Los lamentables hechos que se enmarcan en las fuertes lluvias que han caído en la zona Norte y Centro del país, nos hacen reflexionar una vez más sobre los riesgos a los cuales estamos afectos al vivir en Chile. A lo largo de esta “loca geografía”, se presentan una serie de eventos que desestabilizan nuestro cotidiano vivir. En este caso son fuertes lluvias, nada menos que en el desierto más árido del mundo. Y es esta coyuntura la que nos vuelve a recordar lo propenso que somos a incendios forestales, terremotos, tsunamis, volcanismo, derrumbes, aludes, crecidas de ríos, entre otros.
Lo lamentable de esto no es que vivamos en un país con inminentes riesgos, sino que no nos preocupamos de aquello. Ninguno de los eventos mencionados anteriormente es nuevo en la historia de nuestro país, ninguno es algo que “no se podía prevenir” o a lo menos “amortiguar”.
Cada vez que alguna de estas tragedias ocurre, las muestras de solidaridad se expresan a lo largo del país (y de la Región), cosa que no deja de ser necesaria, ya que ha quedado demostrado que muchas veces las capacidades del Estado (más allá de quien lo gobierne) se ven sobrepasadas por las coyunturas. Es por esto que no podemos quedarnos simplemente en una crítica vacía y simplista a la respuesta estatal hacia las emergencias o, como lo hacen otros, esperando algún beneficio político.
Para llegar a las propuestas necesarias que hagan de la crítica un aporte, hay que adentrarse en las políticas de gestión del riesgo en nuestro país. Es así que aparecen dos factores fundamentales.
En primer lugar, la falta de una institucionalidad adecuada, que dialogue en todos sus niveles y que sea capaz de generar los grados de sinergia necesarios para estar a la altura de las situaciones que lamentablemente vive nuestro país de forma periódica.
En segundo término, la lógica de actuar cuando son emergencias y no amenazas. Esto nos lleva a entender que no basta solo con crear nuevas instancias o más recursos (cosa que no deja de ser importante). Esto requiere un cambio de visión, de paradigmas respecto a la gestión del riesgo. Dicho debate debe ser profundo, reformando estructuras y visiones de país, pasando por la misma Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior (ONEMI), la cual precisamente es una Oficina de Emergencias, y hasta el otro extremo donde tenemos a la institucionalidad más visible del Estado, los Municipios. Quienes se les atribuye la responsabilidad (sin el traspaso de recursos necesarios) de gestionar el riesgo en sus comunas.
En la gestión municipal se entiende que el riesgo está definido en las Zonas No Edificables declaradas en los Planes Reguladores. Esto ya presenta varios problemas. En primer lugar, los Planes Reguladores son urbanos, salvo en el caso de los instrumentos intercomunales que en su estudio deben identificar las zonas de riesgo del área rural pertinente. Entonces, según esta lógica, el riesgo solo existe en las comunas con Planes Reguladores Intercomunales (PRI) y en las áreas urbanas donde exista un Plan regulador Comunal (PRC). ¿Y qué pasa con el resto del territorio? También hay que tomar en cuenta que alrededor del 30% de las comunas no tiene PRC, por otra parte, los que existen pueden estar desactualizados incluso por décadas.
Un detalle no menor, es que la legislatura sobre el riesgo es relativamente nueva (alrededor de 20 años) y bastante dinámica. Recién para el 27F se incluyeron a las inundaciones por tsunamis como “zonas de riesgo” y a raíz de la tragedia de Valparaíso el año pasado comenzó recién la discusión sobre las zonas propensas a incendios. Esta evidente carencia de identificación del riesgo es la más grande vulnerabilidad que vivimos como país frente a las amenazas latentes.
Si bien todos sabemos que los femémonos que se viven no son “accidentes” naturales, las normas urbanísticas siguen siendo flexibles frente a la presión del mercado, donde por abaratar costos se construyen puentes que cada cierto tiempo se inutilizan (“de aquí a que el rio Copiapó crezca, ya no estaremos aquí”), techos que no están diseñados para soportar ni un poco de lluvia (“¿para qué gastar en techos si en el desierto no llueve?), poblaciones enteras en altas pendientes (en el Norte aun no se olvidan de los aludes del ´91). Lamentablemente son las normas las que se adecuan a las grandes inmobiliarias y constructoras, y no al revés.
Ahora bien, el problema fundamental de que el riesgo recaiga en las Municipalidades es la gran asimetría en términos de recursos y de dimensiones que presentan las Comunas a lo largo del país. El autofinanciamiento de estas es la que condiciona la calidad, la frecuencia y lo riguroso de los estudios que dan origen a los Planes Reguladores y por consecuencia a la identificación de riesgos.
Las catástrofes que sufren nuestros compatriotas en las zonas afectadas son mera consecuencia de una escasa o nula planificación de los asentamientos y la falta de normas adecuadas que vayan en el sentido de la protección y el buen vivir y no en beneficio del mercado.
Aunque es importante una reformulación profunda también es posible avanzar en el mediano y corto plazo, utilizando la institucionalidad que existe, pues si bien los PRC no cubren todo el territorio comunal se pueden utilizar los Planes de Desarrollo Comunal (PLADECO), los cuales a pesar de ser simplemente indicativos, tienen competencia en toda la comuna, así también pueden gestionarse Circulares y Ordenanzas a nivel local que regulen de forma transitoria los riesgos y las normas de construcción, a la espera de que la discusión nacional de las reformas necesarias que el país necesita en términos de planificación.
Hoy son los Municipios los que se ven sobrepasados en el modo de tratar los riesgos, pero es el Estado en su conjunto quien debe hacerse cargo, transfiriendo no solo responsabilidades a las comunas sino que recursos, creando instancias de planificación y gestión que superen las divisiones administrativas actuales (que dicho sea de paso, no responden a las estructuras territoriales idóneas para la gestión del riesgo), comprendiendo que para la gestión del riesgo es necesaria dar la discusión de cara a la gente, pues son ellos quienes finalmente vivirán allí. Por último es necesario entender que no podemos poner en la balanza ahorro económico de empresas por una parte y la vida de las personas por otra. Hacer caso omiso de la gestión del riesgo en nuestro país, es seguir esperando con los dedos cruzados un nuevo desastre.
(*) Encargado Programa Municipio y Territorio. ICAL
Fuente: ICAL
