La Organización de las Naciones Unidas instó a Estados Unidos a detener los ataques a supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico oriental, y fustigó lo ocurrido como «ejecuciones extrajudiciales».
En las últimas semanas, al menos 62 personas murieron en el Caribe y en el Pacífico en ataques armados de Washington contra lo que presentó como narcolanchas.
Se trata de la agresión imperial más descarada, desde la invasión a Panamá, en 1989, durante la presidencia de George W. Bush, un líder de la misma hechura mental y catadura ética que el actual cowboy delirante, ocupante N° 45 de la Casa Blanca.
Familiares de las víctimas dicen que algunos de ellos eran simples pescadores.
«Estos ataques, con su creciente coste humano, son inaceptables», escribió en un comunicado el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk.
«Estados Unidos debe poner fin a dichos ataques y tomar todas las medidas necesarias para evitar las ejecuciones extrajudiciales de las personas a bordo de esas embarcaciones, más allá del presunto comportamiento delictivo que se les atribuya», agregó.
Turk aseguró en que estas personas murieron «en circunstancias que no tienen justificación dentro de la legislación internacional».
Las operaciones se inscriben en un contexto de gran tensión entre Estados Unidos y Venezuela.
Washington presenta sus ataques y el despliegue aeronaval en el Caribe como parte de un dispositivo contra los cárteles latinoamericanos, a los que define como organizaciones «terroristas».
La administración de Donald Trump autorizó incluso operaciones de la Agencia estadunidense de Inteligencia (CIA) en Venezuela, y acusa al presidente Nicolás Maduro de estar detrás del tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
«Enfrentar la grave cuestión del tráfico ilegal de drogas en fronteras internacionales es (…) una cuestión de cumplimiento de la ley, gobernada por los cuidadosos límites que la legislación internacional de derechos humanos fija al uso de la fuerza letal», apuntó Turk.
«El uso intencionado de la fuerza letal sólo es permisible como recurso último contra individuos que suponen una amenaza inminente a la vida», enfatizó.
En esa línea, el responsable dijo que «en base a la muy escasa información facilitada públicamente por las autoridades norteamericanas, ninguno de esos individuos en las embarcaciones atacadas parecía plantear una amenaza inminente a las vidas de otros».
Turk pidió por ello «investigaciones rápidas, independientes y transparentes sobre dichos ataques».
Los ataques aéreos de Estados Unidos en Latinoamérica y el Caribe son asesinatos
Los ataques aéreos lanzados por Estados Unidos en Latinoamérica y el Caribe, que han matado al menos a 62 personas desde principios de septiembre, son ilegales, y el Congreso debe actuar ya para impedir que el gobierno estadounidense lleve a cabo nuevos bombardeos. Así lo manifestó Amnistía Internacional hoy.
“En los dos últimos meses, el Comando Sur de Estados Unidos se ha enzarzado en una oleada de asesinatos al cumplir las órdenes ilegales del gobierno de Trump”, dijo Daphne Eviatar, directora de Derechos Humanos y Seguridad de Amnistía Internacional Estados Unidos.
“El gobierno ni siquiera ha dado los nombres de las víctimas, ni ha proporcionado pruebas de sus presuntos delitos. Pero, incluso aunque lo hiciera, el homicidio intencionado de personas acusadas de cometer delitos que no constituyen una amenaza inminente para la vida es asesinato, y punto.”
“Hace ya tiempo que el Congreso debería haber ejercido su función de supervisión sobre la conducta ilegítima del gobierno, haber puesto fin a estos ataques aéreos ilegales y haber obligado a rendir cuentas a los responsables de estos asesinatos.”
Ni pruebas ni base jurídica
Las autoridades estadounidenses han anunciado 13 ataques aéreos en Latinoamérica hasta el momento: ocho de ellos en el Caribe y cinco en el Pacífico. El gobierno de Trump ha tratado de justificar sus acciones alegando —sin presentar prueba alguna— que los objetivos eran “narcoterroristas” dedicados al contrabando de drogas.
La interceptación de embarcaciones sospechosas de transportar drogas es una operación de cumplimiento de la ley, sujeta al derecho internacional de los derechos humanos, que dispone que todas las personas tienen derecho a la vida y a un juicio justo, y sólo permite a los Estados utilizar fuerza letal cuando exista una amenaza inminente para la vida y no baste con utilizar medios menos extremos, como la captura.
