La ministra en visita civil de la Corte Marcial, Romy Rutherford, encontró la pasarela que conduce a los peces gordos del milicogate. Si nada extraño ocurre, las consecuencias de su investigación debieran traducirse en sorprendentes formalizaciones.
Pero más allá de las consecuencias penales, hay un conclusión que pende como espada de Damócles sobre el precario sistema político chileno.
A la altura de esta evidencia, ¿cómo es posible que aún no sea posible derogar la Ley Reservada del Cobre, fuente de mega-fraudes como él milicogate y el pacogate?
Milicogate: descubren e investigan facturas duplicadas por 200 millones de dólares
por Jorge Molina Sanhueza.
El Ministerio Público y la Justicia Militar investigan en absoluto sigilo la existencia de presuntas facturas duplicadas por hasta 200 millones de dólares en la contabilidad del Ejército, asociadas a operaciones de venta de armas y sistemas bélicos realizadas a través la maestranza castrense, FAMAE, y empresas extranjeras como la israelí Rafael Advance Defense Systems.
“Sólo en FAMAE hay 44 facturas duplicadas por un total de 83 millones de dólares”, emitidas entre los años 2008 y 2015, según estableció un informe confidencial que la Policía de Investigaciones entregó a la ministra en visita civil de la Corte Marcial, Romy Rutherford, a cargo de pesquisar los desfalcos cometidos con fondos provenientes de la Ley Reservada del Cobre. (Ver documento).
El reporte -al que accedió en exclusiva Radio Bío Bío- fue enviado además a la fiscal Ximena Chong, quien indaga la supuesta participación de civiles en los ilícitos.
Los antecedentes también son evaluados por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), en especial por la jurista María Inés Horvitz.
La Brigada de Delitos Funcionarios de la PDI (Bridef), bajo el mando del comisario Guillermo Castro, comenzó a revisar los antecedentes, en medio de las dificultades para ubicar las facturas originales.
Los eventuales actos de corrupción, que atravesarían las jefaturas de los generales Oscar Izurieta, Juan Miguel Fuente-Alba y Humberto Oviedo, fueron descubiertos al indagar pagos irregulares girados a favor de la empresa chilena Capellán, una proveedora de repuestos automotrices vinculada al llamado Milicogate, caso que originó en 2014 las investigaciones sobre corrupción en el Ejército.
El corazón del presunto fraude fue la utilización de FAMAE como intermediaria de las compras bélicas del Ejercito, aprovechando que esta empresa estatal permite una gestión con menos controles administrativos, según explicó uno de los oficiales que ideó el sistema, quien ya declaró en secreto ante la ministra Rutherford.
La pesquisa está inserta en otra quincena de líneas investigativas sobre diferentes desfalcos cometidos en el Ejército con la Ley Reservada del Cobre, además del pago de sobornos, estos últimos anotados en tres cuadernos manuscritos encontrados en las bodegas de uno de los proveedores que participó de estas triangulaciones.
En medio del escándalo, el Ejército dictaminó sigilosamente este 28 de junio abrir una investigación sumaria por la adquisición de camiones Mercedes Benz a Comercial Kaufmann, compañía que apareció en el primer reporte de la PDI con doce facturas duplicadas, por un monto de veinte millones de dólares.
“Por un precio mayor”
La maraña comenzó a desenredarse lentamente el 1 de agosto de 2017. Aquel día, el suboficial en retiro Claudio González, procesado en el caso milicogate, se sentó frente a la ministra Rutherfod, luego de pasar meses encarcelado.
La jueza comenzó a mostrarle cada una de las facturas ideológicamente falsas que lo involucraban en el juicio. Eran documentos por montos menores, en comparación con el desfalco hoy investigado.
González, quien trabajó durante años en la División de Mantenimiento del Ejército (Divman), bajo el mando de los generales en retiro Carlos Villalobos y Héctor Ureta, optó por abrir la caja de Pandora, aburrido de cargar solo con las culpas, mientras sus superiores seguían libres.
“Sé que FAMAE le compraba (repuestos) a Capellán y luego los entregaba al Ejército por un precio mayor. En ciertos casos, se encargaban reparaciones a Famae, pero no se realizaban”, declaró. (Ver documento).
