Por Mucho que Sean de su Domicilio: El Coronel Quedó Tras las Rejas

El juez de garantía Juan Carlos Valdés impuso arresto domiciliario total y arraigo nacional al ex senador UDI Jovino Novoa, quien se encuentra formalizado por presentar declaraciones de impuestos maliciosamente falsas o incompletas; facilitar facturas y boletas ideológicamente falsas -o por servicios no prestados-, y evadir el impuesto a la Ley de Donaciones, entre los años 2008 y 2013, por un total de $85 millones. El otrora poderoso «coronel» de la UDI, y el ex diputado. y también ex subsecretario de la dictadura, Alberto Cardemil, fueron los dos primeros políticos en ser formalizados por el caso Penta, si bien para el segundo el juez sólo decretó arraigo nacional y firma quincenal.

 
Estaba pendiente desde el lunes 22 de junio, cuando no fue posible terminar la audiencia de formalización. El ex parlamentario enfrentó los cargos que involucran como contraparte a las empresas Penta y SQM, más su propia firma Inversiones y Mandatos, el pasado 22 de junio, pero sufrió una descompensación y no pudo esperar la resolución de sus cautelares, por lo que esta se le comunicó ayer.

El juez del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, Juan Carlos Valdés, decretó arresto domiciliario total y arraigo nacional para el ex senador. Su razonamiento para estas medidas cautelares apuntó directamente a la experiencia que tiene Jovino Novoa como abogado en temas tributarios y a su pasado como senador.

En su fallo, el magistrado explicó que las medidas decretadas resultan «adecuadas, proporcionales y necesarias», atendidos el mérito de los antecedentes, el número de delitos que se le imputan, los bienes jurídicos vulnerados, las modificatorias de responsabilidad que concurren -consideradas atenuantes y agravantes- y las sanciones probables que arriesga, pero además estimó que todos estos elementos debían conjugarse con «las circunstancias particulares del imputado».

Sobre este último punto, en su resolución planteó que Novoa «cuenta con recursos personales y cognitivos que permiten exigir una mayor conciencia del delito y del daño causado con ocasión de sus conductas y actos», y que su condición de abogado «lo reviste de cabal conocimiento del ordenamiento jurídico vigente y, por cierto, del ordenamiento tributario, esperando a su respecto un mayor análisis de sus conductas delictuales, de la representación de riesgos y de la responsabilización de sus actos».

Y lo anterior, aclara el juez, no es «antojadizo» ni «arbitrario», porque el propio Código Tributario en este tipo de delitos contempla y consulta «el aspecto subjetivo del sujeto activo» que comete el delito.

También utilizó las intervenciones –presentadas por la Fiscalía– que Novoa realizó, mientras fue senador, durante el tiempo en que se discutió un proyecto contra la evasión tributaria.

Entonces Novoa sostuvo que «tal moción debe ser rechazada en general», que «las líneas centrales del proyecto son absurdas», que «aumentar de atribuciones al Servicio de Impuestos Internos (SII) no es el instrumento idóneo para evitar y terminar con la evasión tributaria (…) la solución no es llenar las calles de inspectores tributarios para evitar la comisión de delitos» y concluía que la iniciativa debía «ser rechazada en su totalidad».

Además -advierte el tribunal-, respecto de este imputado, «no deja de impresionar que ya en las épocas de comisión de los delitos tributarios denunciados, cuando oficiaba como senador en ejercicio y a propósito de sus intervenciones en la Cámara Alta al discurtirse un proyecto de ley contra la evasión tributaria, él mismo haya estimado que -según ha reproducido en esta audiencia el Ministerio Público- ‘tal moción ha de ser rechazada en general’, que ‘las líneas centrales del proyecto son absurdas’ y que ‘aumentarle atribuciones al Servicio de Impuestos Internos no es el instrumento idóneo para evitar y terminar con la evasión tributaria (…), el proyecto de ley debe ser rechazado en su totalidad».

Para el decano Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Central, Marco Moreno, la sentencia es interesante, ya que Jovino es “un personaje de mayor nivel de influencia no solo en su voto sino que era capaz de alinear a toda una bancada, a todo un partido. Tiene un poder tan grande en la UDI, que alineaba votaciones. Lo que hay aquí es una defensa de intereses. Es lo que hace más interesante la sentencia del juez, que le enrostra, en un lenguaje jurídico, su responsabilidad política”.

Un tema que, para Moreno, ha estado ausente en los casos de financiamiento ilegal de la política.

“Rara vez los parlamentarios han reconocido su responsabilidad frente a los ciudadanos. El juez pone esta dimensión de la realidad de manera muy explícita cuando señala que Novoa conocía estos procedimientos y que en su calidad de abogado no podía no conocerlos”, señala el académico.

