El viernes 22 de junio, la Justicia se vistió de luto. Ese fue el último día en funciones del ministro de la Corte Suprema, Carlos Cerda Fernández, y el de la última vocería del también ministro del máximo tribunal, Milton Juica Arancibia, pocos días antes de pasar a retiro por la misma causa; a saber el límite de 75 años de edad.
Lo que le deben la sociedad, el Poder Judicial y la justicia a estos dos ministros, es incalculable.
En lo más profundo de la noche de la dictadura, fueron de los pocos que tuvieron el valor de utilizar los recursos del Poder Judicial en la investigación de crímenes bárbaros y demenciales, perpetrados por agentes estatales, en el contexto de una política genocida; protegida por una política de deliberada impunidad.
Gracias a ministros como ellos, los familiares de las víctimas conservaron su esperanza en la justicia, a pesar de las derrotas que diariamente les infligían jueces complacientes.
Los más de 40 tomos de la investigación del ministro Cerda Fernández, sobre la desaparición de ocho dirigentes y militantes comunistas, en el fatídico año 1976, constituyen la documentación judicial más extensa de esa política genocida.
Para ello, el ministro Cerda se atrevió a acumular todas las causas que tuvieran como factor la desaparición de militantes comunistas.
A pesar de sufrir un atentado fallido, el 14 de agosto de 1986 el ministro Cerda dictó el procesamiento de 40 personas que integraban el llamado Comando Conjunto, de las cuales 38 pertenecían a las Fuerzas Armadas, incluyendo a Gustavo Leigh, ex comandante en jefe de la Fuerza Aérea y ex integrante de la Junta militar.
La decisión provocó una rápida reacción de parte de los abogados defensores, que efectuaron varias peticiones para paralizar el caso. Al mes siguiente, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de queja, ordenando a Cerda aplicar la ley de amnistía y sobreseer definitivamente el caso.
El 6 de octubre, la Corte Suprema ratificó la decisión. Cerda se rehusó y, como será discutido más adelante, fue suspendido por dos meses con goce de medio sueldo. Durante la ausencia de Cerda, la orden de la alta corte llegó a manos del juez que lo reemplazó temporalmente en el caso. Este juez cumplió las órdenes de sus superiores y sobreseyó definitivamente el caso
El ministro Cerda fue el primer juez en articular explícitamente la tesis de que la ley de amnistía no podía ser aplicada hasta que los veredictos de culpabilidad fueran determinados.
Antes de esto, muchos jueces de primera instancia habían cerrado casos de desapariciones fundados en dicha ley, pero las Cortes de Apelaciones, incluida (notablemente) la Corte Marcial, siempre habían agregado a las decisiones que tal cierre era de carácter temporal, esto es, que dichos casos podían ser reabiertos en caso de que surgiera nueva evidencia.
Luego de que la Corte Suprema ordenara el sobreseimiento definitivo de este caso y castigara a Cerda por desafiar su interpretación de la ley, la mayoría de las Cortes comenzaron a aplicar la amnistía inmediatamente en causas que involucraban crímenes políticos anteriores a marzo de 1978.
El precio a pagar fue de más de diez años sin ser tomado en cuenta para integrar las quinas de promoción a la Corte Suprema
En 28 de octubre de 2005 fue propuesto, en reemplazo del juez Sergio Muñoz, como ministro en visita del «Caso Riggs», que consistía en la acusación por malversación de fondos públicos a Augusto Pinochet y otras personas cercanas a éste.
El abogado defensor, Pablo Rodríguez Grez, intentó sacar a Cerda del caso por una supuesta implicancia, por lo cual fue marginado temporalmente del caso.
Rechazadas las implicancias, volvió a dirigir la investigación en diciembre de 2006, pocos días después de la muerte de Pinochet.
En el intertanto, los senadores de la derecha habían rechazado la nominación realizada por el presidente Ricardo Lagos para que Cerda integrara la Corte Suprema.