La ministra Rutherford redobló sus esfuerzos por encontrar documentos que probaran estos supuestos desfalcos, pese a los problemas enfrentados desde el inicio de las pesquisas, cuando fuera inutilizado el servidor que registró durante años las compras de armas en el Comando de Apoyo a la Fuerza, la unidad a cargo de procesar esas operaciones.
“No hemos encontrado todo”
Pasaron los días y la jueza decidió realizar una inesperada inspección a la División de Adquisiciones del Ejército (DIVAE), ubicada en el edificio del Instituto Geográfico Militar (IGM). Allí, la recibió el general de brigada Germán Schell quien le aseguró que todo estaba en orden, casi inmaculado.
Ambos enfilaron luego hacia el archivo de aquella unidad y por primera vez la ministra tuvo ante sí parte del tesoro que buscaba. En ese espacio estaban guardados, en cajas perfectamente rotuladas, los documentos referidos a compras militares.
“No hemos encontrado todo lo que nos solicitó”, se excusó Schell. El oficial, sin ahondar en detalles, dijo que no tenía una explicación plausible de cómo y por qué algunas facturas y órdenes de compra desaparecieron de aquella bodega, casi infranqueable.
“Ignoró los motivos de ello”.
En los días siguientes, el director de FAMAE, el general Rony Jara, y el entonces Jefe del Estado Mayor, el general Ricardo Martínez, hoy comandante en jefe del Ejército, remitieron paulatinamente información a la ministra sobre las compras de FAMAE a las empresas Capellán y Repuestos Automotrices Limitada (Ver documentos).
La ministra Romy Rutherford también recibió copia de los Decretos Supremos reservados del Ministerio de Defensa, los que autorizaron por años las compras de armas del país. Cada uno de esos papeles los guardó metódicamente en un cuaderno secreto (Ver documento).
Detrás de esas operaciones irregulares de compra con Capellán, una pequeña empresa ubicada en la periferia norte de Santiago, comenzó a asomar sin embargo un escándalo de dimensiones colosales, con lazos internacionales.
“Debió ser manipulado”
Semanas después de aquella inspección a la División de Adquisiciones del Ejército, la ministra Rutherford citó a su despachó al cabo Juan Carlos Cruz, el hombre que apostó dos mil cuatrocientos millones de pesos -unos cuatro millones de dólares- en el casino Monticello de Santiago entre los años 2008 y 2014.
El suboficial, quien pasó varios meses detenido, no pudo explicar el pago de facturas duplicadas.
“El sistema Sifie debió ser manipulado”, planteó cuando el tribunal le mostró la factura 6333 de Famae, pagada en nueve ocasiones (Ver documento).
Cruz, por cierto, no era un hombre cualquiera. Durante años fue el líder humano del equipo de suboficiales que digitaron las operaciones de compra del Ejército y el mismo admitió ante la Justicia que cursó en su beneficio facturas ideológicamente falsas, en alianza con diversos uniformados.
Pero él, que sabía tantos secretos, aseguró que desconocía la hebra investigativa que comenzó a despuntar esos días en la Fiscalía Militar. Aquellas eran ligas mayores, prohibidas para un simple cabo, incluso uno como Cruz, con casi veinte años de experiencia en los pasillos de logística y adquisiciones.
“De todo lo destruido hay constancia”
La ministra Rutherford resolvió decretar otra diligencia in situ y se apersonó en las dependencias de FAMAE, ubicadas en Talagante. La recibieron el director de la maestranza, el general Rony Jara, y tres de sus asesores.
Los hombres, en una larga presentación, le aseguraron a la magistrada que todo estaba en orden y bajo un estricto control, incluso ético, como dejaron por escrito.
Sin embargo, no tuvieron más opción que admitir que el noventa por ciento de la actividad comercial de la jibarizada empresa bélica se reduce hoy a sus polémicos lazos con el Ejército, en especial a la ejecución de adquisiciones sin licitación alguna, los llamados “tratos directos” (Ver documento).
El fiscal de la empresa, Oscar Jara, admitió incluso uno de los puntos más controvertidos.
Dijo que efectivamente la maestranza ejecuta compras a empresas que son directamente recomendadas por oficiales del Ejército. “El director de FAMAE se limita a cumplir los planes de trabajo que le exigen”, subrayó.
