En un afán enfermizo y lleno de odio, nuevamente la derecha Venezolana coludida con los yanquis intentan derrocar al gobierno legítimamente elegido recientemente en Venezuela, con Chávez lo intentaron y fracasaron pues la mayoría del pueblo y las fuerzas armadas leales lo impidieron. En esta oportunidad han desarrollado una embestida que muchos chilenos recordamos, agitación y violencia en las calles, acaparamiento y provocación de desabastecimiento, cuestiones que es víctima rápidamente la población.

Los porfiados hechos demuestran objetivamente que los ataques incendiarios a instalaciones de gobierno, y la extrema violencia callejera han sido detectadas  por millones de Venezolanos a través de la red de noticias  Telesur,; pues La CNN Norteamericana, CNN Chilena , 24 Horas Chile, el Mercurio y La Tercera  han informado justo lo contrario como están acostumbrados a desinformar en defensa de los empresarios y el imperio.

Además la ONG de DDHH, Human Rights Watsh, a través de su director José Miguel Vivanco, servil funcionario de los Estados Unidos, ha declarado a raíz de los hechos de violencia “ Lo que Venezuela NO necesita ahora son autoridades que usen de chivos expiatorios a opositores políticos o cierren medios de prensa porque no les gusta lo que hacen” O sea el cinismo más grande y vuelta ha desinformar.

El señor Vivanco nada dijo cuando los Yankis y los golpistas intentaron derrocar a Chávez y hoy nada dice de las declaraciones sediciosas de la diputada de oposición  María Corina Machado que ha llamado reiteradamente al golpe y derrocamiento del presidente  ha través de la violencia en las calles, tampoco nada dice del  supuesto líder opositor Leopoldo López, que no tiene autoridad moral, pues a la fecha cumple castigo por tráfico de influencias no pudiendo ocupar  cargo de ningún tipo representativo, este golpista ha llamado a atacar el palacio presidencial de Miraflores y eliminar al presidente Maduro.

Frente ha estos hechos grabados para los medios de comunicación y denunciados por el gobierno,  Vivanco lo defiende diciendo “ La situación de Leopoldo López es que ha sido acusado de incitar a la violencia, sin que exista evidencia, y si es arrestado será un abuso de poder”.

Lo  que esperamos del gobierno,  todos los que apoyamos el proceso revolucionario Venezolano, es que use todo el rigor de la ley para con los golpistas, que se desafuere prontamente a la diputada golpista y llevada a la justicia  y el  sedicioso López sea encarcelado por incitar a la violencia y al golpe de estado. Estos están desesperados pues no se conforman como el proceso los ha derrotado en 19 de los 18 procesos electorales.

Las instituciones del  estado de Chile, deben pronunciarse como lo han hecho la mayoría de los países de América condenando los intentos de golpe de estado invocando además los acuerdos de la UNASUR.

Las organizaciones de derechos humanos en Chile solidarizan con  el gobierno y la democracia Venezolana y esperamos que los golpistas sean aplastados por la fuerza del pueblo ,junto al recuerdo imperecedero del comandante Chávez.

(*) Dirigente Asamblea Nacional por los Derechos Humanos

Comunicado de la Unión de Naciones Suramericanas sobre la situación en la República Bolivariana de Venezuela

Los Estados Miembros de UNASUR manifiestan su enérgico rechazo a los recientes actos de violencia ocurridos en la República Bolivariana de Venezuela.

Al expresar sus condolencias y solidaridad con los familiares de las víctimas y con el pueblo y el Gobierno de Venezuela, hacen un llamado a la paz y a la tranquilidad en esa nación, y reafirman su compromiso con la preservación de la institucionalidad y los principios democráticos, como pilares del proceso de integración regional.

Los Miembros de UNASUR reiteran su defensa del orden democrático, del Estado de Derecho y sus instituciones, y resaltan, asimismo, la convicción de que cualquier demanda debe ser canalizada en forma pacífica, por la vía democrática.

En este sentido, exhortan a todas las fuerzas políticas y sociales del país a privilegiar el diálogo y la concordia para la solución de las diferencias, dentro del ordenamiento jurídico constitucional