El 4 de octubre de 2007 Cerda ordenó la detención de 23 personas por el caso Riggs, incluyendo a Lucía Hiriart de Pinochet, a sus hijos, y a otros colaboradores de Pinochet.
Sin embargo, tres semanas después la Corte de Apelaciones de Santiago dejó sin efecto la mayoría de los procesamientos realizados por Cerda.
En 2014, Cerda fue nominado por la presidenta Michelle Bachelet para integrar la Corte Suprema. El 15 de abril de ese año, el Senado de Chile aprobó la nominación por 30 votos a favor y dos abstenciones. Asumió en el cargo el 4 de junio de ese año.10
Cesó como ministro el 21 de junio de 2018, en la víspera de su cumpleaños 75, edad de retiro de los miembros del Poder Judicial.
Caso degollados
La historia judicial del caso degollados alternó luces y sombras.
El primer ministro en visita, José Cánovas Robles, fue el primero que se atrevió a desafiar la política de impunidad de la dictadura. Su valiente y meticulosa investigación derivó, solo
cuatro meses después, en la caída de Mendoza (“se está desgranando el choclo”, dijo el general) y el desmantelamiento de la Dicomcar. Luego se declaró incompetente, en favor de la “Justicia Militar”, pero el tribunal castrense rechazó la incompetencia.
En enero de 1986 la Corte Suprema revoca los autos de procesamiento.
El 22 de enero de 1987 Cánovas dicta sobreseimiento temporal de la causa y el 28 de marzo de 1989 se acogió a retiro , por razones de salud.
Su sucesor, Juan Manuel Muñoz Pardo, un juez de cuño conservador, mantuvo la investigación en la congeladora hasta que el 22 de mayo de 1989, esta recayó en el ministro Milton Juica.
El 26 de marzo de 1992, procesó a 17 funcionarios de Carabineros, entre ellos el ex general César Mendoza, y a Miguel Estay Reyno, El Fanta. El 19 de noviembre de ese mismo año, la Corte Suprema revocó el procesamiento de Mendoza.
Sin arredrarse por ello, el ministro Juica condenó a cadena perpetua a seis de los procesados, e impuso largas penas de presidio al resto de los implicados.
Hay extendido consenso entre penalistas y abogados de derechos humanos en cuanto a que las dos investigaciones más brillantes sobre crímenes de la dictadura son la que condujo en ministro Juica, en el caso degollados, y la del ministro en visita, Sergio Muñoz Gajardo -otro de los grandes- en el caso del asesinato de Tucapel Jiménez.
A continuación, dos reseñas acerca del retiro de ambos entrañables ministros, publicada en la página web del Poder Judicial
CORTE SUPREMA BRINDA EMOTIVA DESPEDIDA A MINISTRO CARLOS CERDA FERNÁNDEZ
La Corte Suprema brindó una emotiva despedida al ministro del máximo tribunal Carlos Cerda Fernández, quien dejó el Poder Judicial luego de más de 50 años de carrera judicial.
La ceremonia de despedida estuvo encabezada por el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito Cruz, el Pleno de ministros del máximo tribunal; ministros de Cortes de Apelaciones, jueces, funcionarios judiciales, familiares del magistrado y representantes de organizaciones de derechos humanos.
«Hoy es un día muy especial pues, junto con despedir al ministro señor Carlos Cerda Fernández, celebramos el honor y privilegio para el Poder Judicial por haber contado durante los últimos 54 años con su presencia, profesionalismo y humanidad; hemos tenido un gran compañero, y por, sobre todo, un excelente juez», dijo el presidente Brito en su extenso discurso.
«El ministro que hoy nos deja también ha realizado aportes a la discusión sobre la fuente de la legitimidad de nuestras decisiones judiciales (…)Este es el mensaje que durante su carrera judicial ha difundido y aplicado de manera inclaudicable, constituyendo éste su legado público y profesional más grande e importante, y el que esperamos sea reconocible en la historia de las nuevas generaciones. El juez debe expresar sus razones, en tanto lo hace, legitima su sentencia y justifica la independencia que le provee la Constitución Política de la República», expresó.
