Era cuestión de tiempo, pero igual se iba a saber: desde junio de 2018 la empresa de encuestas CADEM, la más cuestionada del cuestionado mundillo de la encuestología política, ha obtenido $736 millones en contratos con diversas reparticiones de gobierno.
Entre ellas, con la Secretaría General de Gobierno, prácticamente todos los meses, de manera que, legítimamente, podría agregar en su blasón, como lema de la compañía: «atendida por sus propios dueños».
El antecedente lo entrega el reportaje CADEM: las denuncias que pueden terminar con el negocio de la encuestadora favorita del gobierno, del periódico electrónico El Dínamo:
«Según datos de Mercado Público, desde el regreso del Presidente Sebastián Piñera a Palacio, CADEM ha cerrado tratos por más de $736 millones con diferentes reparticiones públicas.
La cifra es más que una buena noticia para la empresa, después de las constantes críticas que han puesto en duda lo más fundamental de su negocio: la metodología de sus encuestas, la precisión de sus resultados y su independencia política».
Pero no es ni el primero ni el último antecedente conocido sobre la vinculación entre CADEM y personajes del círculo íntimo de Sebastián Piñera, entre ellas, la ministra Secretaria General de Gobierno, Cecilia Pérez.
El reportaje Ministra Cecilia Pérez otorga contrato millonario a encuestadora CADEM, el periódico electrónico Interferencia, revela que la encuestadora recibirá $64 millones mensuales de parte de la Secretaría General de Gobierno, a partir5 de marzo de 2019:
«El 8 de marzo pasado la Secretaría General de Gobierno, Sesegob, emitió una orden de compra a CADEM. Vía trato directo, la consultora de opinión pública –que realiza estudios de percepción de la ciudadana sobre personajes políticos, entre otros servicios– obtuvo su contrato más grande con el ministerio dirigido por Cecilia Pérez, por una suma de $64.651.740.
Actualmente, la SESEGOB es el organismo gubernamental que más recurre a CADEM desde el comienzo del segundo gobierno de Sebastián Piñera, con 13 órdenes de compras hasta la fecha.
A partir del 5 de abril de 2018, la empresa lleva 19 contratos que implican desembolso de platas fiscales. El monto total alcanza al menos los $941 millones».
Agrega el reportaje:
«Acorde al documento de la última contratación que obtuvo CADEM por parte de la Segegob de Pérez, este trato directo tiene como objetivo la realización de “una consultoría estratégica, a partir de un estudio cualitativo, con el objeto de conocer la percepción de la ciudadanía en relación a temas coyunturales relevantes”, y se agrega que este conocimiento “hace más eficaces las decisiones a nivel comunicacional de las distintas instancias gubernamentales”.
No hay mayores detalles de la compra, al mismo tiempo que en el punto 14 de la resolución exenta 272/451 de la Segegob –que autoriza el gasto–, se especifica que “el servicio requerido incluirá sondeos de opinión, por lo tanto, sus resultados serán reservados hasta que finalice el periodo presidencial durante el cual es efectuado”.
Es decir, la entidad dirigida por Cecilia Pérez cuenta con la facultad de mantener el contenido del estudio en el secreto, incluso si son solicitados vía ley de transparencia, lo que es criticado por abogados como Cristóbal Osorio, quien afirmó a Interferencia que “lo grave de las contrataciones es el privilegio de reserva de cuatro años que tienen esos estudios conforme al artículo 22 de la Ley 20.285 y Ley de presupuesto 2018 y 2019”.
Brazo operativo del Gobierno
Desde esa perspectiva, no puede extrañar que la encuesta política semanal de CADEM, Plaza Pública, opere en la práctica como instrumento inductor de las principales operaciones políticas del Gobierno, conducentes a la profundización del neoliberalismo estratégico.