El abogado Mauricio Daza, de la Fundación Ciudadano Inteligente, querellante en la causa, cree que la experiencia como abogado le pasó la cuenta a Novoa:

“Una persona que es abogado, señalado como experto en materias económicas y tributarias, quien participó durante años como miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, está en una condición especialmente calificada para poder entender el sentido y alcance de sus propios actos. Eso hace que el reproche respecto de su conducta sea mayor que a cualquier otra persona. Este discurso de persecución facilista penal que utiliza a veces la UDI se volvió en contra”, explica.

La tesis de la «persecución política»

Fiel al comportamiento hipócrita que invariablemente han mantenido los mandos y funcionarios de la dictadura enfrentados a la justicia, Novoa y su defensa se fueron de negativa, en este caso asilándose en el argumento de la «persecusión política», lo cual es un insulto a la Fiscalía y un agravio al juez.

La sentencia es un nuevo revés, tal vez el más duro hasta ahora, para los abogados de Novoa: Francisco Cox y Matías Balmaceda. Estos han mantenido una rígida estrategia de defensa, caracterizada por la inamovible postura de silencio frente a los fiscales, a los que ha criticado públicamente por su labor en el caso que tiene al mundo político contra las cuerdas.

En esta segunda audiencia de formalización la defensa de Novoa apostó por instalar la tesis de la “persecución política” de parte del Servicio de Impuestos Internos (SII). Así lo dejó claro al comienzo de su intervención Francisco Cox:

“Este caso ha sido uno en el cual, en opinión nuestra, los órganos de la administración, efectivamente el SII, ha actuado totalmente al margen del Estado de derecho. Creemos esto con bastante base. Toda vez que aquí vemos otra actuación más donde el SII está dispuesto a torcer la ley para presentar una querella denuncia en contra de un opositor político” y aseguró que “en verdad se está tratando de eliminar a un enemigo político con una querella del SII”.

El penalista profundizó en su argumentación con ejemplos de otras campañas políticas:

“Si vemos la campaña de la Presidenta Bachelet, los montos cuestionados son 996 millones de pesos. Si vemos la campaña del Sr. Frei, 453 millones. Si vemos la campaña del Sr. Piñera, 389 millones de pesos. ¿Por cuánto se han querellado en contra de don Jovino Novoa? Por 25 millones”.

Incluso señaló que él no votaría por Novoa y que no comparte sus ideas, pero que “si estoy acá es porque efectivamente el trato igualitario tiene que ser un trato igualitario. Porque la igualdad ante la ley se ejerce ante un tribunal. Ante un tribunal las pasiones públicas se dejan a un lado. Lo que se evalúa es el mérito de un caso y la necesidad”.

“Por lo que estamos viendo estos son tiempos peligrosos”, agregó Cox, “porque se usa una herramienta que siempre se ha dicho: la muerte y los impuestos. Esas son las dos cosas ineludibles según la literatura. Se utiliza a Impuestos Internos para perseguir a don Jovino Novoa. Hay una clara motivación de obcecación con el Sr. Novoa”

Por su parte, Matías Donoso argumentó bajo la misma tesis, al recordar la entrevista del ex director de SII, Michel Jorratt, donde acusó presiones para presentar la querella:

“¿A qué obedece esta querella? Lamentablemente creemos que obedece a una contingencia política del minuto, que tiene una justificación bastante evidente que el propio director del SII, Michel Jorratt, dijo: yo tuve que presentar la querella, sentí una presión  enorme de Mónica González. Tuvo que presentar la querella que pareciera ser bastante rápida. Tan rápida fue, su señoría, con un informe de delitos tributarios que a nuestro juicio no investigó nada (…) pero además pareciera ser tan rápido esto que, incluso, el director del SII la presentó sin facultades. Pareciera ser que esto fue bastante entre gallos y medianoche”.

En otro punto, la defensa trató de desacreditar el título de “financista de la UDI”, afirmando que la constitución de la sociedad Inversiones y Mandatos contiene todo el patrimonio de Novoa:

“Todo su patrimonio completo desde el año 88 está en esa sociedad. No hay ningún bien afuera, todo está dentro de esa sociedad que él ha tenido”.

La argumentación de ambos abogados y el intento de instalar la tesis de “persecución política” quedó en fojas cero tras la lectura de cautelares realizadas por el juez.

Conducta reiterada

Durante la primera audiencia, los abogados del dirigente UDI, Francisco Cox y Matías Balmaceda, ya habían dado muestra de la dura línea de defensa que sostendrían. En esa ocasión solicitaron que la Fundación Ciudadano Inteligente y el Partido Socialista (PS), ambos querellantes en el caso, quedaran excluidos por falta de legitimación activa. Esta petición fue parcialmente aprobada por el juez, que excluyó al PS, aunque mantuvo a la fundación.

Acto seguido, los abogados de Novoa sumaron una segunda petición: que no se emitieran imágenes ni videos sobre la audiencia sino solo las resoluciones de la misma y que se evitaran primeros planos. Esto fue nuevamente rechazado por el juez Juan Carlos Valdés, quien aclaró que la audiencia sería transmitida solamente por el canal del Poder Judicial.