El presidente de la Corte Suprema entregó a Carlos Cerda la medalla «Al mérito Judicial».
En sus palabras, Carlos Cerda dijo: «Muchas gracias a mis compañeras ministras, señores ministros y señora fiscal, sobre todo por la paciencia que han debido tener ante mis amenudos discursos y comportamientos y actitudes tal vez demasiado vehementes para defender lo que yo he visto y sentido como graves, preocupantes e indeseables carencias y vacios de nuestrro sistema y que no son pocos «.
Agradeció, además, a su familia y a los funcionarios que lo acompañaron en más de medio siglo de trabajo judicial.
Al termino de la ceremonia y como una muestra de respeto y cariño, el presidente de la Corte Suprema acompañó a Carlos Cerda y su esposa hasta la puerta del Palacio de Tribunales, trayecto en que jueces, funcionarios judiciales de la Corte Suprema y de la Corte de Apelaciones de Santiago y el público general brindó calurosos aplausos al magistrado por su destacada carrera.
Historia Judicial
Carlos Cerda Fernández juró como ministro del máximo tribunal el 4 de junio de 2014 e integró la Cuarta Sala Mixta. Asimismo participó en los comités de Comunicaciones y de Personas de la Corte Suprema, desde este último cargo -y durante todo su primer año – impulsó por todo el país la campaña «Acoger, la alegría de acoger» en la que acercó la labor de los tribunales de justicia a las personas.
Carlos Cerda tuvo una carrera judicial que inició en 1965 como secretario ad honorem de ministro del máximo tribunal mientras aún realizaba sus estudios de Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Chile.
En enero de 1968, a cuatro meses de jurar como abogado, Cerda asumió como secretario del Primer Juzgado de Letras de Santa Cruz y, cuatro años más tarde, fue nombrado juez de dicho tribunal de la Región de O’Higgins.
En abril de 1974, pasó a desempeñarse como relator de la Corte de Apelaciones de Santiago y, cinco años después, como relator de la Corte Suprema. En diciembre de 1982, fue nombrado ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago y, en 2002, asumió la presidencia del tribunal de alzada más importante del país.
En paralelo a su carrera judicial, el ministro Carlos Cerda Fernández ha desarrollado un constante perfeccionamiento y formación académica en el extranjero, graduándose como doctor en derecho en la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, plantel donde estudió entre 1968 y 1970; y como doctor de tercer ciclo en la Universidad de París II, Francia, dictado entre 1977 y 1979.
Además, Cerda ha sido investigador visitante de la Universidad de Harvard, Estados Unidos, entre 1987 y 1988, y tomó el curso: «Dimensión jurídica de la integración política y económica europea», ofrecido por la Escuela Judicial de Barcelona, España, en 1999.
Asimismo, ha desplegado una activa vida docente desde 1973, año en que comenzó a ejercer como ayudante de la cátedra de derecho procesal en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, labor que cumplió hasta 1976. Año en que asumió como profesor auxiliar de dicha cátedra, responsabilidad que cumplió hasta 1982.
Entre 1983 y 1996, fue director del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad Diego Portales, casa de estudios superiores de la que fue miembro del Consejo Docente entre 1986 y 1996. Entre 1994 y 1996, integró el Departamento de Investigación y Extensión de la Facultad de Derecho de dicha universidad.
Desde 1996, forma parte del cuerpo docente de la Academia Judicial, impartiendo diversos cursos para jueces de primera instancia, ministros de Corte de Apelaciones y funcionarios judiciales.
Además, su carrera judicial ha sido objeto de distinción en Chile y en el extranjero. En 1986, obtuvo el «Premio Monseñor Óscar Romero del Servicio Paz y Justicia (Serpaj)» de Chile; en 1987, recibió la distinción «International Human Rights Guest at the Lawyers Committe Human Rights Awards Dinner», en Nueva York, Estados Unidos; en 1993 fue distinguido con el «Premio Monseñor Leonidas Proaño», de la Asociación Latinoamericana para los DDHH y, en el 2007, el galardón «Justice Price», otorgado por la Patricia and Peter Gruber Foundation de Estados Unidos.