A modo de ejemplo, a fines de octubre pasado, Piñera anunció su «reforma» previsional, la misma que estuvo en el candelero durante la semana, a propósito de los votos a favor de la idea de legislar de diez diputados demócrata cristianos, tres radiciales y Alinco; sin perjuicio de que resultaron burlados, al desconocer el gobierno el principal de los puntos del acuerdo.
En la primera semana de noviembre de 2018, el sondeo semanal de CADEM arrojó entre sus principales resultados, un 61% de acuerdo con la iniciativa, contra un 30% de desacuerdo, lo que fue presentado por la compañía, la prensa y el gobierno, como un «amplio respaldo a la iniciativa».
El punto es que la medición incluyó una sutil modificación de la pregunta:
– “¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con el proyecto de reforma previsional del gobierno del presidente Piñera que busca, entre otras cosas, aumentar en un 4,2% la cotización a costo del empleador?”.
Esa sola grosera inducción basta para descalificar los resultados de la encuesta Plaza Pública-CADEM.
Pero eso no es todo.
En octubre de 2017, CADEM midió la percepción de la ciudadanía ante al reforma previsional anunciada por el gobierno de Michelle Bachelet .
En dicho caso, la pregunta fue:
“En general, ¿está de acuerdo o en desacuerdo con el proyecto de reforma previsional?”.
En la oportunidad, la encuesta CADEM sostuvo que, durante esa semana, la aprobación obtuvo un 22% contra un 62% de desaprobación.
O sea, resultados a la medida del que paga las mentas.
El descaro en la manipulación de datos llega al punto de comparar los resultados de ambas encuestas.
El escándalo que se generó fue tal, que el propio Roberto Izikson, dueño de la encuestadora, debió pedir disculpas públicas
Sin embargo, disculpas más, disculpas menos, el hecho es que siempre, y de manera sistemática en la encuestas de CADEM, el universo muestral aparece aprobando las políticas retrógradas y retardatarias del gobierno, o criticando a la oposición.
Así, en la encuesta #278, de la segunda semana de mayo, el 45% de los encuestados se declaró en desacuerdo con el proyecto de «modernización laboral», pero el 78% se mostró de acuerdo «con dar mayor flexibilidad laboral en las empresas».
El 60% estuvo de acuerdo con «entrar al trabajo a las 7:30 am para poder irse a las 5:30 pm»; el 58% con que las horas extras «en vez de que se las paguen pueda cambiarlas por vacaciones», el 56% con «trabajar 3 horas más de lunes a jueves para tener el viernes libre» y el 76% con «trabajar desde su casa,
O sea, un traje a la medida del Gobierno.
Pero eso no es todo.
En la encuesta #279, df el 61% de la muestra se mostró en desacuerdo «con que los diputados de oposición hayan rechazado en las comisiones la idea de legislar los proyectos de admisión justa y reforma previsional».
Otra impostura que CADEM practica con fruición es el de elevar o derribar candidatos, a través del conocimiento/desconocimiento, y la aprobación/desaprobación de personajes políticos.
Es evidente que CADEM está trabajando por la candidatura de Joaquín Lavín, quien en la encuesta #278, obtiene el segundo lugar en conocimiento, con el 94%, después de Michelle Bachelet (99%), y lidera en aprobación, con 72% y desaprobación, 21%; seguido de Evelyn Matthei, con 95% de conocimiento, 55% de aprobación y 38% de desaprobación, y Heraldo Muñoz, con 64% de conocimiento, 55% de aprobación y 34% de desaprobación.
Aparentemente, la derecha que representa Izikson, es decir Piñera, no quiere nada con la derecha que representa José Antonio Kast, que aparece en el octavo lugar en conocimiento, con 83%, y decimonoveno en aprobación, con 44% y 46% de desaprobación.
Metodología al cuete
En todo caso, no es cuestión de tomar muy en serio los datos de la encuesta CADEM, sumamente cuestionados por su metodología.
