guerrillas, el abono del Estado los vuelve a reforzar con decretos como el 3567 de 1994, con el que el presidente César Gaviria regula las Convivir, “servicios especiales o cooperativas de vigilancia y seguridad privada” en zonas de combate donde la presencia del orden público era precaria. El expresidente Álvaro Uribe defendió y reforzó estos grupos mientras fue Gobernador de Antioquia (1995-1997).
En 1996, 16 grupos paramilitares de todo el país se unieron bajo el mando de Carlos Castaño como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y el 3 de agosto el periódico El País publica que más de 2.000 Convivir se habían fusionado con los paramilitares para crear las AUC. El Urabá antioqueño y Córdoba fueron el pulmón y el laboratorio del paramilitarismo. ONG nacionales e internacionales que visitaron la zona denunciaron las desapariciones, masacres, asesinatos, torturas y desplazamiento forzado de comunidades.
Las AUC se declararon como un grupo contrainsurgente que combatía a las guerrillas de las FARC, ELN y EPL y eran patrocinados por grupos de ganaderos, terratenientes y narcotraficantes de las regiones en las que operaban que eran “hostigados o amenazados” por dichas guerrillas.
Desde finales de los 80, los paramilitares son el principal ejecutor del plan denominado como Baile Rojo, el genocidio de la Unión Patriótica que acabó con dos candidatos presidenciales, 8 congresistas, 13 diputados, 70 concejales, 11 alcaldes y alrededor de 3.500 de sus militantes (otras fuentes aseguran que fueron unos 5.000).
En 1997 el Observatorio Geopolítico de Drogas denuncia que la mayoría de la cocaína que llega a los puertos españoles, holandeses y belgas proviene de costas colombianas bajo control de las AUC. Son los años de los Castaño, Macaco o Don Berna.
En marzo de 2001 el jesuita Javier Giraldo explica en una conferencia en Chicago que las AUC “no son un tercero protagonista del conflicto (armado)” sino “el brazo ilegal del Estado” desde hace décadas. Un año después, el año en que Álvaro Uribe es elegido presidente, las AUC imponen sus candidatos en 223 municipios y en la mayoría de departamentos.
La desmovilización con Uribe
Con la llegada al poder de Álvaro Uribe se inicia el proyecto de desmovilización y desarme de 34 bloques de las Autodefensas Unidas de Colombia. El 15 de julio de 2003 se firma el acuerdo de Santa Fe de Ralito. Según Verdad Abierta, las desmovilizaciones de las autodefensas se iniciaron el 25 de noviembre de 2003 en Medellín con el Bloque Cacique Nutibara y terminaron el 15 de agosto de 2006 con el Bloque Elmer Cárdenas, en el Chocó.
Oficialmente, se desmovilizaron 31.671 integrantes de los grupos irregulares, un número considerado excesivo, incluso por Fredy Rendón, líder del Bloque Élmer Cárdenas, quien estimó en un máximo de 15.000 los paras que estaban armados en aquellos años.
En todo caso, sin que los procesos de desmovilización hubieran concluido empezaron a aparecer estructuras armadas en zonas donde actuaban las autodefensas, fuertemente vinculadas al narcotráfico y otras actividades delictivas, advierte Verdad Abierta. Otras investigaciones policiales y periodísticas revelaron posteriormente que algunos desmovilizados seguían delinquiendo desde la cárcel y de hecho algunos de sus máximos jefes fueron extraditados a Estados Unidos acusados de delitos de narcotráfico.
Otros líderes de las AUC y otros grupos paramilitares rehusaron el acuerdo de desmovilización y surgieron otras organizaciones como las “Águilas Negras”, que siguieron gestionando el tráfico de drogas.
La parapolítica
Y en 2006 estalló el escándalo de la ‘parapolítica’: estaba pero no se decía en voz alta. “Los vínculos entre políticos y paramilitarismo se extendieron en el territorio y se estrecharon en algunas regiones, que incluso llevó a algunos políticos regionales a orquestar masacres junto con las autodefensas para derrotar a competidores políticos que no podían derrotar en las urnas”, narra Verdad Abierta. Académicos, periodistas y una Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia hacen públicos esos lazos, y en seis años se llega a condenar a 60 congresistas. La Corte Suprema probó como uno de los casos más antiguos la alianza entre miembros de las autodefensas y políticos para acabar con la Unión Patriótica.
El escándalo salpicó al entonces presidente Álvaro Uribe y las investigaciones a funcionarios y políticos muy cercanos a él afectaron a las relaciones de Colombia con Estados Unidos y organizaciones de Derechos Humanos.
Las sentencias dictadas por juzgados y la Corte Suprema desde el 23 de noviembre de 2007 hasta julio de 2013, revelan que paramilitares y candidatos al Congreso mantenía acuerdos para institucionalizar su proyecto ilegal los primeros, para apoyarse en la violencia y despejar su camino político los segundos.
Cambio Radical terminó con el mayor número de congresistas condenados, Colombia Viva o Convergencia Popular Cívica, integrados casi solo por parapolíticos, desaparecieron.
Las Bacrim y los GAO
El paramilitarismo permanece en Colombia bajo otras vestimentas. El gobierno de Álvaro Uribe, tras la desmovilización y la implementación de la política de Seguridad Democrática, bautizó por decreto ministerial a los grupos organizados que quedaban como BACRIM, Bandas Armadas Criminales.
Si se habían desmovilizado en 2003 no se podía hablar de paramilitares y, de paso, se trataba de borrar las huellas que relacionaban a estos grupos con el Estado. En las veredas, la gente ha seguido llamando a estos hombres armados como desde hace décadas: “los paras”.
A partir de mayo de 2016 las Bacrim, también por orden ministerial, dejan de ser tales para denominarse Grupos Armados Organizados (GAO) [al crimen menor sin control territorial se le denomina Grupos Delincuenciales Organizados (GDO)] y el Gobierno confiere al Ejército capacidad para combatirlos, algo que hasta entonces era solo competencia de la Policía.
El Fiscal general, Fernando Perdomo, reconoce que “muchas de las estructuras del crimen organizado están conformadas por ex paramilitares”, pero insiste en que en Colombia el paramilitarismo ya no existe. Sin embargo, en La Habana, los negociadores de paz de la guerrilla han pedido insistentemente el desmonte de los grupos paramilitares y el acuerdo reconoce el paramilitarismo y la necesidad del Estado de esclarecerlo y desmantelarlo.
Tanto, que hay unas 30 referencias al fenómeno del paramilitarismo en el Acuerdo Final para la Finalización del Conflicto y se especifica, dentro de la lista de tareas prioritarias, el Acuerdo Político Nacional para, entre otras cosas, la renuncia al paramilitarismo, o la creación de una nueva unidad especializada e independiente en la Fiscalía y una unidad de élite en la Policía para poder combatirlos.
No se les pone nombre, pero los nombres mutantes de Los Urabeños, el Clan Úsuga, el Clan del Golfo o Los Pelusos o Los Puntilleros estaban en la mente de los negociadores.
Álvaro Villarraga, del Centro Nacional de Memoria Histórica, aseguraba este mismo años que todos esos grupos armados organizados mantienen los ataques a los defensores de derechos humanos, a los líderes políticos de izquierda y a reclamantes de tierra.
En abril de 2015 el comandante de una de las bandas criminales de Medellín juraba venganza contra los posibles desmovilizados de las FARC, “Si llegan aquí, los vamos a declarar objetivo militar”, decía en una entrevista a El Pacifista. Tiene al mando 2.000 hombres en las comunas de Medellín.
Fuente: Colombia Plural
