Por 49 votos a favor, 24 en contra y 15 abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó la resolución 563 que pide a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, ejercer la acción de nulidad respecto de los contratos suscritos entre el Estado, SQM Salar y SQM Nitratos.
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Mediante un proyecto de resolución, parlamentarios señalan que es deber del Ejecutivo investigar todas las alternativas administrativas y judiciales que existen para lograr la nulidad de estos contratos, ya sea a través de acciones civiles o requerimientos al Tribunal Constitucional.
La petición fue presentada a la Cámara por el diputado Luis Rocafull (PS) junto a sus compañeros de partido Leonardo Soto, Fidel Espinoza, Raúl Saldívar, Juan Luis Castro, Daniel Melo, Daniella Cicardini y Maya Fernández, además del independiente Roberto Poblete.
En el texto, los parlamentarios recordaron que, como es de público conocimiento, durante la tramitación de la denominada Ley del Royalty, que introduce modificaciones a la tributación de la actividad minera, el entonces senador Pablo Longueira recibió por parte del también entonces gerente general de la Sociedad Química y Minera de Chile, Patricio Contesse, un correo titulado “impuesto a la minería 1” en el que se adjunta la redacción de un artículo que luego sería incluido textualmente en el proyecto, constituyéndose como el actual artículo cuarto transitorio de la ley y que fija la invariabilidad tributaria para empresas del rubro minero, es decir, “establece un trato preferencial y muy beneficioso a determinado sector empresarial de nuestro país”.
A esto, sumaron que fue el propio Ministro de Economía de la época, Laurence Golborne, quien por medio de una indicación habría ingresado el artículo indicado, que junto con los demás de la Ley 20.848 otorgan la posibilidad por un plazo de cuatros años, desde la derogación del DL 600, de suscribir contratos de invariabilidad tributaria haciendo referencias a los artículos 2,7 y 11 ter del extinto DL 600.
Dentro de estos, mantener la invariabilidad de la tasa impositiva del impuesto sobre la renta (44,5%) lo que permitió a SQM acceder al beneficio de la invariabilidad tributaria en las mismas condiciones que el resto de las mineras, aun cuando la suya es una firma no metálica.
Agregaron que en el mes de abril, un diario de circulación nacional reveló la existencia de contratos suscritos por SQM con Pablo Longueira, pero esta vez este último en calidad de Ministro de Economía, en el Gobierno del expresidente Sebastián Piñera.
“Lo anterior da cuenta de la existencia de acuerdos, influencias y abusos orquestados por parte de funcionarios públicos y empresarios que dieron como resultado el establecimiento de un beneficio económico a una empresa en particular, la misma que habría redactado la disposición normativa que finalmente sustenta los contratos celebrados entre el Estado y SQM, fabricándose entonces un beneficio a la medida de estos últimos, con un despreciable aprovechamiento de la premura en la tramitación de una norma imprescriptible para la obtención de los recursos necesarios para la reconstrucción del país tras el terremoto”, detallaron.
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Finalmente, los legisladores indicaron que los hechos descritos han motivado una investigación motivada por el Ministerio Público contra los ex funcionarios involucrados, buscando la persecución de responsabilidades personales por presuntos delitos de cohecho, los que esperan hagan justicia al respecto.
Sin perjuicio de aquello, expresaron que la imposición de sanciones penales no modificará en nada los beneficios y trato especial de invariabilidad adquirida por estas empresas, las que podrán continuar ejerciendo su giro con las mismas tazas de interés obtenidas el 2011, y por ello se plantea que el gobierno busque soluciones jurídicas para anular dichos contratos.