También confirmaron a la ministra que estaban destruidos todos los documentos con más de cinco años de antigüedad, tal como lo permite una ley aprobada por la dictadura cívico militar en 1989.
“De todo lo destruido hay constancia”, agregaron.
Sin rendirse, la jueza pidió revisar el archivo de FAMAE y días después citó a Clovis Montero, el oficial a quien el general Jozo Santic le recomendó ser “el mensajero del Diablo”, en los inicios del caso, en el ya lejano abril de 2014. (Escuche el audio aquí).
N. de la R: Imperdible. El fascismo clasista del general Santic es una notable evidencia documental del pensamiento de gran parte de la oficialidad superior del Ejército, sin perjuicio de antecedentes relevantes en casos relacionados).
“No quedó registro”
El coronel en retiro Clovis Montero, otrora tesorero del Estado Mayor del Ejército, llegó al despacho de la ministra Romy Rutherford y de entrada le confirmó sus sospechas.
“En el sistema Sifie se pueden ingresar facturas más de una vez”, explicó.
“Eso -prosiguió- es algo que yo comprobé con una factura de la II División, era una factura de Jardín Mis Recuerdos, que tenía que ver con unas flores que se ponían en la Plaza de la Ciudadanía. A mí me llegó una fotocopia legalizada de ese documento ya ingresado y me explicaron que agregándole un punto o una coma al número, el sistema inmediatamente la aceptaba”.
Montero, quien estuviera más de un año encarcelado, aseguró que el año 2013 fueron borrados todos los vestigios computacionales de aquellas operaciones.
“De lo que se ingresó dos veces no quedó registro”, indicó.
Por cierto, el antiguo tesorero castrense estaba parcialmente equivocado. Quien fuera uno de los primeros detenidos en el caso Milicogate, ignoraba lo que estaba por reventar.
Una inesperada confesión iba a desatar una tormenta en la Comandancia en Jefe.
“Me lo entregó mi madre”
Sin lograr acceder de manera cabal a la documentación castrense, la jueza Rutherford redobló sus contactos regulares con la fiscal Ximena Chong y la consejera María Inés Horvitz, del Consejo de Defensa del Estado.
Las tres juristas, aún sin sospechar lo que escondían la contabilidad de FAMAE y del Ejército, estaban interesadas en las recientes declaraciones del coronel Sergio Vásquez, hombre de confianza de los ex comandantes en jefe Humberto Oviedo y Juan Miguel Fuente-Alba.
Las indagaciones sobre Vásquez, hasta entonces un oficial de bajo perfil, comenzaron a inicios de 2017 cuando un sobre de remitente anónimo apareció sobre el escritorio del juez Omar Astudillo, entonces a cargo de investigar el fraude con fondos de la Ley Reservada del Cobre en la VI Fiscalía Militar.
La enigmática misiva contenía una detallada denuncia sobre las inversiones inmobiliarias y automotrices de este oficial, habituado a trabajar cerca de la Comandancia en Jefe.
Arrastrado hasta el tribunal por la ministra Rutherford para explicar el origen de su patrimonio, el uniformado dijo que el dinero cuestionado se lo había entregado su madre, una humilde jubilada.
Al menos una parte de los cuarenta y dos millones de pesos con que prepagó en efectivo su vivienda en Huechuraba.
Por cierto, tampoco tuvo mejores explicaciones para justificar desembolsos por montos similares en la compra de otras viviendas familiares en Reñaca y Pucón.
El Ejército, pese a las sospechas, lo mantuvo en sus filas, protegido.
No obstante, el coronel Vásquez nunca controló sus nervios y se derrumbó en junio de 2017, cuando el tribunal lo citó de nuevo y le mostró los mensajes de Whatsapp sostenidos entre él y el propio general (r) Fuente-Alba, en los que ambos hablaron de traspasos de dinero.
Abatido, el oficial aseguró que en 2014, cuando Fuente-Alba cesó en su cargo, le traspasó cinco millones de pesos para que pagara sus tarjetas de crédito. Luego intentó desdecirse.
El uniformado, quien llegó a ser Jefe de la Sección de Tesorería y Cuenta de Valores del Departamento de Finanzas de la Comandancia en Jefe del Ejército, admitió luego que él mismo entregó el dinero a Fuente-Alba y que después le rindió cuentas verbalmente a Oviedo.
Luego volvería a desdecirse, asustado.