El citado reportaje de Interferencia recuerda que Roberto Izikson, uno de los rostros más visibles de la sociedad, cientista político de la Universidad del Desarrollo, gerente de asuntos públicos y estudios cuantitativos de CADEM, participó en el primer gobierno de Sebastián Piñera, desempeñándose como director de estudios de la Secretaría Ganeral de Gobierno, dato que pone en juego la credibilidad de la encuesta, y que ejemplifica con el hecho de que en la última encuesta previa a la primera vuelta presidencial, el 19 de noviembre de 2017, CADEM le dio un 45% de votación a Sebastián Piñera, en circunstancias de que obtuvo un 36,6%, brecha estadística que no tiene otra explicación que manipulación.
Luego, recoge la opinión de Fernando García Naddaf, académico de la facultad de ciencias políticas de la Universidad Alberto Hurtado:
“Las encuestas están llenas de errores metodológicos y vacíos. Por ejemplo, las mediciones telefónicas, como CADEM, tienen sesgo socioeconómico, eso se sabe: sub-representan a grupos más bajos. Para extraer el margen de error se necesita que toda la muestra sea probabilística, cosa que no es el caso”.
Luego, explica que en la encuesta #278, donde se informó de la baja aprobación del gobierno, que llegó a un 37% de los encuestados, se entrevistó a 707 personas y de acuerdo con el estudio, “se alcanzó una cobertura total de 199 comunas. El 90% de la muestra fue aplicada en población urbana y el 10% en población rural”.
En consecuencia, se pregunta:
“¿Cómo se justifica metodológicamente la sobre representación urbana en el universo si la medición es nacional? Dicen que el 90% de la muestra es urbana, y en Chile eso debe estar por el 70% o quizás menos. El problema mayor es que hacen pasar esto como encuestas nacionales cuando en realidad son solo la medición de una muestra muy sesgada”.
La metodología de esta esta consultora también fue cuestionada por el economista Eduardo Engel, quien tiene un posgrado en estadísticas en la Universidad Stanford, en junio de 2017:
“De cada ocho personas que contacta CADEM, sólo una está dispuesta a responder la encuesta. Dado que el 88% de los contactados no responde, lo más probable es que el margen de error sea mucho mayor que el 3,7% reportado por CADEM. De hecho, un margen del 3,7% supone una tasa de respuesta del 100% y un muestreo probabilístico, lo que no sucede con Plaza Pública».
Capitalismo salvaje
Según el reportaje de El Dínamo, por estos días, CADEM atraviesa por problemas tanto o más agudos que cuestionamientos metodológicos y poca credibilidad: la alta cifra de ingresos que han circulado desde inicios de 2019, ha sorprendido ingratamente a los trabajadores que integran el sindicato, porque desde principios de 2018 la compañía comenzó una reestructuración interna que ha reducido de forma drástica el número de trabajadores que asisten diariamente al call center de la firma ubicado en Providencia.
En las oficinas donde alguna vez hubo 140 encuestadores, hoy predominan las sillas vacías. “Ya quedamos menos de 50”, asegura Jessica Angulo, presidenta del sindicato.
La gerencia de Asuntos Públicos de CADEM lo atribuye a la transformación digital, que estaría impactando con fuerza en el mercado de las encuestas, reemplazando operadores telefónicos por formularios online.
Pero para los trabajadores del call center, la historia es muy distinta: la empresa pretende aumentar las ganancias a costa de los trabajadores, tal cual predica la «modernización» laboral que acaba de enviar el jefe de Izikson al parlamento
La empresa empezó a contratar encuestadores para que trabajen desde sus casas a través de boletas de honorarios.
“Un negocio redondo por donde se le mire. No tienen que pagarles AFP, ni salud, ni seguro de cesantía, tampoco vacaciones, ¡nada! Se ahorran hasta los equipos, la luz y el agua”, dice una ex encuestadora que hoy está en tribunales para exigirle a CADEM la indemnización que le corresponde por más de seis años de servicio.
