El Ministerio Público solicitó mayores atribuciones para perseguir los delitos tributarios, terminando con la exclusividad del Servicio de Impuestos Internos, SII, para iniciar las acciones penales. La solicitud encontró rápido eco en la Corte Suprema y en sectores parlamentarios.
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El vocero de la Corte Suprema, Milton Juica, emplazó al Parlamento a modificar la ley para que el Ministerio Público pueda perseguir delitos tributarios sin la necesidad de una querella del Servicio de Impuestos Internos (SII).
Esto, luego de la decisión del Ministerio Público de archivar o no perseverar en las causas vinculadas al financiamiento irregular de la política, como consecuencia de la resolución del SII de no presentar querellas en estos casos, entre los que destacan Penta y SQM.
Situación que fue cuestionada por la Contraloría General de la República a través de un oficio, donde apuntó que es indispensable que las acciones del SII tengan un fundamento racional y que “no obedezcan al mero capricho de la autoridad, sino a criterios objetivos que le otorguen legitimidad, por lo que lo que resuelve sobre el particular requiere tener un sustento en los antecedentes recabados al efecto”.
En entrevista con ADN Radio, el portavoz del máximo tribunal del país explicó que cuando se implementó la reforma procesal penal «quedaron dos cuestiones pendientes. Uno, es la justicia militar que quedó al margen del proceso penal y que eso ha sido tema de mucha crítica. Y dos, es que el Ministerio Público perdió el monopolio de la acción penal para ciertos delitos, como es el caso de las infracciones tributarias».
Consultado por si esto representa una cierta impunidad, Juica sostuvo que «los casos no pueden llegar a la justicia porque hay una norma legal que impide la investigación (…) está en la ley».
Por ello, dijo:
«Aquí la palabra la tiene el Poder Legislativo, porque eso se puede modificar rápidamente. El Congreso debiera cambiar esta normativa. A esta altura de los sucesos, que se han advertido delitos gravísimos de corrupción, el Ministerio Público no debería tener obstáculos para investigar.
A su turno, el diputado Leonardo Soto llamó al Gobierno a que se involucre en este debate, destacando que el próximo martes la Sala de la Cámara de Diputados vota el proyecto de ley que faculta al Ministerio Público a querellarse, previamente rechazado en la Comisión de Hacienda.
«Esperamos que el Ejecutivo presente indicaciones que permitan que se inicien investigaciones penales en estos graves delitos, creemos que no puede tomar palco ante una discusión que es de la máxima importancia», señaló el legislador.
«El próximo martes tendremos la oportunidad de saber quién está a favor o en contra de la impunidad en este tipo de fraudes, los que no solo dañan el patrimonio fiscal, si no que también la democracia y la confianza en las instituciones», agregó el parlamentario.
El diputado aseguró que la facultad discrecional que hoy posee el SII «evidentemente ha sido mal ejercida, puesto que incluso si el objetivo es solo recaudar, para los empresarios que delinquen no existe mejor disuasivo que la cárcel.»
«Pero nosotros tenemos la convicción de que lo económico no puede ser el único criterio. Las donaciones ilegales, además de no tributar, buscan comprar influencia política para tener tratos privilegiados, lo que atenta contra el bien común y la sociedad en su conjunto.Son delitos de la máxima gravedad», concluyó Soto.
