Han pasado siete meses de uno de los mayores escándalos empresariales de la historia de Chile. Y los resultados demuestran lo lejos que estamos de ser un país que pueda ser tomado en serio cuando habla de libre comercio, mercados abiertos, ética empresarial o respeto a los consumidores.
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La Comisión de Ética de la Sofofa levantó la suspensión a la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), protagonista de la colusión del papel. La CMPC no sólo fue reincorporada a la organización de los grandes empresarios industriales. Además, se puso término al proceso iniciado al develarse la colusión, en noviembre de 2015.
Tal cual. Se puso término. De castigos o sanciones, ni hablar.
Recordemos por un momento qué hizo la CMPC, según propia confesión de la empresa tras ser descubierta por la Fiscalía Nacional Económica. Desde 2000, CMPC formó un cartel junto a Pisa (luego SCA) para subir los precios de productos de consumo básico y repartirse cuotas de mercado, evitando el ingreso de la competencia y perjudicando directamente a los consumidores.
En términos elegantes, se coludieron. En términos más directos, les metieron la mano al bolsillo a los consumidores. Les robaron. Nos robaron. Así define la colusión la directora del Centro de la Libre Competencia de la Universidad Católica, María Elina Cruz:
«La colusión es una manera elegante de decir robo. Es un robo a mano armada contra los consumidores».
A los guardianes de la ética del gran empresariado, ese «robo a mano armada» no les merece reproche alguno. Ni una clase de ética. Ni una palmada en el trasero. Nada. La resolución se tomó por unanimidad.
La Sofofa tiene un código de ética. Data de 1957. Y estipula, entre otras cosas, que «los miembros de la Sofofa encuadrarán sus actividades dentro de las siguientes normas»:
– «Resguardar los intereses del consumidor» (al que CMPC le robó);
– No «perder de vista que es la competencia, limpia y legal, la que mejor asegura la supervivencia del régimen de empresa privada» (competencia limpia que es el antónimo de la colusión);
– «Respetar las leyes y sus reglamentos» (que prohíben la colusión);
– «Considerar, por sobre cualquier otro factor, el interés nacional» (sin comentarios).
En resumen: cuando se trata de una empresa importante, de uno de los grupos económicos más poderosos del país (el Grupo Matte), los compromisos éticos de la Sofofa con el país son sólo humo.
Argumenta la Comisión de Ética que «la empresa afectada (ojo con el término: ¡¡afectada!!) procedió a implementar un conjunto de medidas», como participar en una mesa con el Sernac para evaluar compensaciones, contratar una asesoría externa y renovar su directorio.
Interesante. CMPC no ha devuelto un solo peso de lo que nos «robó a mano armada» durante una década de colusión a todos los consumidores de papel higiénico, servilletas, toallas de papel y pañuelos desechables, o sea, a todos los chilenos. A más de medio año de develarse los hechos, ni siquiera se ha comprometido a alguna fórmula, monto o plazo de pago. Pero para la Sofofa, sentarse a una mesa a conversar del tema ya es suficiente para cerrar el caso sin ninguna sanción.
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Sobre los cambios internos, sólo un par de datos.
La Papelera paga los honorarios de los abogados de los ejecutivos involucrados en la colusión. Y a al menos tres de esos altos ejecutivos les sigue pagando sueldos, por medio de contratos de honorarios por «asesorías externas».
Nada tan inusual, considerando que el confeso cerebro de la colusión, Jorge Morel, dejó la gerencia general de la CMPC en medio de las felicitaciones del directorio de la empresa, el que dejó «expresa constancia de su reconocimiento y agradecimiento por la labor desarrollada».
Morel, por supuesto, ha exculpado al directorio y a quien fuera su presidente, Eliodoro Matte, de cualquier participación en el cartel.
Ya sabemos que, gracias a la comprensiva legislación concordada por el Presidente Ricardo Lagos, la Alianza, la Concertación y los grandes empresarios (¡vaya cartel!) en 2003, la colusión no es un delito en Chile, sino sólo una falta que se sanciona con multas de un monto ridículo.
En países que se toman el libre mercado en serio, como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Australia o Canadá, estos carteles se persiguen como «un crimen, tal como el robo o el hurto, aunque los carteles provocan un daño económico mucho mayor» (la cita es de Gregory J. Werden, consejero económico senior del Departamento de Justicia de Estado Unidos).
En Chile, en cambio, la ley de 2003 fue justificada por el gobierno de Lagos diciendo que los delitos contra la libre competencia «resultan incompatibles actualmente con el complejo escenario en que se desenvuelven los agentes económicos».
Y, a ocho años del escándalo de las farmacias, la norma que repone el delito de colusión sigue su tránsito cansino por el Congreso. Cuando se trata de delitos cometidos por ejecutivos de los grandes grupos económicos que financian la política, no hay agendas cortas ni urgencias que valgan. Todo debe hacerse con extremo cuidado, pausa y estudio.
En Estados Unidos, un ejecutivo confeso de colusión como Morel, estaría en serio riesgo de pasar 10 años tras las rejas. En Chile, en cambio, el ex gerente general no parece demasiado preocupado. Ha sido citado dos veces ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, pero ni siquiera se ha presentado. La última vez se excusó diciendo que iría a Europa a visitar a su hija.
El Estado no castiga criminalmente. Y sus pares no castigan ni ética ni socialmente.
Toda la prédica sobre libre mercado y defensa a los consumidores en Chile no es más que papel mojado (y coludido).
Fuente: CIPER Chile