El problema, dicen los trabajadores, es que su sueldo se sostiene en función de la cantidad de encuestas realizadas y esa cifra se fue a pique: ya no pueden hacer horas extras y son los trabajadores de casa los que tienen la prioridad cuando se abre un nuevo sondeo.
Entre los trabajadores sindicalizados del call center la remuneración mensual ha bajado en hasta un 50% durante el último año y la respuesta de la empresa la califican como una “encerrona”: renunciar para irse a trabajar desde sus hogares o negociar el despido.
Según el reportaje, los antecedentes de CADEM en la Dirección del Trabajo revelan un problema sostenido en temas laborales. En los últimos cinco años acumula 17 multas por un total de $18,6 millones; sea por no pagar remuneraciones, incumplir contratos, no detallar cómo se calculan los sueldos, o tener servicios higiénicos en malas condiciones, entre otras.
Explotación sin límite
Jacqueline Landeros, encuestadora y tesorera del sindicato, lleva más de 9 años en la empresa. Antes de los últimos cambios no había mayores problemas:
“Teníamos mucho trabajo. Ganábamos alrededor de $500 mil, hasta $700 mil mensuales. Trabajábamos hartas horas extras, pero era parte del acuerdo con la empresa”.
Ella trabaja 30 horas semanales haciendo encuestas en las oficinas de CADEM. En marzo de 2019 el sueldo bruto de la encuestadora llegó a los $297.155, poco más de la mitad de los $515.494 que alcanzó en octubre de 2018, trabajando la misma cantidad de días.
La remuneración base alcanza $184.000 y va subiendo una vez que las trabajadoras cumplen una cuota mínima de encuestas.
“El problema es que cada vez cuesta más superar esa meta. Yo ahora no he faltado ningún día, he cumplido con todas las horas y voy a hacer $210 mil”, explica Jacqueline.
A comienzos de 2018 que las condiciones empezaron a cambiar.
“Un día pasó una coordinadora puesto por puesto preguntando si teníamos notebook en la casa, si teníamos internet y qué velocidad tenía”, relata la presidenta del sindicato, Jessica Angulo.
“El plan de la empresa era que nos fuéramos a trabajar desde la casa, pero dijimos que eso no correspondía, porque no era lo que decía nuestro contrato”, agrega la dirigente.
El sindicato planteó que, para trabajar desde la casas, debían pagarles el finiquito. La empresa replicó que si querían trabajar desde la casa debían renunciar y por ende perder lo que les correspondía por sus años de servicio.
Después de eso, todo se puso cuesta arriba:
«Despidieron al turno de los fines de semana y se acabó el contrato con el Banco de Chile, uno de los estudios más preciados, porque era una encuesta corta que permitía sacar más comisión. Comenzaron a ver cómo llegaban personas externas a capacitarse, que luego trabajaban desde sus casas. Se acabaron las horas extras y continuaron los despidos.
Pero el golpe de gracia, según las trabajadoras, fue el cambio en la calidad de la base de datos, que es el conjunto de números telefónicos dispuestos para cada encuesta.
“Cuando se abre un estudio, la base de datos está limpia. Fresquita. Ahí es cuando más rinde. Pero ahora nos dan acceso a la base de datos después de que haya pasado por la gente que trabaja desde la casa”, dice Jessica Angulo.
En la práctica, eso es trabajar con “lo que botó la ola”: las cuotas más difíciles, los números que no funcionan y los encuestados más renuentes. .
Según el reportaje de El Dínamo, las trabajadoras están endeudadas, agotadas y frustradas:
“Las encuestas son largas, tú puedes estar con un cliente 25 minutos y te pagan dos mil pesos. Los computadores están malos, se quedan pegados y perdemos encuestas, tiempo. La gran mayoría somos mujeres separadas que llevamos la casa y cuando tu sueldo baja un 50%, un 60%, no dejas de comer ni de vivir, dejas de pagar. Eso colapsa a cualquiera”, concluye Jacqueline.
