Rechazo prácticamente unánime ha generado la indicación de la Comisión de Constitución del Senado, que incorpora sancionales penales quiénes filtren información en procesos judiciales, y que muchos interpretan como una mordaza contra la divulgación de los escándalos políticos.
Tanto es así, que el portavoz de Gobierno, Marcelo Díaz, aseguró que los medios de comunicación deben ser excluidos de la polémica indicación:
“Ellos cumplen una función que también protege un bien jurídico relevante, la gente tiene derecho a estar informado. quienes filtren información de causas judiciales. La idea es que la indicación no se pueda interpretar ni usar, ni para impedir, ni generar ningún manto de protección para nadie”.
Cuando la polémica por la indicación que busca penalizar con cárcel a quienes filtren información de las causas judiciales está instalada, a la espera de que la Cámara revise lo aprobado en el Senado, el vocero Marcelo Díaz manifestó en una entrevista radial que el ánimo frente a la iniciativa bajo ninguna circunstancia es que se convierta en “un manto de protección para nadie”.
En entrevista con Radio Cooperativa, el ministro comentó; “Aquí hay que compatibilizar de manera muy clara y me parece legítimo que se haya abierto este debate y que haya quienes quieran repensar lo que se discutió en el Senado, que habla entre el bien jurídico asociado al secreto de las investigaciones con el derecho a la libertad de información”. va.
A propósito de los cuestionamientos respecto de entorpecer la labor periodística, Díaz afirmó:
“Esta es una opinión personal, que debiesen estar excluidos de esa norma expresamente los medios de comunicación, entre otras cosas, porque ellos cumplen una función que también protege un bien jurídico relevante, la gente tiene derecho a estar informado”.
“El debate que se instaló ayer va a permitir que cuando la norma llegue a la Cámara se haga un debate sopesado, tranquilo, sereno y que se adopte la mejor decisión y ojalá oyendo a todos los actores”, agregó el secretario de Estado.
Finalmente, expresó:
“Nos parece razonable que se dé una discusión más profunda en la Cámara que vea cómo se compatibilizan ambos bienes jurídicos, libertad de información, que no vaya a ser que el resultado de esto sea una ley mordaza. Y segundo el sigilo que las investigaciones requieren, entre otras cosas en defensa del propio éxito del resultado de la investigación y la presunción de inocencia”.
Fiscales: es un gran paso atrás
El presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Claudio Uribe, reiteró sus críticas a la indicación que busca sancionar con penas de cárcel las filtraciones de procesos judiciales afirmando que «es un paso atrás y un paso grande».
La norma, incluida en el marco de la agenda corta antidelincuencia y aprobada por unanimidad en el Senado, pretende imponer sanciones de 60 a 540 días de presidio a todos los intervinientes de una investigación que revelen antecedentes de las investigaciones.
En esa línea, Uribe manifestó:
«Entendemos que el interés que tenía la superioridad del Ministerio Público es garantizar cierto grado de resguardo, mayor al que existe, en delitos de drogas, delitos de tráfico y otras figuras semejantes, pero si ese era el interés, la verdad es que quedó muy mal hecho».
«En el texto tan amplio que propone la ley, lo que encontramos es que cualquiera que dé cualquier información de un contenido de la investigación arriesga tres años de cárcel y por qué esto es tan grave, porque hoy todos los que somos funcionarios públicos ya tenemos sanciones administrativas y penales por este tipo de cosas. Hoy, por ejemplo, si a una víctima se le ocurre comentar el contenido de su declaración ante la Fiscalía, a la letra de la ley comete delito».
«La solución no puede ser que a los problemas que se detecten establecer estos tipos penales tan generales y tan amplios donde en cualquier noticia que se publique del caso Soquimich están cometiendo delito decenas de periodistas, editores, la gente que da declaraciones, o sea, podemos terminar con todo el mundo dentro de la cárcel», añadió.
Uribe agregó:
«La indicación nos parece poco prolija, poco elegante, no apunta en el sentido correcto y hace un daño tremendo en términos de transparencia, es decir, el grave problema de la justicia criminal antigua era la falta de transparencia en los procesos y se ganó mucho con la reforma pero esto, tal como se está aprobando, es un paso atrás y un paso grande».
«Es evidente que si no hubiesen existido causas como Penta, Soquimich, Corpesca esta indicación no existiría. Esto no tiene nada que ver con la lucha contra la delincuencia», remarcó finalmente el presidente de los fiscales.
Colegio de Periodistas advierte «defensa corporativa o manto de protección» a políticos
También reaccionó en medio de esta polémica el Colegio de Periodistas, que indicó que «sin la presión de los medios que legítimamente apuestan con convicción por la trasparencia la democracia se verá aún más dañada de lo que está al día de hoy».
«Nos preocupa y es una muy mala señal que sea el sector político, ampliamente cuestionado por la colusión de intereses privados y empresariales, el que avance en esta medida. Se puede interpretar como una defensa corporativa o un manto de protección a quienes están siendo investigados por ilícitos más que una preocupación real por cuidar las investigaciones», afirmó el gremio en un comunicado.
La organización acusó además «un trato discriminatorio», porque «el tema se pone sobre la mesa cuando hay actores con mucho poder involucrados en investigaciones judiciales, pero no así cuando son ciudadanos comunes y corrientes -particularmente de sectores vulnerables- los que son afectados por filtraciones, muchas veces difundidas ampliamente sin cuidado ético alguno por la presunción de inocencia».