Pero no son los únicos antecedentes de los cortafuegos al proceso que ha puesto la defensa de Novoa. El 13 de enero pasado ya imponía sus términos cuando advirtió –al presentarse a declarar ante el fiscal Carlos Gajardo– que “he venido hoy día a la Fiscalía para manifestarle al fiscal mi total disposición a colaborar en esta investigación. Voy a prestar declaración ante el fiscal una vez que tenga conocimiento completo del expediente”.

Semanas más tarde, su defensa pidió que se discutiera la competencia del Octavo Juzgado de Garantía, donde se lleva el caso Penta-SQM. La lectura de abogados y cercanos a la causa fue que Novoa apuntó a debilitar a Gajardo y dejarlo fuera del juzgado en el que más ha litigado y mayor credibilidad posee. La apuesta, una vez más, no le funcionó.

Fiel a su estilo, en marzo de este año Novoa disparó contra la indagatoria: “Es ideológicamente falsa porque ha vulnerado el espíritu de la ley con un aparente ánimo justiciero. El show mediático no ha respetado la presunción de inocencia y ha pasado por encima de la dignidad de las personas”, dijo.

El último movimiento de la estrategia de su defensa fue apuntar a que aquello que se le imputa como delito es solo una falta, por lo que a principios de junio depositó $ 15 millones vía Octavo Juzgado de Garantía, por presunto perjuicio fiscal. Con ello, se quiso acreditar que existe una intención de reparar el mal causado.

Si bien aquella restitución de dinero, junto a su irreprochable conducta anterior, fueron consideradas como atenuantes por el juez Valdés, este afirmó que no hubo una colaboración efectiva en la investigación. Además, consideró una agravante que haya participado concertadamente para infringir de manera reiterada las normas tributarias, mismas que, dada su condición de abogado, debía conocer a cabalidad.

Tras conocer el fallo, el abogado del ex parlamentario, Matías Balmaceda, anunció que recurrirá a la Corte de Apelaciones de Santiago. «Llama la atención que el tribunal da por acreditada la irreprochable conducta anterior, la reparación celosa del mal causado y, de igual manera, llega a decretar una medida cautelar de esa naturaleza. Uno se pregunta, ¿por qué una persona que el día de mañana va a estar en libertad, de todas maneras se le decreta una medida cautelar tan gravosa?», dijo Balmaceda. Agregó que le «llama la atención que Cardemil estaba imputado por tres delitos igualmente y solo se le decreta arraigo y firma».

Horas antes, en la audiencia, el otro abogado del ex senador, Francisco Cox, había cuestionado a la fiscalía porque «hay una afectación a la igualdad ante la ley» al pedir medidas cautelares más gravosas en contra de Novoa y al no formalizar a otros personeros políticos.

Respecto a Impuestos Internos, criticó que no se haya querellado en contra de otros políticos, y en la audiencia se mencionó, entre otros, al recaudador de la Nueva Mayoría, Giorgio Martelli, y su empresa AyN. «Están dispuestos a torcer la ley para eliminar a un enemigo político (…) Estos son tiempos peligrosos, porque se utiliza a Impuestos Internos para perseguir a Jovino Novoa. Hay obcecación», afirmó.

Mientras que el jefe de la Defensa Judicial del SII, Andrés Vio, dijo que la «medida cautelar es proporcional al número de delitos».

Al finalizar la audiencia, consultado el fiscal nacional, Sabas Chahuán, sobre el destino de los dineros que habría solicitado Novoa a Penta y SQM, precisó que «no tenemos certeza de dónde fue a parar el dinero efectivamente, pero sí se pidió para campañas políticas».

Imputan a Cardemil por boletas «falsas» a Penta y a SQM

El jefe del Ministerio Público, Sabas Chahuán, formalizó ayer al ex diputado RN Alberto Cardemil por haber facilitado boletas ideológicamente falsas de terceros a empresas Penta para «gastos de su campaña» electoral en 2013. También por haber emitido boletas personales a SQM al año siguiente, colaborando «dolosamente en la indebida distracción de dineros que el imputado (ex gerente general de la minera Patricio) Contesse, en representación de SQM, habría incurrido en perjuicio de los accionistas de dicha sociedad».

En total, se trata de 10 documentos que suman $24,4 millones.

En el caso de Penta, los dineros habrían sido cobrados por los abogados Felipe León y Saúl Quiroz, quienes luego los entregaron a su jefe de campaña, Pedro Hernández, o a la administradora de esta, Paula Rojo. Respecto de SQM, existe un contrato entre la minera y Cardemil de abril de 2014, pero se cuestiona la elaboración de una serie de informes, similares a unos de la Fundación Avanza Chile, según declaró el mismo ex parlamentario ante el Ministerio Público.

El tribunal decretó arraigo nacional y firma quincenal.