El Plan Nacional de Inversiones en Salud, una de las principales iniciativas de la actual administración, contemplaba cerca de 4 mil millones de dólares para la construcción de establecimientos, tanto hospitales, consultorios, entre otros. Esto con el propósito de fortalecer la red pública de salud y así garantizar a la población acceso a la atención sanitaria. Este plan ha debido enfrentar una serie de dificultades, las cuales han sido reconocidas por Bachelet en su discurso del 21 de mayo.
Sin embargo, estos problemas han traído voces que claman por el regreso de las concesiones hospitalarias como una respuesta para enfrentar los déficits de infraestructura pública.
Ciertamente, las concesiones en salud no son la solución a la actual problemática. Pero no solo es un tema de dineros fiscales, también las concesiones tienen problemas desde el punto de vista de la calidad de atención.
Para enfrentar los problemas ligados a la provisión de infraestructura, es necesario fortalecer la unidad de inversiones del Minsal, buscar la generación de economías de escala o buscar alternativas estatales para la provisión de infraestructura.
Al momento de asumir el nuevo gobierno, se anuncia un plan radical de expansión de la inversión sectorial en salud. En este plan se comprometen los recursos para el término de 20 hospitales, 20 en fase de construcción y 20 en la fase estudios previos.
Este plan de inversión pretende construir más de 2,5 millones de metros cuadrados en recintos de salud, 10.873 camas (de las cuales 7.800 son reposición y 3.073 camas nuevas). Esto implica un aumento de 91% en términos del gasto que se realiza. Hasta el 2014 el Estado gastaba $ 20.769 pesos por cada afiliado y con el nuevo plan de inversiones, esta cifra llega a $39.837 pesos.
En el primer año de gobierno, ya se identificaron algunas dificultades que fueron heredadas de la administración Piñera-Mañalich, como por ejemplo que habían seis obras que estaban paralizadas y otras ocho que presentaban retrasos o se encontraban sin el presupuesto necesario para su conclusión.
A esto hay que sumar la falta de diligencia para pesquisar boletas de garantías falsas por 7.600 millones de pesos de parte de la empresa Pixels Spa. Y además debemos agregar las dificultades que se han tenido a la hora de licitar los diversos proyectos, en donde se ha tenido que declarar desiertas licitaciones, además de adjudicaciones a precios elevados.
Frente a las dificultades que se han presentado en el plan de inversiones, se han levantado críticas hacia el gobierno por haber dejado de aplicar la modalidad de concesiones en salud. Esta modalidad fue descartada por la actual administración dado que se estima que en términos de costos puede ser oneroso para el Estado.
Un ejemplo de esto lo podemos ver en la construcción de los Hospitales de La Florida y Maipú en donde el M2 tiene un valor de 50,2 UF. Los hospitales que se construyen bajo modalidad de inversión sectorial durante los mismos años (2009-2010) tienen una mediana de 42,2 UF por M2. Esto implica que ya en la fase de construcción esta modalidad tiene un 19% de sobreprecio frente a la modalidad tradicional.
Respecto a la fase de explotación también existen diferencias, sin embargo la provisión de los servicios en los actuales hospitales públicos y que son incorporados en la concesión, hoy son realizados por privados. Es decir que es necesario de realizar un estudio para comparar costos respecto de la concesión con la provisión propiamente pública.
Otro aspecto que es de suma importancia señalar es la experiencia que han tenido los hospitales de la Florida y Maipú, los cuales se encuentran en funcionamiento. En estos establecimientos se han encontrado problemas relacionados con la concesión, así como problemas que se arrastran de la fase de constricción de los mismos.
Dentro de los aspectos complejos que posee el modelo de concesiones está la falta de injerencia del propio sector de salud. Esto se ve reflejado tanto en las decisiones que se deben adoptar en relación al contrato de concesión, como incluso en la inspección técnica la cual queda bajo la tutela del MOP, ministerio que no cuenta con la capacidad técnica para realizar dicha labor.