Un Estado que mate intencionadamente a alguien fuera de estas circunstancias está cometiendo un homicidio extrajudicial, una forma de asesinato, independientemente del presunto crimen que la persona en cuestión pueda haber cometido.
En el caso de estos bombardeos, el gobierno de Trump no ha proporcionado prueba alguna de que sus víctimas constituyeran una amenaza inminente para la vida humana. Incluso si las embarcaciones o los individuos estaban llevando a cabo contrabando de drogas, el mero hecho de transportarlas no constituye una amenaza inminente para la vida que pueda justificar el uso de fuerza letal.
Las autoridades gubernamentales tampoco han demostrado que no podían haber interceptado y abordado estas embarcaciones, como hace de forma habitual la Guardia Costera estadounidense. De hecho, el secretario de Estado Marco Rubio confirmó que Estados Unidos podría haber interceptado la primera embarcación a la que atacaron, pero en lugar de eso optaron por bombardearla.
“Si el gobierno de Trump quiere abordar la drogadicción, debe financiar plenamente programas de salud pública para su tratamiento y prevención en Estados Unidos, en lugar de volar ilegalmente embarcaciones en Latinoamérica y el Caribe. Independientemente de los crímenes cometidos por los cárteles de la droga, que las autoridades estadounidenses ejecuten a alguien a quien acusan de formar parte de uno de esos cárteles y transportar drogas es un delito en virtud del derecho tanto internacional como nacional. No pueden hacerlo en las calles de Estados Unidos, y tampoco pueden hacerlo en aguas internacionales.” añadio Daphne Eviatar.
El Caribe y el Pacífico oriental no son zonas de guerra
Las autoridades gubernamentales han alegado que Estados Unidos está “en guerra” con los cárteles de la droga, sugiriendo que el gobierno cree que las leyes de la guerra, que permiten matar a combatientes enemigos en el campo de batalla, se aplican al Caribe y el Pacífico. Ese argumento es erróneo.
Estados Unidos no forma parte de ningún conflicto armado en el Caribe o Latinoamérica. Nadie, incluidos los narcotraficantes, ha atacado a Estados Unidos de manera que justifique una respuesta militar.
Es más, el Congreso no ha autorizado el uso de fuerza militar contra los cárteles. Sin embargo, aunque el Congreso lo autorizara, estos ataques aéreos siguen siendo ilegales en virtud del derecho internacional de los derechos humanos.
“Las leyes de la guerra sencillamente no se aplican a este caso. El Caribe y el Pacífico oriental no son zonas de guerra en las que el ejército estadounidense pueda bombardear embarcaciones que según la Casa Blanca transportan a enemigos”, dijo Daniel Noroña, director de Incidencia para las Américas de Amnistía Internacional Estados Unidos.
“El despliegue del ejército por presuntos motivos de cumplimiento de la ley es un viejo truco fallido del manual autoritario que ha dado lugar en repetidas ocasiones a graves violaciones de derechos humanos en Latinoamérica. Estos ataques aéreos transmiten además un escalofriante mensaje de aprobación tácita a otros dirigentes que traten de ejecutar extrajudicialmente a personas.”
El Congreso debe actuar
El Congreso debe hacer cuanto esté en su mano para detener estos ataques aéreos de manera que el gobierno no asesine a más personas ni en el extranjero ni en Estados Unidos.
Asimismo, debe exigir que los responsables de estos homicidios comparezcan ante la justicia, tanto los perpetradores directos como las personas que dieron las órdenes. Para ello, los legisladores deben llevar a cabo investigaciones exhaustivas e independientes, que lleguen hasta las más altas instancias del gobierno estadounidense, con el fin de determinar la responsabilidad.
El presidente Donald Trump ya se ha atribuido públicamente la responsabilidad de ordenar los homicidios. Tanto él como altos cargos de su gobierno han alardeado abiertamente sobre estos ataques mientras desprecian la supervisión del Congreso y la preocupación por el derecho internacional.
“El Congreso, la población estadounidense y la comunidad internacional deberían estar haciendo sonar todas las alarmas para poner fin a esos ataques aéreos cínicos y deshumanizadores y para exigir rendición de cuentas”, ha declarado Ana Piquer, directora regional de Amnistía Internacional para las Américas.
“La vida humana no puede quedar a merced de los caprichos de un gobernante. Ningún presidente tiene derecho a matar arbitrariamente y sin rendir cuentas”, concluyó.