El sindicato le pidió explicaciones al gerente de Operaciones, Víctor Solervicens, toda vez que mientras los sueldos caían drásticamente, aumentaba el número de encuestadores externos que llegaban a capacitarse para trabajar desde la casa.
La respuesta no fue alentadora:
«Nos dijo ‘miren chiquillas, yo creo que la mejor opción es que ustedes negocien su despido, porque después nos vamos a estar mirando las caras y me van a reclamar que no hay trabajo’ asegura Jessica Angulo.
Para las trabajadoras que llevaban más años, negociar el finiquito era ir a pérdida:
“El gerente nos adelantó que la empresa no tenía dinero suficiente para pagar lo que correspondía y que nosotras debíamos presentar una oferta”, relata Angulo.
En enero de 2019, el diario La Segunda publicó la cifra que percibió CADEM durante 2018 solo gracias a contratos con el Estado: más de $956 millones.
En el reportaje, Roberto Izikson, gerente de Asuntos Públicos de CADEM, sostenía: “Esos $956 millones solo hablan del prestigio y la capacidad que tiene nuestra empresa para hacer estudios de todo tipo. Tenemos un call center de 100 posiciones”.
“Le llevamos el artículo al gerente de Operaciones, pero él dijo que eso era solo venta y que en realidad pedían préstamos para pagarnos los sueldos. Para mí eso es una burla, porque todas las semanas sigue llegando gente a capacitarse para las casas”, agrega la presidenta del sindicato.
Consultados por El Dínamo, desde la empresa señalaron que no han incurrido en incumplimientos laborales:
“Si una señora que trabaja en el call center no está satisfecha con el sueldo que gana, tendrá que buscar trabajo en otro lado. Qué más podemos hacer si viene a trabajar y todos los meses se le paga el sueldo que está pactado en su contrato”.
La chiva del teletrabajo
No está claro el número de personas contratadas por CADEM para trabajar desde el hogar, pero hay un grupo de coordinación en Whatsapp que tiene más de cien integrantes.
Paula es una de ellas. Trabaja hace tres meses desde su hogar. Le pasaron el dato y postuló a través de la web de CADEM. La entrevistaron y le explicaron las condiciones del trabajo: sin contrato, sin sueldo base y con boleta de honorarios. Tomó el empleo, porque lo necesitaba. Tiene 28 años, estudia y debe mantener a su hijo, sola. Dedica en promedio 5 horas al día a las encuestas y en el mejor mes ha sacado $190 mil.
“El mejor momento es cuando llegan los estudios nuevos. Después de unos días ya baja la producción, entonces una sabe que hay que aprovechar y sacar más cuando se abre la base de datos. Después ya es mejor desconectarse”, explica.
La historia se repite.
Francisca tiene 24 años y una hija. Las encuestas representan su único ingreso. El teletrabajo le acomoda, porque en la mañana estudia en un instituto y luego se dedica a las encuestas entre las dos y las seis de la tarde, mientras su hija está en el colegio. Así consiguió alrededor de $150 mil en el último mes.
“Me hicieron la capacitación por cinco días en las oficinas de CADEM y ahí me dijeron que el pago dependía del tipo de estudio, pero la verdad es que todavía no sé cuánto me deberían pagar por cada encuesta que hago”, dice.
Álex (22) comenzó hace poco más de un mes, no tiene hijos y decidió dedicarle todo su tiempo a las encuestas. En CADEM le dijeron que si se conectaba entre cuatro y cinco horas de lunes a domingo podría sacar $250 mil. Quería más, así que se conectó desde las 9 am hasta las 7 de la tarde, con una hora de colación, incluso sumándole el sábado, pero cuando vio el saldo, desistió: sacó $140 mil.
