por Cristián Castillo (*)
El fugaz ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Mauricio Rojas, finalmente renunció al cargo, tras protagonizar un grave escándalo por sus fuertes críticas hacia el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (MMDH), vertidas en el libro Diálogos de conversos, publicado en 2015.
En el texto Rojas calificó el trabajo del museo como un “montaje cuyo propósito es impactar al espectador, dejarlo atónito, impedirle razonar”, y un “uso desvergonzado y mentiroso de una tragedia nacional”.
A pesar de que Rojas manifestó que tales dichos no representaban su pensamiento actual, sus descalificaciones al trabajo del MMDH se inscriben en una constante de ataques contra el museo y por extensión a todas las instituciones que desarrollamos un trabajo de memoria, provenientes de la coalición gobernante.
A las críticas vertidas por el ex ministro Rojas, se han sumado anteriormente acciones encaminadas a quitar fuentes de financiamiento o restringir estos a límites que impidan a las instituciones abordar no solo la mantención de los sitios de memoria sino la necesarias labores de educación y promoción de los derechos humanos.
Además de presiones a las instituciones para incorporar a sus narrativas discursos en la lógica de la denominada “teoría de los dos demonios” en donde las víctimas son equiparadas a los victimarios y comparten con estos la responsabilidad de su propio holocausto.
El gobierno de Sebastián Piñera y la nueva ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Consuelo Valdés tienen la oportunidad histórica de tender nexos de colaboración, de conocimiento, de justicia y reparación hacia un sector significativo de la sociedad chilena que tiene el legítimo derecho a elaborar y difundir la memoria de esfuerzos y sacrificios que realizó en contra de una dictadura brutal; de sus aportes a la recuperación de la democracia; y ahora, desde el Museo y desde los sitios de memoria, de su contribución a la formación de las nuevas generaciones en una cultura de respeto a los derechos humanos, y de paz y solución no violenta de los naturales conflictos que transcurren en nuestra sociedad.
Próximos a conmemorar cuarenta y cinco años del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, este conflicto con las declaraciones del ex ministro Rojas; las distintas expresiones que avalan el negacionismo sobre la dictadura cívico-militar, la situación generada con los fallos de la Corte Suprema que liberó a reos de lesa humanidad; y la histórica falta de justicia y reparación en la sociedad chilena, plantean para Villa Grimaldi un escenario que requiere un ejercicio profundo sobre la memoria y los derechos humanos en Chile.
(*) Vicepresidente de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi.
Fuente: Piensa Chile
