Para miles de ciudadanos mexicanos nada ha cambiado con la llegada de 2015. Desde el mes de septiembre pasado 43 estudiantes normalistas del Estado de Guerrero continúan desaparecidos sin que el gobierno haya dado una respuesta coherente ni informado sobre las investigaciones para dilucidar el caso. Todas las informaciones obtenidas son por indagación de los familiares y declaraciones de asustados testigos. Hoy crece el malestar social y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, anuncia su adhesión a familiares de las víctimas de Guerrero con las que anuncia planificarán acciones conjuntas.
Por eso, centenares de pobladores de Guerrero continúan la ocupación de 28 sedes municipales, como método de presión. Pero las autoridades parecen apostar a la dilatación y el olvido.
La medida de protesta fue una iniciativa impulsada por organizaciones no gubernamentales, agrupaciones sociales y estudiantiles que integran la Asamblea Nacional Popular, quienes desde el 24 de octubre habían convocado a la ciudadanía para tomar las 81 alcaldías del estado de Guerrero.
Marco Antonio Adame Bello, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres, informó sobre los ayuntamientos paralizados; y el secretario técnico de la de la Red Guerrerense de Organismos de Derechos Humanos (Redgro), Manuel Olivares Hernández, manifestó hace algunos días que “el narcotráfico ha dejado decenas de fosas. Guerrero es un gran cementerio clandestino; por eso en los concejos municipales se va a remplazar a las autoridades que no garantizan el derecho a la vida y a nuestro patrimonio”.
El silencio del gobierno mexicano y el dolor y rabia de familiares de los desaparecidos y de la ciudadanía en general, está elevando peligrosamente la temperatura de la paz social en México. Tácitamente convencidos de que la represión policial y militar no ha desmovilizado a la ciudadanía, la táctica que hoy se emplea es la amenaza anónima. Al ini8ciarse el año, los diarios locales informaron que desde que se inició la toma de las alcaldías, los curas de la diócesis de Tlapa, que apoyaron la exigencia de justicia en la desaparición de los normalistas en Ayotzinapa, han sido amenazados de muerte a través de llamadas telefónicas anónimas.