Otro aspecto que resulta realmente complejo es la falta de flexibilidad en los contratos, lo cual redunda en una ausencia de la visión sanitaria en la gestión de la concesión. Por ejemplo, si a raíz del aumento de una enfermedad es necesario reconvertir camas, a objeto de hacer frente a la demanda, la Concesionaria indica que esa modificación se demorará un número tal de días hábiles que, para cuando esté lista, o no será necesaria o bien la población usuaria habrá sufrido la postergación de una atención oportuna, lo que afecta su recuperación.
La atención de los pacientes exige cierta flexibilidad no sólo en el uso de camas sino también de la infraestructura, en términos de utilizar espacios para funciones que no fueron las originalmente contempladas. Esto es posible, sin embargo, a la hora de hacer algunas modificaciones a la infraestructura, pero dicha autorización debe pasar por la sociedad concesionaria, tanto en términos de factibilidad como de costos asociados.
En este punto debemos poner precaución con dos elementos; la burocracia asociada y los tiempos de demora que ocurren tanto para el análisis de factibilidad como para la entrega de los presupuestos. Y en segundo término, el costo que esto significa, que por las condiciones dadas, suele ser mucho más alto que con la contratación por otras vías y con otros proveedores.
Dado los antecedentes, respecto a los costos asociados a la concesión, así como a la información que estamos comenzando a percibir respecto del funcionamiento de los hospitales bajo esta modalidad, es que debemos respaldar la decisión del gobierno de descontinuar el modelo heredado y, por lo mismo, se deben rechazar los intentos de la derecha y ciertas asociaciones gremiales de reponerlas.
Recordemos que hoy existen dos hospitales funcionando por esta modalidad y pronto vendrán tres más, lo que nos debe ilustrar la necesidad de realizar modificaciones a la ley de concesiones, para que estos hospitales puedan ver subsanado los problemas que acá hemos detallado.
Es necesario que reflexionemos en torno a la discusión de la inversión sectorial y al devenir del plan nacional de inversiones. Tanto en la provisión “sectorial” como en la mediante a la modalidad de concesiones, son actores privados con fines de lucro quienes se encargan de construir, además asegurando por el Estado un porcentaje de rentabilidad. ¿Desde cuándo se ha naturalizado la participación privada en la construcción de nuestros hospitales?
En Chile hasta la década de los ochenta existió la sociedad constructora de establecimientos hospitalarios, la cual fue responsable de construir los hospitales que hasta el día de hoy funcionan. La participación privada, lejos de ser “natural” o “normal”, fue impuesta en la dictadura.
A la hora de lograr tener una infraestructura adecuada a nuestras necesidades sanitarias, se debe considerar, al menos en nuestro contexto, algunas recomendaciones. Hoy el sistema para realizar la inversión posee una serie de etapas que incluyen estudios, diseños y posteriormente la construcción.
Entre medio hay una serie de trámites que deben cumplirse y muchas de estas tareas están desperdigadas en los distintos niveles burocráticos centrales y descentralizados. Es por esto que una propuesta debe ir en la línea de centralizar procesos, lo cual implica fortalecer la división de inversiones del Minsal.
Otra propuesta dentro de los límites impuestos por la lógica del mercado, va en la línea de la siguiente reflexión ¿Es necesario tener 60 diseños de hospitales, todos distintos del otro? ¿Chile se puede dar el lujo de tener un gasto en este sentido?
Claro que no y una propuesta que subsane este gasto innecesario es generar economía de escala, al licitar 3 o 4 diseños estandarizados y de fácil adaptación a las condiciones geográficas de los distintos sitios en los cuales se requieran emplazar. Esta simple recomendación puede implicar ahorros en costos y tiempo que son importantes. No es posible tener un sistema tan ineficiente, solo para dar en el gusto a empresas constructoras ávidas de obtener utilidades.
Y finalmente, una posibilidad más radical y que escapa a la actual lógica de provisión de infraestructura de salud, implica levantar una sociedad constructora de hospitales de carácter público y que no sea movida por el interés por la utilidad privada, sino por maximizar el bienestar colectivo. Ciertamente, ese sería el ideal.
(*) Director de la Fundación Creando Salud.
Fuente: El Quinto Poder
