por Eduardo Contreras.
Los 30 años de ese “NO” a Pinochet que la mayoría nacional expresó a la dictadura es sin duda alguna una fecha que debe y merece celebrarse pues fue también una contribución a la salida del dictador.
Pero cosa muy distinta es pretender falsear la historia, como no pocos hacen en este último tiempo, llegando al absurdo de afirmar que ese acontecimiento, sin duda muy importante, habría sido el acontecimiento que provocó la caída de ese criminal régimen.
Afirmar que a la feroz dictadura se la derrotó sólo con una rayita de lápiz en un papel es un mal chiste, propio de falsificadores de la historia. O de conversos que, luego de haber apoyado el golpe contra el presidente Salvador Allende, terminaron por oponerse a Pinochet.
Esta última afirmación puede comprobarla el lector buscando y leyendo importantes documentos de la época, desde luego la prensa chilena de esos años y, muy importante, los Informes “Hirschey” y “Church” del propio Senado de los EEUU de Norteamérica. Podrá comprobar entonces que el proyecto de golpe de Estado fue fraguado en las oficinas de la CIA, a pocos días de las elecciones presidenciales de 1970 con la presencia de sus más altos funcionarios y de Agustin Edwards, como este último reconoce en la causa criminal rol n°12 – 2013, actualmente en trámite en nuestro país.
Parte de ese criminal complot fueron las declaraciones falsas e inconstitucionales que, en contra del gobierno de Allende, hicieran la “excelentísima” (¿?) Corte Suprema y, el 22 de agosto de 1973, la Cámara de Diputados. Es útil revisar la conducta de los partidos políticos chilenos en esos hechos y en otros similares o peores, a sabiendas que abrían camino a la subversión armada de la ultraderecha.
Los únicos partidos políticos de nuestro país que no tuvieron participación alguna en la terrible tragedia abierta el 11 de septiembre de 1973 fueron aquellos que integraban la alianza denominada Unidad Popular; los demás sí tuvieron plena responsabilidad – incluso abierta y pública – aunque algunos de ellos fueron finalmente también perseguidos y terminaron por sumarse positiva y efectivamente a la lucha por la democracia.
Esa es la historia verdadera y resulta impresionante revisar la prensa nacional e internacional de los años 80. Conocer las declaraciones de importantes figuras de los diversos partidos políticos chilenos, así como de autoridades de otros países, en especial del gobierno norteamericano.
Del conjunto de antecedentes se desprende realidades como la siguiente:
Proclamada en 1980 por el Partido Comunista su política denominada de rebelión popular que explicitaba todas las formas de lucha en contra de la dictadura, los demás partidos comenzaron luego a emplear también denominaciones que traslucían la convicción de que no bastaba sólo con la movilización social.
Es que una dictadura tan brutal como la de Pinochet y con apoyo de los EEUU no parecía posible de derrotar sólo con movilización de masas ni mediante mecanismos propios de las democracias convencionales. Y así fue, por ejemplo que el 5 de febrero de 1981, desde Madrid, Clodomiro Almeyda, alto dirigente del Partido Socialista chileno decía que “tal como se dan las cosas en Chile, el tránsito de una a otra forma de lucha, ya está en perspectiva. Sin duda será un camino largo”.
Días después, en ciudad de México el 15 de marzo de 1981 Anselmo Sule, máximo dirigente del Partido Radical y Coordinador en el exterior de la izquierda chilena, decía:
“Sólo nos queda el camino de la rebelión consagrado en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, por la Iglesia y por la propia Constitución Política de los EEUU”.
Y agregó:
“La lucha armada es también parte de una rebelión”.
Ese mismo año, en la edición de febrero del periódico El Rebelde, Andres Pascal Allende, secretario general del MIR, reiteraba:
“Sólo acciones decididas, legales, semilegales, clandestinas, pacíficas y violentas, podrán restituir las libertades al pueblo chileno”.
En agosto de 1982, desde México, Jaime Suárez, ex senador y ministro socialista reafirmaba la necesidad de emplear contra la dictadura todas las formas de lucha.
A su turno, desde la Democracia Cristiana se llamaba a la “desobediencia civil” que, obviamente, no es sinónimo de lucha armada pero es bastante más que la simple búsqueda de acuerdos o formas pacíficas para hacer frente a una dictadura como la de Pinochet y la derecha chilena.
He considerado importante traer al recuerdo lo que declaraban públicamente las fuerzas políticas chilenas que se oponían a la dictadura para que se conozca la realidad tal y como fue.
Si años después varios de esos partidos excluyeron a los comunistas, renunciaron a formas de lucha y terminaron por aceptar las presiones del poder, eso es otro cuento.
Esos sectores se allanaron a condiciones tales como la mantención de la Constitución pinochetista y del modelo socio económico, vigentes hasta hoy. Además el compromiso era no tocar a Pinochet.
Así se consagró hasta en un artículo transitorio constitucional y, de hecho, si no hubiese sido por la querella criminal contra el dictador que presentamos hace 20 años a tribunales con Gladys Marín el dictador habría muerto sin ser siquiera procesado, como lo fue, y mucho menos hubiera estado preso en Londres.
Y eso que se suponía que tras el “NO”, se iniciaría la transición a una plena democracia. Pero hablando con seriedad, ¿podemos llamar transición democrática a esto que, en general, se ha mantenido tantos años?
Recordemos que todavía nos rige la Constitución del 80.
¿Cómo hablar de transición a la democracia si se mantuvo al dictador como Comandante en jefe del Ejército durante años y luego lo hicieron Senador Vitalicio?
Y lo defendieron del proceso en España y lo liberaron de su prisión en Londres.
¿Cómo llamar transición a la democracia si aun no recuperamos a plenitud el papel del Estado en la vida de la nación?
Por esas fechas me encontraba todavía impedido de regresar al país, exiliado en México, y trabajaba en la llamada “Casa de Chile” que funcionaba gracias al apoyo del gobierno mexicano y nos hacía posible publicaciones como la revista “Chile: Democracia Ahora”.
He releído varios números y encuentro artículos y declaraciones de personeros de varios partidos chilenos todos coincidentes en la unidad, en buscar todas las salidas, sin descartar ninguna forma de lucha.
Por entonces altos dirigentes del Partido Radical, como los estimados compañeros Anselmo Sule, Hugo Miranda, Sergio Wartemberg y otros, que estaban autorizados a ingresar al país, seguían manteniendo relaciones muy leales con las otras organizaciones y por ellos supimos de reuniones, algunas extrañas y nunca dadas a conocer públicamente, entre determinados sectores que excluían a los comunistas.
Supimos también de la singular y sugestiva visita a Chile por esos días del subsecretario para asuntos latinoamericanos del gobierno norteamericano de la época.
En rigor, como lo ha confirmado la vida, la de Chile fue una salida “a la española”, es decir negociando con la dictadura.
Con alguna prudencia podría decirse que sólo en el segundo mandato de la Presidenta Bachelet se registró un intento real de comenzar la transición con claras reformas en materia educacional, tributaria, laboral, y por sobre todo, por fin, el comienzo del camino hacia una Nueva Constitución de origen y contenidos democráticos y populares.
Pero todavía no se rompen las ataduras.
Terminar con el rol subsidiario del Estado en materia económica, poner fin al saqueo de los recursos naturales y de las empresas que eran del Estado, recuperar el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, al trabajo, a la previsión social, son todas tareas pendientes.
Celebremos entonces el NO de hace 30 años.
Pero no ocultemos la realidad.