La presidenta del Colegio de Periodistas, Javiera Olivares, pidió que el polémico proyecto que busca sancionar con cárcel las filtraciones de procesos judiciales sea rechazado por la Cámara Baja.
En conversación con radio Cooperativa planteó:
«Nos parece una situación grave lo que está ocurriendo (…) una discusión de estas características en el marco de una agenda antidelincuencia queda un poco desvinculada de lo que esa agenda estaba haciendo, que tenía que ver con la delincuencia y el delito de otras características y no abrir espacios para sancionar a la práctica periodística».
«No entiendo cuál es la vocación de recrudecer esto, me parece que más bien se debe avanzar en aplicar correctamente la norma y por cierto avanzar en más transparencia», precisó.
«Nosotros como Colegio de Periodistas estamos a favor de que haya un proceso de la investigación que debe ser guardada en cierta reserva para que la investigación funcione, no estamos de acuerdo en que esto se amplíe y que además se sancione con penas a quienes entreguen datos sobre este proceso y que hayan sido por un bien común como dar a conocer, por ejemplo, un caso de corrupción», agregó.
Olivares comentó:
«Solicitamos una audiencia con el presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade, y de la comisión de Constitución de la misma Cámara, porque nuestro objetivo último es que la Cámara rechace esta iniciativa y que por ende se vaya a comisión mixta y no sea materia de ley».
Polémica en el parlamento
La polémica tam bién se propagó en el parlamento.
El presidente de la UDI, Hernán Larraín, defendió la norma:
«Si hoy día está prohibido igual los fiscales han filtrado una y otra vez, en ese sentido creemos que es en provecho de la mejor investigación y en defensa de los imputados para no estar en una situación de indefensión que esta norma está inhibiendo a la fiscalía de no hacer un doble juego».
Desde Renovación Nacional, su timonel Cristián Monckeberg no aseguró su apoyo a la medida: “Vamos a estudiarla, y si no nos parece lo correcto, se rechaza y que vaya a una comisión mixta”.
En tanto, en la UDI Jaime Bellolio juró que “cualquier cosa que limite la acción de control por parte de la ciudadanía y los medios de comunicación, yo voy a estar en contra”.
El presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Pedro Araya, les recordó a algunos parlamentarios que “todos están mirando esto con suspicacia, pero fue el propio Ministerio Público el que solicitó regular esta materia”.
Felipe Harboe (PPD) aseveró:
«Me llama la atención el debate que se ha producido, porque hoy día hay una norma en la Ley Orgánica del Ministerio Público y hay un tipo penal en el artículo 246 del Código Penal que establece sanción con pena privativa de libertad a quienes violen secretos, entonces me parece una situación extraña».
Distintos parlamentarios de la Cámara de Diputados plantearon sus dudas -y otros su rechazo- a una de las enmiendas aprobadas por unanimidad en el Senado, que dice relación con la iniciativa de aumentar con penas de cárcel en su grado mínimo las filtraciones de información de procesos judiciales, contra todos quienes vulneren el secreto de las investigaciones.
A las críticas planteadas tanto por la Asociación Nacional de Prensa como del Colegio de Periodistas, se sumaron los comentarios de los parlamentarios DC Matías Walker y Fuad Chahín.
El primero comentó que se dirigieron hasta el Ministerio del Interior, donde “hicimos ver nuestras dudas de lo que se aprobó en el Senado y pedimos que, en las instancias legislativas que corresponda, se hagan aclaraciones”.
Por su lado, Chahín sostuvo: “esto no puede en caso alguno restringir la libertad de información y expresión que tienen los medios de comunicación”.
Cabe señalar que este lunes el ministro del Interior, Jorge Burgos, comprendió las dudas y señaló que “siempre habrá apertura para rediscutirlo, de parte del Ejecutivo no hay inconveniente”.
Para modificar esta medida, se necesita la unanimidad en la Cámara de Diputados, tras lo cual volvería a la mesa de la comisión de Constitución para agregar las indicaciones que hacen falta.
Penta-SQM-Corpesca: Fiscalía tiene 14 investigaciones por filtraciones en causas políticas
La Fiscalía Regional Centro Norte investiga 13 de las 14 investigaciones por filtraciones en las causas Penta, SQM, Corpesca y Caval.
La cifra se da a conocer luego que el Senado aprobara una modificación al artículo 182 del Código Procesal Penal estableciendo una pena entre 61 días a 540 días a cualquier persona que viole el secreto.
Todas las indagatorias partieron por la denuncia de alguna persona o por un tercero que presentó un reclamo ante el Ministerio Público, como fue el caso de la UDI en 2015.
La mayoría de las causas están en manos del fiscal jefe de esa zona, Andrés Montes. Sólo una es tramitada por el fiscal regional occidente, José Luis Pérez Calaf.
Este último, investiga una denuncia que se presentó en enero cuando Montes estaba como subrogante del fiscal nacional. Por ende, no la pudo derivar al fiscal adjunto que lo reemplazaba en la zona Centro Norte, ya que este tipo de causas deben ser indagadas por un jefe regional.
Este caso es por la filtración del alzamiento bancario de la senadora Ena von Baer (UDI) en el caso Penta.
