Por Ximena Soza.
A cien días de la huelga de hambre de los presos políticos Mapuche, la justicia chilena se sigue mostrando irónica. Después de ser indultados presos por crímenes de lesa humanidad de la cárcel cinco estrellas de Punta Peuco, y de haber rebajado penas a procesados en dos casos de femicidios, terminando uno de estos asesinando a una nueva víctima, los culpables de actos de odio racial y los responsables de dejar ciegos a jóvenes chilenos siguen libres.
Clases de ética para evasores de impuestos, libertad para hijos de políticos manejando en estado de ebriedad, arresto domiciliario para violadores y asesinos comprobados, pero los presos políticos Mapuche y presos de la revuelta que aún esperan su juicio están en la cárcel y en el SENAME.
La justicia chilena se burla, de los y las Mapuche, de las y los chilenos y de la justicia en sí misma.
El martes 11 de agosto se cumplieron cien días de la huelga de hambre de los nueve presos políticos Mapuche, a quienes el gobierno, los tribunales y gendarmería de Chile les han negado lo que según el convenio 169 de la OIT les corresponde: cumplir sus penas en sus comunidades.
Ocho de estos nueve Mapuche privados de libertad, recluidos en la cárcel de Angol, han extremado las medidas de su protesta, pasando de una huelga liquida a huelga seca.
Tres de estos están hospitalizados de gravedad, junto con el machi Celestino Córdova, autoridad ancestral, a quien su derecho consuetudinario le permitiría acceder a su rewe o sitio sagrado, sin embargo se encuentra en estado de salud crítico y no se le permite la visita de otra machi, sino solo de la médica occidental.
Aparte de estas nueve personas, otras 18 en los distintos centros penitenciarios se han sumado a esta protesta pacífica.
El gobierno de Sebastián Piñera a través de sus distintas entidades gubernamentales se ha negado a escuchar sus demandas, incluso, el recién asumido ministro del interior, Víctor Pérez, responsable por el discurso de odio que el 1 y 2 de agosto incentivó a unas 150 personas a realizar acciones en contra de miembros de comunidades mapuche en distintos sectores de la Araucanía, dijo que él no escucharía a quienes han cometido crímenes.
Sin embargo, el gobierno al que representa ha dado por expresa orden del Presidente el indulto a dos procesados por crímenes de lesa humanidad, es decir, que cometieron graves violaciones a los derechos humanos.
Los beneficiarios del indulto son Raúl Rojas Nieto y Víctor Mattig Guzmán culpables de tortura y desapariciones forzadas.
La justicia chilena no solo liberó recientemente a estos presos, sino que también anuló la sentencia de femicidio frustrado a Mauricio Ortega después de proporcionarle a Nabila Rifo, su ex-pareja y madre de sus hijos, lesiones que le causaron la perdida de ambos ojos, dejándolo solo como autor de heridas graves.
La semana pasada sin ir más lejos fue encontrado el cuerpo de Ámbar Cornejo, joven de 16 años asesinada por el novio de su madre, a quien se le había rebajado la pena de 27 a 16 años y dejado en libertad condicional, después de haber degollado a su ex-pareja y estrangulado al hijo de ella.
Los tribunales no han mostrado gran preocupación por la violencia hacia la mujer. Hace pocas semanas el mismo tribunal que años atrás mantuviera presa a la machi Francisca Linconao, líder espiritual Mapuche de la tercera edad, por un crimen del que después fue absuelta otorgó en el mes de julio arresto domiciliario a Martín Pradenas, quien violó a Antonia Barra y a otras víctimas, antes de que ésta última se suicidara.
Confrontada a la presión causada en las calles de todo Chile, la Corte de Apelaciones proporcionó posteriormente el arresto preventivo al inculpado. Este mismo tribunal, a su vez, negó también en julio un recurso de amparo presentado a nombre del líder espiritual en huelga de hambre previamente señalado, el machi Celestino Córdova.
En el caso de la violencia policíaca la justicia chilena también presenta un grave sesgo, ambos, racista y político.
A Carlos Alarcón, asesino del joven mapuche Camilo Catrillanca, a quien el 14 de noviembre del año 2018 Alarcón le disparó por la espalda, se le cambió la prisión preventiva por arresto domiciliario, derecho al que los presos mapuche, incluso los que no han sido procesados, no han pedido acceder.
De hecho, un tercio de la población penal del país, 13.321 reclusos de un total de 39.677, se les concedió el cambio de las medidas cautelares, sin embargo, ninguno ha sido Mapuche.
La coordinadora por la libertad de lxs presionexs politicxs 18 de octubre, destacan que a pesar de que muchas personas detenidas en el contexto del estallido social chileno han recibido el cambio de medidas cautelares, mientras esperan sentencias, hay aún muchas en la cárcel e incluso en el polémico Servicio Nacional de Menores, SENAME, institución a la cual se le investigan múltiples casos de maltrato infantil y de violaciones a los derechos de la niñez, como es el caso de Benjamín, jóven de 17 años a quien se le intentan dar 10 años de prisión, culpándolo de la quema de una estación de metro cuando salía de la escuela secundaria.
La misma coordinadora reporta casos tan absurdos como el de Leonardo Quilodrán Carrillo, a quien se le detuvo después de denunciar públicamente que el Ejército de Chile estaría usando municiones de alto calibre, al encontrar restos de municiones arrojadas por los militares en contra de personas que protestaban en una población de Santiago.
Se le detuvo por “porte ilegal de armamento de guerra”.
En el tema de la revuelta podemos comparar la prisión de quienes protestaban con lo sucedido con los policías, que causaron heridas oculares a cientos de chilenos y chilenas, incluso los responsables de dejar ciegos a los jóvenes Fabiola Campillay y Gustavo Gatica, quienes perdieron la vista en noviembre del año 2019, después de ser atacados con bomba lacrimógena y con perdigones respectivamente.
En el caso de Fabiola existe el registro de una conversación entre los policías advirtiendo que uno de ellos había herido a una persona, intercambio tras el cual se fueron del lugar sin prestarle ayuda a la afectada.
En el caso de Gustavo, la policía dijo que era imposible saber quién habría cometido el ataque, pero gracias a un reporte de Telesur se establece que las municiones que lo hirieron eran de las que usa la policía chilena. En ninguno de estos dos casos se ha castigado a los responsables.
Un ejemplo grotesco sobre las disparidades de la justicia chilena es el conocido caso de los políticos y empresarios que han estado involucrados en diferentes casos de corrupción, como Inverlink, Soquimich, Penta, Publicam, Coimas, Mop-gate entre otros, además de los robos millonarios del Ejército y Carabineros de Chile.
Las penas recibidas no han llevado a los actores a prisión y en muchos casos, ni siquiera a devolver la totalidad de los dineros robados. En el caso Penta, por ejemplo, los acusados Carlos Délano y Carlos Lavín fueron obligados a participar en 33 horas de clases de filosofía y ética, pagando una multa de $ 857 millones cada uno, monto que no alcanza a ser la mitad de lo robado en el fraude al Fisco.
El sistema judicial chileno no se puede entender mas que como un burla cruel, riéndose a carcajadas en su propio eco de desigualdades, en el que sólo las mujeres, los pueblos originarios y quienes protestan sobre la inequidad sufren las consecuencias impensables de una justicia absolutamente injusta.
Fuente: Pressenza