La ministra Rutherford -ante las evidencias- decidió procesarlo, pero la Corte Marcial revocó la medida. Insistiendo, la magistrada volvió a encausarlo la semana pasada, por delitos de fraude al fisco por el supuesto uso fraudulento de pasajes institucionales para fines personales. Es decir, para viajar con su familia a Disney y Punta Cana de vacaciones (Vea la información aquí).
Todo esto a la espera de que fructifique el exhorto que la magistrada envió a Estados Unidos solicitando información bancaria al HSBC, entidad financiera donde el uniformado depositaba su sueldo. (Ver reportaje aquí)
La declaración de Vásquez, por cierto, no fue la única evidencia e indicio contra Fuente-Alba. Para entonces la ministra Rommy Rutherford ya tenía en sus manos los extensos peritajes contables desarrollados por la Policía de Investigaciones.
Dentro de la investigación, también aparecieron abonos por 7.942 millones de pesos registrados en las cuentas corrientes nacionales y extranjeras de Fuente- Alba y de su esposa, Ana María Pinochet, sólo entre 2008 y 2015 (Ver documento).
Dentro de aquellos movimientos sobresalió desde un inicio un depósito en efectivo “por 490 millones de pesos realizado el 12 de junio de 2012”, como se lee en el informe pericial.
La defensa del ex oficial, ha insistido en repetidas oportunidades que el dinero no corresponde a las cifras entregadas por la PDI y que todo pertenece a la fortuna personal de su patrocinado.
De todas formas, Fuente-Alba es indagado no solo por Rutherford, sino también por el fiscal Centro Norte, José Morales en dos aristas. Una por lavado de activos y la segunda por la compra de un avión, tal como lo reveló este medio (Vea el reportaje aquí).
En este caso, es también parte el Consejo de Defensa del Estado, entidad que presentó una querella por fraude al fisco.
¿Pero de dónde salió ese dinero? Esta ha sido la pregunta que rodea al caso desde el principio. La llegada de un pendrive aumentó las sospechas.
“No nos aparece repetida”
La ministra Rutherford sopesó que -idealmente- el gobierno debía disponer de alguna copia o antecedente de los documentos que respaldaron por años los gastos por miles de millones de dólares en armas, ejecutados desde 2000.
Fue entonces cuando visitó la Subsecretaría para las Fuerzas Armas, ubicada en Zenteno 45, al frente de La Moneda. A las 10.15 de la mañana, la recibió el jefe de la Unidad de Administración Financiera de Capacidades Estratégicas de la Defensa, Gian Franco Suil.
El funcionario condujo a la ministra, y a los agentes de la PDI que la acompañaron, a su despacho y deslizó que quizá sería más expedito que le pidieran a él la información faltante, antes que al Ejército.
Luego entregó a la jueza una carpeta con copia de las 2.433 facturas ya enviadas al tribunal para su investigación (Ver documento).
Interrogado por la ministra, Suil admitió que aunque su unidad debía revisar las adquisiciones bélicas, no podían auscultar si el proceso de licitación o trato directo, estaba libre de corrupción. Ellos sólo chequeban, indicó, que estuvieran las facturas, las órdenes de compra y el contrato respectivo.
− ¿Es posible que una factura se haya pagado más de una vez? -preguntó la magistrada.
Sorprendido, Suil dijo que no estaban en condiciones de chequear esa información. Rutherford, entonces, le explicó que existía una factura de FAMAE, la 6333, pagada nueve veces.
Y le ordenó buscarla en el sistema.
− No nos aparece repetida, es raro -reconoció el funcionario.
El caos era total: “No quisieron controlar”
Finalmente, el Ejército envió a mediados de 2017 un pendrive con copia de las plantillas Excel en que fueron registradas las compras de armas del país entre los años 2008 y 2015.
Eran las adquisiciones en dólares, de grandes volúmenes. No los pequeños desembolsos que dieron origen al caso Milicogate.
Ahora eran las ligas mayores.
El funcionario Ignacio Sotomayor, de la Brigada de Delitos Funcionarios (BRIDEF), fue el encargado de procesar los antecedentes, bajo las órdenes de su superior, el comisario Guillermo Castro.
El análisis pericial detectó operaciones por seiscientos sesenta y un millones de dólares, realizadas a través de ciento cuarenta y siete proveedores.