Fue a reclamar a la empresa y ahí se enteró de que le habían anulado algunas encuestas:
“Me dijeron que no sondeaba, que no preguntaba más, que no redondeaba. Pero en Plaza Pública, por ejemplo, te hacen preguntar lo mismo de cinco formas distintas, que si el presidente lo ha hecho bien, que si el presidente ha generado más empleo, incluso si la gente dice ‘Piñera’ tú tienes que pedirle que diga el nombre completo y ahí la gente te corta”, asegura. .
Otro obstáculo, según Álex, es que el sistema que le instalaron en el computador para hacer las encuestas se cae permanentemente:
“Yo le pregunté a una coordinadora por qué pasaba eso y me dijo que era porque había mucha gente conectada desde la casa”.
La historia que cuentan los Tribunales
Desde 2012, los juzgados de trabajo ubicados acumulan 27 demandas de ex trabajadores de CADEM, principalmente por despidos injustificados, sueldos impagos, vulneración de derechos fundamentales e incluso una demanda por multirut que fue ganada por el sindicato en 2016.
El fallo obligó a considerar como una sola unidad a las dos razones sociales que se habían fusionado en 2012 -CADEM e Iccom SpA- y a pagar casi un millón de pesos. Sin embargo, hasta el día de hoy la empresa actúa por separado en la práctica.
Las operadoras del call center están contratadas por Iccom, mientras que los encuestadores de casa envían sus boletas de honorarios a CADEM S.A.
De las 27 demandas pesquisadas por El Dínamo, siete han sido rechazadas, mientras que en nueve la empresa ha llegado a un acuerdo conciliatorio con quien demanda antes de que se dicte sentencia. Esos acuerdos le han costado a CADEM más de $30 millones.
En algunos casos la empresa ha pagado incluso más de lo que se exigía originalmente en la demanda. La explicación para esto puede estar en el riesgo que correría el negocio frente a una condena: si es hallada culpable de prácticas antisindicales o vulneración de derechos fundamentales, CADEM quedaría inhabilitada para contratar con el Estado durante dos años.
Entre las que han llegado a sentencia, está el caso de un encuestador en terreno que fue despedido injustificadamente después de trabajar más de cinco años para CADEM, sin contrato.
La empresa desconoció el vínculo laboral en tribunales e incluso argumentó que el hombre había dejado de prestar servicios “porque así lo quiso”. El tribunal de primera instancia le dio la razón al trabajador, decisión que fue ratificada por la Corte de Apelaciones de Santiago, obligando a CADEM a pagarle más de $4,2 millones.
Entre los cientos de archivos en tribunales aparecen otras historias como la de una encuestadora que trabajó durante 20 años sin contrato en la empresa. La mujer no tuvo derecho a prenatal durante su primer embarazo, trabajando hasta el día anterior al parto, y tampoco derecho a descanso tras el segundo embarazo, debiendo trabajar con una depresión post parto. Al ser despedida, según se lee en la demanda, la amenazaron con incluirla en una lista negra si recurría a tribunales. La mujer demandó a CADEM por vulneración a sus derechos fundamentales, pero la empresa le ofreció $3 millones y consiguió un acuerdo antes de que se dictara sentencia.
Entre las nueve demandas que siguen en curso, existe una por despido indirecto interpuesta por 10 trabajadores del call center que optaron por la vía judicial frente a las nuevas condiciones que impuso CADEM durante el último año.
También está en desarrollo la demanda por prácticas antisindicales interpuesta por el sindicato de CADEM, donde acusan que los despidos durante el último año han afectado principalmente a sus afiliados.
Uno de los antecedentes relevantes en esa causa será el último contrato de CADEM con el Estado: $190 millones por levantar información telefónica durante 2019 y 2020 para el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, SENCE.
Según la información disponible en Mercado Público, la nómina de empleados entregada por CADEM en esa licitación incluye solo a los trabajadores que participaron de un convenio colectivo entre la empresa y un grupo negociador paralelo al sindicato.
Se comprende fácilmente que una empresa que engaña y explota así a sus trabajadores, carece de solvencia moral y credibilidad para proveer información que requiere altos estándares de integridad ética y de confianza.