El ministro Carlos Cerda Fernández es casado y padre de 7 hijos.
Ceremonia de despedida:
Ultima entrevista:
MINISTRO MILTON JUICA REALIZA SU ÚLTIMA VOCERÍA EN EL PODER JUDICIAL
A días de dejar su cargo en la Corte Suprema – por cumplir 75 años-, el ministro Milton Juica hizo su última vocería con los medios de comunicación.
Estas fueron sus principales declaraciones:
Operativos de detenciones masivas
«La tarea política de los gobiernos es naturalmente asegurar a los ciudadanos una tranquilidad pública y, por lo tanto, los que tienen que controlar la delincuencia no son los jueces, si no que son los actores políticos del sistema: el ministerio del Interior, el gobierno, las policías, Carabineros. Esto de las detenciones masivas, bueno, esa cifra no arrojó un colapso en los tribunales de justicia, no ha habido altos de detenidos que llegan a los tribunales, en general se mantienen las cifras, aun manejando esta política de las detenciones masivas. El tema es que esta seguridad, en abstracto, no vaya a ser caso que provoque una inseguridad mayor. Entonces hay que tener cuidado. Yo quisiera saber qué pasó con aquellas personas, qué se les hizo a estas personas que finalmente resultaron ser libres, sin cargos de ninguna especie. Yo puedo allanar toda una población y puedo sacar a diez delincuentes muy peligrosos y ¿qué hago con todas esas personas honradas, honestas, trabajadores, niños y mujeres que son afectados con estas medidas? Y en eso hay que tener mucho cuidado. Esto no es una cuestión de propaganda, esta es una cuestión de eficiencia y de buenos resultados. El Poder Judicial no es un actor en esta materia y es impensable que alguien nos obligue a participar en estas políticas. El Poder Judicial está para defender las garantías y derechos».
Críticas por delitos de financiamiento electoral
«Eso (declaraciones sobre el tema en 2017) me ha traído algún grado de dificultad porque al Congreso le pareció muy mal y yo les encuentro razón, ya que las expresiones son muy fuertes, pero son las que yo sentí en ese momento. ¿Es delito, será delito? Como diciendo, bueno: esto se castiga o no se castiga como delito, sin fijarse que la conducta moralmente no puede ser aceptada. Hay una ley que dice que el financiamiento de la política se hace de tal manera y si yo -que soy un representante de la ciudadanía- eludo esa ley y me disfrazo con martingalas y hago eso, en realidad no tengo moral para aceptar eso ni para justificarlo. O sea, puedo justificar que no me metan preso, pero no puedo decir que eso es lícito. Moralmente, por lo menos y eso provocó que todas las bancadas políticas manifestaran un reclamo que le llegó al presidente de la Corte Suprema».
Fuero parlamentario
«Yo no soy de aquellos que están contra el desafuero. Sí soy de aquellos que cuando se trata de un delito, hay que desaforar y que las justificaciones que no son delitos, bueno. Ustedes saben cuál es mi conducta. Siempre he votado por los desafueros».
Penas bajas para delitos de financiamiento de la política
«Este es un absurdo, que alguien que se roba miles de millones de pesos se vaya a la casa bajo el control de una autoridad administrativa para controlarlo si se porta bien o mal».
Caso de ecuatorianos torturados
«Eso ha sido inaceptable en una sociedad democrática y civilizada. Eso es inaceptable. El Estado es el garante de todas las personas y si una persona es detenida, el Estado es el custodio de esa persona y tiene que garantizarle todos sus derechos. Lo único que le es privado a esa persona es de su libertad, pero de todas las otras garantías relacionadas con su seguridad individual evidentemente que el Poder Judicial puede reaccionar debidamente frente a eso. Por lo tanto, esas conductas más propias de épocas que debiéramos olvidar, pero que cada vez vuelven de vez en cuando a nuestro país que no debiera ser si somos respetuosos de los derechos en mayúscula».