De ellas, casi un tercio correspondió a facturas duplicadas, provenientes de solo diez compañías (Ver documento).
Sorpresivamente, la nómina fue encabezada por FAMAE, la maestranza bélica estatal, con cuarenta y cuatro facturas duplicadas por 83 millones de dólares. Eurocopter Chile asomó con cuatro instrumentos duplicados por 29 millones de dólares, Elbit Systems Land and C4 Tadiran de Israel con 22 millones de dólares, Comercial Kaufmann con 20 millones de dólares y la compañía de armamento israelí Rafael Advance Defense System con 19 millones de dólares.
Detrás de estos firmas, asomaron la firma estadounidense BAE Systems Land & Armaments y las empresas nacionales Arcomet y Miguel Quezada Leal e Ingeniería de Protección Limitada con facturas duplicadas entre los 2 y 7 millones de dólares.
“En el caso de estas facturas duplicadas, un mismo número mantiene fecha y montos distintos, se asocian a Decretos Supremos diferentes y figuran devengadas por funcionarios del Ejército diferentes”, suscribió el comisario Sotomayor.
El oficial luego confirmó que entre los suboficiales a cargo de digitar esas transacciones figuraron suboficiales ya procesados o interrogados en el caso, como Miguel Díaz, Jacqueline Carrasco y Liliana Villagrán, entre otros.
A fines de 2017, el general en retiro Héctor Ureta, quien tuvo al mando la poderosa División de Mantenimiento (Divman), decidió hablar, consciente de que sería encarcelado por la ministra Rutherford (Ver documento).
“Ni el Ministerio (de Defensa), ni la Contraloría, ni el Ejército quisieron controlar la Ley Reservada del Cobre”, arrancó.
Luego, comenzó a entregar toda la información que tenía sobre actos de corrupción.
“Los proyectos a los que me refiero son: Proyecto Fuerzas Especiales, Proyecto Daga, Proyecto Centauro, Proyecto de Mando y Control del Ejército. Pido al tribunal que investigue, en qué se compró el mando y control a una empresa israelita, el proyecto de la compra de fusiles y el proyecto de la compra del avión al Comandante en Jefe. La pregunta que uno puede hacerse es por qué se quemaron los computadores de Dirección de Proyectos e Investigación del Ejército (Dipride), y es porque allí estaban los proyectos cuestionados y donde se llevaban en planilla Excel”, disparó.
La jueza, aunque no confiaba en el ex oficial a quien encausó por defraudar 1.700 millones de pesos, lo escuchó con atención.
Unos meses después, mientras procesaba a militares por otros delitos menores, envío la información a la fiscal Ximena Chong y se reunió con la abogada María Inés Horvitz del Consejo de Defensa del Estado.
Las facturas duplicadas por 200 millones de dólares debían ser aclaradas, pese a que la documentación impresa no apareció por completo en las bodegas del Ejercito y a que sólo algunos de esas duplicidades lograron ser explicadas, hasta ahora por los agentes del comisario Guillermo Castro, también ocupados en dilucidar otros desfalcos que apuntan al generalato, sin mayores ambages.
Consultado el Ejército sobre esta publicación y sus alcances, respondió a través de un comunicado oficial:
«La Institución desde que denunció las irregularidades en el caso fraude al Ejército el año 2014, ha cooperado activamente con la justicia, siendo la más interesada que cada situación que se investigue, tenga el resultado correspondiente y se identifiquen los responsables a la brevedad posible, según lo establezcan los tribunales.
En particular sobre la investigación que lleva la ministra en visita especial Rommy Rutherford, al Ejército no le corresponde pronunciarse, evitando interferir en el proceso de investigación, pero sí colaborando en cada una de las diligencias y en la entrega de la documentación solicitada como lo ha hecho hasta la fecha.
Finalmente, al Ejército le interesa precisar que la difusión de antecedentes parciales, como podrían ser, declaraciones de testigos o imputados que son parte de un proceso de investigación, que no ha finalizado, podrían eventualmente entorpecerlo y otorgar un valor erróneo o injusto a la causa, lo que compete exclusivamente a la Ministra en Visita, a quien le corresponde al término de dicha investigación, dar el valor a los hechos y sus responsables».
Fuente: Radio Bío Bío