Evaluación del sistema penal (sobre declaraciones respecto de jueces del crimen)
Yo no estaba haciendo una crítica, estaba haciendo una afirmación respecto de una crítica muy grande respecto de la operación de los tribunales del crimen de la época y yo hacía la significación que en esa época existían en Santiago 36 juzgados del crimen que conocían de todos los delitos que existían en Santiago y tenían resultados. No era tan malo el resultado final. Se nos decían que casi todas las causas se sobreseen temporalmente, cierto, pero hoy pasa lo mismo con el archivo previsional. Hoy por hoy, y me alegro mucho que ello ocurra, tenemos un Ministerio Público muy fuerte con mucha capacidad y con muchos profesionales que desarrollan en parte lo que hacían los jueces del antiguo sistema, que es la investigación. Y esta división de tarea que han hecho ha sido muy buena, yo no tengo críticas respecto del sistema procesal y creo que nunca se vislumbra la posibilidad de cambiar al sistema al sistema antiguo, inquisitivo.
Leyes sobre control de la delincuencia
«Advierto con cierta intranquilidad que cada día se están dictando leyes más represivas que le están dando menos garantías al proceso penal y eso es delicado, porque atenta derechamente con los regímenes republicano, democrático y social».
La actual vulneración de derechos humanos en Chile
«Se están haciendo todos los esfuerzos. En realidad, si usted siguiera el trabajo que ha hecho la sala penal y la sala constitucional que tiene mucha relación con los recursos de protección especialmente y la sala laboral con los amparos relacionados con temas de familia y laboral, si ustedes consideran que hace 10 o 15 años no llegaban apelaciones de recursos de amparo a la Corte Suprema, hoy por hoy tenemos cerca de 30 recursos diarios de amparo que están relacionados directamente con la afectación de garantías constitucionales y con resultados. Hemos intervenido, por ejemplo, en revisar toda la situación que presenta la libertad condicional que era un sistema burocrático. Ahora hay un sistema objetivo y consideramos que debe cumplirse todas las condiciones objetivas para la procedencia o improcedencia de las libertades condicionales. Ahí hay un caso. Le puedo dar el caso de migrantes, ellos eran expulsados sin ningún tipo de defensa. Aquí se ha recurrido de amparo y aquí hemos hecho un trabajo enorme para proteger a esas personas cuando, sin fundamentos o discrecionalmente, se produce su expulsión. Ustedes han visto cuantas personas han podido permanecer en el país, porque hemos actuado conforme a lo que disponen precisamente los tratados de derechos internacionales relacionados con la migración. En general, ustedes han visto los recursos relacionados con los procedimientos penales, y en eso la sala penal hace el mayor esfuerzo y tiene la mayor proporción de fallos que de alguna manera han sido recogidos por la academia, por los entendidos y es un aporte muy significativo y valorado por la ciudadanía».
El impacto del caso «Degollados»
«Bueno, no por mí Milton Juica, si no desde el punto de vista ciudadano, ha sido muy importante porque si hubo la posibilidad de aclarar un suceso terrible, impropio de una sociedad civilizada como lo que ocurrió y hubo la posibilidad de determinar la existencia del hecho punible y hubo la posibilidad de determinar la responsabilidad de todos, ganó el país, y si yo logré participar en esto me siento muy honrado de haberlo hecho, muy contento, pero creo que ganamos todos y especialmente devolví un poco de dignidad al Poder Judicial».
Causas de derechos humanos
«Yo ingresé a la Corte Suprema el año 2001 cuando todavía no había una conciencia clara del respeto y protección de las garantías constitucionales y de los derechos humanos y por lo tanto yo soy un testigo de todo lo que se ha hecho para mejorar en esas condiciones. Es cierto que hay muchas cosas pendientes, pero que hay una conducta, por lo menos a partir del año 2000 o 2001 que revierte la situación de impunidad que existieron anteriormente. Eso lo puedo decir con mucha propiedad, porque he participado en eso y porque soy un actor muy cercano a través del funcionamiento de la sala penal en que ha tenido una actividad muy fuerte en todas las causas de derechos humanos y los resultados que se han tenido a partir de esa fecha. Nunca ha habido tantas causas terminadas con sentencias condenatorias. Se han investigado todo, se ordenó investigar todo lo que había, quedan muchas causas pendientes, pero nunca había habido tantas personas condenadas y en prisión preventiva y que son aquellas personas que tenían los cargos más altos dentro de los servicios de seguridad del estado. Ciertamente que eso no es suficiente porque sentimos el clamor de la ciudadanía, porque hay muchas cosas pendientes sobre todo la situación de los detenidos desaparecidos que es la herida más grave que tiene la sociedad chilena respecto de la afectación de las garantías constitucionales.
Poder Judicial y derechos humanos
«El Poder Judicial pudo hacer un poco más, pudo hacer más. Y no lo hizo pudiendo, sobre todo la Corte Suprema. Hacer más representación respecto de los abusos que se cometían en los derechos humanos. No se hizo eso y por lo tanto la Corte Suprema, en un acuerdo muy importante para la sociedad, hizo ese mea culpa (en 2013) en un documento que señaló claramente esa culpa, pero también hay que ser razonable en esto, porque si hubiese sido una Corte Suprema rebelde a una dictadura, tenga la seguridad que esa Corte Suprema tampoco habría existido. Habría sido eliminada, como lo fue el Congreso Nacional y todas las instituciones democráticas del país que fueron barridas por la dictadura. Yo creo que de alguna manera se ha cumplido con las expectativas en lo que se puede hacer. Quedan muchas cosas todavía por hacer y muchas cosas no se van a poder descubrir jamás. Me habría gustado que hubiesen terminado todos los procesos relacionados con, por ejemplo, la denominada «Caravana de la muerte». Ese suceso debió haberse resuelto mucho antes y todavía hay algunas cuestiones pendientes y eso es naturalmente una cuestión al debe, pero se está avanzando y yo soy de aquellos que piensan que hay que ir agotando hasta terminar, hasta que no quede nada que el Poder Judicial pueda sentirse un poco responsable de no haber hecho todo lo que podía hacer en este momento actual. Tiene todas las herramientas para hacerlo. En democracia se puede hacer todo».
Investigaciones de torturas en dictadura
«Se están haciendo y ya han llegado a la Corte Suprema. Esto es una investigación que se inició no más de 5 años y se mandaron a los ministros en visita que están investigando y aquí hemos conocido condenas de tortura y van a llegar seguramente más con el tiempo, pero se están haciendo estas investigaciones en el trabajo arduo de los ministros en visita. Yo les rindo un homenaje a estos ministros que han hecho tanto por la patria en estos momentos».
Su sentimiento al retirarse del Poder Judicial
«En lo personal de haber cumplido una carrera funcionaria en lo posible sin reproche, creo. No soy una persona que estime que lo ha hecho siempre todo bien. Seguramente he tenido muchos errores, pero en general si uno hace un análisis muy frío creo que no defraudé a la ciudadanía ni a aquellos que me pagaban el sueldo».
Ultima vocería:
Los ministros Carlos Cerda Fernández y Multon Juica Arancibia serán recordados por investigaciones exitosas emblemáticas, como el destape del Comando Conjunto y la fortuna de Pinochet en el Banco Riggs, en el primer caso, y el asesinato y degollamiento de tres profesionales comunistas, en el segundo.
Pero su principal mérito radica que en todos los casos que les correspondió investigar, y en todos los fallos emanados por su integración en salas, aplicaron las rectas normas, principios y códigos de la aplicación de justicia, hicieron suyo el mandato de que nadie está por sobre la ley, independiente del cargo que ocupe o su posición de poder, e invariablemente atuvieron sus decisiones al derecho internacional humanitario.
La Justicia los echará de menos. porque aún hoy, hay muy pocos como ellos.
